¿Está obligado a designar un delegado?
Respuesta rápida: el Art. 48 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales obliga en cuatro casos. El que alcanza a la mayoría de empresas privadas es el segundo: cuando las actividades requieren un control permanente y sistematizado por su volumen, naturaleza, alcance o finalidades. Y no designarlo cuando corresponde es infracción grave.
El panorama completo de obligaciones y multas está en la guía de protección de datos para empresas. Esta guía resuelve una sola pregunta, y es la que más mal se resuelve en la práctica: a quién se designa.
Los cuatro supuestos del Art. 48 son:
- Sector público
Cuando el tratamiento lo lleva a cabo quien conforma el sector público según el Art. 225 de la Constitución. Aquí no hay discusión de volumen: la obligación es por la naturaleza de la entidad.
- Control permanente y sistematizado
Cuando las actividades del responsable o encargado requieren un control permanente y sistematizado por su volumen, naturaleza, alcance o finalidades del tratamiento. Es el supuesto que alcanza al comercio electrónico, las plataformas, las fintech, las casas de cobranza, las aseguradoras y las empresas con grandes bases de clientes.
- Tratamiento a gran escala de categorías especiales
Cuando se refiere al tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos. Clínicas, laboratorios, aseguradoras de salud y empresas que manejan biometría entran aquí por el tipo de dato, no solo por el volumen.
- El cuarto supuesto del Art. 48
Cuando el tratamiento no se refiere a datos relacionados con la seguridad nacional y defensa del Estado que adolezcan de reserva ni fuesen secretos, conforme a la normativa especializada en la materia.
El mismo artículo añade que la Autoridad de Protección de Datos Personales podrá definir nuevas condiciones en las que deba designarse un delegado y emitirá las directrices para su designación.
El Art. 53 del Reglamento lo desdobla en dos test, y basta con cumplir uno de cada lado. Para que el control sea permanente, se considera si el tratamiento es continuado o se produce en intervalos concretos durante un periodo de tiempo; si es recurrente o repetido en momentos prefijados; o si tiene lugar de manera constante o periódica.
Para que sea sistematizado, se verifica si el tratamiento está de alguna manera preestablecido, organizado o es metódico; si tiene lugar como parte de un plan general de recogida de datos; o si se lleva a cabo como parte de una estrategia.
Leídos juntos, los dos test cubren prácticamente cualquier empresa que tenga un CRM activo, una plataforma de ventas o una campaña de marketing con base propia. Que el tratamiento sea “parte de una estrategia” es exactamente lo que es un embudo comercial.
El Art. 53 del Reglamento cierra con una herramienta poco utilizada: “En caso de suscitarse dudas entre los responsables y encargados respecto a los supuestos que dan lugar a la designación del delegado de protección de datos personales, podrán dirigir sus respectivas consultas a la Autoridad de Protección de Datos Personales, cuya decisión será de cumplimiento obligatorio para los consultantes”.
Es decir: la respuesta obliga, y obliga también a la Autoridad frente al consultante. Para una empresa en zona gris, una consulta bien planteada convierte una incertidumbre sancionable en un criterio escrito del que se puede partir.
La zona gris del segundo supuesto es donde está casi todo el riesgo
En la consulta revisamos qué datos trata su empresa, con qué volumen y con qué finalidades, y determinamos si cae en el supuesto de control permanente y sistematizado. Si el caso es dudoso, planteamos la consulta a la Autoridad, cuya respuesta es de cumplimiento obligatorio.
¿Está obligado, y la persona que pensaba designar puede serlo?
Cuatro preguntas sobre su operación, si ya designó a alguien, qué relación tiene esa persona con la empresa y su perfil profesional. El resultado indica si la designación cumple.
No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.
- ¿Está obligado a designarlo?
- Quién no puede ser delegado
- Los cuatro requisitos para serlo
- Responde administrativa, civil y penalmente
- Interno o externo: la ley permite las dos
- La independencia es una lista de obligaciones
- No se le puede sancionar ni remover
- Qué hace realmente el delegado
- Grupos, suplente y designación voluntaria
- Lo que cuesta no designarlo
- Los seis errores que invalidan una designación
- Por qué la revisa un abogado
- Preguntas frecuentes
Quién no puede ser delegado
Respuesta rápida: el Art. 56 del Reglamento lo prohíbe a los socios y accionistas, a quienes forman parte de los órganos de administración y control, a los cónyuges de administradores, directores o comisarios y a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y a quien tenga conflicto de intereses.
