El sello es el último escalón de cuatro, no el primero
Respuesta rápida: el Art. 356 del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios impone una escalera obligatoria antes de que un local pueda ser clausurado: primera citación con término de ocho días, segunda notificación con término de tres días, aviso de pre-clausura y solo entonces se notifica a la autoridad competente. Si le sellaron el local sin que esos tres papeles existan, se saltaron el procedimiento que el propio reglamento manda.
Esa es la pieza que decide el caso y casi nadie la conoce, porque el artículo está en la página 52 de un reglamento técnico que se lee por los capítulos de extintores y salidas de emergencia, no por el procedimiento.
El artículo dispone que si el propietario del local o el responsable no acude a la primera citación en el término de ocho días desde su emisión, se le notifica por segunda vez; si no acude a la segunda citación en el término de tres días desde su emisión, se le notifica el aviso de pre-clausura del local; y si en el término establecido no cumpliere, se notifica a la autoridad competente para la aplicación de la sanción respectiva o la clausura.
Y cierra remitiendo al Art. 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios en concordancia con el Art. 76 numeral 7 letras a), h) y l) de la Constitución: el derecho a no ser privado de la defensa en ninguna etapa, el derecho a presentar pruebas y contradecir las contrarias, y la obligación de motivar. El reglamento se autolimita: condiciona la clausura al respeto de esas garantías.
Lo que esto significa en términos prácticos es que el expediente de una clausura de bomberos tiene que tener tres documentos antes del sello, y cada uno con su fecha de emisión, porque de esa fecha —no de la de recepción— corren los términos de ocho y de tres días.
- Pida copia del expediente completo, por escrito
Lo que busca son tres papeles: la primera citación, la segunda notificación y el aviso de pre-clausura. Si falta cualquiera de los tres, falta un escalón de la escalera del Art. 356.
- Compare las fechas de emisión con las de notificación
El artículo cuenta los términos «desde la fecha de emisión». Una citación emitida hace tres semanas y notificada ayer no agotó el término de ocho días en su contra: usted no pudo acudir a algo que no conocía.
- Verifique si existe el aviso de pre-clausura
Es el documento más olvidado y el más decisivo, porque es el que fija el plazo final para cumplir. Sin él, el sello llegó sin que existiera un plazo que usted pudiera incumplir.
- Fotografíe el sello, el acta y todo lo que le dejaron, con fecha
Y no rompa el sello. Reabrir suma una conducta nueva al expediente, y el Art. 365 del reglamento sanciona el uso indebido de permisos y vistos buenos con la suspensión temporal o definitiva del establecimiento.
- Anote la hora de la notificación del acto que ordena la clausura
De ahí corren los tres días del Art. 229 del Código Orgánico Administrativo para pedir que el local siga abierto mientras se discute, y los diez días del Art. 224 para apelar. El corto vence primero.
Lo primero es ver si los tres papeles existen
En la consulta pedimos y revisamos el expediente, comparamos las fechas de emisión con las de notificación, verificamos si el aviso de pre-clausura existe y si las recomendaciones están por escrito, y armamos la petición de suspensión si el término de tres días todavía corre.
¿Cumplieron la escalera antes de cerrarle?
Cuatro preguntas sobre qué papeles recibió, su permiso, si le dejaron recomendaciones y qué le exigen pagar. El resultado indica qué escalón falta y qué plazo corre hoy.
No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.
- El sello es el último escalón de cuatro
- Quién impone la sanción, si no es el cuerpo
- Las multas de la ley ya no tienen validez
- Sin recomendaciones escritas no se reabre
- La inspección sin aviso es legal
- El permiso: cuatro documentos y un año calendario
- «Con los debidos fundamentos»
- El Primer Jefe responde con su patrimonio
- Los tres días para reabrir
- Los vicios que tumban la clausura
- Los seis errores que alargan el cierre
- Por qué esto no se maneja solo
- Preguntas frecuentes
El Cuerpo de Bomberos inspecciona y reporta: la sanción la impone otra autoridad
Respuesta rápida: el Art. 364 del reglamento dice que el incumplimiento de las disposiciones de prevención constituye contravenciones, que el Primer Jefe notifica mediante oficio a la autoridad competente para la aplicación de la sanción respectiva. Y el Art. 29 de la Ley de Defensa Contra Incendios atribuye el juzgamiento de esas contravenciones a las juezas y jueces de contravenciones. El cuerpo no es quien sanciona: es quien informa.
