← Volver al blog
Derecho AdministrativoTurismoRegistro y LUAF Actualización: octubre 2026

Turismo: el cierre inmediato solo cabe sin registro

Clausura y sanciones del Ministerio en materia turística en Ecuador: cuándo procede el cierre inmediato, los 30 o 60 días para corregir y quién puede firmarle la clausura hoy.

Categoría: Derecho Administrativo · Por

J
Equipo Editorial · Juristam Abogados especializados en defensa de establecimientos turísticos frente a clausuras, multas y declaratorias de la autoridad de turismo, y en recursos conforme al Código Orgánico Administrativo. Contenido basado en la Ley de Turismo, el Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas y el Código Orgánico Administrativo.

Lo primero no es la defensa: es si su registro está vigente

Respuesta rápida: el Art. 52 de la Ley de Turismo permite clausurar de forma inmediata en un solo supuesto: cuando se comprueba que el establecimiento ejerce actividades turísticas sin haber obtenido las autorizaciones de esa ley. En todos los demás casos la clausura solo cabe cuando se reincide en amonestación, lista de incumplidos o multa. Si usted tiene registro de turismo y Licencia Única Anual de Funcionamiento vigentes y es la primera vez, el cierre inmediato no tiene base.

Esa es la bifurcación que decide el caso, y es la que casi nadie revisa antes de empezar a discutir el fondo. El dueño del restaurante o del hotel recibe la notificación, lee los hechos que le imputan y se pone a explicar por qué el inspector se equivocó. Pero la pregunta previa es más simple y más poderosa: ¿la autoridad tenía la facultad de cerrarle hoy, o solo de multarlo?

⚠ La clausura inmediata y la clausura por reincidencia son dos cosas distintas

El Art. 52 de la Ley de Turismo dice, sobre la clausura: «Dictará esta medida en forma inmediata cuando se compruebe que se está ejerciendo actividades turísticas sin haber obtenido las autorizaciones a las que se refiere esta Ley.» Y a continuación: «Igualmente dispondrá la clausura cuando se reincida en las causales señaladas en las letras a), b) y c) de este artículo.»

Las letras a), b) y c) son la amonestación escrita, la ubicación en la lista de empresarios incumplidos y las multas. Es decir: para que la clausura proceda por una falta de calidad, de normas técnicas o de contrato turístico, tiene que existir una sanción anterior en la que se reincide. Sin ese antecedente en el expediente, la clausura se apoya en una causal que no se configuró.

En la práctica esto parte los casos en dos grupos muy distintos:

SituaciónQué puede hacer la autoridadQué se defiende
Opera sin registro de turismo o sin LUAFClausura inmediata, por el Art. 52La regularización, la proporcionalidad de la medida y la competencia de quien firmó
Registro y LUAF vigentes, primera faltaAmonestación o multa, no clausuraQue la causal de clausura no se configuró: falta la reincidencia
Registro vigente y ya había amonestación o multaClausura por reincidenciaQue la sanción anterior esté firme, notificada y no prescrita
LUAF vencida pero registro vigenteDiscutible: el registro es por una sola vez, la licencia es anualQue el registro subsiste y que lo que falta es renovar, no autorizar

El Art. 9 de la Ley de Turismo establece que el Registro de Turismo se obtiene por una sola vez, previo al inicio de actividades. La Licencia Única Anual de Funcionamiento, por su nombre y por el Art. 10, es anual. No son el mismo documento y no caducan igual.

La primera revisión no es de hechos: es de facultades

En la consulta leemos la notificación, verificamos si le imputan operar sin autorizaciones o una falta de otra naturaleza, buscamos en el expediente la sanción anterior que la reincidencia exige, y revisamos quién firmó y con qué norma de competencia. Si la causal de clausura no se configuró, eso se alega primero y se pide la suspensión de la medida.

Diagnóstico · 40 segundos

¿La clausura procedía en su caso?

Cuatro preguntas sobre sus permisos, lo que le notificaron, si hubo inspección con plazo y si es la primera vez. El resultado indica si la causal del Art. 52 se configuró y qué plazo corre hoy.

1. ¿Qué permisos turísticos tiene hoy?

No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.

Quién puede firmar su clausura hoy: el ministerio que la ley nombra ya no existe

Respuesta rápida: el Art. 52 atribuye la clausura al Ministro de Turismo, por sí o mediante delegación. Ese ministerio fue fusionado por absorción en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca por el Decreto Ejecutivo 99, de 14 de agosto de 2025, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 105 de 19 de agosto de 2025. Hoy la rectoría turística se ejerce desde esa cartera, con un Viceministerio de Turismo dentro. Y eso significa que quien le firme la clausura tiene que poder mostrar su cadena de competencia.

Esto no es un detalle de nomenclatura. La competencia administrativa no es un título honorífico: el Art. 65 del Código Orgánico Administrativo la define como la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado. Y el Art. 105 num. 3 declara nulo el acto administrativo que «se dictó sin competencia por razón de la materia, territorio o tiempo».

Cuando una ley atribuye una facultad al titular de una cartera y esa cartera se fusiona, la facultad se traslada al ministerio absorbente. Pero sigue siendo del titular, salvo delegación. Y la delegación, en el Código Orgánico Administrativo, no se presume: tiene forma, contenido y publicidad obligatorios.

