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Derecho CorporativoProtección de datosCumplimiento Actualización: octubre 2026

Si tus datos están en la nube, ya salieron del país

Transferencia internacional de datos personales en Ecuador: las cuatro vías legales, el registro previo y por qué la nube ya cuenta.

Categoría: Derecho Corporativo · Por

J
Equipo Editorial · Juristam Abogados especializados en transferencias internacionales de datos personales, cláusulas y anexos de tratamiento con proveedores del exterior, normas corporativas vinculantes y defensa ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Contenido basado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su Reglamento General y el Código Orgánico Administrativo.

Si usa servicios en la nube, ya está transfiriendo datos al exterior

Respuesta rápida: alojar la base de clientes en un servicio cuya infraestructura está fuera del país es una transferencia o comunicación internacional de datos personales, y el capítulo correspondiente de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales le exige una de cuatro vías legales. Además, el Art. 59 obliga a registrar previamente esa transferencia en el Registro Nacional.

El marco completo de obligaciones y multas está en la guía de protección de datos para empresas. Esta guía resuelve la obligación que más empresas incumplen sin sospecharlo, porque nadie la asocia con contratar un servicio por suscripción.

La transferencia internacional no requiere que alguien envíe un archivo al extranjero. Ocurre cuando los datos quedan accesibles o almacenados en infraestructura de otro país. En la operación de una empresa ecuatoriana promedio eso pasa, al menos, en estos puntos:

  • El correo corporativo y los archivos compartidos, cuando el proveedor aloja la información fuera del Ecuador.
  • El CRM y las herramientas de marketing, que contienen nombres, correos, teléfonos y comportamiento de compra.
  • La plataforma de comercio electrónico y la pasarela de pagos.
  • El sistema contable o de facturación en la nube, que contiene datos de clientes y de proveedores.
  • El software de nómina o de recursos humanos, que contiene datos de trabajadores y de postulantes.
  • Los respaldos, que casi nunca aparecen en el inventario y casi siempre están afuera.
  • La casa matriz o las filiales, cuando el grupo consolida información de clientes o de personal.
⚠ El registro previo es una obligación aparte, y es previa

El Art. 59 de la Ley dispone que, sin perjuicio de la autorización que corresponda, “la información sobre transferencias internacionales de datos personales deberá ser registrada previamente en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales por parte del responsable del tratamiento o, en su caso, del encargado”.

El Art. 78 del Reglamento detalla qué se registra, y no es poco: el país del destinatario, las categorías de datos, las finalidades, la identificación del destinatario, el mecanismo autorizado y el criterio de excepción utilizado cuando corresponda. No mantener actualizado el Registro Nacional es infracción grave por el Art. 68 numeral 10, y no consignar en él lo dispuesto lo es por el numeral 11.

Y si esos datos alojados afuera se filtran, los plazos de notificación corren igual y la Superintendencia preguntará con qué sustento salieron del país: los plazos están en la guía de filtración de datos.

Y hay una segunda infracción que opera en paralelo. El Art. 68 numeral 3 califica como grave ceder o comunicar datos personales sin cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en la ley, su reglamento y las regulaciones de la Autoridad. Una transferencia internacional sin vía legal y sin registro encaja en los tres numerales a la vez, y cada uno se mueve entre el 0,7% y el 1% del volumen de negocio del ejercicio anterior.

El inventario de transferencias es el primer trabajo, y casi nadie lo tiene

En la consulta identificamos qué datos de su empresa salen del país y por qué canal, determinamos qué vía legal corresponde a cada transferencia y armamos el registro previo del Art. 78 con sus seis contenidos. Si hay transferencias que necesitan autorización, definimos el camino.

Diagnóstico · 40 segundos

¿Está transfiriendo datos al exterior sin saberlo?

Cuatro preguntas sobre dónde están alojados sus datos, qué herramientas usa, si registró las transferencias y qué firmó con sus proveedores.

1. ¿Dónde están alojados los datos de sus clientes?

No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.

Las cuatro vías legales, en orden de dificultad

Respuesta rápida: la transferencia procede sin autorización previa si el destino está declarado de nivel adecuado; con garantías adecuadas si no lo está; con autorización previa de la Autoridad en los casos no contemplados; o por uno de los once casos excepcionales del Art. 60. La vía que aplique cambia por completo el trabajo.

