La facultad de clausurar su local no está donde se la citan
Respuesta rápida: el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización no contiene ninguna facultad de clausurar establecimientos. La palabra «clausura» aparece en ese código una sola vez, en el Art. 263, y es para cerrar el presupuesto anual. La facultad de cerrarle el local tiene que estar en la ordenanza de su cantón, y esa ordenanza tiene que tipificar la infracción y la sanción. Si el acto que le notificaron cita solo el COOTAD, está citando una norma que no contiene la potestad que ejerce.
Esto no es un tecnicismo: es el punto de partida obligatorio de cualquier defensa, y es verificable en dos minutos leyendo lo que el acto cita.
Art. 54 letra g): regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal. Letra m): regular y controlar el uso del espacio público cantonal y el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él. Letra o): regular y controlar las construcciones, con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos.
Regular y controlar. En ninguna letra dice sancionar ni clausurar. Y la única «facultad sancionadora» que el COOTAD menciona en todo su texto está en el Art. 340, y pertenece a la máxima autoridad financiera, derivada del ejercicio de la gestión tributaria: sanciones tributarias, no cierre de establecimientos.
De manera que la potestad de clausurar llega por otra vía: el Art. 7 del COOTAD, que reconoce a los concejos municipales la capacidad de dictar normas de carácter general mediante ordenanzas aplicables en su circunscripción, y añade que el ejercicio de esa facultad «observará lo previsto en la Constitución y la Ley».
Es decir: el municipio puede crear la infracción y la sanción, pero tiene que hacerlo en la ordenanza y por escrito, y lo que escriba está sometido a la Constitución y al Código Orgánico Administrativo. Nada de eso se presume.
- Lea qué normas cita el acto que le notificaron
Busque un artículo de ordenanza, con número y nombre de la ordenanza. Si solo encuentra el COOTAD, la Constitución o «la normativa vigente», falta la norma que crea la infracción.
- Verifique que esa ordenanza exista y esté vigente
Las ordenanzas se publican en la gaceta oficial del municipio y en su portal de transparencia. Una ordenanza derogada o reformada después de los hechos no sirve para sancionarlos.
- Compruebe que el artículo citado tipifique su conducta
No basta que la ordenanza exista: el artículo tiene que describir exactamente la conducta que le imputan y asignarle la sanción que le pusieron.
- Anote quién firma y con qué cargo
Comisaría municipal, dirección de turismo, dirección de control, administración zonal. Cada ordenanza designa un órgano distinto, y el que firme debe ser el que la ordenanza designa.
- Anote la fecha y hora de la notificación
De ahí corren los tres días del Art. 229 del Código Orgánico Administrativo para pedir que el local siga abierto mientras se discute, y los diez días del Art. 224 para apelar. El corto vence primero.
La primera revisión es de dos páginas: qué norma citan
En la consulta leemos el acto, identificamos qué ordenanza y qué artículo invoca, verificamos si esa ordenanza está vigente y si tipifica su conducta, revisamos si quien firmó es el órgano que la ordenanza designa, y armamos la petición de suspensión si el término de tres días todavía corre.
¿El acto que le notificaron tiene base?
Cuatro preguntas sobre qué norma cita, quién firmó, qué permiso le reclaman y qué le exigen. El resultado indica si falta la norma que habilita la clausura y qué plazo corre hoy.
No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.
- La facultad no está donde se la citan
- La ordenanza tiene que tipificar la infracción
- Cómo encontrar la ordenanza de su cantón
- Qué permiso le reclaman, porque no son el mismo
- Si tiene LUAF, está exento de otra licencia
- La multa va a coactiva y el COOTAD ya no la regula
- Los tres días para reabrir
- Los vicios que tumban la clausura
- Los seis errores que alargan el cierre
- Por qué esto no se maneja solo
- Preguntas frecuentes
La ordenanza tiene que tipificar la infracción antes de que usted la cometa
Respuesta rápida: el Art. 76 numeral 3 de la Constitución dispone que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le puede aplicar una sanción no prevista. Y el Art. 248 del Código Orgánico Administrativo exige que el ejercicio de la potestad sancionadora cuente con procedimiento legalmente previsto, y que la notificación indique la norma que atribuye la competencia a quien va a sancionar.
