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Derecho CorporativoProtección de datosProcedimiento sancionatorio Actualización: octubre 2026

Oficio de datos: su silencio se vuelve la sanción

Me llegó un oficio de la Superintendencia de Protección de Datos: qué contestar, en qué plazo y cuál es la salida antes de la multa.

Categoría: Derecho Corporativo · Por

J
Equipo Editorial · Juristam Abogados especializados en defensa en procedimientos administrativos sancionatorios ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales, respuesta a requerimientos de control y cumplimiento de medidas correctivas. Contenido basado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su Reglamento General y el Código Orgánico Administrativo.

Llegó el oficio: lo que decide el caso son estos diez días

Respuesta rápida: identifique qué documento le llegó, porque no todos son una sanción. Si es un acto de inicio y no lo contesta en el término de diez días, el Código Orgánico Administrativo convierte ese acto en el dictamen que lo declara responsable. Y si la infracción es grave, la ley obliga a la Superintendencia a dictar primero medidas correctivas: cumplirlas bien y a tiempo es la salida que evita la multa.

El marco completo de obligaciones y multas está en la guía de protección de datos para empresas. Esta guía resuelve una sola situación: el oficio que ya está en su escritorio.

Lo primero que hay que deshacer es el reflejo. La reacción habitual es llamar a sistemas, reunir al equipo y mandar lo que se tenga a mano para demostrar buena fe. Eso suele ser el peor movimiento posible, porque todo lo que entra al expediente queda en el expediente, y porque la Superintendencia no necesita su colaboración para probar el caso: la necesita para probarlo más rápido.

⚠ El silencio no archiva el caso: lo resuelve en contra

El Art. 252 del Código Orgánico Administrativo dispone que, en caso de que el inculpado no conteste el acto administrativo de inicio en el término de diez días, este se considerará como el dictamen previsto en el Código, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

Traducido: la acusación pasa a valer como conclusión del instructor. No hay que probarle nada más. Por eso el término de diez días no es un plazo administrativo cualquiera: es el único momento del procedimiento en que la versión de su empresa entra al expediente en igualdad de condiciones.

  1. Lea el encabezado y clasifique el documento

    No es lo mismo una actuación previa que un requerimiento de información, unas medidas correctivas o un acto de inicio de procedimiento sancionatorio. Cada uno tiene plazo propio y consecuencia propia, y el nombre no siempre está en el asunto del oficio.

  2. Anote la fecha de notificación, no la de recepción interna

    El término corre desde la notificación. Si llegó al correo institucional un viernes y usted lo vio el miércoles, ya consumió cuatro días. Esa fecha es el primer dato del caso.

  3. No conteste nada todavía

    Ni por teléfono, ni por correo, ni “solo para ganar tiempo”. El Art. 256 del Código Orgánico Administrativo pone la carga de la prueba en la administración pública. Una respuesta informal puede entregarle gratis la prueba que le faltaba.

  4. Reúna lo que exista, por separado del oficio

    Políticas de privacidad, registro de actividades de tratamiento, registro de solicitudes de titulares, contratos con proveedores, designación del delegado si la hay. Lo que exista se inventaría; lo que no exista se anota como vacío, porque de eso depende la estrategia.

  5. Determine si hay margen para corregir antes de resolver

    Es el paso que cambia el resultado y el que casi nadie da. El Art. 253 del Código Orgánico Administrativo establece que si el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente, puede obtener las reducciones o las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.

El término corre desde la notificación, no desde que se reunió el equipo

En la consulta identificamos qué documento le llegó, cuántos días reales le quedan, qué conviene contestar y qué no, y si su caso admite la vía de las medidas correctivas en lugar de la multa. Revisamos el oficio y le decimos qué se presenta y en qué orden.

Diagnóstico · 40 segundos

¿Qué le llegó y cuántos días le quedan?

Cuatro preguntas sobre el documento, la fecha de notificación, lo que ya respondió y lo que tiene documentado. El resultado indica qué término le corre y qué vía conviene.

1. ¿Qué dice el documento que recibió?

No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.

Qué le llegó exactamente: cuatro documentos distintos

Respuesta rápida: la Superintendencia actúa por etapas. Una actuación previa no es un expediente; un requerimiento de información tampoco. Las medidas correctivas son una oportunidad, y el acto de inicio ya es el procedimiento sancionatorio. Confundirlos hace que se conteste de más o de menos.

