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Derecho CorporativoProtección de datosCumplimiento Actualización: octubre 2026

El consentimiento es una de ocho bases, y la más frágil

Política de privacidad y consentimiento en Ecuador: las ocho bases legales, cuándo el consentimiento es válido y qué debe informar.

Categoría: Derecho Corporativo · Por

J
Equipo Editorial · Juristam Abogados especializados en redacción de políticas de privacidad, diseño de formularios y mecanismos de consentimiento, asignación de bases legitimadoras del tratamiento y defensa ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Contenido basado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su Reglamento General y el Código Orgánico Administrativo.

El consentimiento es solo una de ocho bases legales

Respuesta rápida: el Art. 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales enumera ocho condiciones que hacen legítimo y lícito el tratamiento. El consentimiento es la primera, no la única, y es la más frágil de todas porque el titular puede retirarla cuando quiera.

El marco completo de obligaciones y multas está en la guía de protección de datos para empresas. Esta guía resuelve la decisión que está debajo de todo lo demás: con qué derecho su empresa tiene esos datos.

La reacción habitual cuando llega la ley es llenar todos los formularios de casillas de consentimiento. Es un error, y es un error que debilita a la empresa. El tratamiento es lícito si se cumple alguna de las ocho condiciones del Art. 7:

Base legal del Art. 7Cuándo se usa
1. Consentimiento del titularPara una o varias finalidades específicas. Es revocable en cualquier momento y sin justificación
2. Cumplimiento de una obligación legalNómina, aportes, facturación, retenciones, conservación tributaria y laboral
3. Orden judicialObservando los principios de la ley
4. Misión de interés público o ejercicio de poderes públicosCompetencia atribuida por norma con rango de ley, con legalidad, proporcionalidad y necesidad
5. Medidas precontractuales u obligaciones contractualesA petición del titular, o para cumplir el contrato. Es la base natural de la relación con un cliente
6. Intereses vitalesVida, salud o integridad del interesado o de otra persona natural
7. Bases de datos de acceso públicoCon límites fuertes de finalidad, que el Reglamento desarrolla
8. Interés legítimo del responsable o de un terceroSiempre que no prevalezcan los derechos fundamentales del titular. Exige ponderación documentada
⚠ Pedir consentimiento de más le quita el control de su propia base

Si usted trata los datos de un cliente para facturarle y cobrarle, la base es la del numeral 5: cumplimiento de obligaciones contractuales. Si en vez de eso le pide consentimiento, acaba de convertir una base sólida en una revocable.

Porque el Art. 6 del Reglamento es claro: el titular tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, el responsable debe contar con un procedimiento sencillo para que lo haga, y deberá suspender el tratamiento una vez recibida la notificación. Y el Art. 15 numeral 6 de la Ley convierte la revocatoria en causal de eliminación, “sin necesidad de que medie justificación alguna”.

Traducido: el consentimiento innecesario le da al titular una llave que no necesitaba tener.

La elección de base no es cosmética. De ella depende qué derechos puede ejercerle el titular, si usted puede negarse y con qué causal. Esa conexión está desarrollada en la guía de solicitudes de titulares, y es la razón por la que el numeral 7 del registro de actividades pide la base legitimadora de cada tratamiento.

La base legal se asigna tratamiento por tratamiento

En la consulta identificamos qué tratamientos tiene su empresa y asignamos a cada uno la base del Art. 7 que corresponde, no la que es más fácil de pedir. Eso define después qué puede exigirle un titular y con qué causal puede usted negarse.

Diagnóstico · 40 segundos

¿Su política y su consentimiento se sostienen?

Cuatro preguntas sobre con qué base trata los datos, qué tiene publicado, cómo se revoca el consentimiento y si la operación coincide con lo declarado.

1. ¿Con qué base trata los datos de sus clientes?

No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.

Cuándo el consentimiento es válido, y cuándo no vale nada

Respuesta rápida: el Art. 8 de la Ley exige que la manifestación de voluntad sea libre, específica, informada e inequívoca. Y el Art. 5 del Reglamento añade dos reglas que anulan la mayoría de los formularios: el silencio o la inacción, por sí solos, no presumen el consentimiento, y el consentimiento deberá ser demostrado por el responsable cuando la autoridad lo requiera.

