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Derecho CorporativoProtección de datosCumplimiento Actualización: octubre 2026

Registro de datos: son tres, no uno

Registro de actividades de tratamiento en Ecuador: quién está obligado, qué debe contener y los tres registros que la ley exige.

Categoría: Derecho Corporativo · Por

J
Equipo Editorial · Juristam Abogados especializados en levantamiento del registro de actividades de tratamiento, reporte al Registro Nacional de Protección de Datos Personales, contratos con encargados del tratamiento y defensa ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Contenido basado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su Reglamento General y el Código Orgánico Administrativo.

Son tres registros distintos, no uno

Respuesta rápida: la ley crea el registro de actividades de tratamiento, que es interno; el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, que es público y tiene plazo de diez días; y el registro del encargado, que lleva su proveedor. Son obligaciones separadas, con normas separadas, y cumplir una no cumple las otras.

El marco completo de obligaciones y multas está en la guía de protección de datos para empresas. Esta guía resuelve el documento que en cualquier control se pide primero, y aclara una confusión que cuesta caro: creer que es uno solo.

RegistroDónde viveNorma y plazo
Registro de actividades de tratamientoInterno, en su empresa. Se pone a disposición de la Autoridad cuando lo soliciteArts. 38 y 39 del Reglamento. Sin plazo de inscripción: debe existir y estar actualizado
Registro Nacional de Protección de Datos PersonalesExterno y público, a cargo de la SuperintendenciaArt. 51 de la Ley y Arts. 84 a 86 del Reglamento. Diez días de término desde el día siguiente al inicio del tratamiento
Registro de actividades del encargadoInterno, en su proveedor que trata datos por cuenta suyaArt. 44 del Reglamento. Obligatorio cuando el responsable está obligado
⚠ El plazo de diez días que casi nadie cumplió

El Art. 86 del Reglamento es categórico: “El reporte de bases de datos o tratamiento en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales deberá realizarse dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al inicio del tratamiento”.

No hay plazo general de adecuación ni ventana de transición. Y el Art. 85 añade que el reporte se realiza de manera independiente por cada base de datos o tratamiento: no es un trámite único por empresa, es uno por cada tratamiento. Para una empresa que trata datos desde antes de la ley, el incumplimiento se verifica con una sola consulta al registro, sin inspección y sin requerimiento.

Y el Art. 85 aclara algo que suele frenar a las empresas por miedo mal fundado: la obligación de reportar no implica el registro de los datos contenidos en la base ni de los que son objeto del tratamiento. No hay que entregarle a la Superintendencia la base de clientes; hay que declarar que existe, para qué se usa y cómo se protege.

El Registro Nacional se verifica desde un escritorio

En la consulta inventariamos qué tratamientos tiene su empresa, determinamos cuáles deben reportarse al Registro Nacional y cuáles van al registro interno, y armamos el reporte. Si el plazo de diez días está vencido desde hace tiempo, definimos cómo se regulariza y qué conviene hacer primero.

Diagnóstico · 40 segundos

¿Está obligado al registro, y a cuál de los tres?

Cuatro preguntas sobre su tamaño, cómo trata los datos, qué tiene documentado y si reportó al Registro Nacional. El resultado indica qué obligaciones le corren.

1. ¿Cuántas personas trabajan en su organización?

No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.

El límite de cien trabajadores no lo exime

Respuesta rápida: el Art. 38 del Reglamento obliga al responsable con cien o más trabajadores. Pero el Art. 39 extiende la obligación a quien tiene menos si cumple alguna de tres condiciones, y la segunda es simplemente que el tratamiento no sea ocasional.

Ahí está el malentendido que deja a miles de empresas creyendo que no les aplica. El umbral de cien trabajadores no es un piso de exención: es la regla general, y el artículo siguiente la amplía con condiciones alternativas. Basta una.

Condición del Art. 39Qué significa en la práctica
1. El tratamiento puede entrañar riesgo para los derechos y libertades de los titularesSe mide de acuerdo con el análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades conforme a la ley. Si la empresa nunca lo hizo, difícilmente puede sostener que no hay riesgo
2. No se trate de un tratamiento ocasionalLa condición más amplia de todo el Reglamento. Un CRM activo, una base de clientes con campañas, una nómina mensual o un e-commerce no son tratamientos ocasionales
3. Incluya categorías especiales de datos personalesClínicas, laboratorios, aseguradoras, empresas con control biométrico de asistencia y cualquiera que registre datos de salud entran por aquí, sin importar su tamaño
Qué es un “tratamiento ocasional”

El Reglamento no lo define en el Art. 39, pero sí define lo contrario a propósito del delegado. El Art. 53 considera que el control es permanente cuando el tratamiento es continuado, o se produce en intervalos concretos, o es recurrente o repetido en momentos prefijados, o tiene lugar de manera constante o periódica. Y lo considera sistematizado cuando está preestablecido, organizado o es metódico, o forma parte de un plan general de recogida de datos, o se lleva a cabo como parte de una estrategia.