Esto es lo que hace fracasar la solución que casi todas las empresas intentan primero. La reacción natural cuando aparece la obligación es designar a alguien de confianza: el socio minoritario, el gerente administrativo, el hermano que lleva la parte legal, el primo que estudió sistemas. Los cuatro están expresamente impedidos.
| Impedimento del Art. 56 | A quién alcanza en la práctica |
|---|---|
| 1. Órganos de administración y control | Gerente general, gerentes, presidente, miembros del directorio, comisarios, auditor interno |
| 2. Socios o accionistas | Cualquier socio, aunque su participación sea mínima y aunque no trabaje en la empresa |
| 3. Cónyuges y parientes hasta 4º de consanguinidad o 2º de afinidad | Cónyuge del administrador, director o comisario; y hasta primos, tíos, sobrinos, abuelos y bisabuelos por consanguinidad, y cuñados y suegros por afinidad |
| 4. Conflicto de intereses | Causal abierta: el mismo artículo dispone que la Autoridad emitirá la normativa que establezca los supuestos específicos |
El cuarto grado de consanguinidad llega hasta primos hermanos, tíos abuelos y sobrinos nietos. El segundo grado de afinidad abarca a los cuñados y a los suegros. En una empresa familiar ecuatoriana, eso deja fuera a casi todo el círculo que la gerencia consideraría de confianza.
Y es un impedimento que se verifica con documentos públicos. El nombramiento del delegado no es un papel interno: el Art. 12 numeral 9 de la Ley obliga a informar al titular la identidad y los datos de contacto del delegado cuando corresponda. La designación es pública por diseño.
En el sector público el régimen es distinto en dos puntos: el Art. 49 del Reglamento dispone que el delegado será designado por la máxima autoridad institucional, y el Art. 56 señala que la Autoridad de Protección de Datos Personales definirá las incompatibilidades para cada caso en particular.
Si ya designó a un socio, a un gerente o a un familiar, la designación no cumple.El Art. 68 num. 12 sanciona como grave no designar al delegado cuando corresponde, y una designación impedida equivale a no tenerlo.
Los cuatro requisitos para serlo
Respuesta rápida: el Art. 55 del Reglamento exige estar en goce de los derechos políticos, ser mayor de edad, tener título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación o de Tecnologías, y acreditar al menos cinco años de experiencia profesional.
El tercer requisito es el que descarta a la segunda opción que suelen considerar las empresas: el encargado de sistemas. Si no tiene título de tercer nivel en una de las cuatro áreas, no puede ser delegado por mucho que conozca la infraestructura. Y el cuarto descarta al profesional recién titulado, aunque sea abogado.
- Estar en goce de los derechos políticos
Requisito de habilidad general. Se acredita con el certificado correspondiente.
- Ser mayor de edad
Sin excepciones ni matices.
- Título de tercer nivel en una de cuatro áreas
Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación, o de Tecnologías. La norma no admite áreas equivalentes por analogía: un administrador de empresas o un ingeniero industrial no califican por este numeral.
- Acreditar al menos cinco años de experiencia profesional
Se acredita, no se declara. La redacción es “acreditar experiencia profesional de por lo menos cinco años”, lo que supone respaldo documental del ejercicio.
El propio Art. 55 abre la puerta a más exigencias: los cuatro requisitos operan “sin perjuicio de otros requisitos que establezca la Autoridad de Protección de Datos Personales”. Lo mismo hace el Art. 56 con los impedimentos.
Título de tercer nivel en una de cuatro áreas, y cinco años acreditados.Si la persona que tenía en mente no reúne los dos requisitos del Art. 55, la designación no cumple y el Art. 68 num. 12 sigue configurado.
El delegado responde administrativa, civil y penalmente
Respuesta rápida: el Art. 49 de la Ley cierra con una frase que cambia por completo la conversación sobre a quién designar: “En caso de incumplimiento de sus funciones, el delegado de protección de datos personales responderá administrativa, civil y penalmente, de conformidad con la ley”.
Es responsabilidad personal, y no se limita a lo administrativo. Esto tiene dos consecuencias prácticas que conviene entender antes de firmar un nombramiento.
