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Derecho CorporativoProtección de datosLOPDP Actualización: octubre 2026

Protección de datos: la multa sale de tu facturación

Protección de datos personales para empresas en Ecuador: obligaciones, plazos y cómo se calculan las multas.

Categoría: Derecho Corporativo · Por

J
Equipo Editorial · Juristam Abogados especializados en protección de datos personales, cumplimiento normativo empresarial y procedimientos ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Contenido basado en el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica de Salud, las resoluciones vigentes de ARCSA y jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Esto dejó de ser teoría: ya hay multas de seis cifras

Respuesta rápida: la Superintendencia de Protección de Datos Personales ya ejerce potestad sancionadora y publica sus resoluciones. Las primeras sanciones por infracción grave fueron de USD 259.644,01 y USD 194.856,16. Y a diferencia de casi toda sanción administrativa del Ecuador, la multa no se mide en salarios básicos: se calcula sobre su facturación.

La mayoría de empresarios ecuatorianos todavía trata la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales como un tema de abogados grandes o de multinacionales. Conviene mirar los números antes de decidir eso.

En las primeras resoluciones sancionatorias publicadas por la Superintendencia, dos organizaciones del fútbol ecuatoriano fueron sancionadas por infracción grave relacionada con el consentimiento recogido en sus aplicaciones de hinchas. A la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador se le impuso una multa de USD 259.644,01, además de la orden de notificar a 14.398 titulares que su consentimiento no fue válidamente obtenido y de eliminar sus datos de todas sus bases. A la Federación Ecuatoriana de Fútbol, una multa de USD 194.856,16 y la obligación de actualizar su registro de actividades de tratamiento y adoptar una política de protección de datos.

⚠ La multa se calcula sobre el volumen de negocio

Es la diferencia que cambia el cálculo de riesgo de cualquier empresa. Los Arts. 71 y 72 de la Ley establecen que, cuando el responsable o el encargado es una entidad de derecho privado o una empresa pública, la multa es de entre el 0,1% y el 0,7% del volumen de negocio por infracción leve, y de entre el 0,7% y el 1% por infracción grave.

La base no es la utilidad: el Art. 73 define el volumen de negocio como la cuantía resultante de la venta de productos y de la prestación de servicios, y se toma el del ejercicio económico inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. Para servidores públicos la regla es otra: de uno a diez salarios básicos en las leves y de diez a veinte en las graves.

La Superintendencia además expidió la Resolución SPDP-SPD-2025-0022-R, de 16 de julio de 2025, que fija la metodología de cálculo de las multas por infracciones leves y graves.

Dicho en plata: una empresa que factura un millón de dólares al año enfrenta, en una infracción grave, un rango de entre siete mil y diez mil dólares. Una que factura cinco millones, entre treinta y cinco mil y cincuenta mil. No es una tasa simbólica, y crece con el tamaño del negocio.

¿Sabe si su empresa está dentro del ámbito de la ley?

Casi todas lo están, y la mayoría lo descubre el día del requerimiento. En la consulta revisamos qué datos trata, con qué base legal, qué obligaciones le aplican hoy y qué tiene que estar documentado antes de que alguien pregunte. Es la revisión que evita el expediente.

A quién le aplica, y las excepciones reales

Respuesta rápida: la ley se aplica al tratamiento de datos personales en cualquier soporte, automatizado o no. No distingue por tamaño de empresa ni por sector. Y alcanza incluso a empresas sin domicilio en Ecuador cuando ofrecen bienes o servicios a personas que residen aquí o controlan su comportamiento.

El ámbito material del Art. 2 es deliberadamente amplio: alcanza el tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, automatizados o no, y toda modalidad de uso posterior. Una carpeta de hojas de vida en papel está dentro. Un cuaderno de registro de visitantes está dentro.

Las exclusiones son pocas y conviene conocerlas con precisión, porque muchas empresas creen estar en alguna y no lo están. Quedan fuera del ámbito: las personas naturales que usan datos en actividades familiares o domésticas; las personas fallecidas, con la salvedad que la propia ley señala; los datos anonimizados mientras no sea posible identificar al titular; las actividades periodísticas y otros contenidos editoriales; ciertos datos regulados por normativa especializada de gestión de riesgos y de seguridad y defensa del Estado; los datos de prevención e investigación de infracciones penales a cargo de los organismos competentes; y los datos que identifican a personas jurídicas.

