Le llegó la solicitud: lo que hay que hacer hoy
Respuesta rápida: registre la fecha de recepción, verifique que quien pide es el titular y conteste por escrito dentro de quince días. No contestar, contestar tarde o negarse sin motivo es infracción leve, y la multa de las infracciones leves se calcula como un porcentaje de su facturación, no en salarios básicos.
El marco completo de obligaciones, plazos y multas está en la guía de protección de datos para empresas. Esta guía resuelve una sola situación: el correo que acaba de llegar pidiendo datos, su corrección o su eliminación.
Una solicitud de un titular casi nunca llega con forma de trámite legal. Llega como un correo molesto de un cliente que quiere que lo saquen de la base, un mensaje de un ex empleado que pide su expediente, o un reclamo de alguien que dice que su información está mal. Se ve menor. Y por eso se queda en la bandeja de alguien que no sabe que hay un plazo corriendo.
El Art. 67 numeral 1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales considera infracción leve no tramitar, tramitar fuera del término previsto o negar injustificadamente las peticiones o quejas realizadas por el titular. Las tres conductas están en el mismo numeral: el silencio pesa igual que la negativa sin motivo.
Y el Art. 68, en su último numeral, convierte en infracción grave incurrir de forma reiterada en faltas leves. Es decir: el primer correo sin contestar es leve; la costumbre de no contestar es grave, y la grave se paga en una banda más alta.
- Ponga fecha de recepción por escrito
El plazo de quince días se cuenta desde que la solicitud llegó, no desde que el área legal se enteró. Lo primero es dejar constancia del día exacto: acuse de recibo, sello, correo de confirmación. Si el plazo se discute después, esa fecha la pone usted o la pone el titular.
- Verifique que quien pide es el titular
El Art. 12 del Reglamento es explícito: “En todos los casos, el requirente deberá demostrar la titularidad o la representación legal para ejercer el derecho”. Entregar datos personales a quien no es el titular no es cumplir la ley: es una comunicación de datos sin base legal.
- Identifique qué derecho está ejerciendo
No es lo mismo pedir copia de los datos que pedir que se borren. Cada derecho tiene una consecuencia distinta y causales de negativa distintas. Si el escrito no lo dice con claridad, usted tiene una vía para pedir que lo aclare, y tiene cinco días para usarla.
- Busque si hay una obligación legal que lo obligue a conservar
Es la causal de negativa que más se usa y la que más se usa mal. El Art. 18 numeral 2 de la Ley exceptúa el caso en que los datos son necesarios para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. Si existe, hay que citarla; si no existe, no se puede inventar.
- Conteste por escrito, aunque la respuesta sea una negativa
La negativa motivada es una respuesta válida. El silencio no lo es, y además le abre al titular la puerta de reclamar directamente a la Superintendencia.
Si la solicitud llegó esta semana, el plazo ya está corriendo
En la consulta determinamos qué derecho está ejerciendo el titular, si usted está obligado a atenderlo o puede negarse, con qué causal exacta, y cómo se redacta la respuesta para que cierre el asunto en vez de abrirlo. Revisamos el escrito que recibió y le entregamos el que debe salir.
¿Está obligado a entregar, o tiene causal para negarse?
Cuatro preguntas sobre qué le piden, cuándo llegó, si acreditó identidad y qué relación tiene con el titular. El resultado indica qué plazo le corre y por dónde se contesta.
No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.
- Le llegó la solicitud: qué hacer hoy
- Los nueve derechos que puede ejercerle
- El plazo de quince días y qué lo suspende
- Qué debe traer la solicitud
- Cuándo puede negarse legítimamente
- Cómo se redacta la respuesta de acceso
- El registro de solicitudes
- Si el titular reclama a la Superintendencia
- Lo que cuesta no contestar
- Menores, fallecidos, crediticios y decisiones automatizadas
- Los seis errores que convierten una solicitud en expediente
- Por qué la respuesta la revisa un abogado
- Preguntas frecuentes
Los nueve derechos que un titular puede ejercerle
Respuesta rápida: acceso, información, rectificación y actualización, eliminación, oposición, portabilidad, suspensión del tratamiento, no ser objeto de decisiones automatizadas y consulta al Registro Nacional. Los que se ejercen contra su empresa tienen plazo de quince días.
Conviene conocerlos antes de que lleguen, porque la respuesta correcta depende de cuál se esté ejerciendo. Y porque el Art. 24 de la Ley cierra la discusión de raíz: “Los derechos del titular son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario”. Ninguna cláusula de contrato, ningún términos y condiciones aceptado con un clic, renuncia a estos derechos.