DocumentoQué esQué está en juego
Actuación previaEl Art. 63 de la Ley permite a la Autoridad iniciar, de oficio o a petición del titular, actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso o la conveniencia de iniciar el procedimientoTodavía no hay expediente sancionatorio. Lo que se diga aquí condiciona si se abre
Requerimiento de informaciónPedido de documentos y explicaciones en ejercicio del control del Art. 76 num. 1 de la Ley; los procedimientos de control se rigen por el Código Orgánico Administrativo según el Art. 82 del ReglamentoNo contestar o no facilitar la documentación tiene consecuencia propia
Medidas correctivasEl Art. 65 de la Ley faculta a dictar el cese del tratamiento, la eliminación de los datos o la imposición de medidas técnicas, jurídicas, organizativas o administrativasEs la salida. Cumplirlas bien y a tiempo puede evitar la sanción
Acto de inicio del procedimiento sancionatorioEl acto del Art. 251 del Código Orgánico Administrativo, que debe identificar al presunto responsable, relatar los hechos, su posible calificación y las sanciones que puedan corresponderDiez días de término. El silencio se convierte en dictamen
El acto de inicio tiene contenido tasado, y eso le sirve

El Art. 251 del Código Orgánico Administrativo fija cuatro contenidos mínimos: la identificación del presunto responsable o el modo de identificarlo; la relación de los hechos sucintamente expuestos, su posible calificación y las sanciones que puedan corresponder; el detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para esclarecer el hecho; y la determinación del órgano competente para resolver, con la norma que le atribuya esa competencia.

Un acto de inicio que no dice qué hechos concretos se imputan, ni cómo los califica, ni qué sanción podría corresponder, es un acto con un defecto que se alega en la contestación. Lo mismo ocurre si no informa al inculpado de su derecho a formular alegaciones y de los plazos para ejercerlo, que el mismo artículo exige.

Hay una razón estructural por la que esto importa. El Art. 248 del mismo Código exige que en los procedimientos sancionadores se disponga la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, y que en ningún caso se imponga una sanción sin que se haya tramitado el procedimiento. No son formalidades: son los dos argumentos de nulidad que más veces salvan un expediente mal armado.

¿No sabe si lo que le llegó es un requerimiento o ya es el procedimiento sancionatorio?De eso depende si tiene diez días de término o margen para negociar medidas correctivas. Lo definimos leyendo el oficio.

Los diez días: qué se presenta y qué no

Respuesta rápida: el Art. 255 del Código Orgánico Administrativo le da al inculpado un término de diez días para alegar, aportar documentos o información y solicitar la práctica de diligencias probatorias. Esa última facultad es la que casi nadie usa y la que más mueve el expediente.

El escrito de contestación no es una carta explicando que la empresa siempre ha actuado de buena fe. Es un acto procesal con cuatro funciones distintas, y conviene separarlas:

  1. Negar o precisar los hechos

    Hecho por hecho, no en bloque. El acto de inicio relata hechos; la contestación dice cuáles son exactos, cuáles son inexactos y cuáles no constan probados. Lo que no se discute se tiene por aceptado en la práctica.

  2. Discutir la calificación

    Un mismo hecho puede encajar en el Art. 67, que son las leves, o en el Art. 68, que son las graves, y entre una banda y otra hay una diferencia de porcentaje directa sobre la facturación. Una buena parte de la defensa consiste en recalificar, no en negar.

  3. Solicitar diligencias probatorias

    Es la facultad expresa del Art. 255. Pedir que se practique una inspección, que se requiera un informe técnico o que se recabe un documento que está en poder de un tercero no solo aporta prueba: también deja constancia de lo que la administración no practicó.

  4. Acreditar la corrección de la conducta

    Si entre la notificación y la contestación la empresa corrigió algo, eso se acredita en el expediente. El Art. 253 conecta esa acreditación con las reducciones o exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Lo que no conviene poner en la contestación

Una contestación que explica de más se convierte en el insumo de un segundo expediente. Si el oficio pregunta por la base legal de un tratamiento y la respuesta cuenta además que la empresa nunca designó delegado, que no tiene registro de actividades y que comparte datos con tres proveedores sin contrato, acaba de documentar tres infracciones graves que nadie le había imputado: los numerales 12, 10 y 9 del Art. 68.

La regla práctica es simple: se contesta lo imputado, con precisión, y no se abre ningún frente que el oficio no haya abierto.

La contestación se escribe una sola vez y queda en el expediente

En la consulta definimos qué hechos se niegan, qué calificación se discute, qué diligencias conviene pedir y qué correcciones se acreditan. Revisamos el oficio, el acervo documental que exista y le entregamos la línea de defensa antes de que se venzan los diez días.

La carga de la prueba no es suya

Respuesta rápida: el Art. 256 del Código Orgánico Administrativo dispone que en el procedimiento administrativo sancionador la carga de la prueba corresponde a la administración pública, salvo en lo que respecta a los eximentes de responsabilidad. Es el principio que más se desperdicia por contestar de más.