Lo que la delegación tiene que contener, por el Art. 70 del COA

El Art. 70 exige que el acto de delegación contenga: la especificación del delegado; la especificación del órgano delegante y la atribución para delegar esa competencia; las competencias objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer; el plazo o condición cuando sean necesarios; lugar, fecha y número; y las decisiones que pueden adoptarse por delegación. Y añade que la delegación y su revocación se publicarán por el órgano delegante a través de los medios de difusión institucional.

El Art. 72 num. 2 agrega una regla que en la práctica cierra muchos casos: no pueden delegarse «las competencias que, a su vez se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa del órgano titular de la competencia». Una delegación encadenada sin esa autorización expresa no sostiene el acto.

Y hay una pieza del propio Código que convierte esto en algo que usted puede verificar leyendo su notificación. El Art. 248 num. 3 establece que el presunto responsable tiene derecho a ser notificado de los hechos imputados, de las infracciones, de las sanciones posibles, y además de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

Es decir: la notificación tiene que decirle cuál es la norma que le da competencia a quien va a sancionarlo. Si en su papel no está esa norma, o si está citada la facultad de un ministerio que ya no existe sin el decreto de fusión y sin el instrumento de delegación, el defecto no es de forma menor: es de la garantía que el propio Código enumera.

  1. Busque en la notificación el nombre y el cargo de quien firma

    No el nombre del inspector que fue al local, sino el de quien suscribe el acto. Son casi siempre personas distintas, y el Art. 248 num. 1 exige que la función instructora y la sancionadora estén en servidores públicos distintos.

  2. Busque la norma de competencia citada

    Si cita el Art. 52 de la Ley de Turismo, revise si además cita el instrumento de delegación. El Art. 52 habla del Ministro «por sí o mediante delegación»; una dirección zonal o una coordinación no es el Ministro.

  3. Verifique que la delegación esté publicada

    El Art. 70 obliga a publicarla por los medios de difusión institucional. Una delegación que no se encuentra publicada es una delegación que no se puede oponer a usted.

  4. Revise si la delegación cubre la facultad sancionadora

    Es frecuente que un acuerdo delegue funciones de gestión, promoción, fomento o administración de fondos y no la potestad de sancionar. Delegar lo uno no delega lo otro: el Art. 70 num. 3 exige que las competencias objeto de delegación estén especificadas.

  5. Si el acto es nulo, no está obligado a cumplirlo

    El Art. 108 del COA es expreso: las personas no están obligadas al cumplimiento de un acto administrativo declarado nulo, y los servidores públicos deben oponerse a su ejecución motivando su negativa. Pero la nulidad hay que alegarla y obtenerla; no se declara sola, y mientras no se declare el acto se presume legítimo por el Art. 229.

Esta revisión se hace leyendo dos páginas de su notificaciónY define si la discusión va a ser de hechos o de facultades, que es una discusión mucho más corta de ganar.

Esta misma lógica de competencia es la que usamos cuando el sello lo pone otra autoridad. Si a usted le cerró la Intendencia de Policía y no Turismo, el régimen y los plazos cambian por completo: lo explicamos en la guía sobre la clausura por la Intendencia de Policía, donde el sello se coloca durante la inspección y corre un plazo de tres días que vence antes que la defensa.

Si hubo inspección, la norma le debe 30 o 60 días antes de sancionar

Respuesta rápida: cuando una inspección determina que el establecimiento no cumple el porcentaje de requisitos de su categoría, el Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas ordena otorgar hasta 30 días para corregir los requisitos de servicio y hasta 60 días para los de infraestructura, contados desde el día siguiente a la inspección. Sancionar dentro de ese plazo, sin haberlo dado, es sancionar antes de que la obligación sea exigible.

Esta regla aparece dos veces en el reglamento, lo que la hace difícil de discutir: en el Art. 11, para el procedimiento de registro, y en la Disposición General Décima Novena, con carácter general. Ambas dicen lo mismo con las mismas cifras.

Disposición General Décima Novena del Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas: «En caso de que los resultados de una inspección, determinen que el establecimiento no cumple con el porcentaje establecido para esa categoría, se otorgará un plazo de hasta 60 días a partir del siguiente día de la inspección realizada, para que el establecimiento pueda dar cumplimiento con requisitos de infraestructura, y un plazo de hasta 30 días a partir del siguiente día de la inspección realizada para dar cumplimiento con requisitos de servicios.»

Y hay un documento que hace verificable todo esto: el acta. El Art. 9 del reglamento establece que al finalizar la inspección se suscriben dos ejemplares del acta entre el funcionario y un representante del establecimiento, y que una copia se entrega al establecimiento. Si a usted no le dejaron esa copia, falta el documento del que debería salir todo el expediente.

El Art. 13 del mismo reglamento permite a la autoridad nacional y a los municipios inspeccionar en cualquier momento. La inspección sorpresa es legítima. Lo que no es legítimo es que de una inspección con hallazgos se pase directo a la sanción saltándose el plazo que la propia norma manda otorgar.

Lo que hay que verificar en el acta y en la notificación:

  • ¿Le entregaron la copia del acta, firmada por ambas partes?
  • ¿El acta dice qué requisitos encontró incumplidos y de qué tipo son?
  • ¿Le fijaron por escrito el plazo de 30 o de 60 días?
  • ¿La sanción salió antes de que ese plazo venciera?
  • ¿Corrigió dentro del plazo y lo acreditó en el expediente?