Leído a la inversa, lo ocasional es el tratamiento aislado, no planificado y no repetido. Una base de clientes que se usa para facturar y para vender todos los meses no cabe en esa descripción. Por eso la pregunta útil no es cuántos trabajadores tiene, sino si su tratamiento de datos se repite.

Conviene además notar que la obligación de registro y la de designar delegado se miden con criterios parecidos pero son independientes. Una empresa puede estar obligada al registro del Art. 38 sin estar obligada al delegado del Art. 48 de la Ley, y a la inversa. Quién está obligado a cada cosa está detallado en la guía del delegado de protección de datos.

Si su base de clientes se usa todos los meses, su tratamiento no es ocasional.Y eso basta para que el Art. 39 del Reglamento le imponga el registro de actividades, aunque tenga diez trabajadores.

Los nueve contenidos del registro de actividades

Respuesta rápida: el Art. 38 del Reglamento fija nueve contenidos. Puede llevarse por escrito o electrónicamente, y el responsable debe ponerlo a disposición de la Autoridad cuando esta lo solicite.

No es una lista decorativa: cada numeral corresponde a información que la empresa necesita tener localizada para cumplir otras obligaciones. Un registro bien armado es la herramienta de trabajo; un registro armado para la foto no sirve ni para contestar una solicitud de un titular.

  1. Nombre y datos de contacto del responsable, del responsable conjunto y del delegado

    Incluye, en su caso, al responsable que actúa conjuntamente, y el nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos. Es el mismo dato que el Art. 12 de la Ley obliga a informar al titular.

  2. Los fines del tratamiento

    Para qué se usan los datos, tratamiento por tratamiento. Es lo que permite después sostener o descartar la causal de obligación legal frente a una solicitud de eliminación.

  3. Las categorías de destinatarios

    A quiénes se han comunicado o se comunicarán los datos. Aquí aparecen los proveedores, y de ahí sale la pregunta siguiente: si hay contrato con cada uno.

  4. Identificación de los titulares y las categorías de datos

    Qué grupos de personas y qué tipos de datos de cada grupo. Clientes, trabajadores, proveedores, postulantes, visitantes.

  5. El uso de perfiles, en su caso

    Si hay segmentación, scoring o personalización. Conecta con el derecho del titular a no ser objeto de decisiones automatizadas del Art. 20 de la Ley.

  6. Las transferencias a terceros países u organizaciones internacionales, en su caso

    El numeral habla de “definir” esas transferencias. En la práctica alcanza a cualquier empresa que use servicios en la nube o un sistema contable alojado fuera del país.

  7. Descripción de las bases legitimadoras

    Qué faculta cada tratamiento: consentimiento, relación contractual, obligación legal, interés legítimo. Es el numeral que más trabajo exige y el que más protege, porque es la respuesta directa a la pregunta que hace cualquier control.

  8. Los plazos de retención

    Previstos para la supresión o para la revisión de la necesidad de conservar cada categoría de datos. Sin este dato no se puede responder cuándo corresponde eliminar, y la eliminación tiene plazo de quince días.

  9. Descripción general de las medidas técnicas, jurídicas, administrativas y organizativas

    Es el puente con el Art. 36 del Reglamento, que impone el deber de demostrar que las medidas se aplicaron.

El numeral 8 es el que resuelve las solicitudes de titulares

Cuando llega una solicitud de eliminación, la empresa tiene quince días para contestar y la negativa debe citar una causal del Art. 18 de la Ley. Lo que permite responder con precisión es tener escrito de antemano qué dato se conserva, por cuánto tiempo y en virtud de qué norma o contrato.

Sin registro, cada solicitud obliga a reconstruir eso desde cero en menos de quince días. Con registro, la respuesta es una consulta interna. Cómo se contesta está en la guía de solicitudes de titulares.

Los numerales 7 y 8 son los que deciden si una negativa se sostiene.Asignar la base legitimadora de cada tratamiento y el plazo de retención de cada dato son decisiones jurídicas, no un trabajo de inventario.