⚠ La excepción de los datos anonimizados dura lo que dure la anonimización

El mismo Art. 2 lo advierte: tan pronto los datos dejen de estar disociados o de ser anónimos, su tratamiento queda sujeto a las obligaciones de la ley, y en especial a la de contar con una base de licitud para continuar tratándolos. Anonimizar no es una salida permanente si el proceso permite revertirla.

Hay además una regla que ordena un debate frecuente en oficinas: la ley señala que son accesibles al público y susceptibles de tratamiento los datos de contacto de profesionales y los de comerciantes, representantes, socios y accionistas de personas jurídicas y servidores públicos, siempre que se refieran al ejercicio de su profesión, oficio, giro de negocio o cargo, y se trate de nombres y apellidos, funciones o puestos, dirección postal o electrónica y número de teléfono profesional. Es decir: el correo corporativo de un gerente no tiene el mismo tratamiento que su celular personal.

Y el ámbito territorial del Art. 3 es el que sorprende a los negocios digitales. La ley se aplica cuando el tratamiento se realiza en territorio nacional, cuando el responsable o encargado está domiciliado aquí, y también cuando se tratan datos de titulares que residen en Ecuador por parte de un responsable no establecido en Ecuador, si las actividades se relacionan con la oferta de bienes o servicios a esos titulares —aunque sean gratuitos— o con el control de su comportamiento.

Diagnóstico · 40 segundos

¿Qué le exige hoy la ley a su empresa?

Cuatro preguntas sobre qué datos maneja, cuántos trabajadores tiene, si designó delegado y en qué situación está. El resultado indica qué obligaciones le aplican y qué plazo le corre.

1. ¿Qué tipo de datos trata su empresa?

No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.

Los derechos del titular y el plazo de quince días

Respuesta rápida: acceso, rectificación y actualización, eliminación y oposición tienen todos el mismo plazo de respuesta: quince días. Y no atender una petición, atenderla fuera de término o negarla injustificadamente es infracción leve por el Art. 67 numeral 1. Es la puerta de entrada más común a una denuncia.

Aquí está el riesgo que más subestiman las empresas, porque no requiere un hacker ni una filtración: basta un cliente molesto o un ex empleado que escriba un correo pidiendo sus datos.

DerechoQué puede exigir el titularPlazo
Acceso (Art. 13)Conocer y obtener gratuitamente todos sus datos y la información del artículo precedente, sin presentar justificación alguna.15 días
Rectificación y actualización (Art. 14)Corregir datos inexactos o incompletos. En el mismo plazo hay que informar al destinatario de los datos para que actualice.15 días
Eliminación (Art. 15)Suprimir sus datos en siete supuestos, entre ellos que haya revocado el consentimiento o que los datos ya cumplieron su finalidad.15 días
Oposición (Art. 16)Negarse al tratamiento. En mercadotecnia directa el titular puede oponerse en todo momento, incluida la elaboración de perfiles.15 días
Portabilidad (Art. 17)Recibir sus datos en formato estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, o que se transmitan a otro responsable.Según normativa de la Autoridad
⚠ La eliminación no se discute: se cumple o se motiva

El Art. 15 obliga al responsable a implementar métodos y técnicas orientadas a eliminar, hacer ilegibles o dejar irreconocibles de forma definitiva y segura los datos personales, dentro de los quince días de recibida la solicitud y de forma gratuita. En el derecho de oposición hay matiz: el responsable deja de tratar los datos salvo que acredite motivos legítimos e imperiosos que prevalezcan sobre los derechos del titular, o para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones. Pero esa acreditación hay que hacerla por escrito y a tiempo, no después.

El Reglamento General añade la parte operativa que casi nadie tiene montada. Su Art. 12 obliga a habilitar medios para el ejercicio de los derechos; el Art. 13 fija qué debe constar en la solicitud; el Art. 14 regula el requerimiento de información adicional cuando hace falta identificar al solicitante; y el Art. 15 impone algo que en una inspección se pide de inmediato: "El responsable deberá registrar todas las solicitudes de ejercicio de derechos".

Y el Art. 16 del Reglamento cierra el círculo del lado del ciudadano: el titular que no obtenga respuesta satisfactoria puede presentar reclamo ante la Autoridad. Ahí empieza el expediente.

Si le llegó una petición de un titular, el reloj de quince días ya empezó.No contestar, contestar tarde o negar sin motivar es infracción leve por el Art. 67 num. 1.

Si hay una filtración: dos, tres y cinco días

Respuesta rápida: son tres plazos distintos y corren a la vez. El encargado avisa al responsable en dos días. El responsable notifica al titular en tres días. Y notifica a la Autoridad y a ARCOTEL cuanto antes y a más tardar en cinco días. El plazo hacia el titular es más corto que el plazo hacia la autoridad.