Esos dos artículos, leídos juntos, imponen tres requisitos que se verifican uno por uno sobre el papel que le dejaron:
| Lo que la norma exige | Dónde se verifica |
|---|---|
| Tipicidad previa: la conducta estaba descrita como infracción antes de los hechos | La fecha de publicación de la ordenanza contra la fecha del hecho imputado |
| Sanción prevista: la clausura está asignada a esa infracción, y no otra sanción | El artículo de la ordenanza que gradúa las sanciones por tipo de falta |
| Competencia expresa: el órgano que firma es el que la ordenanza designa | El cargo de quien suscribe contra el artículo de la ordenanza que atribuye la potestad |
| Procedimiento previsto: se siguieron las etapas que la ordenanza y el COA establecen | El expediente: auto de inicio, notificación, término de prueba, resolución |
Y el Art. 248 agrega una garantía que en materia municipal se incumple con frecuencia: el numeral 1 exige la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos. En un municipio pequeño es común que el mismo funcionario inspeccione, levante el acta, instruya y resuelva. Eso es un vicio de procedimiento, no una cuestión de tamaño de la institución.
Cuando el acto se dicta sin esa base, la consecuencia está en el Art. 105 del Código Orgánico Administrativo: es nulo el acto que sea contrario a la Constitución y a la ley, y el que se dictó sin competencia por razón de la materia, el territorio o el tiempo. Y el Art. 108 añade que las personas no están obligadas al cumplimiento de un acto administrativo declarado nulo, y que los servidores públicos deben oponerse a su ejecución motivando su negativa.
Si el mismo funcionario inspeccionó, instruyó y resolvió, hay un vicio que no se discute con hechosEl Art. 248 num. 1 exige que la instrucción y la sanción estén en servidores públicos distintos.
Cómo encontrar la ordenanza de su cantón y las seis cosas que hay que buscar en ella
Respuesta rápida: la ordenanza que regula los permisos de funcionamiento y las sanciones de su cantón se publica en la gaceta oficial municipal y debe constar en el portal de transparencia del municipio, que el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a mantener actualizado. Si no está publicada, eso ya es un argumento: una norma sancionadora que no se publicó no puede oponerse al administrado.
Esto importa porque cada cantón tiene su propia ordenanza, con sus propios plazos, su propia graduación de sanciones y su propio órgano competente. Un artículo que le diga «el plazo es de cinco días» estaría inventando: el plazo es el que diga la ordenanza de su cantón, y cuando la ordenanza no lo diga, el que diga el Código Orgánico Administrativo, que se aplica de forma supletoria a todo procedimiento administrativo.
Lo que hay que ubicar y copiar de la ordenanza, con número de artículo:
- El artículo que enumera las infracciones y cómo las clasifica (leves, graves, muy graves)
- El artículo que enumera las sanciones y a qué clase de infracción corresponde cada una
- El artículo que dice en qué casos cabe la clausura y por cuántos días
- El artículo que designa el órgano competente para instruir y el que resuelve
- Los términos de citación, contestación, prueba y resolución
- El artículo que regula el levantamiento de la clausura y qué hay que pagar o acreditar
Con esos seis datos el caso deja de ser una discusión general y se vuelve una comparación concreta: lo que la ordenanza manda contra lo que efectivamente hicieron. La mayoría de las clausuras municipales que se caen, se caen ahí: en la distancia entre el procedimiento escrito y el que se siguió.
Una nota de honestidad sobre los plazos. En muchas ordenanzas municipales el procedimiento sancionador replica el del Código Orgánico Administrativo: auto de inicio, citación, término para contestar, audiencia, término de prueba y resolución. En otras es más breve o remite directamente al COA. No hay un plazo nacional único para la clausura municipal, y cualquiera que le diga lo contrario no leyó la ordenanza de su cantón. Lo que sí es nacional son las garantías del Art. 248 del COA, la nulidad del Art. 105, la suspensión del Art. 229, la apelación de diez días del Art. 224, la caducidad del Art. 244 y la prescripción de los Arts. 245 y 246.
Nosotros ubicamos y leemos la ordenanza de su cantón
Sea el municipio que sea. La buscamos en la gaceta y en el portal de transparencia, extraemos los seis artículos que deciden el caso —infracciones, sanciones, cuándo cabe la clausura, qué órgano instruye y cuál resuelve, los términos, y cómo se levanta el sello— y los comparamos con lo que efectivamente hicieron en su expediente.