| Derecho | Qué le obliga a hacer | Plazo |
|---|---|---|
| Acceso (Art. 13) | Entregar gratuitamente todos sus datos personales y la información del Art. 12, sin que el titular tenga que justificar nada | 15 días |
| Información (Art. 12) | Informar catorce puntos: fines, base legal, plazo de conservación, destinatarios, transferencias, cómo revocar el consentimiento y cómo ejercer sus derechos | Al recoger el dato |
| Rectificación y actualización (Art. 14) | Corregir datos inexactos o incompletos y, en el mismo plazo, informar la corrección a quien usted se los haya entregado | 15 días |
| Eliminación (Art. 15) | Suprimir los datos cuando concurra una de siete causales, de forma definitiva y segura, y gratis | 15 días |
| Oposición (Art. 16) | Dejar de tratar los datos, salvo que acredite motivos legítimos e imperiosos que prevalezcan | 15 días |
| Portabilidad (Art. 17) | Entregar los datos en formato estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, o transmitirlos a otro responsable | 15 días |
| Suspensión del tratamiento (Art. 19) | Congelar el uso del dato mientras se verifica su exactitud o se resuelve una oposición | Al configurarse la causal |
| Decisiones automatizadas (Art. 20) | Dar explicación motivada de la decisión, recibir observaciones y entregar los criterios de valoración del programa | 15 días |
| Consulta (Art. 22) | Se ejerce ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, no ante usted | — |
El Art. 13 dice que el titular accede gratuitamente y sin necesidad de presentar justificación alguna, y que el responsable deberá establecer métodos razonables que permitan ejercerlo. No se puede cobrar, no se puede pedir que explique para qué los quiere, y no se puede exigir que vaya en persona a una oficina si usted opera en línea.
El único límite que la propia norma reconoce es que “El derecho de acceso no podrá ejercerse de forma tal que constituya abuso del derecho”. Es un límite real, pero estrecho, y hay que poder sustentarlo.
¿No sabe cuál de los nueve derechos le están ejerciendo?De eso depende si está obligado a entregar, a corregir, a borrar o a negarse. Lo definimos leyendo el escrito que le llegó.
El plazo de quince días: desde cuándo cuenta y qué lo suspende
Respuesta rápida: quince días desde la recepción de la solicitud. Lo único que corre el reloj es pedir aclaración, y eso hay que hacerlo una sola vez y dentro de cinco días de recibida la solicitud.
Los Arts. 13, 14, 15 y 16 de la Ley repiten la misma cifra para acceso, rectificación, eliminación y oposición: quince días. Es un plazo corto para una empresa que tiene los datos repartidos en un CRM, una planilla de nómina, un sistema contable y tres casillas de correo. Por eso el trabajo real no es contestar: es saber de antemano dónde están los datos. Esa es exactamente la función del registro de actividades de tratamiento, y es la razón por la que las empresas que lo tienen contestan en días y las que no lo tienen contestan tarde.
El Art. 14 del Reglamento permite pedirle al titular que aclare o complete la solicitud, pero con tres candados: “por una sola vez y dentro del término de cinco (5) días de recibida la solicitud”. El titular tiene entonces diez días, contados desde el día siguiente a la notificación, para aclarar.
Si aclara, usted le da la debida atención. Si no aclara dentro del término, el mismo artículo le permite archivar la solicitud notificando al titular las razones de su decisión. Y aclara algo importante: el archivo del requerimiento inicial no impide la presentación de una nueva solicitud.
Lo que no funciona es pedir aclaración el día doce para estirar el plazo. Fuera de los cinco días, la petición de aclaración no es una herramienta: es prueba de que usted dejó pasar el término.
Hay un plazo distinto que conviene no confundir. Cuando los datos no se obtuvieron directamente del titular o vienen de una fuente de acceso público, el Art. 12 de la Ley obliga a informarle dentro de los siguientes treinta días o al momento de la primera comunicación, cualquiera de las dos circunstancias que ocurra primero. Ese plazo no nace de una solicitud: nace de que usted compró, heredó o rastreó la base. Es el plazo que incumplen casi todas las empresas que armaron su base de datos con listados comprados.
Quince días alcanzan si sabe dónde están los datos
En la consulta ubicamos en qué sistemas de su empresa vive la información del titular que escribió, armamos el inventario mínimo para poder contestar, y definimos el texto de la respuesta. Si el plazo ya está vencido, definimos cómo se contesta un vencido para reducir la exposición.
Antes de contestar: qué debe traer la solicitud
Respuesta rápida: el Art. 13 del Reglamento fija cinco contenidos, y el más importante es el documento que acredite la identidad o la representación. Sin eso, entregar los datos es una infracción distinta y más grave que no entregarlos.
Es el punto donde más empresas se equivocan en la dirección opuesta a la que imaginan. El miedo es no contestar; el riesgo real es contestarle al que no era. Si usted entrega el expediente laboral de alguien a un tercero que escribió desde un correo parecido, cometió una comunicación de datos sin cumplir los requisitos de la ley, que el Art. 68 numeral 3 califica como infracción grave.
El Art. 13 del Reglamento enumera lo que debe constar en la solicitud:
- Identificación completa del titular
Nombres y apellidos completos, número de cédula o pasaporte y dirección domiciliaria o electrónica para notificaciones. Cuando se actúa como representante legal, también los datos del representado.
- Descripción de los datos, de ser posible
La norma dice “de ser posible”: una descripción clara y precisa de los datos y cualquier elemento o documento que facilite su localización. No poder precisarlos no invalida la solicitud.
- Relación de lo que solicita, de manera clara y precisa
El pedido concreto. Es lo que suele faltar y lo que habilita la aclaración de los cinco días.