La última pregunta tiene consecuencia económica directa. El Art. 253 del Código Orgánico Administrativo establece que si el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente, puede obtener las reducciones o exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. Corregir y no dejar constancia no sirve: lo que cuenta es el documento en el expediente, no la obra hecha en el local.

Corregir sirve, pero solo si queda acreditado

En la consulta definimos qué requisitos le imputan, si son de servicio o de infraestructura, qué plazo correspondía, y armamos el escrito de acreditación con los respaldos que el expediente necesita para que la corrección cuente. Si el plazo no se le dio, eso se alega como vicio del procedimiento.

La LUAF es un escudo: le exime de otras licencias de funcionamiento

Respuesta rápida: el Art. 10 letra e) de la Ley de Turismo dice que la Licencia Única Anual de Funcionamiento le permite al establecimiento no tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de licencias de funcionamiento, con la sola excepción de las licencias ambientales. Si otra autoridad le clausura por falta de un permiso de funcionamiento que la LUAF ya cubre, está exigiéndole un documento del que la ley lo exime.

Este artículo es el más desaprovechado de toda la Ley de Turismo. Se llama «Licencia Única Anual de Funcionamiento» por algo, y la ley lo explica: el beneficio de obtenerla es precisamente no tener que obtener otras.

El Art. 10 de la Ley de Turismo, letra e)

Entre lo que la Licencia Única Anual de Funcionamiento permite al establecimiento turístico, la ley enumera: «No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas.»

La consecuencia práctica aparece en los horarios. El Acuerdo Ministerial 0067, que reformó el reglamento de las Intendencias de Policía, cierra la regulación de la categoría de locales de consumo de alimentos preparados con esta frase: «Los locales de esta categoría que cuenten con permisos turísticos se regirán al horario establecido por el ente rector.»

Es decir: un restaurante con registro de turismo no se rige por el horario de la Intendencia, sino por el que fija la autoridad turística. Si la Intendencia le clausuró por exceder un horario que a usted no le aplica, no está discutiendo una cuestión de equidad: está alegando incompetencia por razón de la materia, que es la causal de nulidad del Art. 105 num. 3 del COA.

Esto no significa que el registro de turismo lo blinde frente a todo. Importa distinguir qué cubre y qué no:

Permiso o control¿La LUAF lo sustituye?
Otras licencias de funcionamientoSí, por el Art. 10 letra e)
Licencia ambientalNo, está exceptuada expresamente
Permiso del Cuerpo de BomberosNo, es un permiso de prevención, no una licencia de funcionamiento, y suele ser requisito previo
Control sanitario del producto y del localNo, el reglamento manda cumplir las normas de la autoridad sanitaria
Horario fijado por la IntendenciaSí para los locales de alimentos con permisos turísticos, por el Acuerdo 0067
Certificado de decibelesNo, se exige aparte a bares, discotecas y plazas de comida con música en vivo

Esa última fila es una de las causas de sanción más silenciosas. La Disposición General Décima Quinta del Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas obliga a los establecimientos que ostenten la clasificación de bares, discotecas y plazas de comida que realicen presentaciones musicales o artísticas en vivo a obtener un certificado o informe de los decibeles permitidos por la autoridad competente. Se exige por tener música en vivo, no por el volumen con el que se la toque.

Y hay otra que atrapa a hoteles con restaurante concesionado. La Disposición General Décima Octava establece que cuando en las instalaciones de un establecimiento de alojamiento funcione un establecimiento de alimentos y bebidas de distinto titular o propietario, por arriendo, concesión o cualquier figura, ese titular debe obtener obligatoriamente su propio Registro y su propia Licencia Única Anual de Funcionamiento. El registro del hotel no cubre al restaurante de otro dueño que opera dentro.

Si opera dentro de un hotel con otro RUC, el registro del hotel no lo cubreY eso lo coloca, sin saberlo, en el único supuesto donde la clausura inmediata del Art. 52 sí procede.

La trampa de la clasificación: operar como lo que no está registrado

Respuesta rápida: el Art. 24 del Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas prohíbe ofertar, por cualquier medio, servicios o infraestructura que no correspondan a su clasificación o categorización. Un bar registrado que habilita pista de baile está operando como discoteca, y eso lo saca de su registro. La diferencia está escrita en la definición de cada tipología.

El reglamento define siete clasificaciones: cafetería, bar, restaurante, discoteca, establecimiento móvil, plazas de comida y servicio de catering. Dos de esas definiciones se distinguen por una sola frase, y en esa frase se juega la sanción:

Bar y discoteca: la diferencia es la pista de baile

El reglamento define el bar como el establecimiento donde se consumen bebidas alcohólicas y no alcohólicas y alimentos ligeros, cuya estructura debe tener barra o mostrador, para consumo dentro del establecimiento, y añade: «No podrá contar con área de baile.»

Define la discoteca como el establecimiento para escuchar música grabada o en vivo, bailar y consumir bebidas, «que cuenta con pista de baile».

Si su registro dice bar y su local tiene área de baile, la autoridad no necesita probar nada más complicado que eso.

El Art. 25 del reglamento añade dos impedimentos que se incumplen con frecuencia sin mala intención: los establecimientos de alimentos y bebidas no pueden desarrollar actividades de intermediación u operación turística directamente —solo a través de agencias legalmente registradas— y no pueden ofrecer transporte, guianza turística ni alojamiento. El restaurante que organiza tours a la playa para sus clientes está, técnicamente, fuera de su clasificación.