La primera es para la empresa: nadie serio acepta el cargo sin las condiciones para ejercerlo. Un delegado nombrado sin acceso a la información, sin presupuesto y sin interlocución con la gerencia es un delegado que va a renunciar o que va a documentar por escrito todo lo que le impidieron hacer. Y ese expediente interno se convierte en prueba si después hay un procedimiento.
La segunda es para la persona designada: aceptar el cargo como un favor al jefe, sin recursos y sin independencia real, es asumir responsabilidad administrativa, civil y penal por un incumplimiento que no está en condiciones de evitar.
El Art. 48 del Reglamento permite que el delegado realice otras actividades relacionadas que le encomiende el responsable, pero con dos condiciones expresas: que no supongan o exijan una preparación diversa y que no exista conflicto con las responsabilidades previamente adquiridas.
En la práctica eso significa que el nombramiento tiene que delimitar qué hace el delegado, qué no hace, a qué información accede y ante quién reporta. Un nombramiento de una línea reparte la responsabilidad sin repartir los medios.
La responsabilidad del delegado es personal y llega a lo penal
En la consulta revisamos si su empresa está obligada, quién puede y quién no puede ser designado, y redactamos el nombramiento con alcance, límites, acceso a información y línea de reporte. Si la figura conviene externalizarla, definimos cómo.
Interno o externo: la ley permite las dos
Respuesta rápida: el Art. 49 del Reglamento dispone que el delegado podrá ser contratado bajo relación de dependencia o a través de un contrato de prestación de servicios, y que en cualquiera de los dos casos debe respetarse y garantizarse que los servicios se presten de manera independiente.
La elección no es solo de costo. Las dos modalidades resuelven distinto los tres problemas que el régimen plantea: los impedimentos del Art. 56, los requisitos del Art. 55 y la independencia del Art. 48.
| Criterio | Delegado interno | Delegado externo |
|---|---|---|
| Impedimentos del Art. 56 | Hay que verificar que no sea socio, administrador, cónyuge ni pariente hasta el cuarto grado; en empresa familiar casi nadie pasa el filtro | No concurre ninguno de los tres primeros impedimentos por definición |
| Requisitos del Art. 55 | El empleado disponible rara vez tiene título de tercer nivel en una de las cuatro áreas y cinco años acreditados | Se contrata ya acreditado |
| Independencia del Art. 48 | Difícil de sostener frente a quien decide su sueldo y su permanencia | Estructural: la relación es de prestación de servicios |
| Protección del Art. 51 del Reglamento | No se le puede sancionar ni remover por sus funciones, lo que convierte un despido posterior en un riesgo adicional | La relación se rige por el contrato, sin ese efecto laboral |
| Conocimiento del negocio | Alto desde el primer día | Requiere una etapa inicial de levantamiento |
Para grupos de empresas hay una tercera salida. El Art. 50 del Reglamento permite a los grupos empresariales designar un único delegado de protección de datos, en la medida en que pueda ejecutar sus actividades y sin que esto genere conflicto de intereses. Las dos condiciones son reales: un solo delegado para ocho compañías con operaciones distintas puede no cumplir ninguna de las dos.
Juristam asume la función de delegado de protección de datos bajo contrato de prestación de servicios, que es la modalidad que el Art. 49 del Reglamento contempla expresamente. Eso resuelve de entrada los impedimentos del Art. 56, los requisitos de título y experiencia del Art. 55 y la independencia que exige el Art. 48, y deja a la empresa las obligaciones de soporte del Art. 50 de la Ley, que son las que sí le corresponden a ella.
En la consulta determinamos primero si usted está obligado, porque si no lo está, designar es una decisión de conveniencia y no de cumplimiento, y eso cambia el alcance de todo lo demás.
El Art. 49 del Reglamento permite el delegado externo por contrato de prestación de servicios.Es la vía que resuelve los impedimentos, el título, los cinco años de experiencia y la independencia de una sola vez.
La independencia no es un adjetivo: es una lista de obligaciones
Respuesta rápida: el Art. 50 de la Ley impone siete obligaciones al responsable y al encargado para que el delegado pueda ejercer. Incumplirlas no es un detalle de organización interna: es lo que hace que la designación sea nominal y, por tanto, inútil como defensa.
El Art. 48 del Reglamento fija el estándar: el delegado desempeñará sus funciones “de manera profesional, con total independencia del responsable y del encargado”, quienes están obligados a facilitar la asistencia, recursos y elementos que les sean oportunamente requeridos. Y añade que corresponderá a la Autoridad emitir la normativa que garantice esa independencia.