- El derecho o los derechos que desea ejercer
Puede ejercer varios en el mismo escrito, y entonces cada uno se analiza por separado: se puede estar obligado a rectificar y a la vez tener causal para no eliminar.
- Los documentos que acrediten identidad o representación
Es el requisito que usted no debe dispensar nunca. El Art. 12 del Reglamento lo refuerza: en todos los casos el requirente deberá demostrar la titularidad o la representación legal.
El Art. 12 del Reglamento dispone que el responsable habilitará “preferentemente, herramientas o canales informáticos simplificados de fácil acceso para el titular”, que permitan una interacción segura, fiable y rápida, sin perjuicio de que las solicitudes también puedan presentarse por medios físicos. Menciona expresamente plataformas digitales, centros de contacto y líneas telefónicas.
Traducido: si en su sitio web no hay forma visible de pedir el acceso o la eliminación de datos, el canal está incumplido antes de que llegue la primera solicitud. Y una política de privacidad que no indique ese canal tampoco cumple, porque el Art. 67 numeral 3 sanciona como leve no mantener disponibles políticas de protección de datos afines al tratamiento.
¿La solicitud no acredita identidad y no sabe si entregar?Entregar al que no era es infracción grave; negarse sin motivo es infracción leve. La salida es el requerimiento de aclaración, y tiene cinco días para hacerlo.
Cuándo puede negarse legítimamente
Respuesta rápida: el Art. 18 de la Ley enumera diez casos en los que no proceden la rectificación, actualización, eliminación, oposición, anulación y portabilidad. Negarse por una de esas causales, citándola, es cumplir la ley. Negarse sin citarla es la infracción leve del Art. 67 numeral 1.
Nótese qué derecho no está en esa lista: el acceso. Las diez excepciones del Art. 18 operan sobre los demás derechos, no sobre el derecho a conocer qué datos tiene usted. Esa es la primera lectura que conviene hacer cuando alguien decide negarse en bloque.
| Causal del Art. 18 | Cómo se usa bien |
|---|---|
| 1. No es el titular ni representante acreditado | Negativa formal, sin entrar al fondo, dejando abierta la vía de acreditar |
| 2. Obligación legal o contractual | Hay que citar la norma o la cláusula concreta, no decir “por normativa vigente” |
| 3. Orden judicial o mandato motivado de autoridad | Se identifica el proceso o el oficio; conviene no transcribir su contenido |
| 4. Formulación, ejercicio o defensa de reclamos o recursos | La causal típica cuando ya hay litigio o reclamo abierto con ese titular |
| 5. Perjuicio a derechos o intereses legítimos de terceros | La ley exige que el responsable lo acredite al momento de responder, no después |
| 6. Obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso | Solo si están debidamente notificadas |
| 7. Ejercicio de la libertad de expresión y opinión | Causal de medios y de contenidos, no de bases comerciales |
| 8. Interés vital del interesado o de otra persona | Supuestos de emergencia o riesgo para la vida |
| 9. Interés público | Sujeta a estándares internacionales y a legalidad, proporcionalidad y necesidad |
| 10. Archivo de patrimonio del Estado, investigación científica, histórica o estadística | No cubre analítica comercial ni estudios de mercado |
“No podemos eliminar sus datos por obligación legal” es la frase que más aparece en las respuestas y la que menos se sostiene. La causal exige que los datos sean necesarios para cumplir una obligación legal o contractual concreta. Una obligación tributaria de conservar comprobantes cubre el comprobante, no la base de marketing. Una relación laboral terminada cubre lo que la normativa laboral obliga a conservar, no el correo corporativo activo.
Cuando la causal se invoca en bloque sobre todos los datos, el reclamo del titular ante la Superintendencia tiene un argumento servido: que la negativa no fue motivada. Y la falta de motivación es precisamente lo que el Art. 67 numeral 1 sanciona como negativa injustificada.
Hay además una figura intermedia que casi nadie usa y que resuelve muchos casos: la suspensión del tratamiento del Art. 19. Procede cuando el titular impugna la exactitud de los datos mientras usted la verifica, cuando el tratamiento es ilícito y el titular pide limitación en lugar de supresión, cuando usted ya no necesita los datos pero el titular los necesita para una reclamación, o mientras se verifica si sus motivos legítimos prevalecen frente a una oposición. En el primer caso la norma añade una obligación operativa concreta: debe constar en la base de datos que esa información fue objeto de inconformidad por parte del titular.
Y una consecuencia que conviene tener presente antes de negarse: si el titular recurre a la Autoridad de Protección de Datos Personales por esa negativa, “esta suspensión se extenderá hasta la resolución del procedimiento administrativo”. Es decir, la negativa mal fundada no solo expone a multa: puede congelarle el uso del dato durante todo el procedimiento.
Negarse bien es más difícil que entregar
La negativa que sirve cita la causal exacta, acredita lo que la causal exige acreditar y deja constancia de lo que sí se entregó. En la consulta definimos si tiene causal, cuál es, qué hay que probar para sostenerla y cómo se redacta la respuesta para que el titular no tenga materia de reclamo.