Pero hay una excepción silenciosa que conviene entender, porque en materia de protección de datos vacía buena parte de esa ventaja. El Art. 36 del Reglamento establece el deber de demostrar: no basta haber aplicado medidas de protección, hay que poder acreditar que se aplicaron. Cuando la imputación es “no implementó medidas”, la prueba de que sí se implementaron solo puede venir de su empresa.

Eso divide las imputaciones en dos grupos, y la defensa es distinta en cada uno:

Tipo de imputaciónQuién debe probarQué hace la defensa
Hizo algo indebido: cedió datos sin requisitos, usó los datos para otro fin, trató datos sin base legalLa Superintendencia, por el Art. 256 del Código Orgánico AdministrativoExigir la prueba, discutir su suficiencia y no aportar lo que no se le pidió
No hizo algo debido: no implementó medidas, no designó delegado, no llevó registro, no notificóLa empresa en la práctica, por el deber de demostrar del Art. 36 del ReglamentoAcreditar lo que exista, con fechas, y encauzar lo que falte por la vía de las medidas correctivas

Por eso el inventario documental que se arma en los primeros días decide la estrategia completa. Si existe registro de actividades de tratamiento, política de privacidad vigente y registro de solicitudes de titulares, la defensa es de fondo. Si no existe nada de eso, la defensa realista pasa por el camino que la propia ley abre antes de la multa.

El inventario de lo que existe decide la estrategia, y se arma en los primeros días.Con respaldo documental se pelea el fondo. Sin respaldo, la vía es corregir y acreditarlo antes de la resolución.

La salida que la ley abre antes de la multa

Respuesta rápida: el Art. 66 de la Ley manda que, ante el presunto cometimiento de una infracción grave, la Autoridad aplique en primera instancia medidas correctivas. Solo si esas medidas se cumplen de forma tardía, parcial o defectuosa activa el procedimiento sancionatorio. Cumplirlas bien y a tiempo es, literalmente, la diferencia entre corregir y pagar.

Esta es la pieza del régimen ecuatoriano que más se desconoce y la que más valor tiene cuando el oficio ya llegó. El Art. 66 fija tres reglas distintas según la gravedad, y no son equivalentes:

Gravedad presuntaQué hace la SuperintendenciaMargen de la empresa
Leve, estando ya en el Registro Único de incumplidosActiva directamente el procedimiento sancionatorio, haciendo constar en la resolución tanto las medidas correctivas como la sanciónMínimo. La defensa es de fondo y de calificación
GraveAplica en primera instancia medidas correctivas. Solo si se cumplen tarde, parcial o defectuosamente, sancionaAmplio. Cumplir bien y acreditarlo es la salida
Muy graveActiva directamente el procedimiento sancionatorio, haciendo constar las medidas correctivas y la sanciónMínimo. La defensa es de fondo

Las medidas correctivas no son una recomendación. El Art. 65 de la Ley dice que la Autoridad las dicta con el objeto de evitar que se siga cometiendo la infracción y que la conducta se repita, sin perjuicio de las sanciones, y que pueden consistir, entre otras, en el cese del tratamiento bajo determinadas condiciones o plazos, la eliminación de los datos y la imposición de medidas técnicas, jurídicas, organizativas o administrativas. Se dictan para cada caso, previo informe de la unidad técnica competente.

Dos normas que se complementan y conviene usar juntas

Por un lado, el Art. 66 num. 2 de la Ley: en infracción grave, primero medidas correctivas y sanción solo si el cumplimiento es tardío, parcial o defectuoso. Por otro, el Art. 253 del Código Orgánico Administrativo: si el inculpado corrige su conducta y acredita este hecho en el expediente, puede obtener las reducciones o exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Juntas construyen la estrategia que mejor funciona cuando la empresa efectivamente incumplía: corregir rápido, documentar la corrección con fechas y evidencia, y acreditarla dentro del término. No es admitir para que lo sancionen: es corregir para que no haya nada que sancionar.

⚠ Pero incumplir una medida correctiva es infracción por sí misma

El Art. 67 numeral 5 de la Ley califica como infracción leve incumplir las medidas correctivas dispuestas por la Autoridad. Y el último numeral del Art. 68 califica como grave incumplirlas o cumplirlas de forma tardía, parcial o defectuosa cuando ya hubiere precedido por esa causa la aplicación de una sanción por infracción leve.

Es decir: la medida correctiva es una oportunidad con fecha. Aceptarla y no ejecutarla deja a la empresa peor que al principio, porque suma una infracción nueva a la que ya se investigaba.