Esa inversión es contraintuitiva y es la que más se incumple. Las empresas asumen que primero se avisa al regulador y después, con calma, a los afectados. La ley dice lo contrario.

  1. Encargado → responsable: dos días (Art. 43)

    Si quien detecta la vulneración es un proveedor que trata datos por cuenta suya —un hosting, un software de nómina, una agencia de marketing—, debe notificarle a usted cuanto antes y a más tardar dentro del término de dos días desde que tuvo conocimiento.

  2. Responsable → titular: tres días (Art. 46)

    Cuando la vulneración conlleve un riesgo a los derechos fundamentales y libertades individuales del titular, hay que notificarle sin dilación, dentro del término de tres días contados desde que se tuvo conocimiento del riesgo.

  3. Responsable → Autoridad y ARCOTEL: cinco días (Art. 43)

    Tan pronto sea posible y a más tardar en el término de cinco días después de haber tenido constancia de la vulneración, salvo que sea improbable que constituya un riesgo. Y si la notificación no ocurre dentro de ese término, debe ir acompañada de la indicación de los motivos de la dilación.

✓ Notificar a tiempo es atenuante; no notificar es infracción grave

Los dos extremos están en la ley. El Art. 46 señala que la notificación oportuna por parte del responsable al titular y la ejecución oportuna de medidas de respuesta serán consideradas atenuante. Y el Art. 68, en sus numerales 7 y 8, califica como infracción grave no notificar a la Autoridad y al titular las vulneraciones cuando afectan derechos fundamentales y libertades individuales.

Dicho de otro modo: el mismo hecho puede terminar en una multa atenuada o en una grave calculada sobre su facturación, y lo que separa un escenario del otro son días.

El Art. 26 del Reglamento fija qué debe contener la notificación: naturaleza y tipo de vulneración, identificación de los titulares afectados, detalle inicial de los sistemas vulnerados, causa presunta, volumen y tipos de datos expuestos, medidas adoptadas y previstas para remediar y mitigar, evaluación del riesgo para los derechos de los titulares, y lo demás que determine la Autoridad. Armar eso en tres días sin haberlo preparado antes es, en la práctica, imposible.

El delegado de protección de datos no puede ser usted

Respuesta rápida: el Art. 56 del Reglamento prohíbe que el delegado sea socio o accionista, que forme parte de los órganos de administración y control, o que sea cónyuge o pariente hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los administradores o directores. Y el Art. 55 exige título de tercer nivel y cinco años de experiencia. La ley obliga a buscarlo fuera de la mesa directiva.

Esta es la obligación que más descoloca al empresario ecuatoriano, porque la reacción natural —«lo nombro a mi gerente» o «lo hago yo»— está expresamente cerrada.

⚠ Art. 56 del Reglamento: quiénes NO pueden ser delegado

El artículo lo dice sin rodeos. No podrán ser delegados de protección de datos personales:

1. "Quienes formen parte de los órganos de administración y control del responsable y encargado". 2. "Los socios o accionistas del responsable y encargado". 3. "Los cónyuges de los administradores, directores o comisarios de la compañía, en caso de haberlos, del responsable y encargado, o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad". 4. Quienes tengan conflictos de intereses con el responsable y encargado.

Y los requisitos del Art. 55 cierran el perfil: estar en goce de los derechos políticos, ser mayor de edad, tener título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación o de Tecnologías, y acreditar experiencia profesional de por lo menos cinco años.

Dos reglas más que conviene aprovechar, porque abaratan la solución:

  • Se puede contratar por servicios. El Art. 49 dispone que el delegado podrá ser contratado bajo relación de dependencia "o a través de un contrato de prestación de servicios", respetando en ambos casos que los servicios se presten de manera independiente. No hace falta sumarlo a la nómina.
  • Un solo delegado para el grupo. El Art. 50 permite que los grupos empresariales designen a un único delegado.

El Art. 48 define su función: asesorar, velar y supervisar de manera independiente el cumplimiento de las obligaciones legales del responsable y del encargado. Y el responsable está obligado a facilitarle la asistencia, los recursos y los elementos que requiera. El Art. 51 añade una garantía concreta: prohibición de sancionar al delegado por el ejercicio de sus funciones.

¿Y si no estoy obligado a tenerlo?