Esta es la distinción que cambia la naturaleza de muchos casos, y se verifica leyendo tres normas que no se citan entre sí.
| Norma | Qué atribuye al Cuerpo de Bomberos |
|---|---|
| COESCOP, Art. 276 | Seis funciones: ejecutar prevención, protección y extinción; actuar coordinadamente en el sistema de gestión de riesgos; campañas; capacitación; participación comunitaria; y cumplir y hacer cumplir las leyes en el ámbito de sus competencias. Ninguna es sancionar. |
| Reglamento de Prevención, Art. 364 | El Primer Jefe notifica las contravenciones, previo informe de la unidad respectiva, mediante oficio a la autoridad competente para que esta aplique la sanción. |
| Ley de Defensa Contra Incendios, Art. 29 | Nada: el juzgamiento de las contravenciones de esa ley corresponde a las juezas y jueces de contravenciones. |
| Ley de Defensa Contra Incendios, Art. 35 | La única potestad directa del Primer Jefe: conceder permisos anuales, cobrar tasas de servicios y ordenar, con los debidos fundamentos, clausuras de edificios, locales e inmuebles. |
El Art. 274 del COESCOP define a los Cuerpos de Bomberos como entidades de derecho público adscritas a los municipios, con personalidad jurídica y autonomía administrativa. Eso los coloca de lleno bajo el Código Orgánico Administrativo: sus actos son actos administrativos y se impugnan por esa vía.
De manera que el Primer Jefe tiene una potestad sancionadora directa y es la clausura del Art. 35 —que la propia ley condiciona a «los debidos fundamentos»—. Las multas son otra cosa, y es donde aparece el problema más grande de toda esta materia.
Si le exigen pagar una multa al Cuerpo de Bomberos, lo primero es ver de qué norma salePorque el reglamento dice que el cuerpo informa y que la sanción la aplica otra autoridad.
Las multas de la Ley de Defensa Contra Incendios ya no tienen validez jurídica
Respuesta rápida: los Arts. 25 y 26 de la Ley de Defensa Contra Incendios tipifican contravenciones con multa en salarios mínimos vitales y prisión, y el Art. 24 las asimila expresamente a las contravenciones de tercera y cuarta clase del Código Penal. El Art. 17 del Código Orgánico Integral Penal dispone que las acciones u omisiones punibles, las penas o los procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, con la sola excepción de la materia de niñez y adolescencia. Son normas penales de una ley que no es el COIP.
Conviene ver qué contiene ese catálogo, porque son justamente los numerales que más se invocan contra un negocio:
Art. 26 num. 6: los dueños, empresarios o administradores de teatros, coliseos, salas de cine, fábricas, hospitales, hoteles, museos, templos, establecimientos educacionales y otros locales de concentración pública que no tuvieren debidamente instalados servicios estacionarios para defensa contra incendios.
Art. 26 num. 14: los propietarios de edificios de más de cuatro pisos que no instalaren tanques de reserva de agua de diez mil litros de capacidad, por lo menos, y servicios estacionarios para defensa contra incendios en cada piso.
Art. 26 num. 8: los que se opusieren a las inspecciones ordenadas por el Cuerpo de Bomberos en su morada o en inmuebles de su propiedad o tenencia.
Art. 25 num. 7: quienes mantuvieren instalaciones defectuosas de gas, con peligro de incendios o de explosiones.
Los cuatro llevan prisión además de multa, y los cuatro están en una ley distinta del COIP.
Hay que ser preciso con el alcance de este argumento, porque es poderoso y por eso mismo conviene no estirarlo. El Art. 17 del COIP retira la validez a esas disposiciones en cuanto normas penales: nadie va a ir preso ni va a pagar esas multas por la vía del Código Penal, que además fue derogado. Lo que no hace el Art. 17 es convertirlas en infracciones administrativas: una conducta no se vuelve sancionable administrativamente porque dejó de ser punible penalmente. Para que exista una sanción administrativa hace falta que una norma la tipifique como tal y que atribuya la competencia a un órgano administrativo.
Y ahí está el punto: el deber de estar al día no desaparece, pero la consecuencia que la ley prevé para no estarlo no es la que le están aplicando. El Art. 349 del reglamento es expreso sobre qué ocurre si no se obtiene el permiso de funcionamiento: «se aplicará un recargo por mora, dictaminado por los respectivos consejos de administración y disciplina de los cuerpos de bomberos de la jurisdicción». Un recargo por mora sobre una tasa. No una multa, y no un cierre.
El Art. 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios faculta al Primer Jefe a cobrar tasas de servicios. El Art. 349 del reglamento prevé un recargo por mora para quien no obtuvo el permiso. Ninguna de las dos es una multa sancionadora: son el precio del servicio y el interés por pagarlo tarde.
Por eso la primera pregunta frente a un valor que le exigen es de qué naturaleza es y qué documento lo sustenta. Si es tasa o recargo, se discute el monto y la base de cálculo. Si se lo presentan como multa, se discute la competencia de quien la impuso.
Sin recomendaciones escritas y concretas, el local no puede reabrir
Respuesta rápida: el Art. 358 del reglamento establece que para reabrir un local clausurado el propietario debe cumplir con las recomendaciones realizadas por los inspectores. Si esas recomendaciones no existen por escrito, o están redactadas de forma genérica —«adecuar el sistema de prevención»—, usted no tiene nada que cumplir y la clausura se vuelve indefinida. Eso es exactamente una actuación imposible, causal de nulidad del Art. 105 num. 5 del Código Orgánico Administrativo.
