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Derecho CorporativoProtección de datosCumplimiento Actualización: octubre 2026

Evaluación de impacto: se presenta, no se archiva

Evaluación de impacto de protección de datos en Ecuador: cuándo es obligatoria, qué debe contener y por qué se presenta ante la Superintendencia.

Categoría: Derecho Corporativo · Por

J
Equipo Editorial · Juristam Abogados especializados en evaluaciones de impacto del tratamiento de datos personales, análisis y gestión de riesgos, videovigilancia y decisiones automatizadas, y defensa ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Contenido basado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su Reglamento General y el Código Orgánico Administrativo.

No es un documento interno: hay que presentarlo

Respuesta rápida: el Art. 32 del Reglamento dispone que, cuando la evaluación de impacto es obligatoria, será presentada ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. Y el Art. 42 de la Ley exige que se efectúe previo al inicio del tratamiento. No es un archivo que se guarda por si acaso: es un documento que entra a la Superintendencia antes de que el tratamiento empiece.

El marco completo de obligaciones y multas está en la guía de protección de datos para empresas. Esta guía resuelve la obligación que más se incumple sin saberlo, porque casi nadie sabe que existe y menos aún que se presenta.

Esa es la diferencia que conviene fijar primero. El registro de actividades de tratamiento es interno y se exhibe cuando la Autoridad lo pide. La evaluación de impacto no: el Art. 32 ordena presentarla. Y como el Art. 42 de la Ley la exige antes de iniciar el tratamiento, el orden correcto es evaluación primero, operación después.

⚠ No hacerla cuando correspondía es infracción grave

El Art. 68 numeral 5 de la Ley califica como infracción grave no realizar evaluaciones de impacto al tratamiento de datos en los casos en que era necesario realizarlas. Y el numeral 4 del mismo artículo califica como grave no utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos adaptadas a la naturaleza de los datos, las particularidades del tratamiento y las partes involucradas.

Son dos numerales distintos y conviene no confundirlos: uno sanciona no evaluar un tratamiento concreto, el otro sanciona no tener método de análisis de riesgos. La multa de las graves va del 0,7% al 1% del volumen de negocio del ejercicio inmediatamente anterior, por el Art. 72.

Y hay un agravante temporal que no se puede reparar después. Si la evaluación debía ser previa y el tratamiento ya arrancó, el incumplimiento está consumado: se puede hacer la evaluación ahora y eso mejora la posición, pero no borra que el tratamiento se inició sin ella. Esa es la razón por la que esta obligación se resuelve antes de lanzar el sistema, no cuando llega el oficio.

La evaluación va antes del tratamiento, no después del requerimiento

En la consulta determinamos si alguno de sus tratamientos cae en los tres supuestos obligatorios del Art. 42 de la Ley, armamos la evaluación con los cuatro contenidos del Art. 32 del Reglamento y la presentamos ante la Superintendencia. Si el tratamiento ya está en marcha, definimos cómo se regulariza.

Diagnóstico · 40 segundos

¿Le corresponde evaluación de impacto?

Cuatro preguntas sobre qué tratamientos hace, si hay cámaras, si ya arrancó y qué tiene documentado. El resultado indica si entra en los supuestos obligatorios del Art. 42.

1. ¿Su empresa hace alguno de estos tratamientos?

No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.

Los tres casos en que es obligatoria

Respuesta rápida: el Art. 42 de la Ley enumera tres supuestos de obligatoriedad: perfilamiento automatizado con efectos jurídicos, tratamiento a gran escala de categorías especiales o de datos penales, y observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. El tercero es el que alcanza a más empresas de las que imaginan.

Hay además una regla general que opera antes de los tres supuestos. El Art. 42 dispone que el responsable realizará la evaluación “cuando se haya identificado la probabilidad de que dicho tratamiento, por su naturaleza, contexto o fines, conlleve un alto riesgo para los derechos y libertades del titular o cuando la Autoridad de Protección de Datos Personales lo requiera”. Es decir: la Autoridad puede pedirla incluso fuera de los tres casos tasados.