VíaNormaQué exige
1. País, organización o persona jurídica de nivel adecuadoArt. 56 de la Ley y Arts. 71 a 73 del ReglamentoNada más que verificar la resolución vigente: el Art. 71 dispone que la resolución tiene efectos generales y la transferencia no requiere autorización previa
2. Garantías adecuadasArt. 57 de la Ley y Art. 74 del ReglamentoUn instrumento jurídico vinculante, de entre seis tipos posibles, que garantice un estándar igual o mayor al ecuatoriano
3. Autorización previa de la AutoridadArt. 59 de la Ley y Art. 77 del ReglamentoContrato en que el destinatario se obligue a cumplir la ley ecuatoriana y a aceptar la autoridad de la Superintendencia y de los tribunales del Ecuador
4. Casos excepcionalesArt. 60 de la LeyQue la transferencia encaje en uno de once supuestos tasados, lo que hay que poder sustentar y registrar

Nótese que las cuatro vías no eximen del registro previo. El Art. 59 lo exige “sin perjuicio de lo anterior”, y el Art. 78 numeral 6 del Reglamento pide consignar, cuando corresponda, el criterio de excepción utilizado. Es decir: incluso quien se ampara en un caso excepcional debe declarar cuál.

La vía que le corresponde depende del país del destinatario, y eso cambia todo el trabajo.Con nivel adecuado basta verificar la resolución. Sin él, hace falta un instrumento jurídico vinculante o autorización previa de la Superintendencia.

Nivel adecuado: cómo se declara y por qué conviene verificarlo cada año

Respuesta rápida: la Autoridad declara el nivel adecuado por resolución motivada, de oficio o a petición de parte, y esa resolución tiene efectos generales. Pero el Art. 72 del Reglamento impone una revisión anual y permite revocarla, modificarla o suspenderla.

El Art. 71 del Reglamento fija el mecanismo: la Autoridad determina mediante resolución motivada qué países, organizaciones o personas jurídicas cuentan con niveles adecuados, revisando que los estándares de protección sean equivalentes o superiores a los de la Ley ecuatoriana. Y precisa el efecto práctico: la resolución tiene efectos generales, por lo que las transferencias hacia ese destino no requieren autorización previa.

Para esa calificación, el Art. 73 enumera ocho criterios:

  • La legislación nacional y la normativa sectorial del país con incidencia en protección de datos.
  • La legislación de seguridad nacional, pública, defensa y la legislación penal, con especial énfasis en las disposiciones que habiliten el acceso a datos personales por parte de las autoridades de ese país.
  • La normativa sobre transferencias ulteriores a terceros países.
  • La jurisprudencia vinculada a la protección de datos personales.
  • El reconocimiento de derechos y los mecanismos para ejercerlos.
  • El establecimiento de deberes y obligaciones de responsables y encargados.
  • La existencia de una autoridad de protección de datos independiente, con competencias de control, vigilancia y sanción, que además brinde asistencia a los titulares y cooperación internacional.
  • Los compromisos internacionales asumidos en la materia.
Dónde se consulta la lista, y por qué hay que volver a mirarla

El Art. 72 del Reglamento dispone que la resolución será publicada en el Registro Oficial y por medios digitales disponibles al público en la página web institucional de la Autoridad. Y el Art. 61 de la Ley añade que la Autoridad publicará de forma permanente la lista de países, organizaciones, empresas o grupos económicos que garanticen niveles adecuados de protección.

Por eso el estado de adecuación de un destino no es un dato que se averigua una vez. El mismo Art. 72 obliga a un mecanismo de revisión periódica “que deberá llevarse a cabo anualmente” y permite revocar, modificar o suspender la resolución, sin efectos retroactivos. Un destino adecuado este año puede no serlo el próximo.

Y el Art. 61 de la Ley cierra el círculo con la figura inversa. La Autoridad, en acciones conjuntas con la academia, realiza reportes continuos sobre la realidad internacional en materia de protección de datos, que sirven como control continuo del nivel adecuado. Si detecta que un país u organización ya no cumple, emite la correspondiente resolución de no adecuación, “a partir de la cual no procederán transferencias de datos personales, salvo que operen otros mecanismos de transferencia”.

Esa última frase es la que define la estrategia prudente, y se desarrolla más abajo: conviene que la transferencia tenga, además de la adecuación, un instrumento contractual que la sostenga si la adecuación cae.

El estado de adecuación de un destino se revisa cada año y puede revocarse.Verificar la resolución vigente no es un trámite de una vez. Nosotros lo revisamos y dejamos el sustento alternativo armado.

Garantías adecuadas: los seis instrumentos posibles

Respuesta rápida: si el destino no está declarado de nivel adecuado, el Art. 57 de la Ley permite transferir con garantías adecuadas, que deben constar en un instrumento jurídico vinculante. El Art. 74 del Reglamento enumera seis tipos de instrumento.

El Art. 57 fija primero el estándar sustantivo. El responsable o encargado debe ofrecer garantías adecuadas para el titular, observando tres cosas: garantizar el cumplimiento de principios, derechos y obligaciones “en un estándar igual o mayor a la normativa ecuatoriana vigente”; la efectiva tutela del derecho mediante la disponibilidad permanente de acciones administrativas o judiciales; y el derecho a solicitar la reparación integral, de ser el caso. Y añade que la transferencia se sustentará en un instrumento jurídico que contemple esos estándares, el mismo que deberá ser vinculante.