Y la Disposición General Décima Cuarta prohíbe contratar, contar o aceptar personas que realicen intermediación informal de servicios turísticos —el reglamento los nombra expresamente: enganchadores, jaladores o flayeros— y remite la sanción a la Ley de Turismo. No hace falta tenerlos en nómina: «aceptar» basta.

La autorrevisión que evita el expediente:

  • ¿Su placa de identificación con código QR está exhibida, como manda el Art. 26?
  • ¿Lo que ofrece en redes y en el menú coincide con su clasificación registrada?
  • ¿Tiene área de baile estando registrado como bar?
  • ¿Organiza tours, traslados o alojamiento para sus clientes?
  • ¿Hay personas repartiendo volantes o capturando clientes en la puerta?
  • ¿Exhibe el registro, la LUAF y la lista de precios en lugar visible?

La exhibición no es decorativa: el Art. 7 del reglamento la pone entre las obligaciones del prestador, junto con el libro de reclamos y la placa. Y el Art. 52 letra c) de la Ley de Turismo sanciona con multa de USD 100 a USD 200 a quienes no exhiban las listas de precios.

El golpe que nadie ve venir: que lo declaren «no turístico»

Respuesta rápida: la Disposición General Vigésima Sexta del Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas permite a la autoridad nacional de turismo o al municipio competente, de oficio y previo informe técnico motivado, declarar como no turístico al establecimiento. Es más grave que una clausura temporal, porque no se levanta pagando una tasa: le quita la condición de la que cuelgan el registro, la LUAF y la exención del Art. 10 letra e).

Una clausura temporal termina. Una declaratoria de no turístico cambia el régimen al que usted queda sometido: pierde el escudo frente a otras licencias de funcionamiento, pierde el horario del ente rector y queda bajo el régimen general de las demás autoridades, incluida la Intendencia de Policía.

La disposición enumera los criterios: condiciones de buenas prácticas de manipulación, ubicación, servicio e infraestructura. Y exige informe técnico motivado, que es precisamente el documento que hay que pedir y examinar, porque un informe sin motivación suficiente no sostiene el acto.

El Art. 25 del reglamento cierra el círculo: los establecimientos de alimentos y bebidas que no obtengan el registro de turismo no podrán funcionar ni comercializarse como establecimientos turísticos, ni utilizar los identificativos que otorga la autoridad. Seguir usando la placa después de perder la condición es una conducta nueva.

Cómo empieza casi siempre: por una denuncia. La Disposición General Vigésima Octava reconoce la denuncia pública de la oferta de servicios que no cumpla el reglamento y obliga a la autoridad nacional y a los municipios a actuar de oficio y a dar trámite a las denuncias hasta su conclusión. Y el Art. 48 de la Ley de Turismo establece que cuando el Centro de Protección al Turista determina violación a normas legales, solicita que se inicie el expediente para juzgar administrativamente la conducta del empresario.

Un reclamo de un cliente puede convertirse en un procedimiento sancionador. Por eso el libro de reclamos, que el Art. 7 del reglamento le obliga a tener, también le sirve: el Art. 10 letra d) de la Ley de Turismo dispone que las anotaciones del libro, autenticadas por un notario, pueden ser usadas por el empresario como prueba a su favor, a falta de otra.

La multa no se queda en multa: el Ministerio tiene coactiva

Respuesta rápida: el Art. 52 fija multas de USD 100 a USD 200 por no entregar información o no exhibir listas de precios, y de USD 1.000 a USD 5.000 a quienes incumplan normas de calidad, no cumplan los contratos turísticos o infrinjan la ley y sus reglamentos. En caso de reincidencia la multa puede duplicarse. Y el Art. 62 concede jurisdicción coactiva para recaudar.

Esa última frase cambia el horizonte del problema. Una multa administrativa que no se impugna a tiempo queda firme, y una multa firme con jurisdicción coactiva detrás no se cobra pidiéndole que pague: se cobra con las medidas del procedimiento coactivo sobre sus cuentas y sus bienes.

Por eso los diez días importan tanto. El Art. 224 del Código Orgánico Administrativo fija el término de diez días desde la notificación para interponer la apelación. Dejarlos pasar no solo pierde la discusión de fondo: convierte un expediente discutible en un título para cobrarle. Si ya está en esa fase, lo que corre es otro régimen, y lo tratamos en la guía sobre cómo se impugna una sanción administrativa y cómo se frena su ejecución.

Los diez días de la apelación son el límite real del casoDespués de eso la multa deja de ser discutible y empieza a ser cobrable con coactiva.

Los tres días para que el establecimiento reabra mientras se discute

Respuesta rápida: impugnar no suspende. El Art. 229 del Código Orgánico Administrativo establece que la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto, salvo que el interesado lo solicite dentro del término de tres días, petición que se resuelve en término igual. Si no la resuelven, hay negativa tácita, y contra esa negativa no cabe recurso alguno.

Son dos escritos distintos con dos plazos distintos: tres días para pedir que el establecimiento siga abierto mientras se discute, diez días para la apelación de fondo. El corto vence primero y es el único que puede devolverle la operación esta semana.

El Art. 229 exige que concurra alguna de tres circunstancias, y en una clausura de establecimiento la primera suele estar a la vista:

  1. Que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación

    Un establecimiento turístico cerrado pierde reservas confirmadas, nómina que se sigue pagando, inventario perecible y posición en plataformas de reserva. Eso se alega con números y respaldos, no como afirmación general: reservas canceladas, roles de pago, facturas de proveedores.