Cómo se redacta la respuesta de acceso
Respuesta rápida: el acceso no se agota entregando un listado de datos. El Art. 13 obliga a entregar los datos y toda la información del Art. 12, que son catorce puntos. Una respuesta que solo adjunta la ficha del cliente está incompleta.
Esta es la diferencia entre una respuesta que cierra el asunto y una que invita al reclamo. El Art. 13 dice que el titular tiene derecho a obtener acceso “a todos sus datos personales y a la información detallada en el artículo precedente”. El artículo precedente es el Art. 12, el derecho a la información, y enumera catorce puntos:
- Los fines del tratamiento
- La base legal que lo habilita
- Los tipos de tratamiento que se realizan
- El tiempo de conservación de los datos
- La existencia de la base de datos en la que constan
- El origen de los datos, cuando no se obtuvieron del titular
- Otras finalidades y tratamientos ulteriores
- La identidad y datos de contacto del responsable: domicilio legal, teléfono y correo
- La identidad y contacto del delegado de protección de datos, cuando corresponda
- Las transferencias o comunicaciones nacionales e internacionales, con destinatarios, finalidades y garantías
- Las consecuencias de entregar o de negarse a entregar los datos
- El efecto de suministrar datos erróneos o inexactos
- La posibilidad de revocar el consentimiento
- La existencia y la forma de hacer efectivos sus derechos
El punto nueve es el que delata a la empresa. Si hay que informar la identidad y el contacto del delegado de protección de datos cuando corresponde, la primera pregunta que se hace el titular, o la Superintendencia, es si usted estaba obligado a designarlo y no lo hizo. No designar al delegado cuando corresponde es infracción grave por el Art. 68 numeral 12.
Una respuesta bien armada hace tres cosas a la vez: entrega lo que la ley obliga, deja constancia de que se entregó completo y no abre frentes nuevos. En la práctica eso significa entregar los datos en un anexo identificable, responder los catorce puntos del Art. 12 en el cuerpo, indicar expresamente el canal por el que puede ejercer los demás derechos, y fechar y numerar la respuesta para que entre al registro de solicitudes.
Lo que no conviene es contestar más de lo preguntado. Una respuesta que explica de más sobre proveedores, flujos o retenciones puede convertirse en el insumo de una denuncia por otro incumplimiento.
En rectificación hay una obligación adicional que suele perderse. El Art. 14 ordena atender el requerimiento en quince días y en ese mismo plazo informar al destinatario de los datos sobre la rectificación, a fin de que lo actualice. Si usted le pasó ese dato a un buró, a una aseguradora, a un proveedor de cobranza o a su casa matriz, la corrección tiene que viajar también hacia allá, y dentro de los mismos quince días.
En eliminación el estándar es técnico, no documental. El Art. 15 exige implementar métodos y técnicas orientadas a “eliminar, hacer ilegible, o dejar irreconocibles de forma definitiva y segura los datos personales”, en quince días y de forma gratuita. Marcar el registro como inactivo en el CRM no es eliminar. Y las siete causales que habilitan la eliminación incluyen una que casi nunca se discute: que el titular revoque el consentimiento, sin necesidad de que medie justificación alguna.
En portabilidad hay un límite que protege a la empresa y conviene conocer. El Art. 17 dispone que el derecho no procede sobre información inferida, derivada, creada, generada u obtenida a partir del análisis del responsable, como los datos sometidos a procesos de personalización, recomendación, categorización o creación de perfiles. Su scoring interno, su segmentación y sus perfiles no son portables. Los datos que el cliente le dio, sí.
El registro de solicitudes: la prueba de que usted contestó
Respuesta rápida: el Art. 15 del Reglamento obliga a registrar todas las solicitudes de ejercicio de derechos, incluyendo el detalle de la atención dada a cada una. Sin ese registro, usted no puede probar que contestó a tiempo.
Es una obligación de una línea y de consecuencias enormes, porque invierte la carga de la prueba en la práctica. Cuando un titular denuncia que no le contestaron, el expediente se decide con documentos. Si lo único que usted tiene es un correo suelto en la casilla de alguien que ya no trabaja ahí, el hecho queda sin prueba.
El mismo artículo aclara que la Autoridad de Protección de Datos determinará el contenido de esos registros, de modo que el detalle exigible puede crecer con la normativa técnica que emita. Mientras tanto, el estándar razonable es que cada entrada permita reconstruir el caso completo: fecha de recepción, identificación del solicitante, derecho invocado, si se pidió aclaración y cuándo, fecha de la respuesta, sentido de la respuesta, causal si fue negativa, y qué se entregó.
El registro de solicitudes del Art. 15 lleva las peticiones de los titulares. El registro de actividades de tratamiento del Art. 38 del Reglamento es otra cosa: es el inventario de qué datos trata su empresa, para qué y con quién los comparte, y es obligatorio para quien tiene cien o más trabajadores, con la extensión que el Art. 39 prevé para empresas más pequeñas en determinados supuestos.
Están conectados en un punto práctico: sin el segundo es casi imposible contestar en quince días, y sin el primero no se puede probar que se contestó.