Instrumento del Art. 74Cuándo se usa
1. Instrumentos jurídicamente vinculantes y exigibles entre autoridades u organismos públicosTransferencias entre entidades públicas de distintos países
2. Normas corporativas vinculantes aprobadas por la AutoridadGrupos empresariales con operaciones en varios países
3. Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por organismos internacionales y avaladas por la autoridad de controlLa vía más directa para contratos con proveedores del exterior
4. Códigos de conducta con compromisos vinculantes del responsable o encargado en el tercer paísSectores con autorregulación organizada
5. Mecanismos de certificación, sellos y marcas de protección con compromisos vinculantesProveedores certificados que asumen esos compromisos expresamente
6. Cláusulas contractuales distintas de las cláusulas tipo, debidamente autorizadas por la AutoridadContratos a medida, con el paso adicional de la autorización
⚠ Aceptar los términos de servicio en línea no es un instrumento vinculante en su favor

La forma habitual de contratar un servicio internacional es aceptar sus términos con un clic. Ese documento está redactado por el proveedor, para el proveedor, y normalmente somete la relación a la ley y a los tribunales de otro país.

Eso no satisface el Art. 57, que exige la disponibilidad permanente de acciones administrativas o judiciales y el derecho a la reparación integral para el titular ecuatoriano. Y choca de frente con el Art. 77 del Reglamento, que para la autorización previa exige que el destinatario acepte formalmente “la autoridad y competencia de la Autoridad de Protección de Datos y de los tribunales ecuatorianos”.

La solución práctica no es dejar de usar el servicio: es firmar el adendum o anexo de tratamiento de datos que muchos proveedores ofrecen, revisar qué estándar incorpora y, si no alcanza, documentar la vía alternativa que sí aplique.

Ese adendum, además, es el mismo documento que el Art. 41 del Reglamento exige para cualquier encargado del tratamiento, con sus siete contenidos mínimos. En la práctica se trabajan juntos, y el detalle está en la guía del registro de actividades de tratamiento, donde también se explica por qué el proveedor que determina fines y medios deja de ser encargado y pasa a ser responsable.

Los términos de servicio que aceptó con un clic someten la relación a otra ley y a otros tribunales.El Art. 57 exige acciones administrativas o judiciales disponibles y reparación integral para el titular. Eso se consigue con un anexo, no con el clic.

Los once casos excepcionales, y los tres que sirven de verdad

Respuesta rápida: el Art. 60 de la Ley enumera once supuestos en los que la transferencia procede sin las vías anteriores. En la operación comercial de una empresa, los que funcionan son el del contrato con el titular, el de la obligación legal y el del consentimiento explícito informado del riesgo.

La lista completa del Art. 60 cubre: competencias institucionales; consentimiento explícito del titular tras ser informado de los posibles riesgos; cumplimiento de una obligación legal o regulatoria; ejecución de un contrato entre el titular y el responsable o medidas precontractuales a solicitud del titular; razones de interés público; colaboración judicial internacional; cooperación en la investigación de infracciones; compromisos adquiridos en procesos de cooperación internacional entre Estados; operaciones bancarias y bursátiles; formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones, acciones administrativas o jurisdiccionales y recursos; y protección de intereses vitales cuando el interesado esté física o jurídicamente incapacitado para consentir.

Excepción útilAlcance realLímite
Num. 4: ejecución de un contrato con el titularCubre la plataforma con la que efectivamente se le presta el servicio: el e-commerce donde compró, la pasarela con la que pagó, el sistema de facturaciónNo cubre marketing, analítica, enriquecimiento de base ni herramientas que el titular no necesita para recibir lo que contrató
Num. 3: obligación legal o regulatoriaReportes a reguladores, obligaciones tributarias y societarias que exijan compartir informaciónHay que poder citar la norma concreta; “por normativa vigente” no es una base
Num. 2: consentimiento explícitoLa vía para lo que no cabe en el contrato, típicamente marketing y analíticaEl consentimiento debe darse tras haber sido informado de los posibles riesgos derivados de la ausencia de resolución de nivel adecuado y de garantías adecuadas
El consentimiento del numeral 2 tiene un contenido que casi nunca se informa

No es la casilla genérica de aceptación de la política. El Art. 60 numeral 2 exige que el titular haya otorgado su consentimiento explícito a la transferencia o comunicación propuesta “tras haber sido informado de los posibles riesgos para él de dichas transferencias o comunicaciones internacionales, debido a la ausencia de una resolución de nivel adecuado de protección y de garantías adecuadas”.

Es decir: hay que decirle al titular que el destino no tiene nivel adecuado declarado, que no hay garantías adecuadas en el caso, y cuáles son los riesgos concretos que eso implica para él. Un consentimiento obtenido sin esa advertencia no es el consentimiento que el numeral 2 pide. Los cuatro requisitos de validez del consentimiento y por qué conviene no pedirlo de más están en la guía de política de privacidad y consentimiento.