El Art. 52 del Reglamento permite designarlo igual, de manera voluntaria, "como un mecanismo de buena práctica y como parte de las medidas de responsabilidad proactiva a adoptar". No es un gesto decorativo: en un procedimiento sancionatorio, la responsabilidad proactiva documentada pesa. Y el Art. 68 numeral 12 de la ley califica como infracción grave no designar al delegado cuando corresponde.

El registro de actividades y el umbral de cien trabajadores

Respuesta rápida: el Art. 38 del Reglamento obliga a llevar registro de actividades de tratamiento al responsable que cuente con cien o más trabajadores. Pero el Art. 39 extiende la obligación a quienes tienen menos, si el tratamiento entraña riesgo, si no es ocasional, o si incluye categorías especiales de datos. En la práctica, casi toda empresa con datos de salud, biométricos o de menores queda dentro aunque tenga diez empleados.

El umbral de cien trabajadores se cita mucho y se lee mal. Es el supuesto general, no el único.

 Art. 38Art. 39
A quién obligaResponsable con cien o más trabajadores.Responsable con menos de cien, si cumple alguna condición.
CondicionesNinguna adicional.Que el tratamiento entrañe riesgo según el análisis de riesgos; que no sea ocasional; o que incluya categorías especiales de datos.

El contenido del registro está tasado en nueve puntos en el mismo Art. 38: datos de contacto del responsable y del delegado; fines del tratamiento; categorías de destinatarios; identificación de los titulares y categorías de datos; uso de perfiles si lo hay; transferencias a terceros países u organizaciones internacionales; descripción de las bases legitimadoras que facultan el tratamiento; plazos de retención previstos; y una descripción general de las medidas técnicas, jurídicas, administrativas y organizativas.

El registro se lleva por escrito o electrónicamente, y el artículo cierra con la frase que lo vuelve urgente: los responsables lo pondrán a disposición de la Autoridad cuando esta lo solicite. No hay plazo para armarlo después del requerimiento: se tiene o no se tiene.

⚠ Y el encargado también registra

El Art. 44 del Reglamento obliga al encargado del tratamiento a mantener su propio registro de actividades. Si su empresa presta servicios tratando datos de clientes —un contact center, una agencia, un estudio contable, un software como servicio—, usted es encargado respecto de esos datos y tiene obligaciones propias, además de las que asume por contrato con el responsable.

El registro de actividades es lo primero que le piden

Y es lo que separa a la empresa que resuelve un requerimiento en una semana de la que entra en un procedimiento sancionatorio. En la consulta revisamos si le aplica el Art. 38 o el 39, qué tratamientos tiene hoy sin base legitimadora documentada y qué hay que levantar primero.

Qué es leve y qué es grave

Respuesta rápida: la ley separa las infracciones del responsable (Arts. 67 leves y 68 graves) de las del encargado (Arts. 69 leves y 70 graves). La diferencia no es de gravedad moral: es de porcentaje. Y hay un puente entre las dos categorías que conviene conocer, porque convierte una leve en grave.

Estas son las infracciones leves del responsable, según el Art. 67. Son cinco y ninguna requiere un ciberataque:

  1. No tramitar, tramitar fuera de término o negar injustificadamente las peticiones o quejas del titular. El incumplimiento de los quince días cae aquí.
  2. No implementar protección de datos desde el diseño y por defecto.
  3. No mantener disponibles políticas de protección de datos afines al tratamiento que se realiza.
  4. Elegir un encargado que no ofrezca garantías suficientes para hacer efectivo el derecho a la protección de datos. Es decir: usted responde por el proveedor que eligió.
  5. Incumplir las medidas correctivas dispuestas por la Autoridad.

Y las graves del Art. 68 son catorce. Entre ellas: no implementar medidas administrativas, técnicas, físicas, organizativas y jurídicas para garantizar el tratamiento conforme a la ley; utilizar la información para fines distintos a los declarados; ceder o comunicar datos sin cumplir los requisitos; no realizar evaluaciones de impacto cuando eran necesarias; no notificar a la Autoridad y al titular las vulneraciones que afectan derechos fundamentales; no suscribir contratos con cláusulas de confidencialidad con el encargado y con el personal a cargo del tratamiento; no mantener actualizado el Registro Nacional de Protección de Datos Personales; no designar al delegado cuando corresponde; y no permitir ni contribuir a la realización de auditorías o inspecciones por parte del auditor acreditado por la Autoridad.