El Registro Nacional: público, nueve datos y diez días

Respuesta rápida: el Art. 84 del Reglamento define el Registro Nacional como un registro público a cargo de la Superintendencia. El Art. 51 de la Ley fija los nueve datos que hay que reportar, el Art. 85 lo exige por cada base de datos o tratamiento, y el Art. 86 da diez días de término desde el día siguiente al inicio del tratamiento.

Es la obligación con el perfil de riesgo más alto de todo el régimen, porque su incumplimiento es verificable sin investigación. Y tiene dos numerales sancionatorios propios: el Art. 68 numeral 10 de la Ley califica como infracción grave no mantener actualizado el Registro Nacional, y el numeral 11 califica como grave no consignar en el Registro Nacional lo dispuesto en la ley, el reglamento y las regulaciones de la Autoridad.

El Art. 51 de la Ley enumera lo que debe reportarse y mantenerse actualizado:

  • Identificación de la base de datos o del tratamiento
  • Nombre, domicilio legal y datos de contacto del responsable y del encargado
  • Características y finalidad del tratamiento
  • Naturaleza de los datos personales tratados
  • Identificación, nombre, domicilio legal y datos de contacto de los destinatarios, incluyendo encargados y terceros
  • Modo de interrelacionar la información registrada
  • Medios utilizados para implementar los principios, derechos y obligaciones de la ley
  • Requisitos y herramientas administrativas, técnicas, físicas, organizativas y jurídicas implementadas para garantizar la seguridad y protección de datos
  • Tiempo de conservación de los datos

El solapamiento con los nueve contenidos del registro interno es alto, y eso es una buena noticia operativa: el registro de actividades bien armado es la fuente de la que sale el reporte al Registro Nacional. Lo que no funciona es el camino inverso, porque el Registro Nacional no pide las bases legitimadoras tratamiento por tratamiento ni el uso de perfiles, que son los dos numerales del Art. 38 que más sirven para defenderse.

Reportar no es entregar la base

El Art. 85 del Reglamento lo dice de forma expresa: la obligación de reportar y actualizar “no implica el registro de los datos contenidos en la base de datos o que son objeto del tratamiento”. Lo que se declara es la existencia del tratamiento, su finalidad, sus destinatarios y las medidas de seguridad, no el contenido.

El mismo artículo añade que la Autoridad regulará los procesos de reporte y actualización que deberán cumplir los responsables, de modo que el detalle operativo puede cambiar con la normativa técnica que emita.

Si su empresa trata datos desde antes de la ley, el plazo de diez días del Art. 86 lleva años vencido.Es infracción grave por el Art. 68 num. 10 y 11, y se comprueba consultando el registro público. Regularizarlo es un trámite; no hacerlo es exposición permanente.

El registro del encargado y el contrato que lo sostiene

Respuesta rápida: el Art. 44 del Reglamento obliga al encargado a mantener su propio registro de actividades cuando el responsable está obligado. Y el Art. 41 exige que la relación se rija por un contrato escrito con siete contenidos mínimos.

El encargado del tratamiento es cualquier proveedor que trata datos por cuenta de su empresa: el sistema contable en la nube, la agencia de marketing que maneja la base, la casa de cobranza, el proveedor de nómina, el centro de contacto. Y su relación con usted no puede ser de palabra.

El Art. 41 exige que el contrato detalle las instrucciones encomendadas y, al menos, siete aspectos: el objeto, la duración, la naturaleza, la finalidad del tratamiento, la categoría de los datos personales, la identificación de los titulares cuyos datos se tratan, y las obligaciones y responsabilidades del encargado.

El mismo artículo agrega una exigencia temporal que suele incumplirse: el encargado deberá establecer las medidas técnicas y organizativas adecuadas previo a brindar el servicio, y esas medidas deben ser “equiparables a aquellas a las que está obligado el responsable” en función de los datos y los tipos de tratamiento. No alcanza con exigirlas en el contrato: tienen que existir antes de que el servicio arranque.

⚠ El proveedor que se pasa de la raya se convierte en responsable

El Art. 43 del Reglamento establece que el encargado que, por cualquier causa, determine los fines y los medios del tratamiento se considerará responsable del tratamiento en lo que respecta a ese tratamiento. Para seguir siendo encargado debe actuar a nombre y por cuenta del responsable y “conforme a las instrucciones documentadas”.

Esa última frase es la que obliga a tener el contrato del Art. 41. Sin instrucciones documentadas, la agencia que decide por su cuenta a quién segmentar y qué campaña enviar no es su encargado: es un responsable independiente, y usted queda expuesto a una comunicación de datos sin requisitos, que el Art. 68 numeral 3 de la Ley califica como infracción grave.