Los cuatro requisitos del Art. 8 se leen rápido y se incumplen fácil:

  1. Libre

    Exenta de vicios del consentimiento. Un consentimiento que es condición para recibir un servicio que no lo necesita difícilmente es libre.

  2. Específica

    En cuanto a la determinación concreta de los medios y fines del tratamiento. “Autorizo el uso de mis datos” no determina ni medios ni fines.

  3. Informada

    De modo que cumpla el principio de transparencia. El Art. 5 del Reglamento detalla qué hay que informar previa y detalladamente: los tipos de tratamiento, las finalidades, el tiempo de conservación, las medidas de protección a adoptarse y las consecuencias de su entrega, entre otros aspectos de la ley.

  4. Inequívoca

    De manera que no presente dudas sobre el alcance de la autorización. El Art. 5 del Reglamento lo traduce en formas concretas: una declaración, un pronunciamiento para darse de baja o una clara acción afirmativa.

Las tres prácticas que la norma deja sin efecto

La casilla premarcada. El Art. 5 del Reglamento dispone que el silencio o la inacción, por sí solos, no presumen el consentimiento. Una casilla que viene marcada no es una clara acción afirmativa.

La casilla única para todo. El Art. 8 de la Ley cierra con una regla expresa: cuando se pretenda fundar el tratamiento en el consentimiento “para una pluralidad de finalidades será preciso que conste que dicho consentimiento se otorga para todas ellas”. Una sola casilla que cubre facturación, marketing, cesión a terceros y perfilamiento no acredita consentimiento para ninguna en particular.

El consentimiento sin rastro. El Art. 5 del Reglamento exige que el consentimiento otorgado sea demostrado por el responsable que lo obtiene. Si no hay registro con fecha, versión del texto aceptado y constancia del acto, no hay consentimiento acreditable.

Y la revocatoria tiene su propio estándar operativo. El Art. 8 de la Ley obliga al responsable a establecer mecanismos que garanticen celeridad, eficiencia, eficacia y gratuidad, así como “un procedimiento sencillo, similar al proceder con el cual recabó el consentimiento”. Si el consentimiento se obtuvo con un clic, la revocatoria no puede exigir una carta notariada. El mismo artículo aclara lo que protege a la empresa: el tratamiento realizado antes de revocar es lícito, porque la revocatoria no tiene efectos retroactivos, regla que el Art. 6 del Reglamento repite.

En el caso de menores y personas incapaces, el Art. 5 del Reglamento dispone que el consentimiento se obtiene a través de sus representantes legales y curadores, conforme a la Ley y al Código Civil, y que basta con el consentimiento del representante legal debidamente acreditado ante el responsable.

Si su formulario tiene una sola casilla para todo, no acredita consentimiento para ninguna finalidad.El Art. 8 exige que conste que se otorga para todas ellas, y el Art. 5 del Reglamento exige poder demostrarlo.

El interés legítimo y la ponderación de cuatro factores

Respuesta rápida: el interés legítimo es la base que permite tratar datos sin consentimiento y sin contrato, pero no es una declaración: el Art. 7 numeral 3 del Reglamento exige aplicar una regla de ponderación con cuatro factores, y la Autoridad puede pedirle el informe de riesgo.

Es la base más útil y la peor documentada. El Art. 7 numeral 8 de la Ley la admite cuando sea necesario satisfacer un interés legítimo del responsable o de un tercero, siempre que no prevalezca el interés o los derechos fundamentales de los titulares. Y el Art. 9 de la Ley le pone tres condiciones:

  • Únicamente podrán tratarse los datos estrictamente necesarios para la finalidad.
  • El responsable debe garantizar que el tratamiento sea transparente para el titular.
  • La Autoridad puede requerir al responsable un informe de riesgo para la protección de datos, en el que se verificará si no hay amenazas concretas a las expectativas legítimas de los titulares y a sus derechos fundamentales.

El Art. 7 numeral 3 del Reglamento define cómo se hace la ponderación: “a través de una evaluación meticulosa” que atienda cuatro factores.