  2. Que la impugnación se funde en una causal de nulidad de pleno derecho

    Aquí entra todo lo del Art. 105: la falta de competencia de quien firmó, el acto contrario a la ley, la sanción sin que la causal se haya configurado.

  3. Que aparezcan nuevos documentos de valor esencial

    El registro vigente que no consta en el expediente, la LUAF renovada, el certificado de decibeles, la constancia de corrección dentro del plazo de 30 o 60 días.

El propio artículo obliga a la administración a resolver previa ponderación motivada de los daños que la suspensión o la ejecución causarían al administrado, al interés público o a terceros. Darle a la autoridad el material de esa ponderación es, en la práctica, la mitad del trabajo.

Los vicios que tumban una clausura de Turismo

Ordenados por lo que más veces decide el caso:

  1. La causal de clausura no se configuró

    El Art. 52 permite la clausura inmediata solo para quien ejerce actividades turísticas sin las autorizaciones. Si usted las tiene y le clausuraron por una falta de otra naturaleza, la autoridad tenía que probar reincidencia en amonestación, lista o multa. Sin sanción anterior firme y notificada en el expediente, no hay reincidencia.

  2. Falta de competencia de quien firmó

    El Art. 52 atribuye la facultad al Ministro, por sí o mediante delegación. Tras la fusión del Decreto Ejecutivo 99 esa facultad se ejerce desde el Ministerio de Producción. Quien firme por delegación debe tener un instrumento que cumpla el Art. 70 del COA y esté publicado. Es causal de nulidad del Art. 105 num. 3.

  3. No se dio el plazo de 30 o 60 días

    Si la sanción nació de una inspección con hallazgos de incumplimiento de requisitos de categoría, el reglamento manda otorgar el plazo antes. Sancionar sin darlo es sancionar antes de que la obligación sea exigible.

  4. No se entregó copia del acta de inspección

    El Art. 9 del reglamento obliga a suscribir dos ejemplares y entregar una copia al establecimiento. El expediente que se construye sobre un acta que usted nunca recibió es un expediente al que usted no pudo contradecir desde el inicio.

  5. La notificación no identifica al instructor, al sancionador ni la norma de competencia

    El Art. 248 num. 3 del COA lo exige expresamente. Y el num. 1 exige la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, en servidores públicos distintos.

  6. Caducidad de la potestad sancionadora

    El Art. 244 establece que la potestad caduca cuando la administración no concluyó el procedimiento en el plazo previsto, y que transcurrido ese plazo el órgano competente emite, a solicitud del inculpado, una certificación de que caducó y se archivaron las actuaciones. Si la administración se niega, el inculpado la obtiene mediante procedimiento sumario.

  7. Prescripción

    El Art. 245 fija la prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora en un año para las infracciones leves, tres años para las graves y cinco para las muy graves, contados por regla general desde el día siguiente al de la comisión del hecho; en la infracción continuada, desde el día siguiente al cese de los hechos; en la oculta, desde que la administración conoce. El Art. 246 extiende los mismos plazos a la prescripción de las sanciones ya impuestas.

  8. Falta de proporcionalidad y de motivación

    Una clausura donde la ley contemplaba una amonestación escrita o una multa de USD 100 a USD 200 por no exhibir precios es una medida desproporcionada, y la desproporción se alega con el cuadro del propio Art. 52, que gradúa los instrumentos de control de menor a mayor.

La discusión de nulidad por competencia es la misma que aparece cuando el sello viene de la autoridad sanitaria. Si en su caso quien actuó fue ARCSA, el régimen es distinto y los plazos también: está en la guía de la clausura sanitaria del local, y lo que ocurre durante la visita del inspector, en la guía sobre qué puede y qué no puede hacer el inspector en el control posterior.

Ocho vicios, y basta con que prospere uno

En la consulta recorremos los ocho sobre su expediente concreto: la causal, la competencia de quien firmó, el plazo de corrección, el acta, la notificación, la caducidad, la prescripción y la proporcionalidad. Salimos con el orden en que se alegan y con la petición de suspensión redactada si el término de tres días todavía corre.

Los seis errores que alargan el cierre

  1. Discutir los hechos antes de revisar las facultades

    Explicar por qué el inspector se equivocó toma semanas y se gana con prueba. Alegar que la causal de clausura no se configuró o que quien firmó no tenía delegación se resuelve con dos documentos. El orden importa.

  2. Dejar pasar los tres días del Art. 229

    Es el único plazo que puede devolverle la operación mientras se discute. Y contra la negativa, expresa o tácita, el propio artículo dice que no cabe recurso alguno.

  3. Corregir sin acreditarlo en el expediente

    El Art. 253 del COA premia la corrección acreditada. Arreglar el local y no dejar constancia escrita con respaldos equivale, para el expediente, a no haber corregido.

  4. Reabrir con la clausura puesta

    Suma una conducta nueva al expediente y alimenta exactamente lo que el Art. 52 necesita para clausurar sin discutir: la reincidencia.

  5. Tratar la multa como un gasto y no como un título

    El Art. 62 de la Ley de Turismo concede jurisdicción coactiva. La multa que queda firme deja de ser una deuda negociable y pasa a cobrarse por el procedimiento coactivo.