Supuesto del Art. 42A quién alcanza en la práctica
a) Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basada en tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, sobre cuya base se tomen decisiones con efectos jurídicosScoring de crédito, aprobación o negativa automatizada de cupos y financiamiento, tarificación dinámica de seguros, filtros automáticos de postulantes, listas internas de clientes no elegibles
b) Tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos, o de datos relativos a condenas e infracciones penalesClínicas, laboratorios, aseguradoras de salud, control biométrico de asistencia a escala, bases con antecedentes penales de postulantes o de personal
c) Observación sistemática a gran escala de una zona de acceso públicoVideovigilancia de centros comerciales, locales con cámaras hacia la vereda o el parqueadero, conjuntos y edificios con cámaras en accesos, sistemas de reconocimiento de placas
El supuesto de las cámaras es el que menos se ve venir

La observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público describe exactamente lo que hace cualquier sistema de videovigilancia que cubre una vereda, un parqueadero abierto, el acceso a un local o un pasillo de centro comercial. No es vigilancia interna de oficina: es observación de personas que no tienen relación con la empresa y que no eligieron ser grabadas.

Y si a esas cámaras se suma reconocimiento facial o lectura de placas, el tratamiento entra además por el supuesto b), porque los datos biométricos son categoría especial, y por el a), si de ese reconocimiento se derivan decisiones como impedir el ingreso.

Para medir cuándo se está frente a cada supuesto, el Art. 31 del Reglamento remite a los criterios del propio Reglamento, y el Art. 54 señala que para determinar el tratamiento a gran escala de categorías especiales se considerarán los factores que defina la Autoridad además de los establecidos en el Reglamento. Es una zona con margen de apreciación, y por eso existe la herramienta del siguiente apartado.

Si su local tiene cámaras hacia la calle o el parqueadero, el supuesto c) del Art. 42 lo alcanza.Y la evaluación debía estar hecha y presentada antes de instalarlas. No hacerla es infracción grave por el Art. 68 num. 5.

La consulta que la Autoridad debe contestar en cinco días

Respuesta rápida: el Art. 31 del Reglamento permite al responsable consultar a la Autoridad cuando tenga dudas sobre la obligatoriedad de la evaluación, y le impone a esta un término máximo de cinco días para contestar desde la recepción de la consulta.

Es uno de los plazos más cortos de todo el régimen y corre contra la administración, no contra la empresa. El texto es explícito: “En caso de duda, el responsable podrá dirigir una consulta a la Autoridad de Protección de Datos Personales con la finalidad de que determine la obligatoriedad de la evaluación de impacto. La Autoridad de Protección de Datos personales deberá contestar dicha consulta en el término máximo de cinco (5) días contados desde la recepción de la consulta”.

Esa herramienta resuelve el problema práctico más frecuente: la empresa no sabe si su tratamiento es “a gran escala” o si su videovigilancia es “sistemática”, y esos son conceptos con margen de interpretación. Preguntar convierte una incertidumbre sancionable en un criterio escrito, y lo hace en cinco días.

Dos consultas distintas, y conviene no confundirlas

El Art. 31 regula la consulta sobre la obligatoriedad de la evaluación de impacto, con término de cinco días para la Autoridad. El Art. 53 regula la consulta sobre los supuestos que dan lugar a la designación del delegado de protección de datos, y dispone que la decisión de la Autoridad “será de cumplimiento obligatorio para los consultantes”.

Son dos preguntas con efectos distintos y a veces conviene plantear las dos a la vez, porque los criterios que decide la Autoridad en una condicionan la otra: un tratamiento a gran escala de categorías especiales activa a la vez la evaluación del Art. 42 de la Ley y el delegado del Art. 48. Quién está obligado a designarlo está en la guía del delegado de protección de datos.