La excepción equivocada deja la transferencia sin sustento

El Art. 78 num. 6 obliga a declarar qué criterio de excepción se usó, así que la elección queda escrita. En la consulta determinamos qué transferencia cabe en el contrato del num. 4, cuál necesita el consentimiento informado del num. 2 y cuál no cabe en ninguna y requiere instrumento o autorización.

El registro previo y sus seis contenidos

Respuesta rápida: el Art. 78 del Reglamento fija seis datos que se registran en el Registro Nacional por cada transferencia internacional, y el Art. 59 de la Ley exige que el registro sea previo.

  1. El país donde se ubica el destinatario

    Y aquí aparece la primera dificultad práctica: muchos proveedores de nube operan en varias regiones. Hay que establecer en qué región se alojan efectivamente los datos, dato que el proveedor normalmente puede certificar.

  2. Las categorías de datos objeto de la transferencia

    Qué tipos de datos salen: identificación, contacto, transaccionales, laborales, de salud. Si hay categorías especiales, el régimen se endurece. Y son los mismos datos que el titular puede pedirle, corregir o hacer eliminar en quince días, según la guía de solicitudes de titulares.

  3. Las finalidades de la transferencia

    Para qué sale el dato, no para qué sirve el sistema. Alojar, procesar, analizar y comunicar son finalidades distintas.

  4. La identificación del destinatario

    Nombre, denominación, razón social o nombre comercial con el que se identifique.

  5. El mecanismo o esquema autorizado para realizar la transferencia

    Es decir, cuál de las cuatro vías se está usando. Este numeral obliga a haber tomado la decisión antes de registrar.

  6. El criterio de excepción utilizado, cuando sea el caso

    Si la transferencia se ampara en el Art. 60, hay que decir en qué numeral. No basta invocar genéricamente la excepción.

El mismo Art. 78 añade que la Autoridad privilegiará el uso de medios digitales para este registro y emitirá las reglas sobre los medios disponibles, los plazos y los mecanismos de actualización. Mientras esas reglas se desarrollen, el estándar prudente es tener el inventario de transferencias armado y documentado, con los seis contenidos por cada una.

Conviene no confundir este registro con los otros dos. El registro de actividades de tratamiento del Art. 38 del Reglamento es interno y pide, en su numeral 6, definir las transferencias a terceros países. El Registro Nacional del Art. 51 de la Ley es público y recibe el reporte de cada base o tratamiento, con el plazo de diez días del Art. 86. Y este registro previo de transferencias es un contenido específico dentro del Registro Nacional, con los seis datos del Art. 78. La diferencia entre los tres está explicada en la guía del registro de actividades de tratamiento.

Normas corporativas vinculantes: la vía de los grupos empresariales

Respuesta rápida: un grupo empresarial puede transferir datos entre sus empresas de distintos países amparado en normas corporativas vinculantes, que el Art. 76 del Reglamento exige que sean autorizadas por la Autoridad. El Art. 58 de la Ley les impone once condiciones de contenido.

El Art. 75 del Reglamento las define como las políticas de protección de datos asumidas por un responsable o encargado establecido en Ecuador, para garantizar una protección adecuada, que permiten realizar transferencias internacionales dentro de un grupo empresarial o una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta.

Para que constituyan garantía adecuada, el Art. 76 exige que la Autoridad verifique tres requisitos: que sean jurídicamente vinculantes, que confieran expresamente a los titulares derechos exigibles en relación con el tratamiento de sus datos, y que cumplan los requisitos de la Ley. Esos requisitos son las once condiciones del Art. 58, entre las que destacan algunas de peso operativo real:

  • Ser de obligatorio cumplimiento para el responsable y para la empresa a la que eventualmente se transfieran los datos.
  • Incluir la enunciación detallada de las filiales del grupo, con su estructura y datos de contacto.
  • Detallar las empresas encargadas, las categorías de datos, el tipo de tratamiento y su finalidad.
  • Contener la aceptación de responsabilidad por cualquier violación de las normas, con la salvedad de que el responsable no responde si demuestra que el acto no le es imputable.
  • Enunciar los mecanismos que permitan al titular verificar el cumplimiento, incluidas auditorías de protección de datos, cuyos resultados se comunican al delegado de protección de datos y al directorio de la empresa que controla el grupo, y quedan a disposición de la Autoridad.
  • Incluir las funciones del delegado de protección de datos designado y los mecanismos de supervisión y tramitación de reclamaciones.
  • Incluir la declaración y compromiso de promover la protección de datos entre los empleados con formación continua.

El Art. 58 cierra con una obligación de mantenimiento: cualquier cambio a estas normas deberá ser notificado a la Autoridad y al titular, conforme a los mecanismos que el responsable haya señalado en su solicitud. Y el requisito del delegado conecta con otra obligación: quién puede ejercer esa función y quién está impedido está en la guía del delegado de protección de datos.