Factor de ponderaciónQué hay que documentar
1. Evaluación del interés legítimoCuál es el interés del responsable o del tercero, y por qué es necesario y proporcionado
2. Impacto sobre los titularesLas consecuencias reales o potenciales derivadas del tratamiento para las personas afectadas
3. Equilibrio provisionalLas medidas adoptadas para cumplir las obligaciones en términos de proporcionalidad y transparencia
4. Garantías adicionalesLo aplicado para impedir cualquier impacto indebido sobre los titulares

La consecuencia práctica es que el interés legítimo no se invoca: se acredita con un documento previo al tratamiento. Una empresa que lo declara en su política sin tener esa ponderación escrita no puede sostenerla el día que la Autoridad pida el informe de riesgo del Art. 9, y queda además expuesta al deber de demostrar del Art. 36 del Reglamento. El lugar donde esa ponderación debe quedar archivada es el registro de actividades de tratamiento, cuyo numeral 7 pide la descripción de las bases legitimadoras.

El interés legítimo no se declara: se acredita con un documento anterior al tratamiento.Y el Art. 9 de la Ley faculta a la Autoridad a pedirle el informe de riesgo. Nosotros armamos esa ponderación con los cuatro factores.

Las bases compradas y los datos “públicos”

Respuesta rápida: que un dato esté en una fuente pública no habilita a usarlo para lo que se quiera. El Art. 7 numeral 4 del Reglamento exige que la finalidad del nuevo tratamiento sea compatible con la finalidad que justificó la publicación, y advierte que figurar en fuentes públicas “no determina la posibilidad de realizar un tratamiento indiscriminado”.

Es la base legal en la que se apoyan, sin decirlo, casi todas las bases de datos comerciales que circulan en el país: listados de contribuyentes, nóminas de accionistas, registros de compañías, directorios profesionales. Y es la que menos resiste el examen.

El Art. 7 numeral 4 fija el criterio: para tratar datos que consten en bases de acceso público hay que respetar el principio de limitación de la finalidad, atendiendo a “las razones concretas que han determinado la publicación de la información”, especialmente cuando esa publicación se hace en cumplimiento de una obligación legal o por razones de interés público.

“Está en el registro público” no es una base legal.El Art. 7 num. 4 del Reglamento exige que la finalidad del nuevo tratamiento sea compatible con la que justificó la publicación. Casi ninguna campaña comercial pasa esa prueba.

⚠ La prueba de compatibilidad que casi nunca se pasa

Un registro público de compañías se publica para dar publicidad registral y seguridad en el tráfico jurídico. Un listado de contribuyentes se publica para fines de control tributario. Ninguna de esas dos finalidades es compatible con enviar campañas comerciales a las personas que figuran ahí.

Por eso una base armada con datos extraídos de registros públicos no tiene base legal para marketing por el numeral 4. Si la empresa quiere usarla para eso, necesita otra base: consentimiento, que no tiene, o interés legítimo con la ponderación documentada del Art. 7 numeral 3, que tendría que superar un impacto alto sobre personas que nunca tuvieron relación con ella.

Y hay una obligación de información que estas bases incumplen por diseño. El Art. 12 de la Ley dispone que cuando los datos personales no se obtuvieren de forma directa del titular o fueren obtenidos de una fuente accesible al público, el titular deberá ser informado “dentro de los siguientes treinta (30) días o al momento de la primera comunicación con el titular, cualquiera de las dos circunstancias que ocurra primero”, con información expresa, inequívoca, transparente, inteligible, concisa, precisa y sin barreras técnicas.

El mismo Art. 12 pide además informar el origen de los datos cuando no se obtuvieron del titular. Es decir, hay que decirle de dónde salieron. Una empresa que compró la base y no puede documentar su procedencia no está en condiciones de cumplir ese numeral, y eso también se sanciona: utilizar información o datos para fines distintos a los declarados es infracción grave por el Art. 68 numeral 2.

Si su base de marketing se armó con listados comprados o extraídos de registros públicos, no tiene base legal por el numeral 4.Y el Art. 12 obligaba a informar al titular dentro de los treinta días o en la primera comunicación, lo que ocurra primero.

Los catorce puntos que la política debe informar

Respuesta rápida: el Art. 12 de la Ley enumera catorce puntos de información obligatoria. Son los mismos que hay que entregar cuando un titular ejerce su derecho de acceso, y por eso la política bien hecha es también la respuesta preparada.

