Cada día cerrado cuesta, y el plazo para impugnar empieza a correr desde la notificación, no desde que consigues abogado.
Llegaron, levantaron un acta y pusieron el sello. A partir de ese momento tienes dos problemas distintos: el local cerrado, que te cuesta dinero todos los días, y un procedimiento sancionatorio en marcha que puede terminar en multa, en suspensión del permiso o en las dos cosas.
Se resuelven por separado y en ese orden. Quien solo pelea la multa y no mueve la reapertura pierde el negocio mientras gana el papel.
No todas las clausuras son iguales ni las resuelve la misma oficina. ARCSA actúa por permisos y condiciones sanitarias. La Intendencia de Policía, por otras causas y con su propio procedimiento. El cuerpo de bomberos, por el permiso de funcionamiento y las condiciones de seguridad. El municipio, por la licencia y las ordenanzas locales. Y el Ministerio de Turismo, por el registro y la licencia anual de los establecimientos turísticos.
Cada una tiene su norma, su vía de impugnación y sus plazos. Lo primero que hacemos es leer el acta: ahí dice quién actuó, con qué fundamento y qué te notificaron exactamente. De eso depende todo lo demás, y es el documento que casi nadie guarda completo.
El objetivo es doble: reabrir cuanto antes y que el expediente no termine en una sanción que te arrastre el permiso.
Quién actuó, con qué norma, qué se te imputa y qué plazo corre. Muchas actas tienen defectos que se pueden alegar, y se alegan dentro del término o no se alegan.
Qué hay que subsanar, con qué documento se acredita y ante quién se presenta. Lo urgente es levantar el sello; lo demás se discute después.
Contestación, prueba de descargo y seguimiento hasta la resolución. Si la sanción sale, la impugnación en sede administrativa o judicial según corresponda.
Mientras se resuelve, revisamos qué otros permisos están vencidos o mal emitidos, para que no te clausure otra autoridad la semana siguiente.
Tu caso lo lleva un abogado, no un gestor. Sabes quién lo firma y a quién reclamarle.
Videollamada de 60 minutos. Mandas el acta y los permisos antes; el abogado llega con el caso leído y con el plazo ya contado.
Se identifica qué hay que subsanar y se gestiona el levantamiento del sello.
Se contesta dentro del término, con la prueba de descargo armada y no improvisada.
Seguimiento hasta el final, y si la sanción sale, la impugnación en la vía que corresponda.
Dejar pasar el término. Es el error que más locales ha cerrado para siempre. El plazo corre desde la notificación, y cuando vence, la sanción queda firme aunque tuvieras toda la razón.
Negociar de palabra con el inspector. Lo que no consta en el expediente no existe. Un compromiso verbal no suspende nada ni te protege después.
Reabrir por tu cuenta. Romper el sello es un problema nuevo y más caro que el que tenías.
La asesoría cuesta $45 por videollamada de 60 minutos con el abogado, para todo el Ecuador, o $85 presencial en Guayaquil. En esa hora leemos tu acta y sales con dos cosas: qué plazo tienes y qué se puede hacer. Si contratas el servicio, los $45 se descuentan del precio final.
No publicamos el precio del servicio completo porque depende de la autoridad, de lo que se te imputa y de si hay que llegar a la vía judicial. Un número de referencia aquí solo serviría para que te lleves una sorpresa después. El presupuesto sale de la asesoría.
En Ecuador te cobran por escucharte. Nosotros te cobramos por ya tener la respuesta cuando te conectas.
Estas guías explican el fondo del asunto, escritas para que las entiendas sin ser abogado.
También puedes ver cómo trabajamos los casos o conocer quién firma el contenido de este sitio.
Escríbenos por WhatsApp con una foto del acta y te decimos qué plazo tienes. Si prefieres correo: legal@juristam.net
Escribir por WhatsAppPor Jimmy Chichande