  6. Asumir que el registro del local principal cubre todo

    La Disposición General Vigésima Segunda obliga a que las sucursales y franquicias obtengan obligatoriamente su propio Registro de Turismo. Y la Décima Octava obliga al establecimiento de alimentos y bebidas de distinto titular que opera dentro de un alojamiento a tener su propio registro y su propia LUAF.

Por qué esto no se maneja solo

Porque el caso no se gana leyendo la Ley de Turismo. Se gana cruzando cuatro cuerpos normativos que no se citan entre sí: la Ley de Turismo, que define las facultades; el Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas, que fija los plazos de corrección y las clasificaciones; el Código Orgánico Administrativo, que gobierna el procedimiento, la delegación, la nulidad, la caducidad y la prescripción; y el decreto de fusión que trasladó la rectoría turística a otra cartera y que es lo que hoy obliga a revisar quién firma.

Y porque el reloj no es uno. Son tres días para la suspensión, diez para la apelación, 30 o 60 para acreditar la corrección, un mes para que resuelvan la apelación. Cada plazo abre o cierra una puerta distinta, y el que vence primero es el que decide si el establecimiento factura esta semana o no.

El cálculo honesto: un restaurante o un hotel cerrado no deja de pagar nómina, arriendo, servicios ni proveedores, y las reservas canceladas no vuelven. La asesoría cuesta una fracción de un solo día cerrado, y lo que define es si el establecimiento reabre esta semana por la vía del Art. 229 o espera la resolución de fondo con el sello puesto.

Trabajamos en todo el Ecuador. La defensa frente a un procedimiento sancionador turístico se lleva por escrito y por expediente, así que la distancia no cambia nada: revisamos su notificación, su acta y sus permisos, y presentamos donde corresponda. La atención presencial está disponible en Guayaquil.

Empiece por saber qué le pueden y qué no le pueden hacer

La consulta termina con cuatro cosas en concreto: si la causal de clausura se configuró o no, si quien firmó tenía competencia, qué plazos están corriendo hoy con fecha exacta, y el orden en que se presentan los escritos. Si el término de tres días está vivo, ese escrito sale primero.

Preguntas frecuentes

Tengo registro de turismo vigente. ¿Pueden clausurarme igual?

Sí, pero no de inmediato y no por cualquier falta. El Art. 52 de la Ley de Turismo reserva la clausura inmediata para quien ejerce actividades turísticas sin haber obtenido las autorizaciones de esa ley. Con registro y Licencia Única Anual de Funcionamiento vigentes, la clausura solo procede cuando se reincide en amonestación escrita, ubicación en la lista de empresarios incumplidos o multas. Eso exige una sanción anterior firme y notificada que conste en el expediente.

¿Qué pasa si tengo el registro pero la licencia anual está vencida?

Son documentos distintos. El Art. 9 establece que el Registro de Turismo se obtiene por una sola vez, previo al inicio de actividades; la Licencia Única Anual de Funcionamiento es anual por definición. Con la licencia vencida la autoridad puede sostener que falta una de las autorizaciones del Art. 8, y ahí el supuesto de clausura inmediata se vuelve discutible. La defensa pasa por acreditar que el registro subsiste, que lo pendiente es una renovación y no una autorización inexistente, y por regularizar de inmediato dejando constancia en el expediente.

¿Quién firma hoy una clausura turística, si el Ministerio de Turismo se fusionó?

El Art. 52 atribuye la facultad al Ministro de Turismo, por sí o mediante delegación. Esa cartera fue fusionada por absorción en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca mediante el Decreto Ejecutivo 99 de 14 de agosto de 2025, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 105 de 19 de agosto de 2025, y la rectoría turística se ejerce hoy desde esa cartera con un Viceministerio de Turismo. Si el acto lo firma una dirección o coordinación, debe existir un instrumento de delegación que cumpla el Art. 70 del Código Orgánico Administrativo y esté publicado. La notificación, además, debe indicar la norma que atribuye esa competencia, porque el Art. 248 num. 3 lo exige.

Me inspeccionaron y me sancionaron la misma semana. ¿Es correcto?

Depende de qué le imputen. Si la sanción nace de que el establecimiento no cumple el porcentaje de requisitos de su categoría, el Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas ordena otorgar un plazo de hasta 30 días para requisitos de servicio y hasta 60 días para requisitos de infraestructura, contados desde el día siguiente a la inspección. Esa regla consta en el Art. 11 y se repite en la Disposición General Décima Novena. Sancionar sin haber dado el plazo es sancionar antes de que la obligación fuera exigible, y se alega como vicio del procedimiento.

¿La Licencia Única Anual de Funcionamiento me exime de otros permisos?

De otras licencias de funcionamiento, sí. El Art. 10 letra e) de la Ley de Turismo dispone que el establecimiento con licencia no tiene que sujetarse a la obtención de otro tipo de licencias de funcionamiento, salvo las licencias ambientales. No lo exime, en cambio, del permiso del Cuerpo de Bomberos, del control sanitario del local y del producto, ni del certificado de decibeles que la Disposición General Décima Quinta exige a bares, discotecas y plazas de comida con presentaciones musicales o artísticas en vivo.

Soy restaurante y la Intendencia me cerró por horario. ¿Me aplica ese horario?