  • Los fines del tratamiento
  • La base legal que lo habilita
  • Los tipos de tratamiento que se realizan
  • El tiempo de conservación de los datos
  • La existencia de la base de datos en la que constan
  • El origen de los datos, cuando no se obtuvieron del titular
  • Otras finalidades y tratamientos ulteriores
  • La identidad y datos de contacto del responsable: domicilio legal, teléfono y correo
  • La identidad y contacto del delegado de protección de datos, cuando corresponda
  • Las transferencias o comunicaciones nacionales e internacionales, con destinatarios, finalidades y garantías
  • Las consecuencias de entregar o de negarse a entregar los datos
  • El efecto de suministrar datos erróneos o inexactos
  • La posibilidad de revocar el consentimiento
  • La existencia y la forma de hacer efectivos sus derechos

El mismo artículo fija cómo se transmite esa información: por cualquier modo comprobable, en lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión, y de preferencia accesible en la lengua de elección del titular. Y añade que, cuando se trate de productos o servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes o que pudieran ser utilizados por ellos, la información se proporcionará a su representante legal.

Dos numerales que valen más que el resto

El numeral 9 obliga a informar la identidad y el contacto del delegado cuando corresponda. Si la empresa está obligada a designarlo y no lo hizo, la política lo delata: o se omite el dato, o se inventa. Quién está obligado está en la guía del delegado de protección de datos.

El numeral 14 obliga a informar la existencia y la forma de hacer efectivos los derechos. Ese dato tiene que coincidir con un canal que exista y funcione, porque el Art. 12 del Reglamento exige habilitar herramientas o canales informáticos simplificados de fácil acceso para el titular. Una política que remite a un correo que nadie revisa documenta el incumplimiento en lugar de evitarlo.

Los catorce puntos son también la respuesta de acceso ya preparada

El Art. 13 obliga a entregar al titular los datos y toda la información del Art. 12. Una política que cubre bien los catorce puntos convierte cada solicitud de acceso en una consulta interna en lugar de una carrera de quince días. En la consulta la redactamos a partir de su operación real.

Plazos de conservación: el dato que casi ninguna política tiene

Respuesta rápida: el Art. 8 del Reglamento dispone que los plazos de conservación no deberán exceder aquellos estrictamente necesarios para las finalidades que justificaron el tratamiento. Y el Art. 10 exige que el fichero del registro contenga obligatoriamente ese plazo.

Es el numeral 4 del Art. 12 de la Ley y el numeral 8 del registro de actividades, y suele ser el único campo que queda en blanco en toda la documentación de cumplimiento. Sin él no se puede contestar cuándo corresponde eliminar un dato, y la eliminación tiene plazo de quince días.

El Reglamento ordena la secuencia completa:

  1. Fijar el plazo según la materia, la naturaleza del dato, su tratamiento y su finalidad

    El Art. 10 lo exige expresamente, y añade que el plazo deberá observar necesariamente esos cuatro criterios. No es un número único para toda la base.

  2. Revisar periódicamente

    El Art. 9 obliga al responsable a establecer procedimientos para la conservación, la revisión periódica y la eliminación de los datos personales.

  3. Eliminar, bloquear o anonimizar al cumplirse la finalidad

    El Art. 9 dispone que, una vez cumplidas las finalidades y cuando no exista disposición legal o reglamentaria, ni necesidad de mantenerlos por interés legítimo del responsable o por cumplimiento de una obligación legal, el responsable deberá proceder a la eliminación, bloqueo o anonimización de los datos en su posesión.

  4. Eliminar de forma segura al vencer el plazo

    El Art. 11 ordena la eliminación segura finalizado el plazo de conservación. Coincide con el estándar del Art. 15 de la Ley, que exige métodos orientados a eliminar, hacer ilegible o dejar irreconocible de forma definitiva y segura.

El Art. 11 del Reglamento añade dos supuestos en los que la eliminación no aplica: por razones de interés público en el ámbito de la salud pública y privada, así como en materia estatal, de seguridad, laboral y educación; y para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Son las dos excepciones que sostienen una negativa a eliminar, y conviene que estén escritas en la política antes de necesitarlas.

Finalmente, el Art. 8 del Reglamento advierte que la Autoridad regulará los plazos de conservación atendiendo a las disposiciones aplicables a la materia, de modo que estos plazos pueden endurecerse con la normativa técnica que emita.

La política copiada de internet es la que más condena

Respuesta rápida: una política genérica declara finalidades que la empresa no cumple y omite las que sí realiza. Y el Art. 68 numeral 2 de la Ley califica como infracción grave utilizar información o datos para fines distintos a los declarados.