Qué permiso municipal le están reclamando, porque no son el mismo
Respuesta rápida: el municipio emite varios documentos distintos y se confunden todo el tiempo. La patente municipal es un tributo por ejercer actividad económica. El certificado de uso de suelo dice si en esa dirección puede funcionar esa actividad. La Licencia Única Anual de Funcionamiento es la licencia turística que el municipio emite por delegación. Y la tasa de habilitación o permiso de funcionamiento municipal es otra cosa. Que le falte uno no significa que le falten todos, y la sanción no es la misma.
La distinción tiene consecuencias prácticas inmediatas. Un problema de uso de suelo no se arregla pagando: si la actividad no está permitida en esa zona según el plan de uso y gestión de suelo del cantón, ningún pago lo resuelve, y la discusión es de zonificación. Un problema de patente es tributario, y la vía es la del Código Tributario y la reclamación administrativa, no la del procedimiento sancionador. Un problema de LUAF tiene un régimen propio, y uno muy favorable que casi nadie invoca.
Confundir el permiso que falta cambia la vía entera del casoUn problema de patente es tributario, uno de uso de suelo es de zonificación, y uno de LUAF tiene una exención en una ley.
Si tiene LUAF, la Ley de Turismo le exime de otra licencia de funcionamiento
Respuesta rápida: el Art. 10 letra e) de la Ley de Turismo dispone que la Licencia Única Anual de Funcionamiento le permite al establecimiento no tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de licencias de funcionamiento, con la sola excepción de las licencias ambientales. Si el municipio le clausuró por falta de un permiso de funcionamiento que la LUAF ya cubre, le está exigiendo un documento del que una ley orgánica lo exime.
Y hay una segunda capa. El Art. 12 del Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas establece que los requisitos para obtener la LUAF, además del registro de turismo, son el certificado de estar al día en las contribuciones de la autoridad de turismo y «los requisitos que cada Gobierno Autónomo Descentralizado considere para la emisión de la Licencia Única Anual de Funcionamiento, que deberá ser realizado mediante ordenanza».
Esa última frase es la clave: el municipio puede añadir requisitos, pero solo mediante ordenanza. Un requisito exigido por circular, por instructivo, por formulario o por práctica de ventanilla no cumple esa condición. Vale la pena revisarlo, porque es donde se atascan los trámites.
El régimen completo de la clausura en materia turística —cuándo cabe el cierre inmediato, los plazos de 30 y 60 días para corregir y la declaratoria de establecimiento no turístico— está en la guía de la clausura y las multas en materia turística. Y si lo que se discute es el horario de funcionamiento, el régimen de la Intendencia de Policía y el supuesto en que su registro turístico lo desplaza están en la guía de la clausura por la Intendencia.
La LUAF es un escudo que casi nadie invoca
En la consulta verificamos qué permiso le reclaman y si la LUAF lo cubre por el Art. 10 letra e) de la Ley de Turismo, revisamos si los requisitos que le exigieron constan en ordenanza como manda el Art. 12 del reglamento, y preparamos el escrito alegando la exención si corresponde.
La multa municipal va a coactiva, y el COOTAD ya no la regula
Respuesta rápida: los Arts. 350 a 353 del COOTAD, que regulaban la coactiva municipal, el procedimiento, el título de crédito y las excepciones, fueron derogados por la Disposición Derogatoria Séptima de la ley publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017, que es el Código Orgánico Administrativo. Hoy la coactiva municipal se rige por el COA. Si el acto que le notificaron cita el Art. 350 del COOTAD, cita una norma derogada hace años.
Y el COA trae una garantía concreta que conviene conocer antes de que la deuda avance. El Art. 271 dispone que en el acto administrativo que declare o constituya una obligación dineraria y ponga fin a un procedimiento en que se contó con el deudor, el órgano a cargo de la resolución requerirá el pago voluntario dentro de diez días contados desde la notificación, previniéndole que de no hacerlo se procederá con la ejecución coactiva. Para obligaciones originadas en otros instrumentos, el requerimiento debe notificarse junto con una copia certificada de la fuente o título de la que se desprende, y se conceden igualmente diez días.
De manera que hay dos cosas exigibles: el requerimiento previo de pago voluntario, y la copia certificada del título cuando la obligación no nace de una resolución sancionadora. Una coactiva que arranca sin ese paso arranca mal. El Art. 261 añade que las entidades del sector público son titulares de la potestad de ejecución coactiva cuando esté previsto en la ley, y que si no se designó órgano ejecutor específico, la competencia corresponde al órgano que ejerce la tesorería.