Y las recomendaciones no son un favor del inspector: son un paso obligatorio del procedimiento antes de cualquier medida. El Art. 352 del reglamento lo ordena para el caso en que el sistema de prevención no cumpla las normas: «se darán las recomendaciones necesarias y correctivas por parte del Cuerpo de Bomberos y se procederá a la re-inspección del local» para la entrega del informe favorable.
Es decir, la secuencia que el reglamento diseñó cuando algo no cumple es: recomendaciones, corrección, re-inspección, informe favorable. No: hallazgo y sello. El cierre aparece en el Art. 356, y solo al final de la escalera de citaciones.
Lo que debe pedir por escrito, y que es lo que después se ejecuta:
- La lista concreta de hallazgos, con la norma del reglamento que cada uno incumple
- La recomendación correctiva específica para cada hallazgo
- El plazo para ejecutarla
- La fecha de la re-inspección del Art. 352
- Quién la suscribe y con qué cargo
Ese documento es el que convierte una clausura indefinida en una clausura con fecha de salida. Y es también el que le sirve para acreditar la corrección: el Art. 253 del Código Orgánico Administrativo permite obtener reducciones o exenciones cuando el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente. Arreglar el local y no dejar constancia equivale, para el expediente, a no haber corregido.
La clausura sin recomendaciones concretas no tiene fecha de salida
En la consulta exigimos por escrito el detalle de hallazgos, la norma incumplida en cada uno, la recomendación correctiva y la fecha de re-inspección del Art. 352. Con eso el cierre deja de ser indefinido y empieza a tener un plazo que se puede cumplir y acreditar.
La inspección sin aviso es legal: lo que viene después tiene que tener papel
Respuesta rápida: el Art. 355 del reglamento faculta expresamente a los inspectores a realizar inspecciones sin aviso previo a los locales en funcionamiento, para constatar las medidas de prevención y comprobar la actualización del permiso, y a emitir citaciones cuando el caso lo amerite. La visita sorpresa no es un abuso. Lo que no puede ser verbal es lo que viene después.
Conviene saber esto antes de que llegue la inspección, porque la reacción equivocada es la que crea el problema: el Art. 26 num. 8 de la Ley de Defensa Contra Incendios tipifica como contravención oponerse a las inspecciones ordenadas por el Cuerpo de Bomberos. No conviene negar el acceso.
Lo que sí conviene es documentar. La inspección que se hace sin que quede constancia de qué se revisó y qué se halló produce un expediente que usted no puede contradecir, y el Art. 76 num. 7 letra h) de la Constitución —el que el propio Art. 356 del reglamento invoca— le garantiza presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.
- Permita el ingreso y pida identificación
Nombre, cargo y número de credencial del inspector. Es el dato que después permite verificar si quien suscribió el informe es quien hizo la inspección.
- Acompañe la inspección y tome nota de qué se revisa
Extintores y su fecha de recarga, señalización, salidas, detectores, gabinetes, instalación de gas. Lo que no se revisó no puede aparecer después como hallazgo.
- Pida copia de todo lo que se suscriba, en el acto
Si le emiten una citación, la fecha de emisión que lleve ese papel es la que echa a andar el término de ocho días del Art. 356. Sin copia, usted no sabe cuándo empezó a correr.
- Si no le dan copia, deje constancia escrita el mismo día
Un escrito ingresado en la ventanilla del Cuerpo de Bomberos, narrando la visita y pidiendo copia del acta, fija la fecha y convierte su versión en parte del expediente.
- Avise antes de modificar el local
El Art. 357 obliga a comunicar previamente al Cuerpo de Bomberos cualquier modificación o cambio de uso del espacio físico o del sistema de prevención, para que se disponga la inspección correspondiente. No acatarlo, dice el artículo, es de responsabilidad civil y penal del representante legal.
La citación que no se documenta es la que después aparece como término vencidoUn escrito ingresado el mismo día fija la fecha y convierte su versión en parte del expediente.
El permiso de funcionamiento: cuatro documentos y un año calendario
Respuesta rápida: el Art. 350 del reglamento exige cuatro documentos para el permiso de funcionamiento: solicitud de inspección del local, informe favorable de la inspección, copia del RUC y copia de la calificación artesanal cuando corresponda. Y el Art. 349 fija su vigencia en un año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre, no doce meses desde su emisión.
Las dos cosas importan por razones distintas. Los cuatro documentos, porque cualquier requisito adicional que se le exija está por fuera de lo que el reglamento establece. Y el año calendario, porque significa que un permiso obtenido en noviembre vence el 31 de diciembre de ese mismo año: muchos locales creen estar al día en marzo y no lo están.
El Art. 349 enumera además las once categorías a las que se emite el permiso: comercio; industria y fabriles; servicios; salud; oficinas públicas y privadas; fundaciones; instalaciones especiales; concentración de público; almacenamiento; instituciones educativas públicas y privadas; y complejos turísticos y otros. La categoría en la que lo ubiquen determina el estándar técnico con el que lo van a medir, así que vale la pena verificar que sea la correcta.