Ahí está la trampa de la plantilla. Una política bajada de internet suele declarar que los datos se usan “para mejorar la experiencia del usuario” y omitir que se comparten con tres proveedores, que se usan para scoring interno y que la base se enriquece con listados externos. Cada una de esas tres omisiones convierte una práctica real en un tratamiento para fin distinto del declarado.

Y el efecto es asimétrico: la empresa sin política comete una infracción leve por el Art. 67 numeral 3, que sanciona no mantener disponibles políticas de protección de datos afines al tratamiento. La empresa con una política que no describe lo que hace comete una infracción grave por el Art. 68 numeral 2. La plantilla mal usada empeora la posición.

El test de la política útil

Una política sirve cuando se puede leer al revés: tomar cada cosa que la empresa realmente hace con los datos y encontrarla descrita, con su finalidad, su base legal del Art. 7 y su plazo de conservación. Si una práctica real no está, la política documenta un fin distinto del declarado; si una declaración no corresponde a ninguna práctica, sobra y confunde.

Por eso la política no se redacta antes del inventario, se redacta después. El orden correcto es levantar los tratamientos, asignar bases legales, fijar plazos de retención y recién entonces escribir el documento que los informa.

No tener política es leve. Tener una que no describe lo que hace es grave.El Art. 68 num. 2 sanciona usar los datos para fines distintos a los declarados. La plantilla mal usada empeora su posición.

Lo que cuesta tenerla mal

Respuesta rápida: no mantener disponibles políticas de protección de datos es infracción leve, del 0,1% al 0,7% del volumen de negocio. Usar los datos para fines distintos a los declarados es infracción grave, del 0,7% al 1%.

ConductaCalificaciónMulta (Arts. 71 y 72)
No mantener disponibles políticas afines al tratamiento (Art. 67 num. 3)Leve0,1% a 0,7% del volumen de negocio
Utilizar información o datos para fines distintos a los declarados (Art. 68 num. 2)Grave0,7% a 1%
Ceder o comunicar datos sin cumplir requisitos y procedimientos (Art. 68 num. 3)Grave0,7% a 1%
No implementar protección de datos desde el diseño y por defecto (Art. 67 num. 2)Leve0,1% a 0,7%
Reiteración de faltas leves (Art. 68, último numeral)Pasa a grave0,7% a 1%

Porcentajes de los Arts. 71 y 72 de la Ley, aplicados sobre el volumen de negocio del ejercicio inmediatamente anterior que define el Art. 73. La graduación concreta depende de los presupuestos del Art. 71 y de la metodología que la Superintendencia aplique en cada caso.

Si la resolución fija la multa en el techo de la banda sin razonar los cuatro presupuestos del Art. 71, ahí hay materia de impugnación: el camino está en la guía de impugnación de la sanción.

Los numerales 2 del Art. 67 y 59 y 60 del Reglamento añaden una capa que suele olvidarse: la protección de datos desde el diseño y por defecto. Aplicado a formularios, significa que la configuración inicial no puede ser la más invasiva: casillas sin premarcar, campos opcionales identificados como tales y recolección limitada a lo necesario para la finalidad declarada.

Los seis errores que arruinan una política

  1. Pedir consentimiento donde ya había otra base

    El Art. 7 ofrece ocho condiciones alternativas. Convertir una relación contractual en consentimiento le entrega al titular una facultad de revocatoria que el Art. 6 del Reglamento obliga a atender suspendiendo el tratamiento.

  2. Una sola casilla para todas las finalidades

    El Art. 8 de la Ley exige que conste que el consentimiento se otorga para todas ellas. Una casilla única no acredita ninguna.

  3. No guardar prueba del consentimiento

    El Art. 5 del Reglamento exige que el consentimiento sea demostrado por el responsable cuando la autoridad lo requiera. Sin fecha, texto aceptado y constancia del acto, no hay nada que demostrar.

  4. Invocar interés legítimo sin la ponderación

    El Art. 7 numeral 3 del Reglamento exige una evaluación meticulosa con cuatro factores, y el Art. 9 de la Ley faculta a la Autoridad a pedir el informe de riesgo. Declararlo no basta.