⚠ El puente que convierte lo leve en grave

El último numeral del Art. 68 es el que más caro sale: incumplir las medidas correctivas, o cumplirlas de forma tardía, parcial o defectuosa, siempre que por esa causa hubiese precedido la aplicación de una sanción por infracción leve, e incurrir de forma reiterada en faltas leves.

Traducido: una primera sanción leve que no se corrige bien no se queda en leve. Pasa a grave, y con ella el porcentaje salta del rango de 0,1%–0,7% al de 0,7%–1% de su facturación. Por eso la etapa de cumplimiento de medidas correctivas es tan importante como la defensa inicial.

Si su empresa presta servicios tratando datos ajenos, revise además los Arts. 69 y 70, que son los suyos. Entre las graves del encargado están no tratar los datos conforme al contrato con el responsable, no suscribir acuerdos de confidencialidad con su personal, no suprimir los datos una vez culminado el encargo, y no notificar al responsable una vulneración o hacerlo con retraso injustificado.

Cómo se calcula la multa

Respuesta rápida: porcentaje sobre el volumen de negocio del ejercicio inmediatamente anterior, graduado por cuatro presupuestos que la propia ley enumera: intencionalidad, reiteración, naturaleza del perjuicio y reincidencia. No es una cifra fija: se discute.

QuiénInfracción leveInfracción grave
Entidad de derecho privado o empresa pública0,1% a 0,7% del volumen de negocio0,7% a 1% del volumen de negocio
Servidor o funcionario público1 a 10 salarios básicos unificados10 a 20 salarios básicos unificados

El rango es amplio a propósito, y ahí está el espacio de defensa. Los Arts. 71 y 72 obligan a la Autoridad a fijar la multa en función del principio de proporcionalidad, verificando cuatro presupuestos:

  • La intencionalidad, que se establece en función de la conducta del infractor.
  • La reiteración: haber sido sancionado previamente por dos o más infracciones de menor gravedad, o por una de igual o mayor gravedad.
  • La naturaleza del perjuicio ocasionado, es decir, las consecuencias lesivas para el ejercicio del derecho.
  • La reincidencia: que la infracción precedente sea de la misma naturaleza.

Cada uno de esos cuatro se discute con hechos y documentos. Una empresa que acredita que actuó sin intencionalidad, que no tiene antecedentes, que el perjuicio fue acotado y que notificó a tiempo —recuerde que el Art. 46 hace de la notificación oportuna un atenuante— está discutiendo la diferencia entre el piso y el techo del rango. Sobre una facturación de varios millones, esa diferencia es dinero real.

El dato que hay que tener antes de discutir

La base es el volumen de negocio del ejercicio económico inmediatamente anterior al de la imposición de la multa, y el Art. 73 lo define como la cuantía resultante de la venta de productos y de la prestación de servicios. No es la utilidad ni el patrimonio. Saber exactamente qué cifra va a tomar la Autoridad, y si esa cifra está bien determinada, es parte de la defensa y no un detalle contable.

Y hay una regla para los de afuera: el Art. 72 dispone que si el responsable, encargado o tercero es una organización sin domicilio ni representación jurídica en Ecuador, se notificará la resolución a la autoridad de protección de datos del lugar donde esa organización tiene su domicilio principal, para que sea esa autoridad la que sustancie las acciones destinadas al cumplimiento de las medidas correctivas y sanciones.

Cómo se tramita el expediente y cómo se impugna

Respuesta rápida: el Art. 90 del Reglamento es expreso: el procedimiento administrativo sancionatorio se sustancia conforme al Código Orgánico Administrativo. Eso significa que aplican los mismos términos que en cualquier otro expediente sancionador: diez días para contestar el acto de inicio, diez para impugnar la resolución y tres para pedir que no se ejecute.

Es una buena noticia, porque el terreno es conocido y está reglado. El Art. 90 del Reglamento dispone que, presumido el cometimiento de una infracción, la Autoridad inicia el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio de conformidad con el COA, y que la resolución que le ponga fin deberá estar debidamente fundamentada y motivada. La Disposición General del mismo Reglamento lo repite: "Los procedimientos administrativos se regirán por lo previsto en el Código Orgánico Administrativo".

De ahí se desprenden los plazos que en la práctica deciden el caso:

MomentoPlazoQué pasa si se deja correr
Contestar el acto de inicioDiez días (COA, Art. 252)Ese mismo acto pasa a valer como dictamen, con la acusación incontestada.
Pedir la suspensión de la ejecuciónTres días (COA, Art. 229)La sanción se ejecuta mientras usted la discute.
Impugnar la resoluciónDiez días (COA, Art. 224)El acto causa estado y solo queda el recurso extraordinario de revisión o la vía judicial.

