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Derecho AdministrativoClausura de localesGuía general Actualización: octubre 2026

Te clausuraron: primero averigua quién puso el sello

Me clausuraron el local en Ecuador: las cinco autoridades que pueden cerrarlo, qué debió hacer cada una antes del sello y los tres días que deciden si reabre esta semana.

Categoría: Derecho Administrativo · Por

J
Equipo Editorial · Juristam Abogados especializados en defensa de establecimientos frente a clausuras administrativas de cualquier autoridad, peticiones de suspensión del acto y recursos conforme al Código Orgánico Administrativo. Contenido basado en el Código Orgánico Administrativo, la Constitución, la Ley de Turismo, la Ley de Defensa Contra Incendios y la normativa de las Intendencias de Policía.

Antes de defenderse: identifique quién puso el sello

Respuesta rápida: en Ecuador hay cinco autoridades distintas que pueden cerrarle un local, y cada una actúa con una norma distinta, un procedimiento distinto y un plazo distinto. La Intendencia de Policía, la autoridad de turismo, el Cuerpo de Bomberos, el municipio y ARCSA. Lo que se puede alegar, y lo que hay que presentar esta semana, depende de cuál de las cinco fue. Por eso la primera tarea no es redactar la defensa: es leer el papel y saber de quién es.

Parece obvio y casi nunca se hace. Lo que pasa en la práctica es que el dueño ve el sello, lee los hechos que le imputan y se pone a explicar por qué el inspector se equivocó. Pero la mitad de las clausuras que se levantan no se levantan discutiendo hechos: se levantan demostrando que esa autoridad no podía hacer eso, o no todavía, o no así. Y eso solo se puede sostener si se sabe qué régimen aplica.

⚠ Hay un plazo que corre desde la notificación y vence antes que todo lo demás

Cualquiera que sea la autoridad, el Art. 229 del Código Orgánico Administrativo rige para todas: impugnar no suspende la ejecución del acto, salvo que usted lo pida dentro del término de tres días desde la notificación. Esa petición se resuelve en término igual, la falta de resolución es negativa tácita, y contra la negativa —expresa o tácita— el propio artículo dice que no cabe recurso alguno.

Son tres días para que el local siga abierto mientras se discute, y diez días del Art. 224 para la apelación de fondo. El corto vence primero y es el único que puede devolverle la operación esta semana.

  1. Lea el encabezado y el pie del papel, no el cuerpo

    El nombre de la entidad, el logo, el cargo de quien firma y el número de oficio o de expediente. Eso identifica el régimen. Los hechos imputados vienen después.

  2. Fotografíe el sello y todo lo que le dejaron, con fecha

    El sello suele llevar impreso el nombre de la entidad. Y el acta es el documento del que sale todo el expediente: lo que no conste ahí es más difícil que se lo imputen después.

  3. Anote la fecha y la hora de la notificación, no de la inspección

    Son dos momentos distintos y los plazos corren del segundo. En bomberos, además, algunos términos corren desde la fecha de emisión del documento, que puede ser anterior.

  4. No rompa el sello

    Reabrir con el sello puesto suma una conducta nueva al expediente y alimenta la reincidencia, que es justamente lo que varias de estas autoridades necesitan para endurecer la sanción.

  5. Pida el expediente completo por escrito, el mismo día

    Un escrito ingresado en ventanilla fija la fecha, obliga a la administración a responder y convierte su versión de los hechos en parte del expediente.

La primera hora decide más que la primera semana

En la consulta identificamos qué autoridad actuó y bajo qué norma, calculamos los plazos desde la notificación con fecha exacta, revisamos si el procedimiento que esa autoridad debía seguir se cumplió, y presentamos la petición de suspensión si el término de tres días todavía corre.

Diagnóstico · 40 segundos

¿Quién le clausuró y qué plazo corre hoy?

Cuatro preguntas sobre el papel que le dejaron, lo que le imputan y cuándo fue. El resultado indica qué régimen aplica, qué plazo está corriendo y por dónde empezar.

1. ¿Qué entidad aparece en el papel o en el sello?

No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.