El mismo Art. 43 añade una obligación útil del otro lado: si el encargado considera que una instrucción es ilegal, debe informarlo al responsable sin demora injustificada para que se corrija.

Dos reglas más conviene incorporar al contrato. El Art. 45 dispone que el encargado podrá contratar a un tercero para complementar el servicio siempre que esto conste expresamente en el contrato; caso contrario requiere autorización escrita del responsable. Y el Art. 46 obliga al encargado a devolver o eliminar todos los datos personales, según las instrucciones, al terminar el encargo. Sin esas dos cláusulas, el día que se cambie de proveedor nadie sabrá dónde quedó la copia de la base.

Del lado del responsable, el Art. 42 es claro: el responsable es el directo obligado de garantizar el correcto ejercicio de los derechos de los titulares, y el encargado debe asistirlo y realizar, bajo su responsabilidad, todas las acciones necesarias para que pueda cumplirlo. Es decir, no se puede derivar al proveedor la responsabilidad de contestar una solicitud: se puede derivar la tarea, no la obligación. El Art. 67 numeral 4 de la Ley añade el otro extremo de la cadena, al sancionar como infracción leve elegir un encargado que no ofrezca garantías suficientes.

Cada proveedor que toca su base necesita contrato con siete contenidos

En la consulta inventariamos qué proveedores tratan datos por cuenta de su empresa, revisamos si existe contrato y si cumple los siete contenidos del Art. 41, y redactamos las cláusulas que faltan, incluidas la de subcontratación del Art. 45 y la de devolución o eliminación del Art. 46.

Responsables conjuntos: solidarios ante el titular

Respuesta rápida: cuando dos o más empresas determinan conjuntamente los mismos fines y medios, el Art. 37 del Reglamento las considera responsables conjuntos. Deben repartir tareas por contrato, pero son responsables solidarios ante la Autoridad y los titulares.

Es la figura que aparece en alianzas comerciales, programas de fidelización compartidos, operaciones entre empresas del mismo grupo y cualquier esquema en que dos compañías usan la misma base para un objetivo común. Y la consecuencia es más dura de lo que las partes suelen suponer.

El Art. 37 dispone que los responsables conjuntos definirán sus respectivas tareas y responsabilidades “de forma transparente a través de un contrato”, en la medida en que no estén ya definidas en disposiciones legales. Pero añade de inmediato que ese acuerdo no impedirá que el titular ejerza sus derechos contra cualquiera de los responsables conjuntos, y que estos son responsables solidarios ante la autoridad de control y los titulares.

Al mismo tiempo, cada responsable conjunto debe cumplir las obligaciones que determina la Ley en función de las responsabilidades asumidas en el acuerdo, cuya evidencia debe estar a disposición de la autoridad de control cuando lo solicite. Y cada uno “es sujeto del régimen sancionador, en forma diferenciada sobre la base de las responsabilidades adquiridas”.

El cierre del artículo añade una obligación de transparencia que casi nunca se contempla: los acuerdos de protección de datos entre responsables conjuntos deben ser compartidos con los titulares interesados cuando estos lo requieran. Un acuerdo redactado sin pensar en ese escenario puede ser un problema el día que un titular lo pida.

Cómo se arma, en orden

Respuesta rápida: el registro no se redacta: se levanta. El trabajo real es el inventario de dónde están los datos, y recién después se llena la plantilla de los nueve contenidos.

  1. Inventario de sistemas y lugares donde hay datos

    CRM, sistema contable, nómina, correo, planillas de marketing, formularios web, grabaciones del centro de contacto, cámaras, control de acceso biométrico, carpetas compartidas. El error más común es olvidar lo que no está en un sistema formal.

  2. Agrupar por tratamiento, no por sistema

    Un tratamiento es una finalidad: facturar, cobrar, hacer marketing, contratar personal, evaluar postulantes, atender reclamos. Un mismo sistema puede soportar tres tratamientos y un tratamiento puede vivir en tres sistemas.

  3. Asignar la base legitimadora de cada tratamiento

    Es el numeral 7 del Art. 38 y el paso que más decisiones obliga a tomar: si un tratamiento no tiene base legal identificable, el problema no es documental, es de fondo, y se resuelve antes de escribirlo.

  4. Fijar plazos de retención por categoría

    El numeral 8 pide los plazos previstos para la supresión o para la revisión de la necesidad de conservar. Conviene distinguir lo que una norma obliga a conservar de lo que la empresa conserva por costumbre.

  5. Mapear destinatarios y cruzarlos con los contratos

    El numeral 3 pide las categorías de destinatarios. Cada destinatario que trate datos por cuenta suya necesita el contrato del Art. 41 con sus siete contenidos.