El Art. 50 de la Ley traduce eso en obligaciones concretas:
- Participación apropiada y oportuna del delegado en todas las cuestiones relativas a la protección de datos. No se le llama cuando el problema ya ocurrió.
- Acceso a los datos personales de las operaciones de tratamiento y a todos los recursos y elementos necesarios para el correcto y libre desempeño de sus funciones.
- Capacitación y actualización en la materia, conforme a la normativa técnica que emita la Autoridad.
- Prohibición de destituir o sancionar al delegado por el correcto desempeño de sus funciones.
- Relación directa con el más alto nivel ejecutivo y de decisión del responsable y con el encargado. No reporta al área de sistemas ni a un jefe intermedio.
- Contacto disponible para el titular, que podrá dirigirse al delegado en relación con el tratamiento de sus datos a fin de ejercer sus derechos.
- Confidencialidad estricta respecto de la ejecución de sus funciones.
El sexto punto conecta con algo operativo que suele faltar: si el titular puede contactar al delegado para ejercer sus derechos, ese canal tiene que existir y estar publicado. Es la misma exigencia que el Art. 12 del Reglamento impone para el ejercicio de derechos en general, y de ahí sale el plazo de quince días que explica la guía de solicitudes de titulares.
El Art. 57 del Reglamento obliga al delegado a suscribir un acuerdo de confidencialidad sobre la información que conozca o a la que pueda acceder por el cargo, y deja a las partes libertad para acordar sus términos. Pero pone un límite expreso: “en ningún caso tales documentos podrán limitar el acceso del delegado a la información que estime necesaria para el desempeño de su función”.
El mismo artículo añade que el incumplimiento del acuerdo está sujeto a las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, y que el deber de confidencialidad subsiste incluso una vez concluida la relación jurídica con el responsable o encargado.
No se le puede sancionar ni remover por hacer su trabajo
Respuesta rápida: el Art. 51 del Reglamento prohíbe aplicar sanciones al delegado por desempeñar y cumplir sus funciones. Y si lo sancionan o lo remueven por eso, el delegado puede poner el hecho en conocimiento de la Autoridad, que valorará las circunstancias de la desvinculación y validará las sanciones que correspondan.
Esta norma cambia el cálculo de riesgo de la designación interna, y conviene verla con claridad antes de nombrar a un empleado. El responsable y el encargado “deberán respetar el trabajo que ejecute el delegado”, y la remoción o sanción por motivo de la ejecución de sus funciones habilita una denuncia ante la Autoridad, sin perjuicio de las acciones legales o judiciales a que hubiere lugar por parte del delegado perjudicado.
El mismo artículo anuncia que la Autoridad establecerá el procedimiento de denuncia y las sanciones correspondientes para los casos de remoción o sanción injustificadas.
Una empresa designa delegado al jefe de sistemas. El delegado hace su trabajo: informa por escrito que no hay registro de actividades de tratamiento, que la base de marketing se armó con listados comprados y que tres proveedores acceden a datos sin contrato. La gerencia no actúa. Meses después hay una reestructuración y el delegado sale.
Ese expediente interno existe, el Art. 51 le da una vía de denuncia ante la Autoridad, y el ex delegado tiene un interés propio en usarla. La designación interna hecha sin intención de darle medios no reduce el riesgo: lo documenta y le crea un testigo calificado.
Un delegado interno sin medios no reduce el riesgo: lo documenta.Y el Art. 51 del Reglamento le da una vía de denuncia ante la Autoridad si después lo sancionan o lo remueven por ejercer sus funciones.
Qué hace realmente el delegado
Respuesta rápida: el Art. 49 de la Ley le asigna cinco funciones: asesorar, supervisar el cumplimiento, asesorar en análisis de riesgo y evaluación de impacto, cooperar con la Autoridad como punto de contacto, y las demás que esta establezca para categorías especiales de datos.
La cuarta es la que más valor operativo tiene y la que más se subestima. El delegado es el punto de contacto con la Autoridad en las cuestiones referentes al tratamiento de datos. Eso significa que, cuando llega un requerimiento, hay un interlocutor designado con la información en la mano, en lugar de una gerencia reuniendo documentos a contrarreloj. Cómo se contesta ese requerimiento está en la guía del oficio de la Superintendencia.