Si la imputación es grave, la ley le abre una ventana antes de la multa.El Art. 66 obliga a dictar medidas correctivas primero. Lo que decide el resultado es con qué se llega a esa etapa y cómo se acredita el cumplimiento.

Qué documentos le van a pedir

Respuesta rápida: el expediente se arma con papeles que existen o no existen, y cada ausencia tiene su propio numeral sancionatorio. Antes de contestar hay que saber exactamente qué hay.

Los requerimientos de la Superintendencia tienden a pedir el mismo paquete, porque es el paquete con el que se acredita o se descarta el cumplimiento:

  • Registro de actividades de tratamiento. El Art. 38 del Reglamento lo exige a quien tiene cien o más trabajadores, con nueve contenidos, y el Art. 39 extiende la obligación a organizaciones más pequeñas en determinados supuestos. No mantenerlo conecta con las obligaciones del Art. 47 de la Ley.
  • Política de tratamiento de datos personales. No mantener disponibles políticas afines al tratamiento es infracción leve por el Art. 67 numeral 3.
  • Registro de solicitudes de titulares. El Art. 15 del Reglamento obliga a registrar todas las solicitudes con el detalle de su atención. Es lo que prueba que se contestó en los quince días; vea cómo se contesta una solicitud de un titular.
  • Contratos con encargados del tratamiento. No suscribir contratos con cláusulas de confidencialidad y tratamiento adecuado con el encargado y con el personal a cargo es infracción grave por el Art. 68 numeral 9.
  • Designación del delegado de protección de datos. No designarlo cuando corresponde es infracción grave por el Art. 68 numeral 12. Quién está obligado y quién no puede serlo está en la guía del delegado de protección de datos.
  • Inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. El Art. 86 del Reglamento dispone que el reporte de bases de datos o tratamiento debe realizarse dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al inicio del tratamiento. No mantenerlo actualizado, o no consignar lo dispuesto en la norma, son infracciones graves por los numerales 10 y 11 del Art. 68.
  • Evaluaciones de impacto. No realizarlas en los casos en que era necesario es infracción grave por el Art. 68 numeral 5.
  • Medidas de seguridad y su evidencia. Aquí opera el deber de demostrar del Art. 36 del Reglamento: la evidencia de que las medidas existen solo puede salir de su empresa.
El plazo de diez días del Registro Nacional es el que más empresas tienen vencido

El Art. 86 del Reglamento no da un plazo general de adecuación: cuenta diez días de término desde el día siguiente al inicio del tratamiento. Para una empresa que trata datos desde antes de la ley, eso significa que la inscripción está pendiente desde hace años, y es un incumplimiento que se verifica con una sola consulta al registro, sin necesidad de inspección.

Es también uno de los que mejor se resuelven por la vía de las medidas correctivas, porque se subsana con un trámite y se acredita con un comprobante.

No colaborar es una infracción aparte

Respuesta rápida: no contestar un requerimiento y no permitir una auditoría son cosas distintas, y la segunda tiene su propio numeral. El Art. 68 numeral 13 califica como infracción grave no permitir y no contribuir a la realización de auditorías o inspecciones por parte del auditor acreditado por la Autoridad.

El Art. 76 numeral 4 de la Ley faculta a la Autoridad a realizar o delegar auditorías técnicas al tratamiento de datos personales, y el Art. 81 del Reglamento explica cómo se eligen los controlados: las actividades de control se realizan de acuerdo con un plan anual elaborado considerando la naturaleza de las organizaciones controladas, el volumen y la sensibilidad de los datos tratados, los procedimientos de control aplicables y la disponibilidad presupuestaria. El mismo artículo permite ejecutar controles fuera del plan anual “si la situación lo amerita, basados en criterios de criticidad, oportunidad y posibles lesiones al derecho”.

Del lado procedimental, el Art. 249 del Código Orgánico Administrativo fija el deber de colaboración con las funciones de inspección: las personas deben facilitar al personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a las dependencias e instalaciones y el examen de documentos, libros y registros directamente relacionados con la actividad inspectora. Y prevé la consecuencia de negarse: si se niega la entrada o el acceso, no se facilita la documentación solicitada o no se acude a la oficina administrativa a requerimiento del órgano competente, el inspector formula por escrito la advertencia correspondiente.

Colaborar no es entregar todo lo que se tenga

El deber de colaboración se refiere a los documentos, libros y registros directamente relacionados con la actividad inspectora. Ese adverbio delimita el alcance: un requerimiento sobre el tratamiento de datos de clientes no habilita a revisar la nómina completa, los correos del personal o la contabilidad.