Si cuenta con permisos turísticos, probablemente no. El Acuerdo Ministerial 0067, que reformó el reglamento de las Intendencias de Policía, dispone para la categoría de locales de consumo de alimentos preparados que los locales de esa categoría que cuenten con permisos turísticos se rigen al horario establecido por el ente rector. Alegar esto no es pedir una excepción por equidad: es alegar incompetencia por razón de la materia, que es causal de nulidad del acto por el Art. 105 num. 3 del Código Orgánico Administrativo.

¿Qué es que me declaren «no turístico» y por qué es peor que una clausura?

La Disposición General Vigésima Sexta del Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas permite a la autoridad nacional de turismo o al municipio competente, de oficio y previo informe técnico motivado, declarar como no turístico al establecimiento, considerando buenas prácticas de manipulación, ubicación, servicio e infraestructura. Es más grave que una clausura temporal porque no se levanta pagando una tasa: le quita la condición de la que dependen el registro, la licencia y la exención del Art. 10 letra e), y lo devuelve al régimen general de las demás autoridades. Lo primero que hay que pedir y examinar es ese informe técnico, porque un informe sin motivación suficiente no sostiene el acto.

Soy un bar y pusimos pista de baile. ¿Eso es infracción?

Lo saca de su clasificación registrada. El Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas define el bar como el establecimiento con barra o mostrador para consumo dentro del local y añade que no podrá contar con área de baile; la discoteca es la que cuenta con pista de baile. Y el Art. 24 prohíbe ofertar, por cualquier medio, servicios o infraestructura que no correspondan a su clasificación o categorización. La salida ordenada es la recategorización o reclasificación por el sistema digital que prevé el Art. 10, con la inspección que la autoridad debe realizar en un plazo no mayor a 30 días.

¿Cuánto puede costarme y qué pasa si no pago la multa?

El Art. 52 fija multas de USD 100 a USD 200 por no proporcionar la información solicitada y por no exhibir las listas de precios, y de USD 1.000 a USD 5.000, graduadas, a quienes incumplan normas de calidad, no cumplan los contratos turísticos o infrinjan la ley y sus reglamentos; en caso de reincidencia la multa puede duplicarse. Y el Art. 62 concede al Ministerio y a sus delegados jurisdicción coactiva para la recaudación, de modo que una multa firme deja de ser una deuda discutible y pasa a cobrarse por el procedimiento coactivo. El término para apelar es de diez días desde la notificación, por el Art. 224 del Código Orgánico Administrativo.

Tengo un restaurante arrendado dentro de un hotel. ¿Me cubre el registro del hotel?

No. La Disposición General Décima Octava del Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas establece que cuando en las instalaciones de un establecimiento de alojamiento funcione un establecimiento de alimentos y bebidas de distinto titular o propietario, por arriendo, concesión o cualquier otra figura, ese titular debe obtener obligatoriamente su propio Registro de Turismo y su propia Licencia Única Anual de Funcionamiento, y puede tener una categoría distinta a la del alojamiento. Operar bajo el registro del hotel lo coloca, sin saberlo, en el único supuesto donde la clausura inmediata del Art. 52 sí procede.