Conviene además plantear la consulta con cuidado, porque lo que se describa en ella queda en la Superintendencia. Una consulta que, al explicar el tratamiento, revela que la empresa no tiene registro de actividades, que no designó delegado y que viene tratando esos datos desde hace tres años, acaba de informar tres incumplimientos distintos. La consulta sirve; redactarla sin filtro, no.

Cinco días es lo que la Autoridad tiene para contestarle si la evaluación le corresponde.Pero lo que se describa en la consulta queda en la Superintendencia. Nosotros la redactamos para que resuelva la duda sin abrir frentes nuevos.

Los cuatro contenidos obligatorios

Respuesta rápida: el Art. 32 del Reglamento fija cuatro contenidos mínimos: descripción sistemática de las operaciones y finalidades, justificación de necesidad y proporcionalidad, evaluación de riesgos a los derechos y libertades, y medidas previstas para hacerles frente.

El numeral 2 es el único que puede concluir que el tratamiento no debe hacerse como se pensaba.Justificar necesidad y proporcionalidad es un juicio de derecho, no una medición técnica. Es la parte que decide el resultado.

El segundo es el que define el resultado del documento, y el que menos se entiende. No basta describir lo que la empresa quiere hacer: hay que justificar por qué es necesario hacerlo y por qué es proporcional a la finalidad. Si la finalidad se puede alcanzar con menos datos o con un medio menos invasivo, la evaluación lo deja por escrito y la propia empresa queda obligada a su conclusión.

  1. Descripción sistemática de las operaciones de tratamiento y sus finalidades

    Qué datos se recogen, de quiénes, por qué medio, cómo circulan, quién accede, dónde se almacenan y para qué se usan. Sale del inventario del registro de actividades, por eso el orden natural es registro primero y evaluación después.

  2. Justificación de la necesidad y de la proporcionalidad respecto de la finalidad

    Es la parte argumentativa. Un control biométrico de asistencia tiene que explicar por qué el dato biométrico es necesario y no basta una tarjeta o un código. Si no hay respuesta a eso, el documento está diciendo que el tratamiento es desproporcionado.

  3. Evaluación de riesgos a los derechos y libertades de los titulares

    No riesgos para la empresa: riesgos para las personas. Qué les puede pasar si el dato se filtra, si se usa para otro fin, si es inexacto o si la decisión automatizada se equivoca. Y hay que medirlo contra los derechos que el titular puede ejercerle, que están en la guía de solicitudes de titulares.

  4. Medidas previstas, garantías, medidas de seguridad y mecanismos para salvaguardar y demostrar el respeto al derecho

    El numeral habla de demostrar, y conecta con el Art. 36 del Reglamento, que impone al responsable el deber de probar que aplicó las medidas de protección.

Y hay un límite expreso sobre qué no debe incluirse

El último párrafo del Art. 32 protege a la empresa: la información otorgada “debe limitarse a la que sea necesaria para respaldar la evaluación y no incluir detalles potencialmente confidenciales relacionados con las implementaciones de seguridad o la información confidencial”.

Es una instrucción de redacción, no un permiso para omitir. Significa que la evaluación describe qué medidas existen y por qué son adecuadas, sin entregar el mapa técnico de su infraestructura: no van configuraciones, versiones, topología de red ni credenciales. Como el documento se presenta ante la Autoridad, ese límite es el que evita que un expediente administrativo contenga el manual para atacar a la empresa.

El documento se presenta, y lo que diga queda en la Superintendencia.El Art. 32 obliga a limitar la información a lo necesario y a excluir los detalles confidenciales de seguridad. Redactarlo sin ese filtro es entregar demasiado.

Qué busca la evaluación, según la norma

Respuesta rápida: el Art. 29 del Reglamento la define como un análisis preventivo, de naturaleza técnica, y el Art. 30 le fija cuatro objetos. Entenderlos cambia cómo se redacta: no es un informe de cumplimiento, es una decisión documentada sobre si el tratamiento se hace y cómo.