¿Le llegó la segunda o la tercera solicitud y no hay registro de las anteriores?El Art. 68 convierte la reiteración de faltas leves en infracción grave. El momento de ordenar esto es antes de que llegue la denuncia.
Si el titular reclama a la Superintendencia
Respuesta rápida: el Art. 16 del Reglamento le permite reclamar ante la Autoridad cuando cree que la respuesta vulneró sus derechos o cuando no recibió respuesta en el plazo. El reclamo se sustancia por el Código Orgánico Administrativo, y usted será notificado para ejercer su defensa.
Esto es lo que casi nunca se dimensiona cuando se decide no contestar un correo: el silencio es, por sí solo, causal suficiente para el reclamo. No hay que probar que la empresa hizo algo mal con los datos. Basta probar que pidió y que no le respondieron.
El Art. 16 señala que el procedimiento “contemplará la debida notificación al responsable a fin de que ejerza su derecho a la defensa”. Esa notificación es el momento en que el caso cambia de naturaleza: deja de ser un reclamo de servicio al cliente y pasa a ser un expediente administrativo con términos que corren. Cómo se contesta ese acto de inicio, y qué se puede pedir en él, es materia de la respuesta a un requerimiento de la Superintendencia.
Y hay un detalle procesal que conviene anticipar: el Art. 90 del Reglamento dispone que el procedimiento administrativo sancionatorio se sustancia conforme al Código Orgánico Administrativo. De ahí salen los términos reales del caso, incluido el de diez días para contestar el acto de inicio y el de diez días para impugnar la resolución. Si llega a resolución sancionatoria, la vía es la impugnación de la sanción.
Lo que cuesta no contestar
Respuesta rápida: no tramitar, tramitar fuera de término o negar injustificadamente es infracción leve, con multa del 0,1% al 0,7% del volumen de negocio del ejercicio anterior. Reiterarlo la convierte en grave: del 0,7% al 1%.
Aquí está la diferencia con casi todo el resto del derecho sancionador ecuatoriano, y la razón por la que esta ley golpea a empresas que la ignoraban. La multa no se expresa en salarios básicos. Para organizaciones privadas se calcula como un porcentaje de la facturación, y el Art. 73 define el volumen de negocio como el importe de la venta de productos y de la prestación de servicios correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior.
| Facturación del año anterior | Leve: 0,1% – 0,7% | Grave: 0,7% – 1% |
|---|---|---|
| USD 200.000 | USD 200 – 1.400 | USD 1.400 – 2.000 |
| USD 1.000.000 | USD 1.000 – 7.000 | USD 7.000 – 10.000 |
| USD 5.000.000 | USD 5.000 – 35.000 | USD 35.000 – 50.000 |
| USD 20.000.000 | USD 20.000 – 140.000 | USD 140.000 – 200.000 |
Rangos calculados aplicando los porcentajes de los Arts. 71 y 72 de la Ley sobre el volumen de negocio definido en el Art. 73. Son ilustrativos: la graduación concreta depende de los presupuestos del Art. 71 y de la metodología que la Superintendencia aplique en cada caso.
Dentro de cada banda, la Ley manda considerar cuatro presupuestos para graduar: la intencionalidad, la reiteración, la naturaleza del perjuicio causado y la reincidencia. En una solicitud no atendida, los dos que pesan son reiteración e intencionalidad, y ambos se prueban con documentos internos: cuántas solicitudes similares quedaron sin respuesta y qué sabía la empresa cuando decidió no contestar. Es otra razón para que el registro del Art. 15 exista y esté ordenado.
La referencia de que estas multas no son teóricas ya existe. La Superintendencia de Protección de Datos Personales sancionó a la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador con USD 259.644,01 y le ordenó notificar la vulneración a 14.398 titulares, y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con USD 194.856,16. El detalle de cómo se llegó a esas cifras está en la guía de protección de datos para empresas.
Una solicitud mal contestada se paga en porcentaje de su facturación
En la consulta revisamos la solicitud que recibió, definimos si hay obligación de atenderla o causal de negativa, redactamos el sentido de la respuesta y dejamos armado el registro que prueba que se contestó. Si ya hubo solicitudes anteriores sin respuesta, evaluamos la exposición por reiteración antes de que la califique la Superintendencia.
Casos especiales: menores, fallecidos, crediticios y decisiones automatizadas
Respuesta rápida: cuatro situaciones tienen reglas propias que cambian quién puede pedir, qué se debe acreditar y a quién se le contesta. Confundirlas es la forma más común de contestar bien a la persona equivocada.
Menores de edad
El Art. 24 de la Ley reparte el ejercicio por edad: las niñas, niños y adolescentes mayores de doce y menores de quince años necesitan a su representante legal; los adolescentes mayores de quince y menores de dieciocho pueden ejercerlos de forma directa, tanto ante la Autoridad como ante el responsable. Y el Art. 21 añade que no se pueden tratar datos sensibles ni datos de niñas, niños y adolescentes sin autorización expresa del titular o de su representante legal, salvo interés público esencial con salvaguardas específicas. El Art. 19 del Reglamento lo cierra: para tratar datos de menores de quince años se requiere el consentimiento del representante legal.