Las normas corporativas vinculantes necesitan autorización de la Superintendencia.Son once condiciones de contenido del Art. 58, incluidas auditorías de protección de datos y aceptación de responsabilidad del grupo. No se improvisan.

El riesgo que nadie prevé: lo legal hoy puede estar prohibido mañana

Respuesta rápida: el Art. 72 del Reglamento somete las resoluciones de nivel adecuado a revisión anual y permite revocarlas, modificarlas o suspenderlas. Y el Art. 61 de la Ley crea la resolución de no adecuación, a partir de la cual no proceden transferencias hacia ese destino.

Esa es la razón por la que apoyar toda la operación en la adecuación del destino es frágil. Si la resolución cae, la empresa queda de un día para otro sin vía legal para una transferencia de la que depende su correo, su CRM o su nómina. El propio Art. 61 señala la salida: no proceden transferencias “salvo que operen otros mecanismos de transferencia conforme lo dispuesto en el presente capítulo”.

La estructura que resiste

Lo prudente es que cada transferencia internacional relevante tenga dos sustentos a la vez: la adecuación del destino cuando exista, y un instrumento contractual del Art. 74 que la sostenga si la adecuación se revoca. Firmar el anexo de tratamiento de datos con el proveedor no es redundante si el destino ya es adecuado: es el plan B que evita tener que suspender la operación.

Y conviene que el inventario de transferencias registre, por cada una, cuál es el sustento principal y cuál el alternativo. Ese es el documento que permite responder en horas, y no en semanas, el día que cambie el estado de adecuación de un país.

Lo que cuesta no cumplir

Respuesta rápida: tres numerales del Art. 68 pueden concurrir en una transferencia internacional irregular, y los tres son infracciones graves, del 0,7% al 1% del volumen de negocio del ejercicio anterior.

ConductaNumeralMulta (Art. 72 de la Ley)
Ceder o comunicar datos personales sin cumplir con los requisitos y procedimientos establecidosArt. 68 num. 30,7% a 1% del volumen de negocio
No mantener actualizado el Registro Nacional de protección de datos personalesArt. 68 num. 100,7% a 1%
No consignar en el Registro Nacional lo dispuesto en la ley y su reglamentoArt. 68 num. 110,7% a 1%
No suscribir contratos con cláusulas de confidencialidad y tratamiento adecuado con el encargadoArt. 68 num. 90,7% a 1%
Utilizar información o datos para fines distintos a los declaradosArt. 68 num. 20,7% a 1%

Porcentajes del Art. 72 de la Ley sobre el volumen de negocio del ejercicio inmediatamente anterior que define el Art. 73. La graduación concreta depende de los presupuestos del Art. 71 y de la metodología que la Superintendencia aplique en cada caso.

Y hay un agravante propio de esta materia: el Art. 56 de la Ley faculta a la Autoridad a implementar métodos de control ex post cuando resulte necesario por la naturaleza de la transferencia, y a establecer acciones conjuntas entre las autoridades de ambos países con el objeto de prevenir, corregir o mitigar el tratamiento indebido de datos. Es decir, el control no termina en la frontera.

Como son infracciones graves, aplica el atenuante estructural del Art. 66 numeral 2: la Autoridad debe aplicar en primera instancia medidas correctivas y sancionar solo si se cumplen de forma tardía, parcial o defectuosa. Para esta obligación la medida correctiva típica es registrar las transferencias y firmar los instrumentos faltantes, lo que es ejecutable. Lo que no se puede improvisar es el inventario. Cómo se contesta el oficio que abre el expediente está en la guía del oficio de la Superintendencia, y el camino si se llega a sanción en la guía de impugnación.

Una transferencia sin vía legal y sin registro activa tres numerales del Art. 68 a la vez.Ceder sin requisitos, no mantener el Registro Nacional actualizado y no consignar lo dispuesto son hechos distintos, cada uno del 0,7% al 1%.

Los seis errores que convierten la nube en un expediente

  1. Creer que no hay transferencia porque nadie envió nada

    La transferencia ocurre cuando los datos quedan alojados o accesibles en infraestructura de otro país. El correo corporativo y los respaldos son los dos casos que más se olvidan.

  2. No registrar la transferencia

    El Art. 59 de la Ley exige registro previo en el Registro Nacional y el Art. 78 del Reglamento fija seis contenidos. Los numerales 10 y 11 del Art. 68 sancionan como grave no mantenerlo actualizado y no consignar lo dispuesto.

  3. Apoyarse solo en los términos de servicio del proveedor

    El Art. 57 exige un instrumento vinculante con disponibilidad de acciones administrativas o judiciales y reparación integral para el titular. Un documento que somete todo a otra jurisdicción no cumple ese estándar.