La tercera función lo conecta con dos obligaciones que tienen su propio numeral sancionatorio. Asesorar en el análisis de riesgo, la evaluación de impacto y la evaluación de medidas de seguridad, y supervisar su aplicación, es el trabajo que evita las infracciones graves del Art. 68 numerales 4, 5 y 6: no usar metodologías de análisis y gestión de riesgos, no realizar evaluaciones de impacto cuando eran necesarias, y no implementar medidas para prevenir vulneraciones.
Y la segunda, supervisar el cumplimiento, es la que en la práctica mantiene vivos el registro de actividades de tratamiento y el registro de solicitudes del Art. 15 del Reglamento, que son los dos documentos que se piden primero en cualquier control.
Un delegado sin medios no reduce riesgo: lo deja documentado
En la consulta definimos si la obligación le aplica, quién puede ejercerla, qué alcance tiene el nombramiento y qué obligaciones de soporte del Art. 50 de la Ley tiene que cumplir la empresa. Y si conviene la figura externa, cómo queda el contrato.
Grupos, suplente y designación voluntaria
Respuesta rápida: un grupo empresarial puede tener un solo delegado (Art. 50 del Reglamento), cualquier empresa puede designar un suplente, y quien no está obligado puede designar voluntariamente como medida de responsabilidad proactiva (Art. 52).
El Art. 52 del Reglamento contempla dos figuras útiles. La primera: los responsables o encargados que no se encuentren dentro de las categorías de obligados podrán designar delegado “de manera voluntaria como un mecanismo de buena práctica y como parte de las medidas de responsabilidad proactiva a adoptar”. Para una empresa en zona gris del segundo supuesto del Art. 48, designar voluntariamente cierra la discusión antes de que la abra la Superintendencia.
La segunda: en atención a sus necesidades institucionales, los responsables y encargados podrán designar un delegado suplente, que actuará en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo del primero. Es la respuesta al problema práctico de que el delegado se enferme, salga de vacaciones o renuncie justo cuando llega un requerimiento con término de diez días.
Lo que cuesta no designarlo
Respuesta rápida: el Art. 68 numeral 12 de la Ley califica como infracción grave no designar al delegado de protección de datos personales cuando corresponde. La multa de las graves va del 0,7% al 1% del volumen de negocio del ejercicio inmediatamente anterior.
El Art. 73 define esa base: el importe de la venta de productos y de la prestación de servicios realizados por operadores económicos durante el último ejercicio que corresponda a sus actividades, previa deducción del Impuesto al Valor Agregado y de otros impuestos directamente relacionados con la operación económica.
| Facturación del año anterior | Multa por no designar (0,7% – 1%) |
|---|---|
| USD 300.000 | USD 2.100 – 3.000 |
| USD 1.000.000 | USD 7.000 – 10.000 |
| USD 5.000.000 | USD 35.000 – 50.000 |
| USD 20.000.000 | USD 140.000 – 200.000 |
Rangos calculados aplicando el porcentaje del Art. 72 de la Ley sobre el volumen de negocio definido en el Art. 73. Son ilustrativos: la graduación concreta depende de los presupuestos del Art. 71 y de la metodología que la Superintendencia aplique en cada caso.
Hay además un efecto de segundo orden que conviene pesar. Como la infracción es grave, el Art. 66 numeral 2 de la Ley obliga a la Autoridad a aplicar en primera instancia medidas correctivas y a sancionar solo si se cumplen de forma tardía, parcial o defectuosa. Para esta infracción en concreto, la medida correctiva es sencilla de cumplir: designar al delegado. Lo que no se puede improvisar es designar a alguien que supere los impedimentos del Art. 56 y los requisitos del Art. 55 en el plazo que la medida conceda. Ese es el escenario que conviene no tener que resolver con el reloj corriendo, y el camino completo está en la guía de impugnación de la sanción.
Los seis errores que invalidan una designación
- Designar a un socio o a un administrador
Los numerales 1 y 2 del Art. 56 del Reglamento lo impiden. Una designación impedida equivale, para efectos prácticos, a no tener delegado.
- Designar a un familiar del gerente o del director
El numeral 3 alcanza al cónyuge y a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, lo que incluye primos, tíos, sobrinos, cuñados y suegros.
- Designar al encargado de sistemas sin título de tercer nivel
El Art. 55 numeral 3 exige título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación o de Tecnologías, y el numeral 4 exige acreditar cinco años de experiencia profesional.