Las cinco autoridades, lado a lado

Esta es la comparación que no existe en ningún otro lado y la que decide por dónde empezar. Cada fila cambia la estrategia completa:

AutoridadQué puede hacer y con qué normaQué debe haber hecho antesEl primer movimiento
Intendencia de Policía
Bares, discotecas, licorerías, restaurantes, tiendas
Clausura temporal e inmediata durante la inspección, que puede durar hasta la resolución final. Y clausuras de 10, 15 o 30 días según la gravedad. Nada. El sello precede a la sanción: es una medida para asegurar la eficacia de la resolución futura. La petición de suspensión del Art. 229, en tres días. Es el único camino para reabrir antes de la resolución.
Autoridad de turismo
Hoteles, restaurantes y agencias con registro
Clausura inmediata solo si opera sin registro ni licencia. Para todo lo demás: amonestación, lista de incumplidos, multa de USD 1.000 a 5.000, y clausura solo por reincidencia. Si hubo inspección con hallazgos: darle 30 días (servicio) o 60 días (infraestructura) para corregir. Verificar si la causal se configuró: sin sanción anterior firme no hay reincidencia, y sin reincidencia no hay clausura.
Cuerpo de Bomberos
Cualquier local en funcionamiento
Ordenar la clausura «con los debidos fundamentos». Pero no es la autoridad que sanciona: informa por oficio para que otra aplique la sanción. Una escalera de tres documentos: citación con ocho días, segunda notificación con tres días, y aviso de pre-clausura. Pedir el expediente y ver si los tres papeles existen. Si falta uno, falta un escalón.
Municipio
Patente, uso de suelo, licencia anual
Lo que diga la ordenanza de su cantón. El COOTAD no contiene ninguna facultad de clausurar locales. Tipificar la infracción y la sanción en la ordenanza, publicarla, y separar quien instruye de quien resuelve. Leer qué norma cita el acto. Si cita solo el COOTAD, falta la norma que crea la infracción.
ARCSA
Alimentos, farmacias, clínicas, cosméticos
Clausura y sanciones del régimen sanitario, por el permiso de funcionamiento y la normativa técnica. El control posterior con su acta, y en las infracciones graves, medidas correctivas antes de la sanción. Comparar el acta con lo que el inspector podía revisar, y el plazo de corrección.

Las cinco son autoridades administrativas, así que sus actos son actos administrativos y se impugnan por el Código Orgánico Administrativo. Las contravenciones de la Ley de Defensa Contra Incendios son la excepción: el Art. 29 de esa ley las envía a las juezas y jueces de contravenciones.

Las cinco filas de arriba no son teoría: cada una cambia qué escrito se presenta primeroY presentar el correcto bajo la norma equivocada no sirve de nada.

Si ya sabe cuál fue, cada régimen está desarrollado por separado, con sus plazos exactos y sus vicios propios:

  • La Intendencia de Policía: por qué el sello va antes de la sanción, los tres días para frenarlo, los horarios exactos por categoría y la reducción de un tercio por corregir.
  • La autoridad de turismo: cuándo cabe el cierre inmediato, los 30 o 60 días que la norma le debe, y quién puede firmarle la clausura hoy.
  • El Cuerpo de Bomberos: la escalera de citaciones que debe preceder al sello, por qué la multa no la impone el cuerpo, y lo que necesita por escrito para reabrir.
  • El Municipio: por qué la facultad no está en el COOTAD, cómo encontrar la ordenanza de su cantón y qué buscar en ella.
  • ARCSA: la clausura sanitaria, el permiso de funcionamiento y cómo se reabre.

Si no está seguro de cuál de las cinco fue, eso se resuelve con una foto del papelY es lo que define qué plazo corre hoy y qué se puede alegar sin discutir un solo hecho.

La distinción que se repite en las cinco: ¿es medida provisional o es la sanción?

Respuesta rápida: un sello puede ser dos cosas completamente distintas. Puede ser una medida provisional, dictada para asegurar la eficacia de una resolución que todavía no existe. O puede ser la sanción, impuesta al final de un procedimiento. La defensa, los plazos y el escrito que hay que presentar son distintos en cada caso, y el papel que le dejaron suele decir cuál es, aunque no con esas palabras.

El documento que le dejaron decide el escrito que toca

En la consulta leemos ese papel, establecemos si el sello es medida provisional o ya es la sanción, calculamos qué término corre desde la notificación con fecha exacta, y definimos el orden de los escritos. Si el término de tres días está vivo, ese sale primero.