El Art. 90 cierra además con una advertencia que conviene no pasar por alto: las sanciones se imponen sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte del cometimiento de la infracción. El expediente administrativo no agota el asunto si hubo daño a terceros.

⚠ Y queda constancia pública

El Art. 87 del Reglamento crea el Registro Único de Responsables y Encargados del tratamiento de datos personales incumplidos, un registro público donde constan quienes incurrieron en alguna infracción y cuentan con resolución firme, con el nombre del infractor, la infracción cometida, la sanción impuesta y la reiteración o reincidencia. El Art. 89 fija el plazo máximo de conservación de esos datos en siete años desde la resolución o sentencia firme.

Siete años de constancia pública es, para muchas empresas, más caro que la multa.

Los seis errores que abren un expediente

  1. No contestar la petición de un titular en quince días

    Es infracción leve por el Art. 67 num. 1 y es la vía por la que empieza la mayoría de denuncias. No cuesta nada contestar; cuesta mucho no hacerlo.

  2. Tener política de privacidad copiada de otro país

    El Art. 67 num. 3 sanciona no mantener disponibles políticas afines al tratamiento que realmente se hace. Una política que describe tratamientos que su empresa no realiza, o que omite los que sí, no cumple.

  3. Usar los datos para algo distinto de lo declarado

    El Art. 68 num. 2 lo califica como grave. Pedir el correo para facturar y usarlo para campañas es el caso de manual.

  4. No tener contrato con el proveedor que trata sus datos

    El Art. 68 num. 9 sanciona no suscribir contratos con cláusulas de confidencialidad y tratamiento adecuado con el encargado y con el personal a cargo. Y el Art. 67 num. 4 lo hace responsable de haber elegido mal al proveedor.

  5. Avisar primero al regulador y después a los afectados

    El plazo hacia el titular es de tres días y el de la Autoridad de cinco. Invertirlos convierte un atenuante en una infracción grave del Art. 68 num. 7.

  6. Cumplir a medias las medidas correctivas

    El último numeral del Art. 68 convierte en grave el incumplimiento tardío, parcial o defectuoso de medidas correctivas cuando ya hubo sanción leve por esa causa.

Por qué esto no lo resuelve el área de sistemas

La reacción habitual es mandarlo a TI. Hace falta TI, pero el cumplimiento no es un problema técnico, y las tres cosas que deciden un expediente no se arreglan con software.

La base legitimadora. Todo tratamiento necesita una, y hay que poder decir cuál es para cada uno. El registro de actividades del Art. 38 del Reglamento exige, en su numeral 7, la descripción de las bases legitimadoras que facultan el tratamiento. Elegir mal la base —consentimiento donde correspondía interés legítimo, o al revés— es un vicio de origen que no se corrige con cifrado.

La prueba del cumplimiento. El Art. 36 del Reglamento es explícito en que los responsables deberán demostrar que han aplicado las medidas de protección. No basta con haberlas aplicado: hay que poder acreditarlo. Y el Art. 5 del Reglamento dice lo mismo del consentimiento: deberá ser demostrado por el responsable que lo obtiene, cuando así lo requiera la autoridad competente.

Los plazos. Quince días para contestar al titular. Dos, tres y cinco para la brecha. Diez para contestar el acto de inicio. Tres para pedir la suspensión. Diez para impugnar. Ninguno se suspende mientras usted reúne documentos, y ninguno se reabre.

La consulta es donde se levanta el mapa

Es una videollamada de 60 minutos en la que revisamos qué datos trata su empresa y con qué base legal, si le aplica el registro de actividades, si está obligada a designar delegado, cómo están sus políticas y sus contratos con proveedores, y qué plazo le corre hoy si ya hay una petición, una brecha o un requerimiento. De ahí sale el plan y el honorario, y su valor se descuenta del honorario final si decide que acompañemos el cumplimiento.

Preguntas frecuentes

¿La Ley de Protección de Datos le aplica a mi empresa pequeña?

Lo más probable es que sí. El Art. 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece que se aplica al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, automatizados o no, así como a toda modalidad de uso posterior, sin distinguir por tamaño de empresa ni por sector. Las exclusiones son acotadas: actividades familiares o domésticas de personas naturales, personas fallecidas con la salvedad que la ley señala, datos anonimizados mientras no sea posible identificar al titular, actividades periodísticas y contenidos editoriales, cierta normativa especializada, datos de investigación penal a cargo de organismos competentes, y datos de personas jurídicas. Ver a quién le aplica.