- Nombrarlo sin darle acceso ni recursos
El Art. 48 del Reglamento obliga a facilitar la asistencia, recursos y elementos requeridos, y el Art. 50 de la Ley detalla siete obligaciones de soporte. Sin ellas la designación es nominal.
- Dejarlo reportando al área de sistemas
El Art. 50 numeral 5 de la Ley exige que el delegado mantenga relación directa con el más alto nivel ejecutivo y de decisión del responsable y con el encargado.
- No publicar su contacto
El Art. 12 numeral 9 de la Ley obliga a informar al titular la identidad y los datos de contacto del delegado cuando corresponda, y el Art. 50 numeral 6 reconoce al titular el derecho de contactarlo para ejercer sus derechos.
Por qué la designación la revisa un abogado
Porque el error más común no es no designar: es designar mal. Una empresa que nombró delegado a su socio minoritario cree que cumplió, no tiene el incumplimiento en su radar y se va a enterar cuando llegue un requerimiento. Y a esa altura el Art. 68 numeral 12 ya está configurado, con la banda del 0,7% al 1% de la facturación del año anterior.
Porque la designación es un acto con consecuencias personales para quien la acepta. El Art. 49 de la Ley establece que el delegado responde administrativa, civil y penalmente por el incumplimiento de sus funciones. Nombrar a un empleado sin explicarle eso, sin delimitar su alcance y sin darle los medios del Art. 50 es trasladarle una responsabilidad que no puede cumplir, y el Art. 51 del Reglamento le da una vía de denuncia ante la Autoridad si después lo sancionan o lo remueven por ejercerla.
Y porque la primera pregunta sigue siendo si la obligación le aplica. El segundo supuesto del Art. 48 de la Ley, desarrollado por el Art. 53 del Reglamento, es lo bastante amplio para alcanzar a cualquier empresa con tratamiento organizado y recurrente, y lo bastante indeterminado para que valga la pena resolverlo con un criterio escrito. Para eso existe la consulta vinculante del Art. 53.
Determinamos si su empresa cae en alguno de los cuatro supuestos del Art. 48 de la Ley, aplicando los test de permanencia y sistematización del Art. 53 del Reglamento. Revisamos si quien está designado, o quien se pensaba designar, supera los impedimentos del Art. 56 y los requisitos del Art. 55. Redactamos el nombramiento con alcance, límites, acceso a información y línea de reporte, y el acuerdo de confidencialidad del Art. 57 sin cláusulas que limiten su acceso. Definimos el canal de contacto del titular y lo que debe decir la información del Art. 12. Y si la figura conviene externalizarla, la asumimos bajo contrato de prestación de servicios como permite el Art. 49 del Reglamento.
Designar mal cuesta lo mismo que no designar
Revisamos si está obligado, quién puede serlo en su caso concreto y cómo queda el nombramiento. Si la vía es el delegado externo, le explicamos cómo funciona y qué queda a cargo de la empresa.
Preguntas frecuentes
¿Mi empresa está obligada a tener un delegado de protección de datos?
El Art. 48 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales obliga en cuatro casos: cuando el tratamiento lo lleva a cabo quien conforma el sector público según el Art. 225 de la Constitución; cuando las actividades requieren un control permanente y sistematizado por su volumen, naturaleza, alcance o finalidades del tratamiento; cuando se refiere al tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos; y en el cuarto supuesto relativo a datos no reservados ni secretos de seguridad nacional y defensa del Estado. El segundo es el que alcanza a la mayoría de empresas privadas, y el Art. 53 del Reglamento explica cómo se mide. Ver si está obligado.
¿Puede ser mi socio el delegado de protección de datos?
No. El Art. 56 numeral 2 del Reglamento prohíbe expresamente que sean delegados los socios o accionistas del responsable y del encargado, sin importar el tamaño de la participación. El numeral 1 excluye además a quienes forman parte de los órganos de administración y control, es decir gerente general, gerentes, directorio y comisarios. Y el numeral 3 alcanza a los cónyuges de los administradores, directores o comisarios y a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Ver quién no puede ser delegado.
¿Puede ser mi encargado de sistemas?
Solo si cumple los cuatro requisitos del Art. 55 del Reglamento: estar en goce de los derechos políticos, ser mayor de edad, tener título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación o de Tecnologías, y acreditar experiencia profesional de por lo menos cinco años. El tercer requisito es el que descarta a la mayoría de los perfiles técnicos sin titulación de tercer nivel, y el cuarto al profesional recién titulado. Y además no debe estar impedido por el Art. 56.