Personas fallecidas
El Art. 17 del Reglamento permite a los titulares de derechos sucesorios, o a las personas o instituciones que el fallecido haya designado expresamente, ejercer acceso, rectificación, actualización y eliminación de los datos del fallecido, acreditando su comparecencia a través de los instrumentos legales reconocidos por el ordenamiento ecuatoriano. La acreditación es el punto: sin documento sucesorio o designación expresa, no hay legitimación, y entregar de todas formas es una comunicación indebida.
Datos crediticios
El Art. 29 de la Ley arma un régimen propio. El titular accede de forma gratuita cuantas veces lo requiera, mediante observación directa en pantallas que los prestadores del servicio de referencia crediticia deben poner a disposición, y mediante entrega de impresiones de los reportes. Para actualización, rectificación o eliminación, el titular exige el derecho frente a las fuentes de información, por solicitud escrita, y las fuentes tienen quince días para resolverla admitiéndola o rechazándola motivadamente. Mientras se revisa, el titular puede pedir que los reportes señalen que la información está siendo revisada a su pedido. Si su empresa reporta cartera a un buró, su empresa es fuente de información y este es su plazo.
Decisiones automatizadas
El Art. 20 de la Ley protege al titular frente a decisiones tomadas única o parcialmente por procesos automatizados, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos y atenten contra sus derechos y libertades fundamentales. Frente a ellas puede pedir una explicación motivada de la decisión, presentar observaciones y solicitar los criterios de valoración sobre el programa automatizado. Si su empresa aprueba o niega crédito, cupos, contrataciones o precios con un modelo, debe poder explicar cómo decide. Y el Art. 21 refuerza el régimen cuando la decisión automatizada recae sobre niñas, niños y adolescentes.
Los seis errores que convierten una solicitud en expediente
- Dejar que la solicitud viva en la bandeja de quien la recibió
Las solicitudes llegan a ventas, a cobranzas, a recursos humanos. Si no hay una regla de derivación inmediata, el plazo se consume antes de que alguien lo mire. El canal del Art. 12 del Reglamento existe precisamente para que no entre por donde quiera.
- Contestar “procedemos al retiro” sin eliminar de verdad
El Art. 15 pide eliminar, hacer ilegible o dejar irreconocible de forma definitiva y segura. Si el dato sigue en el respaldo, en la planilla de marketing y en el histórico del sistema, la respuesta fue falsa y el titular lo va a comprobar con el siguiente correo promocional.
- Negar en bloque con la causal de obligación legal
La causal cubre los datos necesarios para la obligación concreta, no toda la base. Negar todo con una causal parcial es, en la práctica, una negativa injustificada.
- Pedir aclaración fuera de los cinco días
El Art. 14 del Reglamento permite pedirla una sola vez y dentro de cinco días de recibida la solicitud. Pedida después, no suspende nada y queda como prueba de que el término pasó.
- Rectificar en su sistema y no avisar a quien recibió el dato
El Art. 14 de la Ley obliga a informar la rectificación al destinatario de los datos en el mismo plazo de quince días. La corrección que no viaja deja el dato errado circulando y mantiene el perjuicio vivo.
- No registrar lo que se hizo
El Art. 15 del Reglamento obliga a registrar todas las solicitudes con el detalle de su atención. Sin registro, haber contestado y no haber contestado se ven igual en el expediente.
Por qué la respuesta la revisa un abogado antes de salir
Porque la respuesta a una solicitud de datos es, jurídicamente, una declaración de la empresa sobre su propio tratamiento. Todo lo que diga ahí queda escrito: de dónde salieron los datos, para qué los usa, con quién los comparte, cuánto tiempo los conserva, con qué base legal. Si alguna de esas respuestas revela un incumplimiento distinto del que el titular preguntó, la respuesta se convierte en la prueba de ese otro incumplimiento.
Y porque la decisión de entregar o negar no se parece a una decisión de servicio al cliente. Entregar al que no acreditó identidad es una infracción grave; negarse sin causal es una infracción leve; negarse con causal pero sin acreditar lo que la causal exige acreditar es, para efectos prácticos, lo mismo que negarse sin causal. Las tres salidas tienen costo, y la correcta depende del expediente concreto.
Leemos el escrito que recibió y determinamos qué derecho se ejerce y si quien lo ejerce está legitimado. Revisamos si hay causal del Art. 18 y qué hay que acreditar para sostenerla. Definimos el alcance exacto de lo que debe entregarse, incluidos los catorce puntos del Art. 12 cuando es acceso. Redactamos la respuesta y, si corresponde, el requerimiento de aclaración dentro de los cinco días. Y dejamos armada la entrada del registro de solicitudes, que es lo que prueba el cumplimiento si después hay denuncia.
La respuesta que sale hoy es la prueba de mañana
Revisamos la solicitud, definimos qué se entrega y qué no, redactamos la respuesta y dejamos el respaldo documentado. Si el plazo ya venció o hay solicitudes anteriores sin contestar, trabajamos primero la exposición por reiteración.
Preguntas frecuentes
¿En cuántos días tengo que contestar una solicitud de datos personales?