¿De cuánto son las multas?

Se calculan sobre la facturación, no en salarios básicos. Los Arts. 71 y 72 establecen que, cuando el responsable o encargado es una entidad de derecho privado o una empresa pública, la multa es de entre el 0,1% y el 0,7% del volumen de negocio por infracción leve y de entre el 0,7% y el 1% por infracción grave, calculada sobre el ejercicio económico inmediatamente anterior al de la imposición. El Art. 73 define el volumen de negocio como la cuantía resultante de la venta de productos y de la prestación de servicios. Para servidores públicos la regla es de uno a diez salarios básicos en las leves y de diez a veinte en las graves. Ver cómo se calcula la multa.

¿La Superintendencia ya está sancionando de verdad?

Sí, y publica sus resoluciones. Las primeras sanciones por infracción grave recayeron sobre la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, con una multa de USD 259.644,01, y sobre la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con USD 194.856,16, por el consentimiento recogido en sus aplicaciones de hinchas. A la primera se le ordenó además notificar a 14.398 titulares que su consentimiento no fue válidamente obtenido y eliminar sus datos de todas sus bases. La Superintendencia también expidió la Resolución SPDP-SPD-2025-0022-R, de 16 de julio de 2025, con la metodología de cálculo de las multas.

Un cliente me pidió sus datos. ¿En cuánto tiempo debo contestar?

Quince días. Ese es el plazo para los derechos de acceso (Art. 13), rectificación y actualización (Art. 14), eliminación (Art. 15) y oposición (Art. 16). En el derecho de acceso la ley precisa que el titular no necesita presentar justificación alguna y que el acceso es gratuito; en el de eliminación, que el cumplimiento es también gratuito. Y no tramitar, tramitar fuera del término o negar injustificadamente la petición es infracción leve por el Art. 67 numeral 1. Ver los derechos del titular.

Tuvimos una filtración de datos. ¿A quién aviso primero y en cuánto tiempo?

Primero al titular. Son tres plazos distintos que corren a la vez: el encargado debe notificar al responsable cuanto antes y a más tardar en el término de dos días desde que tuvo conocimiento (Art. 43); el responsable debe notificar al titular sin dilación, dentro del término de tres días desde que tuvo conocimiento del riesgo (Art. 46); y debe notificar a la Autoridad y a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones cuanto antes y a más tardar en el término de cinco días desde que tuvo constancia, indicando los motivos si se pasa de ese término (Art. 43). Ver los plazos de la brecha.

¿Puedo nombrar delegado de protección de datos a mi gerente o a mí mismo?

No. El Art. 56 del Reglamento General prohíbe que sean delegados quienes formen parte de los órganos de administración y control del responsable o encargado, los socios o accionistas, los cónyuges de los administradores, directores o comisarios y sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y quienes tengan conflictos de intereses. Además, el Art. 55 exige estar en goce de los derechos políticos, ser mayor de edad, tener título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación o de Tecnologías, y acreditar al menos cinco años de experiencia profesional. El Art. 49 permite contratarlo por prestación de servicios. Ver el delegado.

¿Estoy obligado a llevar registro de actividades de tratamiento?

Si tiene cien o más trabajadores, sí, por el Art. 38 del Reglamento. Pero el Art. 39 extiende la obligación a los responsables con menos de cien trabajadores que cumplan alguna de estas condiciones: que el tratamiento pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los titulares según el análisis de riesgos; que no se trate de un tratamiento ocasional; o que incluya categorías especiales de datos personales. El Art. 44 impone además al encargado mantener su propio registro. Ver el registro de actividades.

Mi empresa está fuera de Ecuador pero vendo aquí. ¿Me aplica?

El Art. 3 establece que la ley se aplica cuando el tratamiento se realiza en territorio nacional, cuando el responsable o encargado está domiciliado aquí, y también cuando un responsable no establecido en Ecuador trata datos de titulares que residen en el país, si las actividades de tratamiento se relacionan con la oferta de bienes o servicios a esos titulares —independientemente de si se les requiere pago— o con el control de su comportamiento en la medida en que tenga lugar en Ecuador. El Art. 72 prevé además cómo se procede cuando la organización no tiene domicilio ni representación jurídica en el país.

¿Qué pasa después de que me notifican una sanción?