¿Qué pasa si no designo delegado estando obligado?
El Art. 68 numeral 12 de la Ley califica como infracción grave no designar al delegado de protección de datos personales cuando corresponde. La multa de las infracciones graves, según el Art. 72, va del 0,7% al 1% del volumen de negocio del ejercicio económico inmediatamente anterior para organizaciones privadas, base que el Art. 73 define como el importe de la venta de productos y de la prestación de servicios, previa deducción del Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos directamente relacionados. Por ser grave, el Art. 66 numeral 2 obliga a la Autoridad a aplicar primero medidas correctivas y a sancionar solo si se cumplen de forma tardía, parcial o defectuosa. Ver lo que cuesta no designarlo.
¿El delegado tiene que ser empleado de la empresa?
No. El Art. 49 del Reglamento dispone que el delegado podrá ser contratado por el responsable del tratamiento bajo la figura de relación de dependencia o a través de un contrato de prestación de servicios, y que en cualquiera de los dos casos deberá respetarse y garantizarse que los servicios se presten de manera independiente. En las instituciones del sector público el delegado es designado por la máxima autoridad institucional. Ver interno o externo.
¿El delegado responde personalmente si algo sale mal?
Sí. El Art. 49 de la Ley cierra señalando que, en caso de incumplimiento de sus funciones, el delegado de protección de datos personales responderá administrativa, civil y penalmente, de conformidad con la ley. Por eso el nombramiento debe delimitar el alcance de la función y la empresa debe cumplir las siete obligaciones de soporte del Art. 50 de la Ley, entre ellas facilitar el acceso a los datos y a todos los recursos necesarios y garantizar la relación directa con el más alto nivel ejecutivo y de decisión. Ver la responsabilidad del delegado.
¿Puedo despedir al delegado si no estoy de acuerdo con lo que dice?
El Art. 51 del Reglamento dispone que el responsable y el encargado deberán respetar el trabajo que ejecute el delegado y que no se aplicarán sanciones por el hecho de desempeñar y cumplir sus funciones. Si el delegado es sancionado o removido por motivo de la ejecución de sus funciones, podrá poner ese hecho en conocimiento de la Autoridad de Protección de Datos Personales, que valorará las circunstancias en las que se produjo la desvinculación o sanción y validará las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las acciones legales o judiciales del delegado perjudicado. El Art. 50 numeral 4 de la Ley lo repite como obligación del responsable. Ver la prohibición de sancionarlo.
Tengo varias empresas. ¿Necesito un delegado para cada una?
El Art. 50 del Reglamento permite a los grupos empresariales designar a un único delegado de protección de datos personales, con dos condiciones: en la medida en que pueda ejecutar sus actividades y sin que esto genere conflicto de intereses. Las dos condiciones son sustantivas, no formales: un solo delegado para un grupo con muchas compañías y operaciones distintas puede no estar en condiciones de ejecutar sus funciones en todas, y un delegado vinculado a una de las empresas del grupo puede tener conflicto frente a las demás.
No estoy obligado. ¿Igual me conviene designarlo?
El Art. 52 del Reglamento contempla justamente ese caso: los responsables o encargados que no se encuentren dentro de las categorías de obligados podrán designar delegado de manera voluntaria, como un mecanismo de buena práctica y como parte de las medidas de responsabilidad proactiva. Para una empresa que está en la zona gris del segundo supuesto del Art. 48, designar voluntariamente cierra la discusión. El mismo artículo permite además designar un delegado suplente, que actuará en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo del primero.
¿Tengo que publicar quién es mi delegado?
Sí, cuando corresponda. El Art. 12 de la Ley, que regula el derecho a la información del titular, incluye entre sus catorce puntos la identidad y los datos de contacto del delegado de protección de datos cuando corresponda. Y el Art. 50 numeral 6 reconoce al titular el derecho de contactar al delegado en relación con el tratamiento de sus datos a fin de ejercer sus derechos, lo que supone que ese canal exista y esté disponible. El plazo para atender esas solicitudes es de quince días, y está explicado en la guía de solicitudes de titulares.