El Art. 29 dice que la evaluación consiste en un análisis preventivo mediante el cual el responsable valora los impactos reales del tratamiento, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con el cumplimiento de los principios y el respeto de los derechos y obligaciones de la ley.

Y el Art. 30 enumera sus cuatro objetos:

  • Identificar y describir los riesgos potenciales y probables de determinados tratamientos.
  • Describir las acciones concretas para la gestión de los riesgos identificados.
  • Actuar de forma preventiva en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley, su Reglamento y demás normativa.
  • Propiciar lineamientos para la construcción de una cultura preventiva de protección de datos en la organización.

El segundo objeto es el que convierte el documento en compromiso. “Acciones concretas” significa medidas con responsable y plazo, no buenas intenciones. Y una vez presentada la evaluación, esas acciones son el estándar con el que la propia empresa pidió ser medida: incumplirlas es la forma más directa de llegar al Art. 68 numeral 6, que califica como grave no implementar medidas necesarias para prevenir, impedir, reducir, mitigar y controlar los riesgos y vulneraciones que hayan sido identificadas.

⚠ Identificar un riesgo y no mitigarlo es peor que no haber evaluado

El Art. 68 numeral 6 de la Ley sanciona como infracción grave no implementar medidas técnicas, organizativas o de cualquier índole necesarias para prevenir, impedir, reducir, mitigar y controlar los riesgos y las vulneraciones a la seguridad “que hayan sido identificadas”.

Una evaluación que detecta un riesgo alto, propone una medida y la empresa no la ejecuta deja documentado tanto el riesgo como el incumplimiento. Por eso la evaluación no se redacta con una lista de medidas ideales: se redacta con las medidas que la empresa va a ejecutar, con plazo, y las que no pueda asumir se resuelven cambiando el tratamiento, no prometiéndolas.

Las medidas que promete la evaluación son el estándar con el que después lo miden

El Art. 68 num. 6 sanciona como grave no mitigar los riesgos identificados. Por eso la evaluación no se redacta con medidas ideales: se redacta con las que la empresa va a ejecutar, con responsable y plazo. En la consulta definimos cuáles son viables y qué tratamientos conviene cambiar en lugar de prometer.

Cómo encaja con el resto del cumplimiento

Respuesta rápida: la evaluación de impacto no se hace sola. Toma su insumo del registro de actividades, la supervisa el delegado por el Art. 49 de la Ley, y sus conclusiones alimentan las medidas de seguridad del Art. 58 del Reglamento.

El orden que funciona es este:

  1. Inventario y bases legales

    Primero hay que saber qué tratamientos existen y con qué base del Art. 7 opera cada uno. Eso es el registro de actividades de tratamiento, y de ahí sale la descripción sistemática que pide el numeral 1 del Art. 32.

  2. Identificar qué tratamientos caen en los supuestos del Art. 42

    Con el inventario a la vista, los tres supuestos obligatorios se verifican tratamiento por tratamiento. Si hay duda, se usa la consulta de cinco días del Art. 31 del Reglamento.

  3. Evaluar y decidir

    La justificación de necesidad y proporcionalidad del numeral 2 puede concluir que el tratamiento debe hacerse con menos datos o por otro medio. Esa conclusión se toma antes de arrancar, que es cuando todavía es barata.

  4. Presentar ante la Autoridad

    El Art. 32 lo ordena, y con el límite sobre información confidencial que el mismo artículo establece.

  5. Ejecutar las medidas y dejar evidencia

    El Art. 58 del Reglamento obliga a aplicar medidas apropiadas atendiendo a la naturaleza, el ámbito, la finalidad y los riesgos, y a revisarlas y actualizarlas. Y el Art. 36 exige poder demostrarlo.

  6. Mantenerla viva

    Cada tratamiento nuevo con las características del Art. 42 abre una evaluación nueva, y debe ser previa. Es la función de supervisión que el Art. 49 numeral 3 de la Ley asigna al delegado: asesorar en el análisis de riesgo, la evaluación de impacto y la evaluación de medidas de seguridad, y supervisar su aplicación.