Y hay dos permisos que se olvidan y generan expedientes por sí solos. El permiso ocasional del Art. 353, para actividades no permanentes, que debe solicitarse en el término de cinco días. Y el permiso del Art. 359, que obliga a toda persona natural o jurídica dedicada a la venta, mantenimiento, instalación, homologación de puertas corta fuego o recarga de equipos contra incendios a obtener su propio permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos: la empresa que le recarga los extintores también necesita estar habilitada, y si no lo está, su mantenimiento puede no valer.
«Con los debidos fundamentos»: la ley se autolimita, y la Constitución la respalda
Respuesta rápida: el Art. 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios no dice que el Primer Jefe pueda clausurar. Dice que puede ordenar, con los debidos fundamentos, clausuras. La exigencia de fundamentación está en el texto de la propia norma que otorga la facultad, y el Art. 76 num. 7 letra l) de la Constitución dispone que los actos administrativos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos.
La letra l) es más específica de lo que suele citarse: establece que no hay motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Son dos requisitos, no uno. Citar un artículo no es motivar: hay que explicar por qué ese artículo se aplica a estos hechos.
Aplicado a una clausura de bomberos, eso significa que el acto tiene que decir qué se halló en concreto, qué norma técnica del reglamento incumple cada hallazgo, por qué ese incumplimiento justifica cerrar en lugar de recomendar y re-inspeccionar, y qué paso de la escalera del Art. 356 se agotó. Un acto que dice «por incumplimiento de las normas de prevención» no cumple ninguno de los dos requisitos de la letra l).
El dato que cambia la conversación: el Primer Jefe responde con su patrimonio
Respuesta rápida: el segundo inciso del Art. 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios dispone que los primeros jefes y los funcionarios que no den cumplimiento a esas disposiciones y a todas las que se refieran a la concesión de permisos anuales y ocasionales de edificios y locales que sean idóneos serán personal y pecuniariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la destitución de su cargo.
Es una norma de responsabilidad personal, poco invocada, y está pensada exactamente para el caso en que un local idóneo no recibe el permiso que le corresponde. Si el expediente demuestra que el local cumplía y el permiso se negó o se demoró sin fundamento, el inciso está a la vista.
Esto no se usa como amenaza, porque eso no mueve un expediente: se usa citándolo en el escrito, que es lo que obliga al funcionario a motivar su negativa en lugar de dilatarla. Y conecta con el Art. 76 num. 7 letra l) de la Constitución, que remata disponiendo que las servidoras o servidores responsables de actos no motivados serán sancionados.
Un local que cumple y no recibe el permiso tiene una norma de responsabilidad personal a su favorCitarla en el escrito es lo que convierte una dilatación indefinida en una negativa que hay que motivar.
Los tres días para que el local reabra mientras se discute
Respuesta rápida: impugnar no suspende. El Art. 229 del Código Orgánico Administrativo establece que la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto, salvo que el interesado lo solicite dentro del término de tres días, petición que se resuelve en término igual. Si no la resuelven, hay negativa tácita, y contra esa negativa no cabe recurso alguno.
Son dos escritos distintos: tres días para que el local siga abierto mientras se discute, y diez días del Art. 224 para la apelación de fondo. El Art. 229 exige que concurra alguna de tres circunstancias, y en una clausura de bomberos las dos primeras suelen estar disponibles:
- Perjuicios de imposible o difícil reparación
Un local cerrado sigue pagando nómina, arriendo y proveedores, y pierde inventario perecible. Se alega con números y respaldos: roles de pago, facturas, contratos, no con afirmaciones generales.
- Causal de nulidad de pleno derecho
Aquí entran la escalera incompleta del Art. 356, la falta de motivación por el Art. 76 num. 7 letra l), la clausura sin recomendaciones concretas como actuación imposible del Art. 105 num. 5, y la multa impuesta por quien, según el Art. 364, solo debía informar.
- Nuevos documentos de valor esencial
El permiso vigente que no consta en el expediente, el informe favorable de inspección, el comprobante de recarga de extintores, la constancia de haber corregido lo que se recomendó.
El artículo obliga a la administración a resolver previa ponderación motivada de los daños que la suspensión o la ejecución causarían al administrado, al interés público o a terceros. En materia de incendios el interés público pesa, y por eso el escrito que funciona es el que acredita que el riesgo ya fue corregido, no el que solo alega el perjuicio económico.
Los vicios que tumban una clausura de bomberos
Ordenados por lo que más veces decide el caso:
- La escalera del Art. 356 está incompleta
Falta la primera citación, la segunda notificación o el aviso de pre-clausura. Es el vicio más frecuente y el más fácil de probar, porque se prueba con la ausencia de un documento en el expediente.
- Los términos se contaron desde la notificación y no desde la emisión, o al revés
El Art. 356 cuenta los ocho y los tres días «desde la fecha de emisión». Una citación emitida y no notificada no agota término alguno en su contra, porque usted no pudo acudir a lo que no conocía.