  6. Describir las medidas y guardar la evidencia

    El numeral 9 pide una descripción general de las medidas técnicas, jurídicas, administrativas y organizativas. Y el Art. 36 del Reglamento exige poder demostrar que se aplicaron, de modo que la descripción sin respaldo no cumple.

  7. Reportar al Registro Nacional lo que corresponda

    Con el inventario hecho, el reporte del Art. 51 de la Ley es casi mecánico, y se hace de manera independiente por cada base de datos o tratamiento según el Art. 85 del Reglamento.

Para qué sirve de verdad

Respuesta rápida: sirve para tres cosas concretas: contestar una solicitud de un titular en quince días, responder un requerimiento de la Superintendencia sin improvisar, y cumplir el deber de demostrar del Art. 36 del Reglamento.

Esa es la diferencia entre un registro vivo y un documento de cumplimiento formal. El Art. 36 establece que los responsables del tratamiento deberán demostrar que han aplicado las medidas de protección. Demostrar, no afirmar. Y el único lugar donde esa demostración puede estar organizada es el registro.

En un control, el registro es lo primero que se pide porque responde de una sola vez casi todas las preguntas del requerimiento: qué datos trata, de quiénes, para qué, con qué base legal, con quién los comparte, por cuánto tiempo y con qué medidas. Cómo se contesta ese oficio, y por qué conviene no entregar más de lo requerido, está en la guía del oficio de la Superintendencia.

Y en una filtración, el registro es lo que permite llenar los contenidos tasados de la notificación dentro de los plazos cortos, porque el volumen y los tipos de datos comprometidos ya están identificados. Los plazos de esa notificación están en la guía de filtración de datos.

El registro es lo primero que se pide y lo único que prueba

El Art. 36 del Reglamento exige demostrar las medidas, no afirmarlas. En la consulta levantamos el inventario de tratamientos, lo dejamos en formato exhibible y corregimos lo que aparezca mal antes de que quede escrito.

Lo que cuesta no tenerlo

Respuesta rápida: no mantener actualizado el Registro Nacional y no consignar en él lo dispuesto son infracciones graves por los numerales 10 y 11 del Art. 68, con multa del 0,7% al 1% del volumen de negocio del ejercicio anterior.

El registro interno de actividades no tiene un numeral con su nombre, pero su ausencia se traduce en infracciones por otras vías. No implementar medidas administrativas, técnicas, físicas, organizativas y jurídicas para garantizar el tratamiento conforme a la ley es infracción grave por el Art. 68 numeral 1. No utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos adaptadas a la naturaleza de los datos es grave por el numeral 4. Y no tramitar o negar injustificadamente las peticiones del titular, que es lo que ocurre cuando no se puede contestar en quince días porque nadie sabe dónde están los datos, es infracción leve por el Art. 67 numeral 1, que el último numeral del Art. 68 convierte en grave cuando se reitera.

Facturación del año anteriorGrave: 0,7% – 1%Leve: 0,1% – 0,7%
USD 300.000USD 2.100 – 3.000USD 300 – 2.100
USD 1.000.000USD 7.000 – 10.000USD 1.000 – 7.000
USD 5.000.000USD 35.000 – 50.000USD 5.000 – 35.000
USD 20.000.000USD 140.000 – 200.000USD 20.000 – 140.000

Rangos calculados aplicando los porcentajes de los Arts. 71 y 72 de la Ley sobre el volumen de negocio definido en el Art. 73. Son ilustrativos: la graduación concreta depende de los presupuestos del Art. 71 y de la metodología que la Superintendencia aplique en cada caso.

Hay un atenuante estructural que conviene aprovechar. Como estas infracciones son graves, el Art. 66 numeral 2 de la Ley obliga a la Autoridad a aplicar en primera instancia medidas correctivas y a sancionar solo si se cumplen de forma tardía, parcial o defectuosa. Para el registro, la medida correctiva es perfectamente ejecutable: armarlo y reportarlo. Lo que no se puede improvisar en el plazo de una medida correctiva es el inventario de una empresa que nunca lo hizo, y ese es el escenario que conviene no tener que resolver con el reloj corriendo. El camino completo, si se llega a sanción, está en la guía de impugnación.

Los seis errores que vuelven inútil un registro

  1. Creer que el umbral de cien trabajadores exime

    El Art. 39 del Reglamento extiende la obligación a quien tiene menos si el tratamiento entraña riesgo, si no es ocasional o si incluye categorías especiales. Basta una de las tres.