La forma correcta de manejarlo no es negarse, que es infracción grave, sino entregar lo requerido, dejar constancia de lo entregado y solicitar por escrito la precisión del alcance cuando el pedido excede la materia. Negarse sin más convierte un expediente discutible en dos expedientes.

Los plazos que corren a su favor

Respuesta rápida: la potestad sancionadora caduca si la administración no concluye el procedimiento en el plazo previsto, y prescribe al año en las infracciones leves y a los tres años en las graves. Son las dos defensas que se revisan antes de discutir el fondo.

El Art. 244 del Código Orgánico Administrativo establece que la potestad sancionadora caduca cuando la administración pública no ha concluido el procedimiento administrativo sancionador en el plazo previsto por el Código. Transcurrido ese plazo, el órgano competente emitirá, a solicitud del inculpado, una certificación en la que conste que ha caducado la potestad y que se ha archivado las actuaciones. Y añade algo útil: si la administración se niega a emitir esa declaración, el inculpado puede obtenerla mediante procedimiento sumario con notificación a la administración.

La caducidad no impide iniciar otro procedimiento mientras no opere la prescripción, y ahí entra el Art. 245, que fija los plazos de prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora: un año para las infracciones leves y las sanciones que por ellas se impongan, tres años para las graves y cinco años para las muy graves.

En la práctica esto significa que un oficio que reabre hechos antiguos se contesta primero con un cómputo, no con una explicación. Si la conducta imputada como leve ocurrió hace más de un año, la discusión de fondo es secundaria.

Antes de discutir el fondo se revisa si todavía pueden sancionar

En la consulta calculamos caducidad y prescripción con las fechas reales de su caso, revisamos si el acto de inicio cumple los contenidos del Art. 251 y definimos el orden de los argumentos: primero los que cierran el expediente, después los de fondo.

Qué viene después de la contestación

Respuesta rápida: dictamen del órgano instructor, resolución motivada, y si la resolución es sancionatoria, inscripción en un registro público que conserva el dato siete años. Después queda la impugnación.

El Art. 257 del Código Orgánico Administrativo prevé que, si el órgano instructor considera que existen elementos de convicción suficientes, emita el dictamen; también puede determinar en su dictamen la inexistencia de responsabilidad. El dictamen se remite al órgano competente para resolver junto con todos los documentos, alegaciones e información del expediente. Y el Art. 258 contempla el supuesto de modificación de los hechos, la calificación, las sanciones imponibles o las responsabilidades, caso en el cual eso se notifica al inculpado y el instructor expide un nuevo acto de inicio.

Del lado de la materia, el Art. 90 del Reglamento dispone que el procedimiento sancionatorio se sustancia conforme al Código Orgánico Administrativo, que la resolución que ponga fin al procedimiento deberá estar debidamente fundamentada y motivada, y que las sanciones se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte del cometimiento de la infracción.

La consecuencia que no es dinero

El Art. 87 del Reglamento crea el Registro Único de Responsables y Encargados del tratamiento de datos personales incumplidos: un registro público en el que constan quienes hayan incurrido en alguna de las infracciones de la Ley y cuenten con resolución firme. Contiene el nombre del infractor, la indicación de la infracción cometida, la sanción impuesta y la reiteración o reincidencia.

El Art. 89 fija el plazo máximo de conservación de esos datos en siete años contados desde la emisión de la resolución o sentencia en firme. Y el Art. 66 num. 1 de la Ley le da efecto procesal: constar en ese registro es lo que hace que una infracción leve vaya directamente al procedimiento sancionatorio, sin la etapa de medidas correctivas.

Si la resolución es sancionatoria, quedan los términos de impugnación del Código Orgánico Administrativo, incluidos los diez días para impugnar y la petición para que la sanción no se ejecute mientras se discute. Ese camino está detallado en cómo impugnar una sanción de protección de datos.

Y conviene recordar el punto de partida del caso, porque muchas veces el oficio no nace de una inspección sino de un titular molesto. El Art. 62 de la Ley permite al titular presentar requerimientos, peticiones, quejas o reclamaciones directamente al responsable, y le da a la empresa un término de diez días para contestar afirmativa o negativamente, notificar y ejecutar lo que corresponda. El Art. 64 añade que si el responsable no contesta en ese término, o si lo niega, el titular puede presentar el reclamo administrativo ante la Autoridad, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o constitucionales de las que se crea asistido. Buena parte de los expedientes empieza en un correo que nadie contestó.

Los seis errores que agravan un expediente

  1. Contestar por teléfono o por correo informal

    El Art. 256 del Código Orgánico Administrativo pone la carga de la prueba en la administración. Una llamada explicando el caso le ahorra a la Superintendencia el trabajo que la ley le asigna.