  5. Dejar los plazos de conservación en blanco

    El Art. 10 del Reglamento exige que el fichero del registro contenga obligatoriamente el plazo, observando la materia, la naturaleza del dato, su tratamiento y su finalidad.

  6. Publicar una política que no describe lo que la empresa hace

    Es el peor de los seis, porque convierte una infracción leve en grave: el Art. 68 numeral 2 sanciona usar los datos para fines distintos a los declarados.

Por qué la política la redacta un abogado después del inventario

Porque la política es la declaración pública de lo que su empresa hace con los datos, y lo que declare se compara con lo que realmente hace. El Art. 68 numeral 2 convierte esa distancia en una infracción grave, y la distancia se produce justamente cuando el documento se escribe antes de saber qué tratamientos existen.

Porque la asignación de bases legales del Art. 7 es una decisión jurídica con consecuencias directas. Elegir consentimiento donde cabía la base contractual del numeral 5 no es un detalle de redacción: habilita una revocatoria que obliga a suspender el tratamiento y abre la causal de eliminación del Art. 15 numeral 6, sin justificación alguna del titular. Y elegir interés legítimo sin la ponderación del Art. 7 numeral 3 del Reglamento deja a la empresa sin respaldo el día que la Autoridad pida el informe de riesgo del Art. 9.

Y porque de la política salen obligaciones operativas que tienen que existir de verdad: el canal para ejercer derechos del numeral 14, el mecanismo de revocatoria sencillo y gratuito del Art. 8, el contacto del delegado del numeral 9 y los plazos de conservación del numeral 4. Una política que promete lo que la empresa no tiene montado es prueba de incumplimiento, no defensa.

Qué hacemos en este trabajo

Levantamos los tratamientos reales de su empresa y asignamos a cada uno la base del Art. 7 que corresponde, documentando la ponderación de cuatro factores cuando la base es el interés legítimo. Fijamos los plazos de conservación por materia, naturaleza, tratamiento y finalidad. Rediseñamos los formularios y las casillas para que el consentimiento sea libre, específico, informado e inequívoco, separado por finalidad y con registro demostrable. Redactamos la política con los catorce puntos del Art. 12 en lenguaje claro, y definimos el canal de ejercicio de derechos y el mecanismo de revocatoria que la política promete.

Una política que no describe lo que hace es peor que no tenerla

Inventariamos los tratamientos, asignamos bases legales, fijamos plazos de conservación y redactamos la política y los formularios para que coincidan con la operación real. Si ya hay un requerimiento o una solicitud en curso, trabajamos primero lo que haya que exhibir.

Preguntas frecuentes

¿Necesito consentimiento para tratar los datos de mis clientes?

No necesariamente. El Art. 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales enumera ocho condiciones que hacen legítimo y lícito el tratamiento, y basta cumplir alguna: consentimiento del titular, cumplimiento de una obligación legal, orden judicial, misión de interés público o ejercicio de poderes públicos, ejecución de medidas precontractuales a petición del titular o cumplimiento de obligaciones contractuales, protección de intereses vitales, bases de datos de acceso público, e interés legítimo del responsable o de un tercero. Para la relación con un cliente, la base natural es el numeral 5. Ver las ocho bases legales.

¿Es malo pedir consentimiento aunque no haga falta?

Debilita su posición. El Art. 8 de la Ley permite revocar el consentimiento en cualquier momento sin que sea necesaria una justificación, y el Art. 6 del Reglamento obliga al responsable a contar con un procedimiento sencillo para la revocatoria y a suspender el tratamiento una vez recibida la notificación. Además, el Art. 15 numeral 6 de la Ley convierte la revocatoria en causal de eliminación sin necesidad de justificación alguna. Si el tratamiento se sostenía en el cumplimiento de obligaciones contractuales, pedir consentimiento transforma una base sólida en una revocable.

¿Vale una casilla premarcada?

No. El Art. 5 del Reglamento dispone que el silencio o la inacción, por sí solos, no presumen el consentimiento del titular, y exige que el consentimiento refleje de manera indubitada la aceptación a través de una declaración, un pronunciamiento para darse de baja o una clara acción afirmativa. Una casilla que viene marcada de fábrica no es una acción afirmativa del titular. El Art. 8 de la Ley añade los cuatro requisitos de validez: libre, específica, informada e inequívoca. Ver cuándo el consentimiento es válido.

¿Puedo usar una sola casilla para todas las finalidades?