Y el Art. 281 faculta al ejecutor a dictar medidas cautelares, que es el momento en que el problema deja de ser el local y pasa a ser las cuentas. Si su caso ya llegó ahí, lo que corre es otro régimen: lo tratamos en la guía sobre cómo se impugna una sanción administrativa y cómo se frena su ejecución.
Los tres días para que el local reabra mientras se discute
Respuesta rápida: impugnar no suspende. El Art. 229 del Código Orgánico Administrativo establece que la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto, salvo que el interesado lo solicite dentro del término de tres días, petición que se resuelve en término igual. Si no la resuelven, hay negativa tácita, y contra esa negativa no cabe recurso alguno.
Son dos escritos distintos: tres días para que el local siga abierto, diez días del Art. 224 para la apelación de fondo. El Art. 229 exige que concurra alguna de tres circunstancias, y en una clausura municipal las dos primeras suelen estar disponibles:
- Perjuicios de imposible o difícil reparación
Un local cerrado sigue pagando nómina, arriendo y proveedores. Se alega con roles de pago, facturas y contratos, no con afirmaciones generales.
- Causal de nulidad de pleno derecho
Aquí entra lo central de esta materia: el acto que cita el COOTAD en lugar de la ordenanza, la infracción no tipificada, la sanción no prevista, el órgano que no es el designado, y la instrucción y la resolución en el mismo funcionario.
- Nuevos documentos de valor esencial
La LUAF vigente, el certificado de uso de suelo, la patente al día, el comprobante de la tasa, el registro de turismo que activa la exención del Art. 10 letra e).
El artículo obliga a resolver previa ponderación motivada de los daños que la suspensión o la ejecución causarían al administrado, al interés público o a terceros. Darle a la autoridad el material de esa ponderación, con números, es la mitad del trabajo.
Los vicios que tumban una clausura municipal
- El acto cita el COOTAD y no la ordenanza
Es el vicio más frecuente de esta materia. El COOTAD no contiene la facultad de clausurar establecimientos: en su Art. 54 letras g), m) y o) habla de regular y controlar, y su única mención a la facultad sancionadora, en el Art. 340, es tributaria y de la autoridad financiera. El Art. 248 num. 3 del COA exige que la notificación indique la norma que atribuye la competencia.
- La conducta no está tipificada en la ordenanza
El Art. 76 num. 3 de la Constitución prohíbe sancionar por actos no tipificados al momento de cometerse y aplicar sanciones no previstas. Hay que comparar literalmente el artículo citado con la conducta imputada.
- La ordenanza no estaba publicada o no estaba vigente
Una norma sancionadora que no se publicó no se opone al administrado, y una reformada después de los hechos no los alcanza.
- Firmó quien no es el órgano competente
Cada ordenanza designa su órgano instructor y su órgano sancionador. El acto dictado sin competencia por razón de la materia es nulo por el Art. 105 num. 3 del COA.
- El mismo funcionario instruyó y resolvió
El Art. 248 num. 1 exige la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, en servidores públicos distintos.
- Le exigen un permiso del que la LUAF lo exime
El Art. 10 letra e) de la Ley de Turismo exceptúa al establecimiento con licencia de obtener otras licencias de funcionamiento, salvo la ambiental.
- Le exigieron requisitos que no constan en ordenanza
El Art. 12 del Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas permite al municipio añadir requisitos a la LUAF, pero dispone que debe hacerse mediante ordenanza. Un requisito de circular o de ventanilla no cumple esa condición.
- Caducidad y prescripción
El Art. 244 del COA establece que la potestad sancionadora caduca cuando la administración no concluyó el procedimiento en el plazo previsto, y que la certificación se emite a solicitud del inculpado; si la administración se niega, se obtiene por procedimiento sumario. El Art. 245 fija la prescripción en uno, tres y cinco años según la gravedad, y el Art. 246 la extiende a las sanciones impuestas.
Y si el sello de su local lo puso otra autoridad, el régimen es distinto: está en la guía de la clausura por el Cuerpo de Bomberos, donde el cierre debe ir precedido de dos citaciones y un aviso, y en la guía de la clausura sanitaria del local.
Ocho vicios, y basta con que prospere uno
En la consulta los recorremos sobre su acto concreto: la norma citada, la tipicidad en la ordenanza, su publicación y vigencia, la competencia de quien firmó, la separación de funciones, la exención de la LUAF, los requisitos exigidos sin ordenanza, la caducidad y la prescripción. Salimos con el orden en que se alegan y con la petición de suspensión redactada si el término de tres días todavía corre.