  2. Confundir el registro interno con el Registro Nacional

    Son obligaciones distintas, con normas y plazos distintos. Tener el registro de actividades del Art. 38 no cumple el reporte del Art. 51 de la Ley, y el reporte no sustituye al registro.

  3. Armarlo por sistema y no por finalidad

    El Art. 38 pide los fines del tratamiento y las bases legitimadoras. Un inventario de software no responde ninguno de los dos numerales.

  4. Dejar en blanco las bases legitimadoras

    Es el numeral 7 y el que más sirve en una defensa. Si un tratamiento no tiene base identificable, el registro acaba de documentar un problema de fondo: conviene resolverlo antes de escribirlo.

  5. No cruzar los destinatarios con los contratos

    El numeral 3 lista destinatarios y el Art. 41 exige contrato escrito con siete contenidos para cada encargado. Un registro que nombra proveedores sin contrato es un mapa de incumplimientos.

  6. Armarlo una vez y no actualizarlo

    El Art. 51 de la Ley obliga a reportar y mantener actualizada la información, y el Art. 68 numeral 10 sanciona como grave no mantenerlo actualizado. Un registro de hace dos años, con proveedores que ya no existen, prueba el incumplimiento en lugar de evitarlo.

Por qué este trabajo lo hace un abogado y no el área de sistemas

Porque el inventario técnico es la parte fácil. Lo difícil son los numerales 7 y 8 del Art. 38: asignar a cada tratamiento su base legitimadora y fijar los plazos de retención. Las dos cosas son decisiones jurídicas con consecuencias directas: de la base legitimadora depende si el titular puede oponerse o pedir eliminación, y de los plazos de retención depende si la negativa a eliminar se sostiene en la causal del Art. 18 numeral 2 de la Ley o es una negativa injustificada.

Porque el registro es un documento que se exhibe. Se pone a disposición de la Autoridad cuando lo solicite, según el propio Art. 38, y lo que diga va al expediente. Un registro que declara tratamientos sin base legal, proveedores sin contrato o retenciones sin fundamento es una confesión ordenada. Por eso el levantamiento y la regularización se hacen juntos: lo que se encuentra se corrige antes de quedar escrito.

Y porque de este documento salen tres obligaciones más. Los destinatarios del numeral 3 obligan a revisar contrato por contrato el Art. 41. El delegado del numeral 1 obliga a verificar si hay obligación de designarlo. Y las transferencias internacionales del numeral 6 abren el régimen de los Arts. 55 y siguientes de la Ley, que tiene requisitos propios.

Qué hacemos en este trabajo

Levantamos el inventario de tratamientos de su empresa, agrupados por finalidad y no por sistema. Asignamos la base legitimadora de cada uno y fijamos los plazos de retención distinguiendo lo que una norma obliga a conservar de lo que se conserva por costumbre. Mapeamos destinatarios y revisamos si cada encargado tiene contrato con los siete contenidos del Art. 41. Armamos el registro con los nueve contenidos del Art. 38 en formato exhibible, y preparamos el reporte al Registro Nacional del Art. 51 de la Ley por cada base o tratamiento. Y lo que aparezca mal durante el levantamiento se corrige antes de que quede escrito.

El registro se levanta una vez y se usa todos los meses

Hacemos el inventario, asignamos bases legitimadoras y plazos de retención, revisamos los contratos con proveedores y dejamos el registro armado y el reporte al Registro Nacional listo. Si ya hay un requerimiento en curso, trabajamos primero lo que haya que exhibir.

Preguntas frecuentes

¿Mi empresa está obligada a llevar el registro de actividades de tratamiento?

El Art. 38 del Reglamento obliga al responsable del tratamiento que cuente con cien o más trabajadores. Pero el Art. 39 extiende la obligación a quien tenga menos de cien si cumple alguna de tres condiciones: que el tratamiento pueda entrañar riesgo para los derechos y libertades de los titulares de acuerdo con el análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades; que no se trate de un tratamiento ocasional; o que incluya categorías especiales de datos personales. Basta una sola, y la segunda alcanza a cualquier empresa con una base de clientes que se use de forma recurrente. Ver el límite de cien trabajadores.

¿El registro de actividades es el mismo que el Registro Nacional?

No, son dos obligaciones distintas. El registro de actividades de tratamiento es interno: lo lleva la empresa por escrito o electrónicamente según el Art. 38 del Reglamento, y lo pone a disposición de la Autoridad cuando esta lo solicite. El Registro Nacional de Protección de Datos Personales es externo y público, está a cargo de la Superintendencia según el Art. 84 del Reglamento, y recibe el reporte que el Art. 51 de la Ley exige al responsable. Hay además un tercero: el Art. 44 del Reglamento obliga al encargado del tratamiento a mantener su propio registro cuando el responsable está obligado. Ver los tres registros.