  4. Usar la excepción del contrato para cubrir el marketing

    El Art. 60 numeral 4 cubre lo necesario para ejecutar el contrato con el titular. La analítica, el enriquecimiento de base y las campañas no son necesarios para ejecutar lo que el cliente contrató.

  5. Pedir consentimiento sin informar el riesgo específico

    El Art. 60 numeral 2 exige que el consentimiento se otorgue tras haber sido informado de los posibles riesgos por la ausencia de resolución de nivel adecuado y de garantías adecuadas. Una casilla genérica no lo satisface.

  6. Depender de una adecuación sin plan B

    El Art. 72 del Reglamento permite revocar la resolución con revisión anual y el Art. 61 de la Ley crea la resolución de no adecuación, a partir de la cual no proceden transferencias. Sin instrumento alternativo, la operación queda sin sustento de un día para otro.

Por qué esto no lo resuelve el proveedor de la nube

Porque el obligado es usted. El Art. 42 del Reglamento es claro en que el responsable del tratamiento es el directo obligado de garantizar el correcto ejercicio de los derechos de los titulares, y el encargado solo debe asistirlo. El proveedor puede ofrecer un anexo de tratamiento de datos, pero no registra sus transferencias en el Registro Nacional, no elige la vía legal que le corresponde a su empresa y no responde por la decisión de usar su servicio para una finalidad que no estaba declarada.

Porque la elección de vía es una decisión jurídica con consecuencias distintas en cada caso. Si el destino es adecuado, el trabajo es verificar y registrar. Si no lo es, hace falta el instrumento vinculante del Art. 74 o, en los casos no contemplados, la autorización previa del Art. 77, que exige que el destinatario acepte formalmente la competencia de la Superintendencia y de los tribunales ecuatorianos. No todos los proveedores están dispuestos a eso, y conviene saberlo antes de firmar, no después.

Y porque el inventario de transferencias es más amplio de lo que cualquier área imagina sola. Sistemas conoce la infraestructura, pero no sabe qué finalidades están declaradas en la política ni qué base legal sostiene cada tratamiento. Marketing conoce sus herramientas, pero no sabe que el enriquecimiento de base no cabe en la excepción del contrato. El inventario completo sale de cruzar las dos vistas con el registro de actividades.

Qué hacemos en este trabajo

Levantamos el inventario de transferencias internacionales de su empresa, incluidos correo, respaldos, nube, herramientas comerciales y casa matriz. Determinamos el país efectivo de alojamiento de cada una y verificamos el estado de adecuación vigente del destino en la resolución publicada. Asignamos la vía legal que corresponde a cada transferencia y, cuando hace falta, redactamos o negociamos el instrumento del Art. 74, o preparamos la autorización previa del Art. 77. Armamos el registro previo con los seis contenidos del Art. 78 por cada transferencia, con su sustento principal y su alternativo. Y si el caso es de grupo empresarial, estructuramos las normas corporativas vinculantes con las once condiciones del Art. 58 para presentarlas a autorización.

Los datos ya salieron del país; lo que falta es el sustento

Inventariamos las transferencias, verificamos la adecuación del destino, definimos la vía legal de cada una, negociamos los anexos con los proveedores y armamos el registro previo. Si ya hay un requerimiento en curso, trabajamos primero lo que haya que exhibir.

Preguntas frecuentes

¿Usar servicios en la nube es una transferencia internacional de datos?

Sí, cuando la infraestructura del proveedor está fuera del Ecuador. La transferencia no exige que alguien envíe un archivo al extranjero: ocurre cuando los datos quedan alojados o accesibles en infraestructura de otro país. En la operación típica eso pasa con el correo corporativo y los archivos compartidos, el CRM y las herramientas de marketing, la plataforma de comercio electrónico y la pasarela de pagos, el sistema contable en la nube, el software de nómina y los respaldos. Y el Art. 59 de la Ley exige registrar previamente esa transferencia en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Ver por qué la nube cuenta.

¿Qué vías legales existen para transferir datos al exterior?

Cuatro. Transferir a un país, organización o persona jurídica declarada de nivel adecuado de protección, conforme al Art. 56 de la Ley y los Arts. 71 a 73 del Reglamento, caso en que el Art. 71 dispone que la resolución tiene efectos generales y la transferencia no requiere autorización previa. Transferir con garantías adecuadas sustentadas en un instrumento jurídico vinculante, por el Art. 57 de la Ley y el Art. 74 del Reglamento. Obtener la autorización previa de la Autoridad en los casos no contemplados, por el Art. 59 de la Ley y el Art. 77 del Reglamento. O ampararse en uno de los once casos excepcionales del Art. 60 de la Ley. Ninguna de las cuatro exime del registro previo. Ver las cuatro vías.

¿Cómo sé si el país donde está mi proveedor tiene nivel adecuado?