Los seis errores que alargan el cierre
- Discutir los hechos sin haber leído la ordenanza
La defensa de esta materia se gana comparando el procedimiento escrito con el que se siguió. Sin el texto de la ordenanza en la mano, esa comparación no se puede hacer.
- Pagar la multa para que le abran
Pagar una multa cuya base normativa es discutible cierra la discusión y, además, puede leerse como aceptación de los hechos que la sostienen. Lo que reabre el local es la suspensión del Art. 229, no el pago.
- Dejar pasar los tres días del Art. 229
Es el único plazo que puede devolverle la operación mientras se discute, y contra la negativa —expresa o tácita— el propio artículo dice que no cabe recurso alguno.
- Confundir los permisos
Patente, uso de suelo, LUAF y tasa de habilitación son cuatro documentos con cuatro regímenes. Un problema de uso de suelo no se arregla pagando, y un problema de patente va por la vía tributaria, no por la sancionadora.
- No invocar la exención de la LUAF
El Art. 10 letra e) de la Ley de Turismo está en una ley orgánica y exime de otras licencias de funcionamiento. Es el argumento más fuerte de los establecimientos turísticos frente al municipio, y es el que menos se usa.
- Corregir y no acreditarlo
El Art. 253 del COA permite obtener reducciones o exenciones cuando el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente. Arreglar lo observado sin ingresar el respaldo equivale, para el expediente, a no haber corregido.
Por qué esto no se maneja solo
Porque la norma que decide su caso no es nacional: es la ordenanza de su cantón, y hay que ubicarla, verificar su vigencia, leer su catálogo de infracciones y comparar su procedimiento con el que efectivamente se siguió. Eso no se resuelve buscando en internet «clausura municipal Ecuador», porque lo que encuentre será de otro cantón.
Y porque sobre esa ordenanza se superponen cuatro cuerpos que sí son nacionales y que son los que dan las defensas: la Constitución, con la tipicidad del Art. 76 num. 3 y la motivación del num. 7 letra l); el Código Orgánico Administrativo, con las garantías del Art. 248, la nulidad del Art. 105, la suspensión del Art. 229, la apelación del Art. 224, la caducidad del Art. 244 y la prescripción de los Arts. 245 y 246; la Ley de Turismo, con la exención del Art. 10 letra e); y el propio COOTAD, para demostrar lo que no contiene.
El reloj tampoco es uno: tres días para la suspensión, diez para la apelación, diez para el pago voluntario del Art. 271 antes de la coactiva, un mes para que resuelvan. El que vence primero decide si el local factura esta semana.
Trabajamos en todo el Ecuador. Como la norma aplicable es la ordenanza de su cantón, lo primero que hacemos es ubicarla y leerla, sea el municipio que sea. La defensa se presenta por escrito, así que la distancia no cambia nada. La atención presencial está disponible en Guayaquil.
Empiece por saber qué norma lo sanciona
La consulta termina con cuatro cosas en concreto: qué ordenanza y qué artículo invoca el acto, si ese artículo tipifica su conducta y prevé la clausura, si quien firmó es el órgano competente, y qué plazos corren hoy con fecha exacta. Si el término de tres días está vivo, ese escrito sale primero.
Preguntas frecuentes
¿El Municipio puede clausurarme el local?
Puede, pero no con la base que suele citar. El COOTAD no contiene ninguna facultad de clausurar establecimientos: la palabra «clausura» aparece en ese código una sola vez, en el Art. 263, referida al cierre del presupuesto anual. Su Art. 54 letras g), m) y o) atribuye al municipio regular y controlar la actividad turística cantonal, el uso del espacio público y las construcciones, no sancionar. Y la única facultad sancionadora que el COOTAD menciona está en el Art. 340, pertenece a la máxima autoridad financiera y se deriva de la gestión tributaria. La potestad de clausurar llega por el Art. 7, que reconoce al concejo la capacidad de dictar ordenanzas, y por tanto tiene que estar en la ordenanza de su cantón.
El acto solo cita el COOTAD. ¿Eso sirve?