La forma de distinguirlo es mirar qué documento le entregaron:

Lo que le dejaronQué significaQué se presenta
Un acta de inspecciónTodavía no hay sanción. El sello es provisional y el expediente apenas empieza.La petición de suspensión en tres días, y después las observaciones al acta.
Un auto de apertura o acto de inicioHay expediente abierto y corre el término para contestar.La contestación. No contestar es el error del que no se vuelve: el acto de inicio no contestado puede valer como dictamen.
Una resoluciónYa hay sanción impuesta y corre el plazo para impugnar.La apelación en diez días por el Art. 224, alegando además la nulidad por el Art. 226.
Una citación o un aviso previoEs un escalón previo, y comparecer lo corta antes de que avance.La comparecencia por escrito, pidiendo el detalle de hallazgos y el plazo para corregir.
Nada, solo el selloEl escenario más irregular y el más alegable.Constancia escrita el mismo día de que se cerró sin acto notificado, y petición del expediente.

La última fila merece una aclaración, porque es la que más se malinterpreta. Sin acto notificado no corren plazos en su contra: usted no puede haber incumplido un término que nunca empezó. Pero eso no reabre el local por sí solo, y conviene no esperar. Lo que corresponde es dejar constancia por escrito ese mismo día, porque esa constancia es la prueba de que el cierre precedió a la notificación.

Lo que vale en las cinco: corregir, y que conste en el expediente

Respuesta rápida: el Art. 253 del Código Orgánico Administrativo dispone que si el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente, puede obtener las reducciones o exenciones previstas en el ordenamiento, y que el cumplimiento voluntario en cualquier momento anterior a la resolución implica la terminación del procedimiento. Lo que cuenta es el documento ingresado, no la obra hecha en el local.

Esta es la palanca más desaprovechada de toda esta materia, y la razón es siempre la misma: el dueño arregla lo observado, lo arregla bien, y no deja constancia. Para el expediente, corregir sin acreditar equivale a no haber corregido.

En algunos regímenes la reducción está cuantificada. En el de la Intendencia de Policía, por ejemplo, las infracciones leves se reducen en un tercio si se corrige la conducta y se acredita en el expediente. En otros la reducción depende de lo que prevea la norma sectorial, pero el Art. 253 opera como regla general en todos.

Lo que tiene que contener el escrito de acreditación:

  • El número de expediente y la autoridad ante la que se presenta
  • Cada hallazgo del acta, enumerado tal como lo escribió el inspector
  • Qué se hizo para corregir cada uno, con fecha
  • El respaldo de cada corrección: factura, fotografía con fecha, certificado, contrato
  • La petición expresa de que se tenga por acreditada la corrección y se apliquen las reducciones del Art. 253
  • La petición de re-inspección, cuando la norma del sector la prevea

Corregir sirve, pero solo si queda en el expediente

En la consulta identificamos qué hallazgos le imputan, qué corresponde corregir y qué no, y armamos el escrito de acreditación con los respaldos que el expediente necesita para que la corrección cuente y active las reducciones del Art. 253.

Las defensas que sirven contra cualquiera de las cinco

Más allá del régimen de cada autoridad, el Código Orgánico Administrativo y la Constitución aplican a todas. Estas son las que se revisan siempre, en este orden:

  1. Competencia de quien firmó

    El Art. 65 del COA define la competencia como la medida en que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado. Y el Art. 105 num. 3 declara nulo el acto dictado sin competencia por razón de la materia, el territorio o el tiempo. Si quien firmó actúa por delegación, el Art. 70 exige que el instrumento contenga seis elementos y esté publicado.

  2. La notificación no dice la norma de competencia

    El Art. 248 num. 3 exige notificar los hechos imputados, las infracciones que puedan constituir, las sanciones posibles, la identidad del instructor, la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia. Es un requisito expreso, no una formalidad.

  3. El mismo funcionario instruyó y resolvió

    El Art. 248 num. 1 exige la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos. Se alega sin discutir un solo hecho.

  4. Falta de tipicidad

    El Art. 76 num. 3 de la Constitución prohíbe sancionar por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado como infracción, y aplicar sanciones no previstas. Hay que comparar literalmente el artículo citado con la conducta imputada.

  5. Falta de motivación

    El Art. 76 num. 7 letra l) de la Constitución establece que no hay motivación si no se enuncian las normas o principios en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, y que los actos no motivados se considerarán nulos. Son dos requisitos: citar un artículo no es motivar.