Se consulta la resolución de la Autoridad. El Art. 71 del Reglamento dispone que la Autoridad determina, de oficio o a petición de parte y mediante resolución motivada, qué países, organizaciones o personas jurídicas cuentan con niveles adecuados de protección, revisando que sus estándares sean equivalentes o superiores a los de la Ley ecuatoriana. El Art. 72 añade que la resolución será publicada en el Registro Oficial y por medios digitales en la página web institucional, y el Art. 61 de la Ley obliga a la Autoridad a publicar de forma permanente la lista. Conviene verificarla periódicamente, porque el Art. 72 impone una revisión anual y permite revocarla, modificarla o suspenderla. Ver nivel adecuado.

¿Basta con aceptar los términos de servicio del proveedor?

No. El Art. 57 de la Ley exige que la transferencia se sustente en un instrumento jurídico vinculante que garantice el cumplimiento de principios, derechos y obligaciones en un estándar igual o mayor a la normativa ecuatoriana, la efectiva tutela del derecho mediante la disponibilidad permanente de acciones administrativas o judiciales, y el derecho a solicitar la reparación integral. Los términos de servicio estándar están redactados por el proveedor y normalmente someten la relación a la ley y a los tribunales de otro país. Y el Art. 77 del Reglamento, para la autorización previa, exige que el destinatario acepte formalmente la autoridad y competencia de la Autoridad de Protección de Datos y de los tribunales ecuatorianos. Ver las garantías adecuadas.

¿Qué instrumentos sirven como garantía adecuada?

El Art. 74 del Reglamento enumera seis: instrumentos jurídicamente vinculantes y exigibles entre autoridades u organismos públicos; normas corporativas vinculantes aprobadas por la Autoridad; cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por organismos internacionales de protección de datos y avaladas por la autoridad de control; códigos de conducta que incluyan compromisos vinculantes del responsable o encargado en el tercer país; mecanismos de certificación con sellos y marcas de protección que incorporen compromisos vinculantes; y cláusulas contractuales distintas de las cláusulas tipo, debidamente autorizadas por la autoridad de protección de datos.

¿La excepción del contrato cubre mis herramientas de marketing?

No. El Art. 60 numeral 4 de la Ley contempla la transferencia necesaria para la ejecución de un contrato entre el titular y el responsable, o para medidas precontractuales adoptadas a solicitud del titular. Eso cubre la plataforma con la que efectivamente se le presta el servicio, no la analítica, el enriquecimiento de base ni las campañas, que no son necesarias para que el cliente reciba lo que contrató. Para esos casos la vía es el instrumento de garantías adecuadas del Art. 74 del Reglamento o el consentimiento explícito del Art. 60 numeral 2. Ver los casos excepcionales.

¿Me sirve el consentimiento del cliente para transferir sus datos?

Sirve, pero con un contenido específico. El Art. 60 numeral 2 de la Ley exige que el titular haya otorgado su consentimiento explícito a la transferencia o comunicación propuesta tras haber sido informado de los posibles riesgos para él de dichas transferencias internacionales, debido a la ausencia de una resolución de nivel adecuado de protección y de garantías adecuadas. Es decir, hay que decirle que el destino no tiene nivel adecuado declarado, que no hay garantías adecuadas en el caso, y cuáles son los riesgos concretos. Una casilla genérica de aceptación de la política no satisface ese numeral.

¿Qué hay que registrar en el Registro Nacional sobre las transferencias?

El Art. 78 del Reglamento fija seis datos: el país donde se ubica el destinatario; las categorías de datos objeto de la transferencia; las finalidades de la transferencia; el nombre, denominación, razón social o nombre comercial con el que se identifique al destinatario; el mecanismo o esquema autorizado para realizar la transferencia; y el criterio de excepción utilizado de los previstos en la Ley, cuando sea el caso. El Art. 59 de la Ley exige que ese registro sea previo, y el mismo Art. 78 señala que la Autoridad privilegiará medios digitales y emitirá las reglas sobre medios, plazos y actualización. Ver el registro previo.

Tengo empresas del grupo en varios países. ¿Qué me conviene?

Las normas corporativas vinculantes. El Art. 75 del Reglamento las define como las políticas de protección de datos asumidas por un responsable o encargado establecido en Ecuador que permiten transferencias internacionales dentro de un grupo empresarial o una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta. Para constituir garantía adecuada deben ser autorizadas por la Autoridad, que según el Art. 76 verificará que sean jurídicamente vinculantes, que confieran expresamente a los titulares derechos exigibles y que cumplan los requisitos de la Ley, es decir las once condiciones del Art. 58. Entre ellas, la enunciación detallada de las filiales, la aceptación de responsabilidad por violaciones y los mecanismos de verificación con auditorías de protección de datos. Ver las normas corporativas.

¿Qué pasa si el país deja de tener nivel adecuado?