¿Cuánto tiempo tengo para reportar mis bases al Registro Nacional?

El Art. 86 del Reglamento dispone que el reporte de bases de datos o tratamiento en el Registro Nacional deberá realizarse dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al inicio del tratamiento. No hay un plazo general de adecuación. Y el Art. 85 añade que el reporte se realiza de manera independiente por cada base de datos o tratamiento, de modo que no es un trámite único por empresa. No mantener actualizado el Registro Nacional es infracción grave por el Art. 68 numeral 10 de la Ley, y no consignar en él lo dispuesto lo es por el numeral 11. Ver el Registro Nacional.

¿Reportar al Registro Nacional significa entregar mi base de clientes?

No. El Art. 85 del Reglamento lo dice expresamente: la obligación de reportar y actualizar no implica el registro de los datos contenidos en la base de datos o que son objeto del tratamiento. Lo que se declara son los nueve puntos del Art. 51 de la Ley: identificación de la base o del tratamiento, datos del responsable y del encargado, características y finalidad, naturaleza de los datos, destinatarios, modo de interrelacionar la información, medios para implementar los principios y derechos, requisitos y herramientas de seguridad, y tiempo de conservación.

¿Qué tiene que contener el registro de actividades?

El Art. 38 del Reglamento fija nueve contenidos: nombre y datos de contacto del responsable, del responsable conjunto en su caso y del delegado de protección de datos; los fines del tratamiento; las categorías de destinatarios a los que se han comunicado o se comunicarán los datos; la identificación de los titulares y las categorías de datos; el uso de perfiles en su caso; las transferencias a organismos de un tercer país o a una organización internacional en su caso; la descripción de las bases legitimadoras que facultan el tratamiento; los plazos de retención previstos para la supresión o la revisión de la necesidad de conservar; y una descripción general de las medidas técnicas, jurídicas, administrativas y organizativas. Ver los nueve contenidos.

Mi proveedor maneja la base de clientes. ¿Qué necesito con él?

Un contrato escrito. El Art. 41 del Reglamento exige que la relación entre responsable y encargado se rija por contrato escrito que detalle las instrucciones encomendadas y, al menos, siete aspectos: objeto, duración, naturaleza, finalidad del tratamiento, categoría de los datos personales, identificación de los titulares y obligaciones y responsabilidades del encargado. El mismo artículo exige que el encargado establezca medidas técnicas y organizativas equiparables a las del responsable previo a brindar el servicio. No suscribir esos contratos es infracción grave por el Art. 68 numeral 9 de la Ley, y elegir un encargado que no ofrezca garantías suficientes es infracción leve por el Art. 67 numeral 4. Ver el registro del encargado.

¿Qué pasa si mi proveedor usa los datos para algo que yo no le pedí?

El Art. 43 del Reglamento establece que el encargado del tratamiento que, por cualquier causa, determine los fines y los medios del tratamiento se considerará responsable del tratamiento en lo que respecta a ese tratamiento. Para seguir siendo encargado debe actuar a nombre y por cuenta del responsable y conforme a las instrucciones documentadas. Eso convierte al contrato del Art. 41 en la pieza que define la posición de cada uno. El mismo artículo añade que si el encargado considera que una instrucción es ilegal debe informarlo al responsable sin demora injustificada para que se corrija.

Dos empresas usamos la misma base. ¿Quién responde?

Las dos. El Art. 37 del Reglamento considera responsables conjuntos a quienes determinan conjuntamente los mismos fines y medios del tratamiento, y les exige definir sus respectivas tareas y responsabilidades de forma transparente a través de un contrato. Pero añade que ese acuerdo no impedirá que el titular ejerza sus derechos contra cualquiera de los responsables conjuntos, y que estos son responsables solidarios ante la autoridad de control y los titulares. Cada uno es además sujeto del régimen sancionador en forma diferenciada según las responsabilidades adquiridas, y los acuerdos deben compartirse con los titulares cuando estos lo requieran. Ver responsables conjuntos.

¿Para qué me sirve el registro en la práctica?

Para tres cosas concretas. Primero, contestar una solicitud de un titular dentro de los quince días, porque el numeral 8 del Art. 38 ya tiene escritos los plazos de retención y el numeral 7 las bases legitimadoras, que es lo que sostiene o descarta una negativa. Segundo, responder un requerimiento de la Superintendencia sin improvisar, porque el registro responde de una sola vez casi todas sus preguntas. Y tercero, cumplir el deber de demostrar del Art. 36 del Reglamento, que exige probar que las medidas de protección se aplicaron, no solo afirmarlo. Ver para qué sirve de verdad.