Fuentes y referencias
- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Quinto Suplemento del Registro Oficial 459 de 26 de mayo de 2021: Art. 12 num. 9 (deber de informar al titular la identidad y los datos de contacto del delegado cuando corresponda), Art. 47 (obligaciones del responsable y del encargado del tratamiento), Art. 48 (cuatro supuestos en los que se designará delegado: sector público conforme al Art. 225 de la Constitución, control permanente y sistematizado por volumen, naturaleza, alcance o finalidades, tratamiento a gran escala de categorías especiales, y el cuarto supuesto relativo a datos no reservados ni secretos de seguridad nacional y defensa; y facultad de la Autoridad de definir nuevas condiciones), Art. 49 (cinco funciones y atribuciones del delegado: asesorar, supervisar el cumplimiento, asesorar en análisis de riesgo, evaluación de impacto y evaluación de medidas de seguridad y supervisar su aplicación, cooperar con la Autoridad y actuar como punto de contacto, y las demás que establezca la Autoridad; y responsabilidad administrativa, civil y penal del delegado por el incumplimiento de sus funciones), Art. 50 (siete obligaciones del responsable y del encargado: participación apropiada y oportuna, acceso a los datos y a todos los recursos necesarios, capacitación y actualización, prohibición de destituir o sancionar por el correcto desempeño, relación directa con el más alto nivel ejecutivo y de decisión, contacto disponible para el titular y confidencialidad estricta; y posibilidad de desempeñar otras funciones sin conflicto), Art. 66 (aplicación de medidas correctivas en primera instancia ante infracción grave), Art. 68 num. 4, 5, 6 y 12 (infracciones graves, entre ellas no designar al delegado cuando corresponde), Art. 71 (presupuestos de graduación), Art. 72 (multa del 0,7% al 1% del volumen de negocio) y Art. 73 (volumen de negocio como venta de productos y prestación de servicios del último ejercicio, previa deducción del Impuesto al Valor Agregado y de otros impuestos directamente relacionados).
- Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Decreto Ejecutivo 904 de 6 de noviembre de 2023: Art. 15 (registro de solicitudes de ejercicio de derechos), Art. 48 (definición del delegado como persona natural que asesora, vela y supervisa de manera independiente; posibilidad de encomendarle otras actividades siempre que no supongan preparación diversa ni conflicto con responsabilidades previamente adquiridas; desempeño con total independencia y obligación del responsable y del encargado de facilitar asistencia, recursos y elementos requeridos), Art. 49 (contratación bajo relación de dependencia o contrato de prestación de servicios, con garantía de independencia; designación por la máxima autoridad institucional en el sector público), Art. 50 (delegado único para grupos empresariales, en la medida en que pueda ejecutar sus actividades y sin conflicto de intereses), Art. 51 (prohibición de sancionar al delegado por el desempeño de sus funciones, puesta en conocimiento de la Autoridad en caso de sanción o remoción por esa causa, y anuncio del procedimiento de denuncia), Art. 52 (designación voluntaria como buena práctica y medida de responsabilidad proactiva, y delegado suplente), Art. 53 (criterios para determinar el control permanente y el control sistematizado, y consulta a la Autoridad cuya decisión es de cumplimiento obligatorio para los consultantes), Art. 54 (factores para determinar el tratamiento a gran escala de categorías especiales), Art. 55 (cuatro requisitos: goce de derechos políticos, mayoría de edad, título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación o de Tecnologías, y acreditar al menos cinco años de experiencia profesional), Art. 56 (cuatro impedimentos: órganos de administración y control, socios o accionistas, cónyuges de administradores, directores o comisarios y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y conflicto de intereses; e incompatibilidades definidas caso a caso en el sector público), Art. 57 (acuerdo de confidencialidad, prohibición de limitar por esa vía el acceso del delegado a la información que estime necesaria, responsabilidades civiles y penales por incumplimiento y subsistencia del deber tras concluir la relación jurídica) y Arts. 38 y 39 (registro de actividades de tratamiento y su extensión).
- Constitución de la República del Ecuador: Art. 225 (integración del sector público), referido por el Art. 48 num. 1 de la Ley.
- Código Orgánico Administrativo, Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017: Arts. 224 y 229 (término de diez días para impugnar y petición de no ejecución dentro de tres días) y Art. 252 (efecto de no contestar el acto de inicio en el término de diez días).
- Superintendencia de Protección de Datos Personales: resoluciones de procedimientos administrativos sancionatorios publicadas en su portal institucional, y Resolución SPDP-SPD-2025-0022-R de 16 de julio de 2025, con la metodología para el cálculo de las multas aplicables a infracciones leves y graves.