Y hay un punto de contacto con la gestión de incidentes que conviene anticipar. La evaluación de riesgos del numeral 3 del Art. 32 es el mismo ejercicio que después se exige en la notificación de una filtración, donde el Art. 26 del Reglamento pide incluir la evaluación del riesgo para los derechos y libertades de los titulares. Tener la evaluación de impacto hecha acorta ese trabajo de días a horas: los plazos de la notificación están en la guía de filtración de datos.

Lo que cuesta no hacerla

Respuesta rápida: tres numerales del Art. 68 pueden activarse alrededor de esta obligación, y los tres son infracciones graves, con multa del 0,7% al 1% del volumen de negocio del ejercicio anterior.

ConductaNumeral del Art. 68Multa (Art. 72)
No realizar evaluaciones de impacto en los casos en que era necesarionum. 50,7% a 1% del volumen de negocio
No utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos adaptadas a la naturaleza de los datos, las particularidades del tratamiento y las partes involucradasnum. 40,7% a 1%
No implementar medidas necesarias para prevenir, impedir, reducir, mitigar y controlar los riesgos y vulneraciones que hayan sido identificadasnum. 60,7% a 1%

Porcentajes del Art. 72 de la Ley sobre el volumen de negocio del ejercicio inmediatamente anterior que define el Art. 73. La graduación concreta depende de los presupuestos del Art. 71 y de la metodología que la Superintendencia aplique en cada caso.

Para una empresa con un millón de dólares de facturación, cada uno de esos numerales se mueve entre siete mil y diez mil dólares. Y como son conductas distintas, pueden concurrir: no haber evaluado, no tener metodología de riesgos y no haber mitigado lo identificado son tres hechos separados.

Hay un atenuante estructural. Como son infracciones graves, el Art. 66 numeral 2 de la Ley obliga a la Autoridad a aplicar en primera instancia medidas correctivas y a sancionar solo si se cumplen de forma tardía, parcial o defectuosa. Para esta obligación la medida correctiva suele ser hacer la evaluación y presentarla, lo que es perfectamente ejecutable. Lo que no se puede improvisar en el plazo de una medida correctiva es el inventario que la evaluación necesita como insumo. El camino completo, si se llega a sanción, está en la guía de impugnación, y cómo se contesta el oficio que abre el expediente en la guía del oficio de la Superintendencia.

Tres numerales del Art. 68 pueden concurrir en el mismo caso.No evaluar, no tener metodología de riesgos y no mitigar lo identificado son hechos distintos, cada uno del 0,7% al 1% de su facturación.

Los seis errores que arruinan una evaluación

  1. Hacerla después de iniciar el tratamiento

    El Art. 42 de la Ley y el Art. 31 del Reglamento la exigen previa al inicio. Hacerla después mejora la posición pero no borra el incumplimiento consumado.

  2. Archivarla en lugar de presentarla

    El Art. 32 dispone que será presentada ante la Autoridad. Una evaluación perfecta guardada en una carpeta no cumple la obligación que la norma impone.

  3. Confundir riesgo para la empresa con riesgo para el titular

    El numeral 3 del Art. 32 pide la evaluación de riesgos a los derechos y libertades de los titulares. Un análisis centrado en el riesgo reputacional o económico del negocio no responde ese numeral.

  4. Saltarse la justificación de necesidad y proporcionalidad

    Es el numeral 2 y el único que puede concluir que el tratamiento no debe hacerse como se pensaba. Omitirlo vacía el documento de su función preventiva.

  5. Prometer medidas que no se van a ejecutar

    El Art. 68 numeral 6 sanciona como grave no implementar medidas para los riesgos identificados. La evaluación convierte la promesa en estándar exigible.