  2. Dejar pasar los diez días esperando asesorarse

    El Art. 252 convierte el acto de inicio no contestado en dictamen. Es el único error del que no se vuelve, porque no hay segunda oportunidad procesal equivalente.

  3. Entregar más documentación de la requerida

    El deber de colaboración del Art. 249 se limita a lo directamente relacionado con la actividad inspectora. Todo lo demás que se entregue puede fundamentar imputaciones nuevas.

  4. Aceptar medidas correctivas y no ejecutarlas

    El Art. 67 num. 5 sanciona el incumplimiento como leve y el último numeral del Art. 68 lo eleva a grave en el supuesto que describe. La medida correctiva es una oportunidad con fecha de vencimiento.

  5. Documentar después y fechar como si fuera antes

    Es el error que convierte un incumplimiento administrativo en un problema de otra naturaleza. Corregir hoy y acreditarlo con fecha de hoy es lo que el Art. 253 premia; antedatar no.

  6. Discutir el fondo sin revisar caducidad y prescripción

    Los Arts. 244 y 245 pueden cerrar el expediente sin entrar al fondo. Es el primer cálculo que se hace, no el último.

Por qué este oficio no se contesta sin abogado

Porque la contestación tiene que hacer cuatro cosas a la vez y las cuatro se escriben una sola vez: negar los hechos que no son exactos, discutir la calificación para bajar de la banda grave a la leve, pedir las diligencias que la administración no practicó y acreditar las correcciones sin abrir frentes nuevos. Un escrito que hace bien tres de esas cuatro cosas y mal la cuarta puede costar la diferencia entre el 0,1% y el 1% de la facturación del año anterior.

Y porque la decisión más importante del caso no es qué se contesta, sino qué vía se toma. Si la imputación es grave y la empresa efectivamente incumplía, pelear el fondo hasta la resolución puede ser el camino más caro, mientras que corregir y acreditar dentro del término aprovecha el Art. 66 num. 2 de la Ley y el Art. 253 del Código Orgánico Administrativo. Si en cambio los hechos están mal imputados o el acto de inicio es defectuoso, corregir sería admitir algo que no había que admitir. Esa elección se hace con el oficio y el acervo documental a la vista, no después.

Qué hacemos con un oficio sobre la mesa

Clasificamos el documento y calculamos el término real desde la notificación. Verificamos si el acto de inicio cumple los cuatro contenidos del Art. 251 y si se respetó la separación entre instrucción y resolución del Art. 248. Calculamos caducidad y prescripción. Inventariamos qué documentación existe y qué falta, y de ahí sale la decisión entre defensa de fondo y vía correctiva. Redactamos la contestación, las diligencias probatorias que se piden y el respaldo de las correcciones acreditadas.

Diez días de término, un solo escrito

Revisamos el oficio, calculamos los plazos, definimos la vía y redactamos la contestación con las diligencias y los respaldos que corresponden. Si el término está por vencer, eso es lo primero que se trabaja.

Preguntas frecuentes

Me llegó un oficio de la Superintendencia de Protección de Datos. ¿Cuántos días tengo?

Depende de qué documento sea. Si es el acto de inicio de un procedimiento sancionatorio, el Art. 255 del Código Orgánico Administrativo le da al inculpado un término de diez días para alegar, aportar documentos o información y solicitar la práctica de diligencias probatorias. Si es un requerimiento de información dentro de un procedimiento de control, el plazo lo fija el propio oficio, porque el Art. 82 del Reglamento dispone que los procedimientos de control se rigen por las reglas del Código Orgánico Administrativo. Y si son medidas correctivas, el plazo es el que la propia medida señale. El término corre desde la notificación, no desde que el oficio llegó al área legal. Ver qué le llegó exactamente.

¿Qué pasa si no contesto?

Si se trata del acto de inicio, el Art. 252 del Código Orgánico Administrativo dispone que, en caso de que el inculpado no lo conteste en el término de diez días, este se considerará como el dictamen previsto en el Código, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. En la práctica significa que la acusación pasa a valer como conclusión del instructor y el expediente avanza a resolución sin la versión de la empresa. No hay una segunda oportunidad procesal equivalente a esos diez días.

¿Un oficio de la Superintendencia significa que ya me van a multar?

No necesariamente, y esa distinción es la más importante del caso. El Art. 63 de la Ley permite a la Autoridad iniciar actuaciones previas, de oficio o a petición del titular, solo para conocer las circunstancias del caso o la conveniencia de iniciar el procedimiento. El Art. 65 le permite dictar medidas correctivas. Y el Art. 66 numeral 2 establece que ante el presunto cometimiento de una infracción grave la Autoridad aplicará en primera instancia medidas correctivas, y sancionará solo si esas medidas se cumplen de forma tardía, parcial o defectuosa. Ver la salida que la ley abre antes de la multa.