Quince días. Los Arts. 13, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales fijan ese mismo plazo para el derecho de acceso, el de rectificación y actualización, el de eliminación y el de oposición. El plazo corre desde que la solicitud llegó a la empresa, no desde que el área legal se enteró, y lo único que lo interrumpe es el requerimiento de aclaración del Art. 14 del Reglamento, que debe hacerse por una sola vez y dentro del término de cinco días de recibida la solicitud. Ver el plazo de quince días.
¿Qué pasa si no contesto?
El Art. 67 numeral 1 de la Ley considera infracción leve no tramitar, tramitar fuera del término previsto o negar injustificadamente las peticiones o quejas realizadas por el titular. La multa de las infracciones leves, según el Art. 71, va del 0,1% al 0,7% del volumen de negocio del ejercicio económico inmediatamente anterior para organizaciones privadas. Y el último numeral del Art. 68 convierte en infracción grave incurrir de forma reiterada en faltas leves, lo que sube la multa a la banda del 0,7% al 1% por el Art. 72. Además, el Art. 16 del Reglamento permite al titular reclamar ante la Autoridad precisamente por no haber recibido respuesta en el plazo.
¿Puedo negarme a eliminar los datos de un cliente?
Puede, si concurre una de las diez causales del Art. 18 de la Ley y usted la invoca por escrito. Las más usadas son que los datos sean necesarios para el cumplimiento de una obligación legal o contractual, que sean necesarios para la formulación, ejercicio o defensa de reclamos o recursos, y que se puedan causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, causal que la ley exige acreditar al momento de dar respuesta. Lo que no funciona es negar toda la base invocando una obligación legal que solo cubre parte de los datos: eso es, en la práctica, una negativa injustificada. Ver cuándo puede negarse.
¿Puedo negarme a darle acceso a sus datos?
Es mucho más difícil. Las diez excepciones del Art. 18 operan sobre la rectificación, actualización, eliminación, oposición, anulación y portabilidad, y el acceso no está en esa lista. El Art. 13 establece que el titular accede gratuitamente, sin necesidad de presentar justificación alguna, y que el responsable deberá establecer métodos razonables que permitan ejercer ese derecho. El único límite que la norma reconoce es que el derecho de acceso no podrá ejercerse de forma tal que constituya abuso del derecho, y ese límite hay que poder sustentarlo caso por caso.
El que escribe no acreditó que es el titular. ¿Entrego igual?
No. El Art. 12 del Reglamento dispone que en todos los casos el requirente deberá demostrar la titularidad o la representación legal para ejercer el derecho, y el Art. 13 numeral 5 exige acompañar los documentos que acrediten la identidad o la representación. Entregar datos personales a quien no es el titular es una comunicación de datos sin cumplir los requisitos de la ley, que el Art. 68 numeral 3 califica como infracción grave, más severa que la de no contestar. La salida correcta es el requerimiento de aclaración, dentro de los cinco días. Ver qué debe traer la solicitud.
¿Basta con mandarle la ficha del cliente?
No. El Art. 13 obliga a dar acceso a todos sus datos personales y a la información detallada en el artículo precedente, que es el Art. 12 y contiene catorce puntos: fines del tratamiento, base legal, tipos de tratamiento, tiempo de conservación, existencia de la base de datos, origen de los datos cuando no se obtuvieron del titular, otras finalidades y tratamientos ulteriores, identidad y contacto del responsable, identidad y contacto del delegado cuando corresponda, transferencias nacionales e internacionales con destinatarios y garantías, consecuencias de entregar o negarse a entregar, efecto de suministrar datos inexactos, posibilidad de revocar el consentimiento y la forma de hacer efectivos sus derechos. Ver cómo se redacta la respuesta.
¿Tengo que tener un formulario en mi página web para esto?
El Art. 12 del Reglamento dispone que el responsable habilitará, preferentemente, herramientas o canales informáticos simplificados de fácil acceso para el titular, que permitan una interacción segura, fiable y rápida, sin perjuicio de que las solicitudes también puedan presentarse por medios físicos. Menciona expresamente plataformas digitales, centros de contacto y líneas telefónicas. En la práctica, si no hay un canal visible para pedir acceso o eliminación, el requisito está incumplido antes de la primera solicitud, y el Art. 67 numeral 3 sanciona como leve no mantener disponibles políticas de protección de datos afines al tratamiento.
Un ex trabajador me pide todo su expediente. ¿Debo entregarlo?
El derecho de acceso no depende de que la relación esté vigente, de modo que en principio sí. La discusión real es el alcance: la normativa laboral y tributaria obliga a conservar determinados documentos, y esa conservación encaja en la causal del Art. 18 numeral 2 respecto de esos documentos, no respecto de todo lo que la empresa tenga sobre esa persona. Y si existe reclamo o litigio laboral abierto, entra la causal del Art. 18 numeral 4, referida a los datos necesarios para la formulación, ejercicio o defensa de reclamos o recursos. En los dos casos la negativa debe delimitar qué se conserva y por qué norma.
Me pide que corrija un dato que yo ya reporté a un buró de crédito. ¿Qué hago?