Es el vicio más frecuente de esta materia. El Art. 248 numeral 3 del Código Orgánico Administrativo exige que al presunto responsable se le notifiquen los hechos imputados, las infracciones que esos hechos puedan constituir, las sanciones posibles, la identidad del instructor, la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia. Si el acto cita el COOTAD, la Constitución o «la normativa vigente» sin identificar la ordenanza y el artículo que crean la infracción y la sanción, falta la norma que habilita lo que se está haciendo, y eso se alega por el Art. 105 del mismo código.
¿Dónde encuentro la ordenanza de mi cantón?
En la gaceta oficial del municipio y en su portal de transparencia, que el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a mantener actualizado con la normativa vigente de la institución. Si no está publicada, eso es por sí mismo un argumento: una norma sancionadora que no se publicó no puede oponerse al administrado. Y conviene pedirla por escrito al municipio, porque la respuesta —o su ausencia— queda en el expediente.
¿Cuánto tiempo tengo para defenderme de una clausura municipal?
Depende de la ordenanza de su cantón, y cualquiera que le dé un número sin haberla leído está inventando. Lo que sí es nacional son los plazos del Código Orgánico Administrativo, que se aplica a todo procedimiento administrativo: tres días desde la notificación para pedir la suspensión de la ejecución por el Art. 229, diez días para la apelación por el Art. 224, un mes para que la resuelvan por el Art. 230, y diez días de pago voluntario antes de la coactiva por el Art. 271. El plazo de tres días es el que vence primero y el único que puede devolverle la operación mientras se discute.
Tengo la LUAF y me exigen otro permiso de funcionamiento. ¿Es correcto?
El Art. 10 letra e) de la Ley de Turismo dispone que la Licencia Única Anual de Funcionamiento permite al establecimiento no tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de licencias de funcionamiento, salvo las licencias ambientales que por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. Es una exención contenida en una ley, y es el argumento más fuerte que tiene un establecimiento turístico frente al municipio. No lo exime, en cambio, del certificado de uso de suelo ni de la patente municipal, que no son licencias de funcionamiento.
Me pidieron requisitos que no están en ninguna parte. ¿Puedo negarme?
Conviene revisarlo con la norma en la mano. El Art. 12 del Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas establece que los requisitos de la Licencia Única Anual de Funcionamiento, además del registro de turismo y del certificado de estar al día en las contribuciones, son los que cada gobierno autónomo descentralizado considere, y precisa que eso «deberá ser realizado mediante ordenanza». Un requisito exigido por circular, por instructivo, por formulario o por práctica de ventanilla no cumple esa condición. Lo que corresponde es pedir por escrito el fundamento normativo del requisito.
¿Qué diferencia hay entre patente, uso de suelo y LUAF?
Son tres cosas con tres regímenes. La patente municipal es un tributo por el ejercicio de actividad económica, y los problemas de patente se discuten por la vía tributaria y la reclamación administrativa, no por el procedimiento sancionador. El certificado de uso de suelo determina si en esa dirección puede funcionar esa actividad según el plan de uso y gestión de suelo del cantón, y un problema de uso de suelo no se arregla pagando: la discusión es de zonificación. La Licencia Única Anual de Funcionamiento es la licencia turística que el municipio emite y que activa la exención del Art. 10 letra e) de la Ley de Turismo. Que le falte uno no significa que le falten todos.
El mismo funcionario me inspeccionó, me notificó y me sancionó. ¿Eso es válido?
El Art. 248 numeral 1 del Código Orgánico Administrativo exige que en los procedimientos sancionadores se disponga la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, y que esa última corresponda a servidores públicos distintos. Es una garantía del procedimiento, no una recomendación de buena práctica, y no admite excusa de tamaño de la institución. Es un vicio que se alega sin discutir un solo hecho, y encaja además en la segunda circunstancia del Art. 229 para pedir la suspensión de la ejecución, porque se funda en una causal de nulidad.
¿La multa municipal puede cobrarse con coactiva?
Sí, pero no con las normas que muchos actos todavía citan. Los Arts. 350 a 353 del COOTAD, que regulaban la coactiva municipal, el procedimiento, el título de crédito y las excepciones, fueron derogados por la Disposición Derogatoria Séptima de la ley publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017, que es el Código Orgánico Administrativo. Hoy rige el COA: su Art. 271 obliga a requerir el pago voluntario dentro de diez días desde la notificación antes de proceder con la ejecución coactiva, y para obligaciones originadas en instrumentos distintos de una resolución exige notificar el requerimiento junto con una copia certificada de la fuente o título. Y el Art. 281 faculta al ejecutor a dictar medidas cautelares.