¿Las medidas correctivas me libran de la multa?

Pueden hacerlo si se cumplen bien y a tiempo, en el supuesto del Art. 66 numeral 2 de la Ley, que es el de infracción grave. Lo que no libra de nada es aceptarlas y no ejecutarlas: el Art. 67 numeral 5 califica como infracción leve incumplir las medidas correctivas dispuestas por la Autoridad, y el último numeral del Art. 68 las eleva a grave cuando se incumplen o se cumplen de forma tardía, parcial o defectuosa habiendo precedido por esa causa una sanción por infracción leve. Además, el Art. 253 del Código Orgánico Administrativo prevé que si el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente puede obtener las reducciones o exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.

¿Tengo que entregar todo lo que me piden?

El Art. 249 del Código Orgánico Administrativo fija el deber de colaboración con las funciones de inspección: hay que facilitar al personal inspector el acceso a las dependencias e instalaciones y el examen de documentos, libros y registros directamente relacionados con la actividad inspectora. Ese adverbio delimita el alcance. Negarse no es una opción razonable, porque el Art. 68 numeral 13 de la Ley califica como infracción grave no permitir y no contribuir a la realización de auditorías o inspecciones por parte del auditor acreditado. Lo correcto es entregar lo requerido, dejar constancia de lo entregado y pedir por escrito la precisión del alcance cuando el pedido excede la materia.

¿Quién tiene que probar la infracción?

El Art. 256 del Código Orgánico Administrativo dispone que en el procedimiento administrativo sancionador la carga de la prueba corresponde a la administración pública, salvo en lo que respecta a los eximentes de responsabilidad. Hay un matiz importante en materia de datos: el Art. 36 del Reglamento establece el deber de demostrar, de modo que cuando la imputación consiste en no haber implementado medidas, la evidencia de que sí se implementaron solo puede provenir de la empresa. Por eso conviene distinguir las imputaciones por hacer algo indebido de las imputaciones por no hacer algo debido. Ver la carga de la prueba.

¿Hay un plazo después del cual ya no pueden sancionarme?

Sí, dos. El Art. 244 del Código Orgánico Administrativo establece que la potestad sancionadora caduca cuando la administración no ha concluido el procedimiento sancionador en el plazo previsto por el Código, y que transcurrido ese plazo el órgano competente emitirá, a solicitud del inculpado, una certificación en la que conste la caducidad y el archivo de las actuaciones; si se niega a emitirla, el inculpado puede obtenerla mediante procedimiento sumario. Y el Art. 245 fija la prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora: un año para las infracciones leves, tres años para las graves y cinco años para las muy graves. Ver los plazos que corren a su favor.

¿De dónde salió el caso si nunca me inspeccionaron?

Normalmente de un titular. El Art. 62 de la Ley permite al titular presentar requerimientos, peticiones, quejas o reclamaciones directamente al responsable, y le da a la empresa un término de diez días para contestar afirmativa o negativamente, notificar y ejecutar lo que corresponda. El Art. 64 añade que si el responsable no contesta en ese término, o si niega el requerimiento, el titular puede presentar el reclamo administrativo ante la Autoridad, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o constitucionales de las que se crea asistido. La otra puerta es el control planificado: el Art. 81 del Reglamento prevé un plan anual de control elaborado considerando la naturaleza de las organizaciones, el volumen y la sensibilidad de los datos, y permite controles fuera del plan por criterios de criticidad y oportunidad.

Si me sancionan, ¿queda registrado en algún lado?

Sí. El Art. 87 del Reglamento crea el Registro Único de Responsables y Encargados del tratamiento de datos personales incumplidos, que es un registro público a cargo de la Autoridad y en el que constan quienes hayan incurrido en alguna de las infracciones de la Ley y cuenten con resolución firme. Contiene el nombre del infractor, la infracción cometida, la sanción impuesta y la reiteración o reincidencia. El Art. 89 fija el plazo máximo de conservación en siete años desde la emisión de la resolución o sentencia en firme. Y constar en ese registro tiene efecto procesal: por el Art. 66 numeral 1 de la Ley, una infracción leve de quien ya consta ahí va directamente al procedimiento sancionatorio, sin la etapa previa de medidas correctivas.

¿Puedo impugnar si la resolución me sanciona?