El Art. 90 del Reglamento dispone que el procedimiento administrativo sancionatorio se sustancia conforme al Código Orgánico Administrativo, y la Disposición General lo confirma. De ahí salen los plazos que deciden el caso: diez días de término para contestar el acto de inicio, tres días para pedir que no se ejecute la sanción mientras se discute, y diez días para impugnar la resolución. Además, el Art. 87 del Reglamento crea un registro público de responsables y encargados incumplidos, cuyos datos se conservan hasta siete años desde la resolución firme según el Art. 89. Ver cómo se tramita.

Manejo datos de salud de pacientes. ¿Cambia algo?

Cambia bastante, porque los datos de salud son categoría especial y eso activa obligaciones reforzadas: entre otras, el registro de actividades del Art. 39 del Reglamento aunque tenga menos de cien trabajadores. Si su establecimiento es una clínica o un consultorio, conviene leer esto junto con protección de datos de salud en Ecuador, custodia y acceso a la historia clínica y la guía de derecho médico en Ecuador, porque los dos regímenes se superponen.

Fuentes y referencias

  • Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Quinto Suplemento del Registro Oficial 459 de 26 de mayo de 2021: Art. 1 (objeto y finalidad), Art. 2 (ámbito material y exclusiones), Art. 3 (ámbito territorial), Art. 4 (definiciones), Art. 10 (principios de juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, pertinencia y minimización, y proporcionalidad, entre otros), Arts. 13 a 17 (derechos de acceso, rectificación y actualización, eliminación, oposición y portabilidad, con plazo de quince días), Art. 43 (notificación de vulneración de seguridad a la Autoridad y a ARCOTEL en el término de cinco días, y del encargado al responsable en dos días), Art. 46 (notificación al titular en el término de tres días, excepciones y atenuante por notificación oportuna), Art. 47 (obligaciones del responsable y del encargado), Art. 67 (infracciones leves del responsable), Art. 68 (infracciones graves del responsable), Art. 69 (infracciones leves del encargado), Art. 70 (infracciones graves del encargado), Art. 71 (sanciones por infracciones leves: 0,1% a 0,7% del volumen de negocio, o de uno a diez salarios básicos para servidores públicos), Art. 72 (sanciones por infracciones graves: 0,7% a 1%, o de diez a veinte salarios básicos, y regla para organizaciones sin domicilio en Ecuador) y Art. 73 (definición de volumen de negocio).
  • Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Decreto Ejecutivo 904, de 6 de noviembre de 2023, publicado en noviembre de 2023: Art. 5 (recogida del consentimiento y carga de demostrarlo), Art. 6 (revocatoria del consentimiento), Art. 7 (tratamiento legítimo), Arts. 12 a 16 (medios para el ejercicio de los derechos, contenido de la solicitud, información adicional, registro de solicitudes y reclamo ante la Autoridad), Arts. 24 a 28 (notificación de vulneración de seguridad: causales de riesgo, finalidad, contenido de la notificación, notificación del encargado y notificación al titular), Arts. 29 a 32 (evaluación de impacto y sus requisitos), Art. 36 (prueba de las medidas de protección), Art. 38 (registro de actividades de tratamiento para responsables con cien o más trabajadores, y sus nueve contenidos), Art. 39 (extensión de la obligación de registro), Art. 44 (registro de actividades del encargado), Art. 48 (función del delegado), Art. 49 (contratación bajo dependencia o por prestación de servicios), Art. 50 (delegado único para grupos empresariales), Art. 51 (prohibición de sancionar al delegado), Art. 52 (designación voluntaria como buena práctica), Art. 55 (requisitos para ser delegado), Art. 56 (impedimentos para ser delegado), Art. 87 (Registro Único de Responsables y Encargados incumplidos), Art. 89 (conservación por siete años), Art. 90 (el procedimiento sancionatorio se sustancia conforme al Código Orgánico Administrativo) y Disposición General.
  • Superintendencia de Protección de Datos Personales: resoluciones de procedimientos administrativos sancionatorios publicadas en su portal institucional, entre ellas las relativas a la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (multa de USD 259.644,01, con orden de notificar a 14.398 titulares y eliminar sus datos) y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (multa de USD 194.856,16, con orden de actualizar el registro de actividades de tratamiento y adoptar política de protección de datos). Resolución SPDP-SPD-2025-0022-R, de 16 de julio de 2025, que establece la metodología para el cálculo de las multas aplicables a infracciones leves y graves.
  • Código Orgánico Administrativo, Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017: Art. 224 (término de diez días para impugnar), Art. 229 (la impugnación no suspende la ejecución salvo petición dentro de tres días) y Art. 252 (efecto de no contestar el acto de inicio en el término de diez días).