  6. Caducidad de la potestad sancionadora

    El Art. 244 establece que la potestad caduca cuando la administración no concluyó el procedimiento en el plazo previsto, y que el órgano competente emite la certificación a solicitud del inculpado; si se niega, el inculpado la obtiene mediante procedimiento sumario.

  7. Prescripción

    El Art. 245 fija la prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora en un año para las leves, tres para las graves y cinco para las muy graves, contados por regla general desde el día siguiente al del hecho; en la infracción continuada desde el cese, y en la oculta desde que la administración conoce. El Art. 246 extiende los mismos plazos a las sanciones ya impuestas.

  8. Falta de proporcionalidad

    Cuando la norma gradúa los instrumentos de control de menor a mayor —amonestación, multa, clausura— imponer el más grave sin motivar por qué los anteriores no bastaban es desproporcionado, y se alega con el propio cuadro de la norma sectorial.

Y el remate: el Art. 108 del COA dispone que las personas no están obligadas al cumplimiento de un acto administrativo declarado nulo, y que los servidores públicos deben oponerse a su ejecución motivando su negativa. Pero la nulidad hay que alegarla y obtenerla: mientras no se declare, el acto se presume legítimo por el Art. 229 y se ejecuta.

Ocho defensas que aplican sea quien sea la autoridad

En la consulta las recorremos sobre su acto concreto: la competencia de quien firmó, la norma citada en la notificación, la separación de funciones, la tipicidad, la motivación, la caducidad, la prescripción y la proporcionalidad. Salimos con el orden en que se alegan y con la petición de suspensión redactada si el término de tres días todavía corre.

Los seis errores que alargan el cierre, en cualquier régimen

  1. Discutir los hechos antes de revisar las facultades

    Explicar por qué el inspector se equivocó toma semanas y se gana con prueba. Alegar que esa autoridad no podía hacer eso, o no todavía, se resuelve con dos documentos. El orden importa más que el argumento.

  2. Dejar pasar los tres días del Art. 229

    Es el único plazo que puede devolverle la operación mientras se discute, y contra la negativa —expresa o tácita— el propio artículo dice que no cabe recurso alguno. Es el error más caro de todos.

  3. Pagar para que le abran

    Pagar una multa cuya base es discutible cierra la discusión y puede leerse como aceptación de los hechos. Lo que reabre el local es la suspensión, no el pago.

  4. Corregir y no acreditarlo

    El Art. 253 premia la corrección acreditada en el expediente. Arreglar el local sin ingresar el respaldo equivale, para el expediente, a no haber hecho nada.

  5. Reabrir con el sello puesto

    Suma una conducta nueva y alimenta la reincidencia, que es exactamente lo que varias de estas autoridades necesitan para endurecer la sanción o para revocarle el permiso.

  6. Atender a una sola autoridad cuando hay dos expedientes

    Es frecuente que una inspección arrastre a otra: el municipio pide el permiso de bomberos, la Intendencia pide el uso de suelo, turismo pide el certificado sanitario. Resolver uno y desatender el otro deja el local cerrado igual.

Por qué esto no se maneja solo

Porque no hay un procedimiento de clausura en Ecuador: hay cinco, y uno de ellos —el municipal— cambia de cantón en cantón. Lo primero que hace un abogado no es redactar: es identificar el régimen, y de eso depende todo lo demás. Un escrito perfecto presentado bajo la norma equivocada no sirve.

Y porque el reloj no es uno. Tres días para la suspensión, diez para la apelación, ocho y tres para las citaciones de bomberos, treinta o sesenta para corregir en turismo, diez para el pago voluntario antes de la coactiva, un mes para que resuelvan. Cada plazo abre o cierra una puerta distinta, y el que vence primero decide si el local factura esta semana.

El cálculo honesto: un local cerrado no deja de pagar nómina, arriendo, servicios ni proveedores, y el inventario perecible se pierde solo. La asesoría cuesta una fracción de un solo día cerrado, y lo que define es si el local reabre esta semana por la vía del Art. 229 o espera la resolución de fondo con el sello puesto.