¿Cuánto cuesta no tenerlo?

No mantener actualizado el Registro Nacional y no consignar en él lo dispuesto son infracciones graves por los numerales 10 y 11 del Art. 68 de la Ley, con multa del 0,7% al 1% del volumen de negocio del ejercicio inmediatamente anterior según el Art. 72. La ausencia del registro interno no tiene un numeral con su nombre, pero se traduce en otras infracciones: el Art. 68 numeral 1 por no implementar medidas administrativas, técnicas, físicas, organizativas y jurídicas, el numeral 4 por no utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos, y el Art. 67 numeral 1 cada vez que no se pueda atender una petición del titular en plazo. Ver lo que cuesta no tenerlo.

Fuentes y referencias

  • Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Quinto Suplemento del Registro Oficial 459 de 26 de mayo de 2021: Art. 12 (derecho a la información del titular), Art. 18 num. 2 (excepción por obligación legal o contractual), Art. 20 (decisiones basadas en valoraciones automatizadas), Art. 47 (obligaciones del responsable y del encargado), Art. 48 (supuestos de designación del delegado), Art. 51 (nueve datos que deben reportarse y mantenerse actualizados en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales), Arts. 55 y siguientes (transferencia o comunicación internacional de datos personales), Art. 66 (aplicación de medidas correctivas en primera instancia ante infracción grave), Art. 67 num. 1 y 4 (infracciones leves: no tramitar, tramitar fuera de término o negar injustificadamente las peticiones del titular; elegir un encargado que no ofrezca garantías suficientes), Art. 68 num. 1, 3, 4, 9, 10, 11 y último numeral (infracciones graves, entre ellas no implementar medidas, no utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos, no suscribir contratos con el encargado, no mantener actualizado el Registro Nacional, no consignar en él lo dispuesto, y la reiteración de faltas leves), Art. 71 (multa del 0,1% al 0,7% y presupuestos de graduación), Art. 72 (multa del 0,7% al 1%) y Art. 73 (volumen de negocio del ejercicio inmediatamente anterior).
  • Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Decreto Ejecutivo 904 de 6 de noviembre de 2023: Art. 36 (deber de demostrar que se han aplicado las medidas de protección), Art. 37 (responsables conjuntos: contrato transparente, ejercicio de derechos contra cualquiera de ellos, responsabilidad solidaria ante la autoridad y los titulares, régimen sancionador diferenciado y deber de compartir los acuerdos con los titulares cuando lo requieran), Art. 38 (registro de actividades de tratamiento para el responsable con cien o más trabajadores, nueve contenidos, forma escrita o electrónica y puesta a disposición de la Autoridad), Art. 39 (extensión de la obligación a quien tenga menos de cien trabajadores por riesgo, por no tratarse de tratamiento ocasional o por incluir categorías especiales), Art. 40 (garantías suficientes del encargado), Art. 41 (contrato escrito con siete contenidos mínimos y medidas equiparables previas a la prestación del servicio), Art. 42 (el responsable es el directo obligado de garantizar los derechos y el encargado debe asistirlo), Art. 43 (el encargado que determina fines y medios se considera responsable; actuación conforme a instrucciones documentadas y deber de informar la instrucción ilegal), Art. 44 (registro de actividades del encargado), Art. 45 (subcontratación: constancia expresa en el contrato o autorización escrita del responsable), Art. 46 (devolución o eliminación de los datos al terminar el encargo), Art. 53 (criterios de control permanente y sistematizado), Art. 84 (el Registro Nacional como registro público a cargo de la Autoridad), Art. 85 (obligación del responsable de reportar y actualizar, independencia del reporte por cada base o tratamiento, y aclaración de que no implica registrar los datos contenidos en la base) y Art. 86 (término de diez días desde el día siguiente al inicio del tratamiento).
  • Superintendencia de Protección de Datos Personales: resoluciones de procedimientos administrativos sancionatorios publicadas en su portal institucional, y Resolución SPDP-SPD-2025-0022-R de 16 de julio de 2025, con la metodología para el cálculo de las multas aplicables a infracciones leves y graves.
  • Código Orgánico Administrativo, Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017: Arts. 224 y 229 (término de diez días para impugnar y petición de no ejecución dentro de tres días) y Art. 252 (efecto de no contestar el acto de inicio en el término de diez días).