Las transferencias dejan de proceder. El Art. 61 de la Ley dispone que, si la Autoridad detecta que un país u organización ya no cumple con un nivel adecuado de protección, emitirá la correspondiente resolución de no adecuación, a partir de la cual no procederán transferencias de datos personales, salvo que operen otros mecanismos de transferencia conforme al capítulo. Y el Art. 72 del Reglamento impone una revisión anual y permite revocar, modificar o suspender la resolución, sin efectos retroactivos. Por eso conviene que cada transferencia relevante tenga, además de la adecuación, un instrumento contractual del Art. 74 que la sostenga. Ver el plan alternativo.

Fuentes y referencias

  • Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Quinto Suplemento del Registro Oficial 459 de 26 de mayo de 2021: Art. 7 (bases legitimadoras del tratamiento), Art. 51 (reporte al Registro Nacional de Protección de Datos Personales), Art. 55 (régimen general de la transferencia o comunicación internacional), Art. 56 (transferencia a países declarados de nivel adecuado, resolución motivada de la Autoridad, métodos de control ex post y acciones conjuntas entre autoridades de ambos países), Art. 57 (transferencia mediante garantías adecuadas: estándar igual o mayor al ecuatoriano, disponibilidad permanente de acciones administrativas o judiciales, derecho a la reparación integral e instrumento jurídico vinculante), Art. 58 (normas corporativas vinculantes y sus once condiciones, incluida la notificación de cualquier cambio a la Autoridad y al titular), Art. 59 (autorización de la Autoridad para los casos no contemplados y registro previo de la información sobre transferencias internacionales en el Registro Nacional), Art. 60 (once casos excepcionales, entre ellos el consentimiento explícito tras ser informado de los posibles riesgos por la ausencia de resolución de nivel adecuado y de garantías adecuadas, la obligación legal o regulatoria, la ejecución de un contrato con el titular o medidas precontractuales, las operaciones bancarias y bursátiles, y la defensa de reclamaciones), Art. 61 (control continuo, reportes con la academia, resolución de no adecuación a partir de la cual no proceden transferencias, y publicación permanente de la lista de países, organizaciones, empresas o grupos económicos con niveles adecuados), Art. 66 (aplicación de medidas correctivas en primera instancia ante infracción grave), Art. 68 num. 2, 3, 9, 10 y 11 (infracciones graves: fines distintos a los declarados; ceder o comunicar datos sin cumplir requisitos y procedimientos; no suscribir contratos con el encargado; no mantener actualizado el Registro Nacional; y no consignar en él lo dispuesto), Art. 71 (presupuestos de graduación), Art. 72 (multa del 0,7% al 1% del volumen de negocio) y Art. 73 (volumen de negocio del ejercicio inmediatamente anterior).
  • Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Decreto Ejecutivo 904 de 6 de noviembre de 2023: Art. 38 num. 6 (definición de las transferencias a terceros países en el registro de actividades), Art. 41 (contrato escrito con el encargado y sus siete contenidos mínimos), Art. 42 (el responsable como directo obligado de garantizar los derechos de los titulares), Art. 71 (determinación del nivel adecuado por resolución motivada, de oficio o a petición de parte, con efectos generales y sin necesidad de autorización previa), Art. 72 (mecanismo de revisión periódica anual, facultad de revocar, modificar o suspender la resolución sin efectos retroactivos, y publicación en el Registro Oficial y por medios digitales), Art. 73 (ocho criterios de estándares de nivel adecuado, con énfasis en las disposiciones que habiliten el acceso a datos por las autoridades del país de destino y en la existencia de una autoridad independiente), Art. 74 (seis instrumentos jurídicos que sustentan la transferencia con garantías adecuadas), Art. 75 (definición de las normas corporativas vinculantes y su invocación por grupos empresariales), Art. 76 (autorización de las normas corporativas vinculantes y sus tres requisitos), Art. 77 (autorización previa en casos no contemplados y los dos supuestos contractuales, incluido el sometimiento a la autoridad y competencia de la Autoridad de Protección de Datos y de los tribunales ecuatorianos), Art. 78 (seis contenidos del registro de información sobre transferencias internacionales en el Registro Nacional, y reglas que emitirá la Autoridad sobre medios, plazos y actualización), Art. 84 (el Registro Nacional como registro público) y Art. 86 (término de diez días para el reporte desde el día siguiente al inicio del tratamiento).
  • Superintendencia de Protección de Datos Personales: resoluciones de nivel adecuado de protección publicadas en el Registro Oficial y en su portal institucional, resoluciones de procedimientos administrativos sancionatorios, y Resolución SPDP-SPD-2025-0022-R de 16 de julio de 2025, con la metodología para el cálculo de las multas aplicables a infracciones leves y graves.
  • Código Orgánico Administrativo, Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017: Arts. 224 y 229 (término de diez días para impugnar y petición de no ejecución dentro de tres días) y Art. 252 (efecto de no contestar el acto de inicio en el término de diez días).