Sí. El Art. 90 del Reglamento dispone que el procedimiento sancionatorio se sustancia conforme al Código Orgánico Administrativo y que la resolución que ponga fin al procedimiento deberá estar debidamente fundamentada y motivada, lo que abre la discusión sobre la motivación como vicio. De ahí salen los términos de impugnación, incluidos los diez días para impugnar y la petición dentro de tres días para que la sanción no se ejecute mientras se discute. El mismo artículo recuerda que las sanciones se imponen sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte de la infracción. El detalle está en cómo impugnar una sanción de protección de datos.

Fuentes y referencias

  • Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Quinto Suplemento del Registro Oficial 459 de 26 de mayo de 2021: Art. 62 (requerimiento directo del titular al responsable y término de diez días para contestar, notificar y ejecutar), Art. 63 y Art. 75 (actuaciones previas de oficio o a petición del titular, conforme al Código Orgánico Administrativo), Art. 64 (reclamo administrativo ante la Autoridad si el requerimiento no se contesta o es negado, sin perjuicio de acciones civiles, penales o constitucionales), Art. 65 (medidas correctivas: cese del tratamiento, eliminación de los datos e imposición de medidas técnicas, jurídicas, organizativas o administrativas, previo informe de la unidad técnica competente), Art. 66 (reglas de aplicación: infracción leve de quien consta en el Registro Único y infracción muy grave van directamente al procedimiento sancionatorio; infracción grave recibe en primera instancia medidas correctivas y se sanciona solo si se cumplen de forma tardía, parcial o defectuosa), Art. 67 num. 3 y 5 (infracciones leves: no mantener disponibles políticas de protección de datos; incumplir medidas correctivas), Art. 68 num. 5, 9, 10, 11, 12, 13 y último numeral (infracciones graves del responsable, entre ellas no permitir ni contribuir a auditorías o inspecciones del auditor acreditado y el incumplimiento de medidas correctivas), Arts. 71 y 72 (multas del 0,1% al 0,7% y del 0,7% al 1% del volumen de negocio), Art. 73 (definición de volumen de negocio), Art. 74 (medidas provisionales y cautelares contempladas en la norma procedimental administrativa) y Art. 76 (funciones de la Autoridad, entre ellas supervisión y control, potestad sancionadora y realización o delegación de auditorías técnicas).
  • Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Decreto Ejecutivo 904 de 6 de noviembre de 2023: Art. 15 (registro de solicitudes de ejercicio de derechos), Art. 36 (deber de demostrar la aplicación de las medidas de protección), Arts. 38 y 39 (registro de actividades de tratamiento y su extensión), Art. 80 (atribuciones de la Autoridad), Art. 81 (plan anual de control elaborado según la naturaleza de las organizaciones, el volumen y la sensibilidad de los datos, y controles fuera del plan por criticidad y oportunidad), Art. 82 (los procedimientos de control se rigen por el Código Orgánico Administrativo), Art. 86 (reporte de bases de datos o tratamiento en el Registro Nacional dentro del término de diez días desde el día siguiente al inicio del tratamiento), Arts. 87, 88 y 89 (Registro Único de Responsables y Encargados incumplidos: contenido, fines y conservación por siete años desde la resolución o sentencia en firme) y Art. 90 (el procedimiento sancionatorio se sustancia conforme al Código Orgánico Administrativo; resolución debidamente fundamentada y motivada; sanciones sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal).
  • Código Orgánico Administrativo, Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017: Art. 244 (caducidad de la potestad sancionadora, certificación a solicitud del inculpado y procedimiento sumario ante la negativa), Art. 245 (prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora: un año para las leves, tres para las graves y cinco para las muy graves), Art. 248 (garantías del procedimiento: separación entre la función instructora y la sancionadora, y prohibición de sancionar sin procedimiento), Art. 249 (deber de colaboración con las funciones de inspección y advertencia escrita ante la negativa), Art. 251 (contenido mínimo del acto de inicio y adopción de medidas cautelares en él), Art. 252 (notificación del acto de iniciación y efecto de no contestarlo en el término de diez días), Art. 253 (reconocimiento de responsabilidad, corrección de la conducta acreditada en el expediente y reducciones o exenciones; cumplimiento voluntario anterior a la resolución), Art. 255 (término de diez días para alegar, aportar documentos y solicitar diligencias probatorias), Art. 256 (carga de la prueba a cargo de la administración pública, salvo eximentes), Arts. 257 y 258 (dictamen del órgano instructor y modificación de hechos, calificación o sanciones) y Arts. 224 y 229 (término de diez días para impugnar y petición de no ejecución dentro de tres días).
  • Superintendencia de Protección de Datos Personales: resoluciones de procedimientos administrativos sancionatorios publicadas en su portal institucional, y Resolución SPDP-SPD-2025-0022-R de 16 de julio de 2025, con la metodología para el cálculo de las multas aplicables a infracciones leves y graves.