No. El Art. 8 de la Ley es expreso: cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. Una casilla única que cubre facturación, marketing, cesión a terceros y perfilamiento no acredita consentimiento específico para ninguna de esas finalidades, y el requisito de especificidad del numeral 2 del mismo artículo exige la determinación concreta de los medios y fines.

¿Tengo que guardar prueba de que el cliente aceptó?

Sí. El Art. 5 del Reglamento establece que el consentimiento otorgado por el titular deberá ser demostrado por el responsable que lo obtiene, cuando así sea requerido por la autoridad competente. En la práctica eso supone registrar la fecha del acto, el texto exacto que se mostró y la constancia de la acción afirmativa. Es la misma lógica del Art. 36 del Reglamento, que impone al responsable el deber de demostrar que ha aplicado las medidas de protección.

Compré una base de datos. ¿Puedo usarla para marketing?

Difícilmente por la base de fuentes públicas. El Art. 7 numeral 4 del Reglamento exige respetar el principio de limitación de la finalidad, atendiendo a las razones concretas que determinaron la publicación de la información, y advierte que el hecho de que los datos figuren en fuentes públicas no determina la posibilidad de realizar un tratamiento indiscriminado. La finalidad del nuevo tratamiento debe ser compatible con la que justificó la publicación. Además, el Art. 12 de la Ley obliga a informar al titular dentro de los treinta días o al momento de la primera comunicación, lo que ocurra primero, e incluye el origen de los datos entre los puntos que hay que informar. Ver las bases compradas.

¿Qué es el interés legítimo y cómo se usa?

Es la base del Art. 7 numeral 8 de la Ley, que admite el tratamiento cuando sea necesario satisfacer un interés legítimo del responsable o de un tercero, siempre que no prevalezcan los intereses o derechos y libertades del titular. No se declara: el Art. 7 numeral 3 del Reglamento exige aplicar una regla de ponderación mediante una evaluación meticulosa con cuatro factores, que son la evaluación del interés legítimo, el impacto sobre los titulares, el equilibrio provisional y las garantías adicionales. Y el Art. 9 de la Ley añade que solo pueden tratarse los datos estrictamente necesarios, que el tratamiento debe ser transparente, y que la Autoridad puede requerir un informe de riesgo. Ver el interés legítimo.

¿Qué tiene que decir mi política de privacidad?

Los catorce puntos del Art. 12 de la Ley: fines del tratamiento, base legal, tipos de tratamiento, tiempo de conservación, existencia de la base de datos, origen de los datos cuando no se obtuvieron del titular, otras finalidades y tratamientos ulteriores, identidad y datos de contacto del responsable con domicilio legal, teléfono y correo, identidad y contacto del delegado cuando corresponda, transferencias nacionales e internacionales con destinatarios, finalidades y garantías, consecuencias de entregar o negarse a entregar los datos, efecto de suministrar datos erróneos, posibilidad de revocar el consentimiento, y la existencia y forma de hacer efectivos los derechos. Todo en lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión. Ver los catorce puntos.

¿Puedo copiar una política de internet?

Es la opción con el riesgo más alto, porque empeora la calificación. No mantener disponibles políticas de protección de datos afines al tratamiento es infracción leve por el Art. 67 numeral 3 de la Ley, con multa del 0,1% al 0,7% del volumen de negocio. Pero utilizar información o datos para fines distintos a los declarados es infracción grave por el Art. 68 numeral 2, del 0,7% al 1%. Una plantilla declara finalidades que la empresa no cumple y omite las que sí realiza, y cada omisión convierte una práctica real en un tratamiento para fin distinto del declarado. Ver por qué la política copiada condena.

¿Cuánto tiempo puedo conservar los datos?

El Art. 8 del Reglamento dispone que los plazos de conservación no deberán exceder aquellos que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron el tratamiento, y que la Autoridad los regulará atendiendo las disposiciones aplicables a la materia. El Art. 10 exige que el fichero del registro contenga obligatoriamente el plazo de conservación, observando la materia, la naturaleza del dato, su tratamiento y su finalidad. El Art. 9 obliga a establecer procedimientos de conservación, revisión periódica y eliminación, y a eliminar, bloquear o anonimizar cumplida la finalidad. Y el Art. 11 ordena la eliminación segura al vencer el plazo, con dos excepciones: razones de interés público en salud pública y privada, materia estatal, seguridad, laboral y educación, y la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones. Ver los plazos de conservación.