  6. Incluir el detalle técnico de la seguridad

    El último párrafo del Art. 32 obliga a limitar la información a lo necesario y a no incluir detalles potencialmente confidenciales de las implementaciones de seguridad. El documento se presenta: lo que diga sale de la empresa.

Por qué la evaluación la hace un abogado con el técnico, no el técnico solo

Porque el Art. 29 la define como un análisis de naturaleza técnica, pero su contenido es jurídico en los dos numerales que deciden el resultado. El numeral 2 del Art. 32 pide justificar la necesidad y la proporcionalidad, que son juicios de derecho y no mediciones. Y el numeral 3 pide evaluar riesgos a derechos y libertades, que requiere saber qué derechos reconoce la ley al titular y cómo puede ejercerlos.

Porque es un documento que se presenta ante la autoridad que después puede sancionar. Todo lo que contenga queda en la Superintendencia y puede ser usado en un procedimiento posterior: los tratamientos descritos, las fechas en que empezaron, los proveedores mencionados, las medidas prometidas. Una evaluación redactada sin pensar en ese escenario puede documentar incumplimientos que nadie había imputado, igual que una contestación mal armada en un expediente.

Y porque la conclusión correcta a veces es incómoda. Si la necesidad y la proporcionalidad no se sostienen, la salida no es escribirlo mejor: es cambiar el tratamiento antes de arrancar. Esa decisión cuesta poco cuando el sistema está en diseño y mucho cuando ya está en producción con tres años de datos recogidos.

Qué hacemos en este trabajo

Verificamos tratamiento por tratamiento si alguno cae en los tres supuestos del Art. 42 de la Ley, y si hay duda planteamos la consulta del Art. 31 del Reglamento, que la Autoridad debe contestar en cinco días. Armamos la descripción sistemática de las operaciones a partir del inventario. Redactamos la justificación de necesidad y proporcionalidad, y la evaluación de riesgos a los derechos y libertades de los titulares. Definimos las medidas con responsable y plazo, para que sean ejecutables y no promesas. Y presentamos el documento ante la Superintendencia con el filtro que el propio Art. 32 exige sobre información confidencial de seguridad.

Previa al tratamiento, presentada ante la Autoridad

Determinamos si le corresponde, armamos la evaluación con los cuatro contenidos del Art. 32 y la presentamos. Si el tratamiento ya arrancó, trabajamos primero la regularización y el encuadre frente a un eventual requerimiento.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la evaluación de impacto de protección de datos?

El Art. 29 del Reglamento la define como un análisis preventivo, de naturaleza técnica, mediante el cual el responsable valora los impactos reales del tratamiento de datos personales, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con el cumplimiento de los principios y el respeto de los derechos y obligaciones establecidas en la Ley. El Art. 30 le fija cuatro objetos: identificar y describir los riesgos potenciales y probables, describir las acciones concretas para gestionarlos, actuar de forma preventiva en el cumplimiento de las obligaciones, y propiciar lineamientos para una cultura preventiva en la organización. Ver qué busca la evaluación.

¿Hay que presentarla a la Superintendencia o se guarda?

Hay que presentarla. El Art. 32 del Reglamento dispone que, en los casos en que sea obligatoria, la evaluación de impacto será presentada ante la Autoridad de Protección de Datos Personales y contendrá al menos cuatro elementos. Es una diferencia importante respecto del registro de actividades de tratamiento del Art. 38, que es interno y se pone a disposición de la Autoridad solo cuando esta lo solicita. Ver por qué hay que presentarla.

¿En qué casos es obligatoria?

El Art. 42 de la Ley establece tres supuestos de obligatoriedad: la evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas basada en un tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos; el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos relativos a condenas e infracciones penales; y la observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. Además, el mismo artículo exige la evaluación cuando se haya identificado la probabilidad de que el tratamiento, por su naturaleza, contexto o fines, conlleve un alto riesgo para los derechos y libertades del titular, o cuando la Autoridad lo requiera. Ver los tres casos.

Tengo cámaras en mi local. ¿Me corresponde?