Fuentes y referencias

  • Ley de Turismo, Registro Oficial Suplemento 733 de 27 de diciembre de 2002: Art. 5 (actividades turísticas: alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, transportación, operación, intermediación y agencias, casinos y salas de juego), Art. 8 (exigencia del registro de turismo y de la Licencia Única Anual de Funcionamiento), Art. 9 (el Registro de Turismo se inscribe previo al inicio de actividades y por una sola vez, y en él se establece la clasificación y categoría), Art. 10 (la Licencia Única Anual de Funcionamiento y sus efectos, entre ellos la letra d) sobre el uso del Libro de Reclamaciones autenticado como prueba a favor del empresario y la letra e) sobre no sujetarse a la obtención de otro tipo de licencias de funcionamiento salvo las ambientales), Art. 42 (defensa de los derechos del usuario de servicios turísticos), Art. 44 (responsabilidad civil del empresario hasta la culpa leve y por actos de negligencia de sus empleados), Art. 45 (supuestos de resarcimiento de daños y perjuicios), Arts. 46 y 47 (Centro de Protección del Turista y vías de mediación, arbitraje o justicia ordinaria), Art. 48 (de determinarse violación a normas legales, el Centro solicita al Ministro que inicie el expediente para juzgar administrativamente la conducta del empresario), Art. 52 (instrumentos de control: amonestación escrita en faltas leves, ubicación en la lista de empresarios incumplidos en faltas comprobadas graves y repetidas, multas de USD 100 a USD 200 y de USD 1.000 a USD 5.000 graduales y proporcionales, duplicables por reincidencia, y clausura como acto administrativo del Ministro por sí o mediante delegación, dictada en forma inmediata cuando se comprueba el ejercicio de actividades turísticas sin las autorizaciones de la ley, y también por reincidencia en las letras a), b) y c)) y Art. 62 (jurisdicción coactiva del Ministerio y de sus delegados para la recaudación de los recursos previstos en la ley).
  • Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas: Art. 7 (derechos y obligaciones de los prestadores, entre ellas contar con el registro y la licencia, exhibirlos en lugar visible, contar con el libro de reclamos, exhibir la placa de identificación, cumplir los lineamientos de la autoridad sanitaria, acreditar capacitación de al menos el 50% del personal y mostrar el listado de precios), Art. 9 (procedimiento de registro, inspección para validar requisitos, suscripción de dos ejemplares del acta y entrega de una copia al establecimiento), Art. 10 (recategorización y reclasificación por el sistema digital, con inspección en plazo no mayor a 30 días), Art. 11 (plazos de hasta 30 días para requisitos de servicio y hasta 60 días para requisitos de infraestructura desde el día siguiente a la inspección), Art. 12 (requisitos de la Licencia Única Anual de Funcionamiento: registro de turismo, certificado de estar al día en las contribuciones y los requisitos que cada gobierno autónomo descentralizado establezca mediante ordenanza), Art. 13 (inspecciones en cualquier momento por la autoridad nacional de turismo o los gobiernos autónomos descentralizados), Art. 14 (clasificación en cafetería, bar, restaurante, discoteca, establecimiento móvil, plazas de comida y servicio de catering, con la definición de bar que no podrá contar con área de baile y la de discoteca que cuenta con pista de baile), Art. 24 (prohibición de ofertar por cualquier medio servicios o infraestructura que no correspondan a su clasificación o categorización), Art. 25 (impedimentos: no desarrollar intermediación u operación turística directamente ni ofrecer transporte, guianza o alojamiento, y prohibición de funcionar o comercializarse como establecimiento turístico sin registro), Art. 26 (placa de identificación con código QR exhibida en lugar visible, en el plazo máximo de un mes posterior a la obtención del registro) y Disposiciones Generales Décima Cuarta (prohibición de contratar, contar o aceptar enganchadores, jaladores o flayeros), Décima Quinta (certificado o informe de decibeles permitidos para bares, discotecas y plazas de comida con presentaciones musicales o artísticas en vivo), Décima Octava (el establecimiento de alimentos y bebidas de distinto titular que funcione dentro de un alojamiento debe obtener obligatoriamente su propio registro y su propia licencia, y puede tener categoría distinta), Décima Novena (plazos de hasta 60 días para infraestructura y hasta 30 días para servicios desde el día siguiente a la inspección), Vigésima Segunda (las sucursales y franquicias deben obtener obligatoriamente su propio Registro de Turismo), Vigésima Sexta (la autoridad nacional de turismo o el gobierno autónomo descentralizado competente puede, de oficio y previo informe técnico motivado, declarar como no turístico al establecimiento atendiendo a buenas prácticas de manipulación, ubicación, servicio e infraestructura), Vigésima Séptima (certificado de manejo de bebidas alcohólicas previo a la obtención del registro) y Vigésima Octava (reconocimiento de la denuncia pública y deber de la autoridad nacional y de los municipios de actuar de oficio y dar trámite a las denuncias hasta su conclusión).
  • Código Orgánico Administrativo, Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017: Art. 65 (la competencia es la medida en que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado), Art. 69 (delegación del ejercicio de competencias), Art. 70 (contenido obligatorio de la delegación: especificación del delegado, del órgano delegante y de su atribución para delegar, competencias objeto de delegación, plazo o condición, lugar, fecha y número, y decisiones adoptables por delegación, con obligación de publicar la delegación y su revocación por los medios de difusión institucional), Art. 72 (prohibición de delegar, incluida la de delegar competencias que a su vez se ejerzan por delegación salvo autorización expresa del titular), Art. 105 (causales de nulidad del acto administrativo, entre ellas ser contrario a la Constitución y a la ley y haberse dictado sin competencia por razón de la materia, territorio o tiempo), Art. 108 (las personas no están obligadas al cumplimiento del acto administrativo declarado nulo y los servidores públicos deben oponerse a su ejecución motivando su negativa), Art. 224 (término de diez días para la apelación), Art. 226 (en la apelación se puede alegar además la nulidad del procedimiento o del acto), Art. 229 (presunción de legitimidad, no suspensión por la interposición de recursos, petición de suspensión dentro del término de tres días resuelta en término igual, las tres circunstancias habilitantes, ponderación motivada de los daños, negativa tácita e improcedencia de recurso contra la negativa), Art. 230 (plazo máximo de un mes para resolver la apelación), Art. 244 (caducidad de la potestad sancionadora, certificación a solicitud del inculpado y procedimiento sumario ante la negativa de la administración), Arts. 245 y 246 (prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora en uno, tres y cinco años según la gravedad, y prescripción de las sanciones en los mismos plazos), Art. 248 (garantías del procedimiento sancionador: separación entre la función instructora y la sancionadora en servidores públicos distintos, notificación de los hechos imputados, de las infracciones, de las sanciones posibles, de la identidad del instructor, de la autoridad competente para sancionar y de la norma que atribuye tal competencia, y presunción de inocencia) y Art. 253 (reconocimiento de responsabilidad y reducciones o exenciones cuando el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente).
  • Decreto Ejecutivo 99, de 14 de agosto de 2025, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 105 de 19 de agosto de 2025, que dispone la fusión por absorción del Ministerio de Turismo en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, cartera desde la que se ejerce hoy la rectoría turística a través de su Viceministerio de Turismo.
  • Acuerdo Ministerial 0067 del Ministerio de Gobierno, que reforma el Acuerdo Ministerial 0069 sobre la intervención de las Intendencias Generales de Policía: Art. 3 (categoría 4, locales de consumo de alimentos preparados de 06h00 a 02h00, y regla de que los locales de esa categoría que cuenten con permisos turísticos se rigen al horario establecido por el ente rector).

Puedes ver cómo llevamos estos casos, con los precios por delante, en la página del servicio.