- El acto no está motivado
El Art. 35 exige «los debidos fundamentos» y el Art. 76 num. 7 letra l) de la Constitución exige enunciar las normas y explicar su pertinencia a los antecedentes de hecho, bajo pena de nulidad. Un acto que no dice qué halló ni qué norma incumple cada hallazgo no cumple ninguno de los dos.
- No hubo recomendaciones ni re-inspección
El Art. 352 ordena dar recomendaciones correctivas y re-inspeccionar cuando el sistema no cumple. Pasar del hallazgo al sello se salta ese paso, y deja al Art. 358 sin contenido: no hay nada que cumplir para reabrir.
- Multa impuesta por quien solo debía informar
El Art. 364 dispone que el Primer Jefe notifica las contravenciones mediante oficio a la autoridad competente para que esta aplique la sanción, y el Art. 29 de la ley atribuye el juzgamiento a los jueces de contravenciones. El COESCOP, en su Art. 276, no incluye sancionar entre las funciones del cuerpo.
- Multa apoyada en los Arts. 25 o 26 de la Ley de Defensa Contra Incendios
Son normas penales de una ley distinta del COIP, y el Art. 17 del COIP les retira validez jurídica. Lo que subsiste para el permiso impago es el recargo por mora del Art. 349 del reglamento, que es cosa distinta.
- Caducidad y prescripción
El Art. 244 del Código Orgánico Administrativo establece que la potestad sancionadora caduca cuando la administración no concluyó el procedimiento en el plazo previsto, y que el órgano competente emite la certificación a solicitud del inculpado; si se niega, se obtiene por procedimiento sumario. El Art. 245 fija la prescripción en uno, tres y cinco años según la gravedad, y el Art. 246 la extiende a las sanciones ya impuestas.
- Falta de proporcionalidad
Un extintor con la recarga vencida y una instalación de gas con fuga no son el mismo riesgo, y el reglamento no les asigna la misma consecuencia. Cerrar donde correspondía recomendar y re-inspeccionar es una medida desproporcionada, y se alega con la propia secuencia de los Arts. 352, 356 y 358.
Si el sello de su local no lo puso el Cuerpo de Bomberos, el régimen es otro y los plazos también. Está en la guía de la clausura por la Intendencia de Policía, donde el sello se coloca durante la inspección; en la guía de la clausura en materia turística, donde el cierre inmediato solo cabe sin registro; y en la guía de la clausura sanitaria del local.
Ocho vicios, y basta con que prospere uno
En la consulta los recorremos sobre su expediente concreto: la escalera del Art. 356, el cómputo de los términos, la motivación del acto, las recomendaciones y la re-inspección, la competencia de quien impuso la multa, la norma en que se apoya, la caducidad y la proporcionalidad. Salimos con el orden en que se alegan y con la petición de suspensión redactada si el término de tres días todavía corre.
Los seis errores que alargan el cierre
- Negar el acceso al inspector
El Art. 26 num. 8 de la Ley de Defensa Contra Incendios tipifica oponerse a las inspecciones. Lo que corresponde es permitir el ingreso, acompañar la visita y documentarla.
- Aceptar recomendaciones verbales
El Art. 358 condiciona la reapertura a cumplir las recomendaciones de los inspectores. Si no están por escrito y no son concretas, no hay nada que cumplir y el cierre no tiene fecha de salida.
- Pagar sin revisar la naturaleza del valor
Tasa de servicio, recargo por mora y multa sancionadora son tres cosas distintas, con tres fundamentos distintos. Pagar una multa cuya competencia es discutible es, además, aceptar los hechos que la sostienen.
- Dejar pasar los tres días del Art. 229
Es el único plazo que puede devolverle la operación mientras se discute, y contra la negativa —expresa o tácita— el propio artículo dice que no cabe recurso alguno.
- Corregir y no acreditarlo
El Art. 253 del Código Orgánico Administrativo premia la corrección acreditada en el expediente. Instalar la señalización y no ingresar el respaldo equivale, para el expediente, a no haber hecho nada.
- Modificar el local sin avisar
El Art. 357 obliga a comunicar previamente cualquier modificación o cambio de uso del espacio o del sistema de prevención. Ampliar la cocina o cerrar una salida sin aviso crea un hallazgo nuevo en la siguiente inspección y, dice el artículo, responsabilidad civil y penal del representante legal.
Por qué esto no se maneja solo
Porque la respuesta no está en una norma sino en el cruce de cinco que no se citan entre sí: la Ley de Defensa Contra Incendios, que da la facultad de clausurar «con los debidos fundamentos» y manda las contravenciones a un juez; su Reglamento de Prevención, que es donde está la escalera de citaciones, las recomendaciones y la re-inspección; el COESCOP, que define qué es y qué funciones tiene un Cuerpo de Bomberos; el Código Orgánico Integral Penal, cuyo Art. 17 vació de validez el viejo catálogo de multas; y el Código Orgánico Administrativo, que gobierna la nulidad, la suspensión, los recursos, la caducidad y la prescripción.