Ya corregí lo que me observaron. ¿Eso me ayuda?
Ayuda si queda acreditado. El Art. 253 del Código Orgánico Administrativo dispone que si el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente, puede obtener las reducciones o exenciones previstas en el ordenamiento jurídico, y que el cumplimiento voluntario en cualquier momento anterior a la resolución implica la terminación del procedimiento. Lo que cuenta es el documento ingresado con sus respaldos, no la obra hecha en el local: para el expediente, corregir sin acreditar equivale a no haber corregido.
Fuentes y referencias
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD): Art. 7 (facultad normativa: se reconoce a los concejos municipales la capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas aplicables dentro de su circunscripción territorial, y su ejercicio se circunscribe al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno y observará lo previsto en la Constitución y la Ley), Art. 54 letras g), m) y o) (funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal: regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal; regular y controlar el uso del espacio público cantonal y el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él; y regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres), Art. 263 (única mención de la palabra clausura en ese código, referida al plazo de clausura y liquidación del presupuesto), Art. 340 (deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera, incluidas las derivadas del ejercicio de la gestión tributaria y la facultad sancionadora conforme a la ley: única mención de facultad sancionadora en el COOTAD) y Arts. 350, 351, 352 y 353, sobre coactiva, procedimiento, título de crédito y excepciones, derogados por la Disposición Derogatoria Séptima de la ley publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017.
- Constitución de la República del Ecuador: Art. 76 numeral 3 (nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista) y Art. 76 numeral 7, letras a) (nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento) y l) (las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas; no hay motivación si no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho; los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos).
- Código Orgánico Administrativo, Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017: Art. 65 (la competencia es la medida en que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado), Art. 105 (causales de nulidad del acto administrativo, entre ellas ser contrario a la Constitución y a la ley y haberse dictado sin competencia por razón de la materia, territorio o tiempo), Art. 108 (las personas no están obligadas al cumplimiento del acto administrativo declarado nulo y los servidores públicos deben oponerse a su ejecución motivando su negativa), Art. 224 (término de diez días para la apelación), Art. 229 (presunción de legitimidad, no suspensión por la interposición de recursos, petición de suspensión dentro del término de tres días resuelta en término igual, las tres circunstancias habilitantes, ponderación motivada de los daños, negativa tácita e improcedencia de recurso contra la negativa), Art. 230 (plazo máximo de un mes para resolver la apelación), Art. 244 (caducidad de la potestad sancionadora, certificación a solicitud del inculpado y procedimiento sumario ante la negativa de la administración), Arts. 245 y 246 (prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora en uno, tres y cinco años según la gravedad, y prescripción de las sanciones en los mismos plazos), Art. 248 (garantías del procedimiento sancionador: debida separación entre la función instructora y la sancionadora en servidores públicos distintos, y notificación de los hechos imputados, de las infracciones, de las sanciones posibles, de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuye tal competencia), Art. 253 (reducciones o exenciones cuando el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente, y terminación del procedimiento por cumplimiento voluntario anterior a la resolución), Art. 261 (titularidad de la potestad de ejecución coactiva cuando esté prevista en la ley, y competencia del órgano que ejerce la tesorería cuando no se haya previsto órgano ejecutor específico), Art. 271 (requerimiento de pago voluntario dentro de diez días desde la notificación antes de la ejecución coactiva, y notificación del requerimiento junto con copia certificada de la fuente o título cuando la obligación se origina en instrumentos distintos de la resolución) y Art. 281 (medidas cautelares del ejecutor).
- Ley de Turismo, Registro Oficial Suplemento 733 de 27 de diciembre de 2002: Art. 10 letra e) (la Licencia Única Anual de Funcionamiento permite al establecimiento no tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de licencias de funcionamiento, salvo en el caso de las licencias ambientales que por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas).
- Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas: Art. 12 (procedimiento de obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento conforme al procedimiento que establezca el gobierno autónomo descentralizado, y requisitos: registro de turismo, certificado de encontrarse al día en las contribuciones establecidas por la autoridad nacional de turismo, y los requisitos que cada gobierno autónomo descentralizado considere, que deberán ser establecidos mediante ordenanza).
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Art. 7 (obligación de las instituciones públicas de difundir a través de un portal de información o página web, entre otros, la normativa vigente de la institución).
Si tu local está cerrado, en la página de clausura de local está lo que hacemos y lo que cuesta.