Si cubren una zona de acceso público, encaja en el tercer supuesto del Art. 42: observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. Eso alcanza a cámaras que graban la vereda, el parqueadero abierto, los accesos del local o pasillos de centros comerciales, porque graban a personas que no tienen relación con la empresa. Si además hay reconocimiento facial o lectura de placas, el tratamiento entra también por el segundo supuesto, porque los datos biométricos son categoría especial. La videovigilancia limitada al interior de una oficina o bodega no configura por sí sola ese supuesto. Ver los tres casos.

¿Cuándo hay que hacerla?

Antes de empezar. El Art. 42 de la Ley cierra señalando que la evaluación de impacto deberá efectuarse previo al inicio del tratamiento de datos personales, y el Art. 31 del Reglamento lo repite: las evaluaciones serán obligatorias en los casos establecidos en la Ley y deberán realizarse de forma previa al inicio del tratamiento. Si el tratamiento ya arrancó sin evaluación, el incumplimiento está consumado; hacerla después mejora la posición y suele ser lo que pide una medida correctiva, pero no borra que se inició sin ella.

No sé si mi caso entra en los supuestos. ¿Puedo preguntar?

Sí, y la respuesta tiene plazo. El Art. 31 del Reglamento dispone que, en caso de duda, el responsable podrá dirigir una consulta a la Autoridad de Protección de Datos Personales con la finalidad de que determine la obligatoriedad de la evaluación de impacto, y que la Autoridad deberá contestar dicha consulta en el término máximo de cinco días contados desde la recepción de la consulta. Conviene redactar la consulta con cuidado, porque lo que se describa en ella queda en la Superintendencia. Ver la consulta de cinco días.

¿Qué tiene que contener la evaluación?

El Art. 32 del Reglamento fija cuatro contenidos mínimos: la descripción sistemática de las operaciones de tratamiento y sus finalidades; la justificación de la necesidad de llevar a cabo esas operaciones, así como su proporcionalidad respecto de la finalidad; la evaluación de riesgos a los derechos y libertades de los titulares; y las medidas previstas para hacer frente a los riesgos, las garantías, medidas de seguridad y mecanismos destinados a salvaguardar y demostrar el respeto al derecho de los titulares. Ver los cuatro contenidos.

¿Tengo que describir mis sistemas de seguridad en detalle?

No, y la norma lo prohíbe expresamente. El último párrafo del Art. 32 del Reglamento dispone que la información otorgada debe limitarse a la que sea necesaria para respaldar la evaluación y no incluir detalles potencialmente confidenciales relacionados con las implementaciones de seguridad o la información confidencial. En la práctica eso significa describir qué medidas existen y por qué son adecuadas, sin entregar configuraciones, versiones, topología de red ni credenciales. Como el documento se presenta ante la Autoridad, ese límite es el que evita que el expediente contenga el mapa técnico de la empresa.

¿Qué pasa si la evaluación detecta un riesgo y no hago nada?

Es la peor posición de todas. El Art. 68 numeral 6 de la Ley califica como infracción grave no implementar medidas técnicas, organizativas o de cualquier índole necesarias para prevenir, impedir, reducir, mitigar y controlar los riesgos y las vulneraciones a la seguridad de datos personales que hayan sido identificadas. Una evaluación que detecta un riesgo alto, propone una medida y la empresa no la ejecuta deja documentado tanto el riesgo como el incumplimiento. Por eso las medidas se redactan con responsable y plazo, y las que no se puedan asumir se resuelven cambiando el tratamiento.

¿Cuánto cuesta no hacerla?

Tres numerales del Art. 68 pueden activarse alrededor de esta obligación y los tres son infracciones graves, con multa del 0,7% al 1% del volumen de negocio del ejercicio inmediatamente anterior según el Art. 72: el numeral 5 por no realizar evaluaciones de impacto en los casos en que era necesario realizarlas, el numeral 4 por no utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos adaptadas a la naturaleza de los datos, las particularidades del tratamiento y las partes involucradas, y el numeral 6 por no implementar medidas para los riesgos identificados. Son hechos distintos y pueden concurrir. Ver lo que cuesta no hacerla.