Y porque el reloj no es uno. Ocho días de la primera citación, tres de la segunda, el plazo del aviso de pre-clausura, tres días para pedir la suspensión, diez para apelar, un mes para que resuelvan. Cada plazo abre o cierra una puerta distinta, y el que vence primero decide si el local factura esta semana.
Trabajamos en todo el Ecuador. El Cuerpo de Bomberos es cantonal, así que el expediente se lleva ante el de su jurisdicción, pero la defensa se presenta por escrito y la distancia no cambia nada: revisamos su expediente, sus permisos y lo que le notificaron, y presentamos donde corresponda. La atención presencial está disponible en Guayaquil.
Empiece por saber si la escalera se cumplió
La consulta termina con cuatro cosas en concreto: si los tres papeles previos al sello existen, si el acto está motivado como exige la Constitución, si las recomendaciones permiten reabrir, y qué plazos corren hoy con fecha exacta. Si el término de tres días está vivo, ese escrito sale primero.
Preguntas frecuentes
¿El Cuerpo de Bomberos puede clausurarme el local?
Sí, pero no de entrada. El Art. 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios faculta a los primeros jefes a ordenar, con los debidos fundamentos, clausuras de edificios, locales e inmuebles. Y el Art. 356 del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios impone antes una escalera: primera citación con término de ocho días desde su emisión, segunda notificación con término de tres días, aviso de pre-clausura, y solo si en el plazo establecido no se cumple se notifica a la autoridad competente. Si el sello llegó sin que esos tres documentos existan en el expediente, se saltaron el procedimiento que el propio reglamento manda.
¿Puede el Cuerpo de Bomberos ponerme una multa?
Es lo primero que hay que revisar. El Art. 364 del reglamento dispone que el incumplimiento de las disposiciones de prevención constituye contravenciones, que el Primer Jefe notifica, previo informe de la unidad respectiva, mediante oficio a la autoridad competente para la aplicación de la sanción respectiva. Y el Art. 29 de la Ley de Defensa Contra Incendios atribuye el juzgamiento de esas contravenciones a las juezas y jueces de contravenciones. El Art. 276 del COESCOP enumera seis funciones de los Cuerpos de Bomberos y ninguna es sancionar. Lo que el Art. 35 sí les permite cobrar son tasas de servicios, y el Art. 349 del reglamento prevé un recargo por mora para quien no obtuvo el permiso: tasa y recargo no son multas sancionadoras.
Me quieren multar citando la Ley de Defensa Contra Incendios. ¿Eso sirve?
Los Arts. 25 y 26 de esa ley tipifican contravenciones con multa en salarios mínimos vitales y prisión, y el Art. 24 las asimila expresamente a las contravenciones de tercera y cuarta clase del Código Penal. El Art. 17 del Código Orgánico Integral Penal dispone que las acciones u omisiones punibles, las penas o los procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. Son normas penales de una ley distinta del COIP. Hay que ser preciso: eso les retira validez como normas penales, no las convierte en infracciones administrativas, porque una conducta no se vuelve sancionable administrativamente por haber dejado de ser punible. Para el permiso impago lo que subsiste es el recargo por mora del Art. 349 del reglamento.
Me clausuraron y no sé qué tengo que arreglar para reabrir. ¿Qué hago?
Pedirlo por escrito, porque sin eso la clausura no tiene fecha de salida. El Art. 358 del reglamento establece que para reabrir un local clausurado el propietario debe cumplir con las recomendaciones realizadas por los inspectores. Si esas recomendaciones no existen o son genéricas, no hay nada que cumplir, y una clausura que no se puede levantar es una actuación imposible, causal de nulidad del Art. 105 num. 5 del Código Orgánico Administrativo. Lo que se pide es la lista de hallazgos con la norma incumplida en cada uno, la recomendación correctiva específica, el plazo y la fecha de la re-inspección que ordena el Art. 352.
¿Pueden inspeccionarme sin avisar?
Sí. El Art. 355 del reglamento faculta expresamente a los inspectores del Cuerpo de Bomberos a realizar inspecciones sin aviso previo a los locales en funcionamiento, para constatar las medidas de prevención y comprobar la actualización del permiso de funcionamiento, y a emitir citaciones cuando el caso lo amerite. Negar el acceso es peor: el Art. 26 num. 8 de la ley tipifica como contravención oponerse a las inspecciones ordenadas por el Cuerpo de Bomberos. Lo que corresponde es permitir el ingreso, pedir identificación, acompañar la visita, tomar nota de qué se revisa y pedir copia en el acto de todo lo que se suscriba.
¿Cuánto dura el permiso de funcionamiento y qué documentos piden?
El Art. 349 del reglamento fija la vigencia en un año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre, salvo los permisos ocasionales. Eso significa que un permiso obtenido en noviembre vence el 31 de diciembre de ese mismo año. Y el Art. 350 exige cuatro documentos: solicitud de inspección del local, informe favorable de la inspección, copia del RUC y copia de la calificación artesanal para artesanos calificados. Cualquier requisito adicional que se le exija está por fuera de lo que el reglamento establece.