Fuentes y referencias

  • Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Quinto Suplemento del Registro Oficial 459 de 26 de mayo de 2021: Art. 7 (ocho condiciones que hacen legítimo y lícito el tratamiento: consentimiento, obligación legal, orden judicial, misión de interés público o ejercicio de poderes públicos, medidas precontractuales u obligaciones contractuales, intereses vitales, bases de datos de acceso público e interés legítimo), Art. 8 (consentimiento libre, específico, informado e inequívoco; revocatoria en cualquier momento sin justificación, con mecanismos de celeridad, eficiencia, eficacia y gratuidad y un procedimiento sencillo similar al de recolección; licitud del tratamiento anterior a la revocatoria; y exigencia de que conste el consentimiento para cada una de las finalidades cuando son varias), Art. 9 (interés legítimo: solo los datos estrictamente necesarios, garantía de transparencia y facultad de la Autoridad de requerir un informe de riesgo), Art. 10 (principios), Art. 12 (catorce puntos de información obligatoria; plazo de treinta días o primera comunicación cuando los datos no se obtienen del titular o provienen de fuente accesible al público; lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión; e información al representante legal en productos o servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes), Art. 15 num. 6 (la revocatoria del consentimiento como causal de eliminación sin necesidad de justificación), Art. 16 num. 2 (oposición en todo momento al tratamiento con fines de mercadotecnia directa), Art. 67 num. 2 y 3 (infracciones leves: no implementar protección de datos desde el diseño y por defecto; no mantener disponibles políticas de protección de datos afines al tratamiento), Art. 68 num. 2 y 3 (infracciones graves: utilizar información o datos para fines distintos a los declarados; ceder o comunicar datos sin cumplir los requisitos y procedimientos), Art. 71 (multa del 0,1% al 0,7% y presupuestos de graduación), Art. 72 (multa del 0,7% al 1%) y Art. 73 (volumen de negocio del ejercicio inmediatamente anterior).
  • Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Decreto Ejecutivo 904 de 6 de noviembre de 2023: Art. 5 (recogida del consentimiento: información previa y detallada de tipos de tratamiento, finalidades, tiempo de conservación, medidas de protección y consecuencias de la entrega; aceptación indubitada mediante declaración, pronunciamiento para darse de baja o clara acción afirmativa; deber del responsable de demostrar el consentimiento obtenido; consentimiento de incapaces y de niñas, niños y adolescentes a través de representantes legales y curadores; y regla de que el silencio o la inacción, por sí solos, no presumen el consentimiento), Art. 6 (revocatoria en cualquier momento, sin afectar la licitud del tratamiento anterior, con procedimiento sencillo y suspensión del tratamiento al recibir la notificación), Art. 7 (tratamiento legítimo: desarrollo de la misión de interés público con sus cinco elementos, intereses vitales, interés legítimo con la regla de ponderación y sus cuatro factores, y fuente accesible al público con la exigencia de compatibilidad de finalidades), Art. 8 (plazos de conservación estrictamente necesarios y regulación por la Autoridad), Art. 9 (eliminación, bloqueo o anonimización cumplida la finalidad y procedimientos de conservación, revisión periódica y eliminación), Art. 10 (el fichero del registro debe contener obligatoriamente el plazo de conservación, observando materia, naturaleza del dato, tratamiento y finalidad), Art. 11 (eliminación segura al finalizar el plazo y dos supuestos en que no aplica), Art. 12 (canales para el ejercicio de los derechos), Art. 36 (deber de demostrar las medidas aplicadas), Art. 38 num. 7 (descripción de las bases legitimadoras en el registro de actividades), Art. 41 (contrato escrito con el encargado y sus siete contenidos) y Arts. 59 y 60 (protección de datos desde el diseño y por defecto).
  • Superintendencia de Protección de Datos Personales: resoluciones de procedimientos administrativos sancionatorios publicadas en su portal institucional, y Resolución SPDP-SPD-2025-0022-R de 16 de julio de 2025, con la metodología para el cálculo de las multas aplicables a infracciones leves y graves.
  • Código Civil ecuatoriano: régimen de representación legal y curaduría, referido por el Art. 5 del Reglamento para el consentimiento de personas incapaces.