Corregirlo y avisar. El Art. 14 de la Ley ordena atender el requerimiento en quince días y, en ese mismo plazo, informar al destinatario de los datos sobre la rectificación a fin de que lo actualice. Además, si su empresa reporta cartera, es fuente de información para efectos del Art. 29, que concede al titular de datos crediticios el derecho a exigir actualización, rectificación o eliminación frente a las fuentes mediante solicitud escrita, con quince días para resolverla admitiéndola o rechazándola motivadamente, y el derecho a pedir que los reportes señalen que la información está siendo revisada a su pedido.
¿Tengo que llevar algún registro de las solicitudes que recibo?
Sí. El Art. 15 del Reglamento obliga al responsable a registrar todas las solicitudes de ejercicio de derechos, incluyendo el detalle de la atención dada a las mismas, y dispone que la Autoridad de Protección de Datos determinará el contenido de dichos registros. En la práctica es la única prueba de que usted contestó en plazo: cuando el titular denuncia, el expediente se resuelve con documentos. No debe confundirse con el registro de actividades de tratamiento del Art. 38 del Reglamento, que es el inventario de los tratamientos de la empresa. Ver el registro de solicitudes.
Fuentes y referencias
- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Quinto Suplemento del Registro Oficial 459 de 26 de mayo de 2021: Art. 12 (derecho a la información y sus catorce numerales; plazo de treinta días o primera comunicación cuando los datos no se obtienen del titular), Art. 13 (derecho de acceso gratuito, sin justificación, en quince días, y límite del abuso del derecho), Art. 14 (rectificación y actualización en quince días, con información al destinatario de los datos en el mismo plazo), Art. 15 (eliminación: siete causales, métodos de eliminación definitiva y segura, quince días, gratuidad), Art. 16 (oposición: tres supuestos, mercadotecnia directa, y motivos legítimos e imperiosos del responsable), Art. 17 (portabilidad: formato interoperable, cuatro condiciones y exclusión de la información inferida o perfilada), Art. 18 (diez excepciones a los derechos de rectificación, actualización, eliminación, oposición, anulación y portabilidad), Art. 19 (suspensión del tratamiento: cuatro condiciones, constancia de la impugnación en la base de datos y extensión de la suspensión hasta la resolución del procedimiento administrativo), Art. 20 (decisiones basadas única o parcialmente en valoraciones automatizadas: explicación motivada, observaciones y criterios de valoración), Art. 21 (datos sensibles y de niñas, niños y adolescentes; consentimiento propio desde los quince años), Art. 22 (derecho de consulta ante el Registro Nacional), Art. 24 (ejercicio por edades y carácter irrenunciable de los derechos), Art. 29 (derechos de los titulares de datos crediticios: acceso gratuito cuantas veces lo requiera, exigencia frente a las fuentes de información, quince días para resolver motivadamente y constancia de revisión en el reporte), Art. 67 num. 1 y 3 (infracciones leves: no tramitar, tramitar fuera de término o negar injustificadamente; no mantener disponibles políticas de protección de datos), Art. 68 num. 3, 12 y último numeral (infracciones graves: comunicación de datos sin cumplir requisitos; no designar al delegado cuando corresponde; reiteración de faltas leves), Art. 71 (multa del 0,1% al 0,7% del volumen de negocio y presupuestos de graduación), Art. 72 (multa del 0,7% al 1%) y Art. 73 (volumen de negocio como venta de productos y prestación de servicios del ejercicio inmediatamente anterior).
- Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Decreto Ejecutivo 904 de 6 de noviembre de 2023: Art. 12 (medios para el ejercicio de los derechos: canales informáticos simplificados, plataformas digitales, centros de contacto y líneas telefónicas, medios físicos, y deber del requirente de demostrar la titularidad o la representación legal), Art. 13 (cinco contenidos de la solicitud), Art. 14 (requerimiento de información adicional por una sola vez y dentro de cinco días; diez días del titular para aclarar; archivo motivado y posibilidad de nueva solicitud), Art. 15 (registro de todas las solicitudes con el detalle de su atención), Art. 16 (reclamo ante la Autoridad por respuesta vulneratoria o por falta de respuesta en el plazo, sustanciado conforme al Código Orgánico Administrativo, con notificación al responsable para su defensa), Art. 17 (datos de personas fallecidas y acreditación de la comparecencia), Art. 18 (datos crediticios y competencias de la Junta de Política y Regulación Financiera y de la Superintendencia de Bancos), Art. 19 (datos de menores de quince años y consentimiento del representante legal), Art. 38 y 39 (registro de actividades de tratamiento y su extensión), Art. 90 (sustanciación del procedimiento sancionatorio conforme al Código Orgánico Administrativo).
- Código Orgánico Administrativo, Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017: Art. 224 (término de diez días para impugnar), Art. 229 (la impugnación no suspende la ejecución salvo petición dentro de tres días) y Art. 252 (efecto de no contestar el acto de inicio en el término de diez días).
- Superintendencia de Protección de Datos Personales: resoluciones de procedimientos administrativos sancionatorios publicadas en su portal institucional, y Resolución SPDP-SPD-2025-0022-R de 16 de julio de 2025, con la metodología para el cálculo de las multas aplicables a infracciones leves y graves.