El local cumple y no me entregan el permiso. ¿Hay algo que pueda hacer?
Sí, y está en el segundo inciso del mismo Art. 35. Los primeros jefes y los funcionarios que no den cumplimiento a las disposiciones que se refieran a la concesión de permisos anuales y ocasionales de edificios y locales que sean idóneos serán personal y pecuniariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la destitución de su cargo. No se usa como amenaza, porque eso no mueve expedientes: se cita en el escrito, y eso obliga al funcionario a motivar su negativa en lugar de dilatarla. Y el Art. 76 num. 7 letra l) de la Constitución añade que los servidores responsables de actos no motivados serán sancionados.
¿Qué tiene que decir la resolución que ordena la clausura?
El Art. 35 de la ley exige «los debidos fundamentos» y el Art. 76 num. 7 letra l) de la Constitución es más específico: no hay motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, y los actos administrativos que no estén debidamente motivados se considerarán nulos. Son dos requisitos. Aplicado a su caso: el acto debe decir qué se halló en concreto, qué norma técnica incumple cada hallazgo, por qué eso justifica cerrar en lugar de recomendar y re-inspeccionar según el Art. 352, y qué escalón del Art. 356 se agotó.
Cambié la cocina y amplié el local. ¿Tenía que avisar?
Sí. El Art. 357 del reglamento dispone que una vez expedido el permiso de funcionamiento, si por cualquier circunstancia fuera necesario realizar modificaciones o cambios de uso o estado, tanto del sistema de prevención contra incendios como del espacio físico, se debe comunicar previamente al Cuerpo de Bomberos para que se disponga la inspección correspondiente, y que no acatarlo es de única responsabilidad civil y penal del representante legal del establecimiento. Si ya modificó sin avisar, conviene comunicarlo y pedir la inspección antes de que el hallazgo aparezca en una visita sorpresa, porque corregir y acreditarlo antes de la resolución habilita las reducciones del Art. 253 del Código Orgánico Administrativo.
La empresa que me recarga los extintores, ¿necesita permiso?
Sí, y conviene verificarlo porque de ello depende que su mantenimiento sirva. El Art. 359 del reglamento obliga a toda persona natural o jurídica que se dedique a la venta, compra, fabricación, asesoramiento, mantenimiento, proyectos, instalaciones, homologación de puertas corta fuego, recarga de equipos, materiales de defensa contra incendios, provisión de equipos de ascensores y stock de repuestos, a obtener el correspondiente permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. Y el Art. 26 num. 9 de la ley contempla como contravención realizar actos dolosos que vuelvan ineficaces los extinguidores al recargarlos o al dar mantenimiento a los equipos.
Fuentes y referencias
- Ley de Defensa Contra Incendios: Art. 23 (concepto amplio de contravención a los fines de esa ley), Art. 24 (asimilación de las contravenciones de los Arts. 25 y 26 a las de tercera y cuarta clase del Código Penal para efectos de procedimiento e imposición de penas), Art. 25 (contravenciones reprimidas con multa de uno a dos salarios mínimos vitales y prisión de seis a quince días, entre ellas las instalaciones eléctricas o establecimientos construidos con infracción de los reglamentos y las instalaciones defectuosas de gas con peligro de incendio o explosión), Art. 26 (contravenciones reprimidas con multa de dos a tres salarios mínimos vitales y prisión de dieciséis a treinta días, entre ellas el numeral 6 sobre dueños, empresarios o administradores de teatros, coliseos, salas de cine, fábricas, hospitales, hoteles, museos, templos, establecimientos educacionales y otros locales de concentración pública que no tuvieren debidamente instalados servicios estacionarios de defensa contra incendios, el numeral 8 sobre quienes se opusieren a las inspecciones ordenadas por el Cuerpo de Bomberos, el numeral 9 sobre actos dolosos que vuelvan ineficaces los extinguidores al recargarlos o al dar mantenimiento, y el numeral 14 sobre propietarios de edificios de más de cuatro pisos sin tanques de reserva de diez mil litros y servicios estacionarios en cada piso), Art. 29 (el juzgamiento de las contravenciones de esa ley corresponde a las juezas y jueces de contravenciones) y Art. 35, sustituido por Ley No. 6 publicada en Registro Oficial 99 de 9 de junio de 2003 (los primeros jefes de los cuerpos de bomberos conceden permisos anuales, cobran tasas de servicios, ordenan con los debidos fundamentos clausuras de edificios, locales e inmuebles y adoptan las medidas necesarias para prevenir flagelos dentro de su jurisdicción; y su segundo inciso, según el cual los primeros jefes y funcionarios que no den cumplimiento a esas disposiciones y a las referidas a la concesión de permisos anuales y ocasionales de edificios y locales que sean idóneos serán personal y pecuniariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la destitución de su cargo).
- Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios: Art. 344 (facultad del Cuerpo de Bomberos de realizar inspecciones durante y después de la obra), Art. 349 (vigencia del permiso de funcionamiento por año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre, salvo los ocasionales; las once categorías de locales a los que se emite; y aplicación de un recargo por mora dictaminado por los respectivos consejos de administración y disciplina de los cuerpos de bomberos ante el incumplimiento en la obtención del permiso), Art. 350 (los cuatro documentos exigidos: solicitud de inspección del local, informe favorable de la inspección, copia del RUC y copia de la calificación artesanal para artesanos calificados), Art. 351 (entrega de la copia favorable del informe tras comprobar el cumplimiento de las medidas de protección), Art. 352 (cuando el sistema de prevención no cumple las normas se dan las recomendaciones necesarias y correctivas y se procede a la re-inspección del local para la entrega del informe favorable), Art. 353 (permiso ocasional de funcionamiento para actividades no permanentes, solicitado en el término de cinco días), Art. 355 (facultad de los inspectores de realizar inspecciones sin aviso previo a los locales en funcionamiento para constatar las medidas de prevención y comprobar la actualización del permiso, y de emitir citaciones cuando el caso lo amerite), Art. 356 (si el propietario o responsable no acude a la primera citación en el término de ocho días desde la fecha de emisión se notifica por segunda vez; si no acude a la segunda citación en el término de tres días desde su emisión se notifica el aviso de pre-clausura del local; y si en el término establecido no cumpliere se notifica a la autoridad competente para la aplicación de la sanción respectiva o la clausura, previo al cumplimiento del Art. 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios en concordancia con el Art. 76 numeral 7 letras a), h) y l) de la Constitución), Art. 357 (obligación de comunicar previamente al Cuerpo de Bomberos las modificaciones o cambios de uso o estado del sistema de prevención o del espacio físico, con responsabilidad civil y penal del representante legal por no acatarla), Art. 358 (para reabrir un local clausurado el propietario o responsable debe cumplir con las recomendaciones realizadas por los inspectores), Art. 359 (obligación de obtener permiso de funcionamiento para quienes se dediquen a la venta, compra, fabricación, asesoramiento, mantenimiento, proyectos, instalaciones, homologación de puertas corta fuego, recarga de equipos y materiales de defensa contra incendios), Art. 364 (el incumplimiento de las disposiciones de prevención constituye contravenciones, que el Primer Jefe notifica previo informe de la unidad respectiva mediante oficio a la autoridad competente para la aplicación de la sanción respectiva) y Art. 365 (quien tenga a su favor un visto bueno de planos, permisos o certificados debe observar sus condiciones, y el incumplimiento se considera contravención sancionada con la suspensión temporal o definitiva del establecimiento).
- Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP): Art. 274 (los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho público adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos, con patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y operativa), Art. 275 (rectoría nacional en materia de gestión de riesgos y gestión local del servicio por los municipios) y Art. 276 (las seis funciones de los Cuerpos de Bomberos: ejecutar los servicios de prevención, protección y extinción de incendios y realizar acciones de salvamento; actuar coordinadamente con los órganos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; estructurar y ejecutar campañas de prevención y control; diseñar y ejecutar planes y programas de capacitación; incentivar la participación de la comunidad; y cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normativa vigente en el ámbito de sus competencias).
- Código Orgánico Integral Penal: Art. 17 (se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en ese Código, y las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia).
- Constitución de la República del Ecuador: Art. 76 numeral 7, letras a) (nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento), h) (derecho a presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de que se crea asistido, replicar los de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra) y l) (las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas; no hay motivación si no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho; los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos y los servidores responsables serán sancionados).
- Código Orgánico Administrativo, Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017: Art. 105 (causales de nulidad del acto administrativo, entre ellas ser contrario a la Constitución y a la ley, haberse dictado sin competencia por razón de la materia, territorio o tiempo, y determinar actuaciones imposibles), Art. 108 (las personas no están obligadas al cumplimiento del acto administrativo declarado nulo y los servidores públicos deben oponerse a su ejecución motivando su negativa), Art. 224 (término de diez días para la apelación), Art. 226 (en la apelación se puede alegar además la nulidad del procedimiento o del acto), Art. 229 (presunción de legitimidad, no suspensión por la interposición de recursos, petición de suspensión dentro del término de tres días resuelta en término igual, las tres circunstancias habilitantes, ponderación motivada de los daños, negativa tácita e improcedencia de recurso contra la negativa), Art. 230 (plazo máximo de un mes para resolver la apelación), Art. 244 (caducidad de la potestad sancionadora, certificación a solicitud del inculpado y procedimiento sumario ante la negativa), Arts. 245 y 246 (prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora en uno, tres y cinco años según la gravedad, y prescripción de las sanciones en los mismos plazos), Art. 248 (garantías del procedimiento sancionador, incluida la separación entre la función instructora y la sancionadora y la notificación de la autoridad competente para sancionar y de la norma que atribuye tal competencia) y Art. 253 (reducciones o exenciones cuando el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente).
Todo el procedimiento, autoridad por autoridad, está en la página de clausura de local.