Fuentes y referencias

  • Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Quinto Suplemento del Registro Oficial 459 de 26 de mayo de 2021: Art. 7 (bases legitimadoras del tratamiento), Art. 20 (derecho a no ser objeto de decisiones basadas única o parcialmente en valoraciones automatizadas), Art. 21 (régimen reforzado para datos sensibles y de niñas, niños y adolescentes en decisiones automatizadas), Art. 41 (deber de tomar medidas adecuadas y necesarias, de forma permanente y continua, para evaluar, prevenir, impedir, reducir, mitigar y controlar riesgos, amenazas y vulnerabilidades, incluidas las de alto riesgo), Art. 42 (evaluación de impacto: regla general de alto riesgo por naturaleza, contexto o fines o a requerimiento de la Autoridad; tres supuestos de obligatoriedad —evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basada en tratamiento automatizado con decisiones de efectos jurídicos, tratamiento a gran escala de categorías especiales o de datos relativos a condenas e infracciones penales, y observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público—; facultad de la Autoridad de establecer otras operaciones; y exigencia de que se efectúe previo al inicio del tratamiento), Art. 49 num. 3 (función del delegado de asesorar en el análisis de riesgo, la evaluación de impacto y la evaluación de medidas de seguridad, y supervisar su aplicación), Art. 48 (supuestos de designación del delegado), Art. 66 (aplicación de medidas correctivas en primera instancia ante infracción grave), Art. 68 num. 4, 5 y 6 (infracciones graves: no utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos adaptadas a la naturaleza de los datos, las particularidades del tratamiento y las partes involucradas; no realizar evaluaciones de impacto en los casos en que era necesario; y no implementar medidas necesarias para prevenir, impedir, reducir, mitigar y controlar los riesgos y vulneraciones identificadas), Art. 71 (presupuestos de graduación), Art. 72 (multa del 0,7% al 1% del volumen de negocio) y Art. 73 (volumen de negocio del ejercicio inmediatamente anterior).
  • Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Decreto Ejecutivo 904 de 6 de noviembre de 2023: Art. 26 num. 7 (la evaluación del riesgo para los derechos y libertades de los titulares como contenido de la notificación de vulneraciones), Art. 29 (definición de la evaluación de impacto como análisis preventivo de naturaleza técnica), Art. 30 (cuatro objetos de la evaluación), Art. 31 (obligatoriedad en los casos establecidos en la Ley, exigencia de que sea previa al inicio del tratamiento, remisión a los criterios del Reglamento para determinar los supuestos, y consulta a la Autoridad que esta debe contestar en el término máximo de cinco días desde su recepción), Art. 32 (presentación ante la Autoridad, cuatro contenidos mínimos y límite expreso sobre información confidencial e implementaciones de seguridad), Art. 36 (deber de demostrar las medidas aplicadas), Art. 38 (registro de actividades de tratamiento), Art. 54 (factores para determinar el tratamiento a gran escala de categorías especiales), Art. 53 (consulta sobre los supuestos de designación del delegado, cuya decisión es de cumplimiento obligatorio para los consultantes) y Arts. 58, 59 y 60 (medidas de seguridad, protección de datos desde el diseño y por defecto).
  • Superintendencia de Protección de Datos Personales: resoluciones de procedimientos administrativos sancionatorios publicadas en su portal institucional, y Resolución SPDP-SPD-2025-0022-R de 16 de julio de 2025, con la metodología para el cálculo de las multas aplicables a infracciones leves y graves.
  • Código Orgánico Administrativo, Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017: Arts. 224 y 229 (término de diez días para impugnar y petición de no ejecución dentro de tres días) y Art. 252 (efecto de no contestar el acto de inicio en el término de diez días).