Trabajamos en todo el Ecuador. La defensa frente a una clausura se lleva por escrito y por expediente, así que la distancia no cambia nada: revisamos su acta, su notificación y sus permisos, y presentamos ante la autoridad que corresponda, sea el cantón que sea. La atención presencial está disponible en Guayaquil.

Empiece por saber qué autoridad fue y qué plazo corre

La consulta termina con cuatro cosas en concreto: qué autoridad actuó y bajo qué norma, si el procedimiento que esa autoridad debía seguir se cumplió, qué plazos corren hoy con fecha exacta, y el orden en que se presentan los escritos. Si el término de tres días está vivo, ese escrito sale primero.

Preguntas frecuentes

Me clausuraron el local. ¿Qué hago hoy mismo?

Tres cosas, en este orden. Primero, identifique qué autoridad fue: lea el encabezado y el pie del papel, el logo, el cargo de quien firma y el número de expediente, porque de eso depende qué régimen aplica. Segundo, anote la fecha y la hora de la notificación, no de la inspección: de la notificación corre el término de tres días del Art. 229 del Código Orgánico Administrativo para pedir que el local siga abierto mientras se discute, y es el único plazo que puede devolverle la operación esta semana. Tercero, ingrese por escrito una petición del expediente completo, porque eso fija la fecha y convierte su versión de los hechos en parte del expediente. Y no rompa el sello.

¿Cuántas autoridades pueden cerrarme el local en Ecuador?

Cinco, y cada una con su propia norma, su propio procedimiento y sus propios plazos: la Intendencia de Policía, la autoridad nacional de turismo, el Cuerpo de Bomberos, el municipio de su cantón y ARCSA. No actúan igual ni pueden lo mismo. La Intendencia puede sellar durante la inspección, antes de que exista sanción. La autoridad de turismo solo puede clausurar de inmediato a quien opera sin registro ni licencia, y en los demás casos necesita reincidencia. El Cuerpo de Bomberos debe haber emitido antes dos citaciones y un aviso de pre-clausura. El municipio solo puede lo que diga la ordenanza de su cantón. Y ARCSA actúa bajo el régimen sanitario.

El sello no dice de quién es. ¿Cómo lo averiguo?

Por tres vías. El propio sello suele llevar impreso el nombre de la entidad, aunque esté parcialmente cubierto. El papel que le dejaron —acta, citación, boleta o resolución— lleva el encabezado, el logotipo y el cargo de quien firma. Y si no le dejaron nada, lo que corresponde es ingresar ese mismo día un escrito ante el municipio y ante la Intendencia pidiendo información sobre el acto que ordenó el cierre, porque la ausencia de respuesta también sirve: sin acto notificado no corren plazos en su contra. Lo que no conviene es esperar a que alguien vuelva a explicarlo.

¿El sello que tengo es ya la sanción?

Depende del documento que le entregaron, y la diferencia cambia la defensa entera. Si le dejaron un acta de inspección, todavía no hay sanción: el sello es una medida provisional y el expediente apenas empieza. Si le dejaron un auto de apertura, hay expediente abierto y corre el término para contestar, y no contestar es el error del que no se vuelve, porque el acto de inicio no contestado puede valer como dictamen. Si le dejaron una resolución, ya hay sanción impuesta y lo que corre es el plazo de diez días del Art. 224 para apelar. Y si no le dejaron nada, el cierre es irregular y hay que dejar constancia escrita el mismo día.

¿Impugnar hace que me abran el local?

No por sí solo, y esto es lo que más caro cuesta. El Art. 229 del Código Orgánico Administrativo establece que la interposición de cualquier recurso administrativo o judicial no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la persona interesada lo solicite dentro del término de tres días, petición que se resuelve en término igual. Si no la resuelven expresamente hay negativa tácita, y contra esa negativa, expresa o tácita, el propio artículo dice que no cabe recurso alguno. Son dos escritos distintos: la petición de suspensión, que es corta y urgente, y la apelación de fondo, que tiene diez días. El corto vence primero.

Ya arreglé lo que me observaron. ¿Eso me rebaja la sanción?

Si queda acreditado, sí. El Art. 253 del Código Orgánico Administrativo dispone que si el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente, puede obtener las reducciones o exenciones previstas en el ordenamiento, y que el cumplimiento voluntario en cualquier momento anterior a la resolución implica la terminación del procedimiento. En algunos regímenes la reducción está cuantificada: en el de la Intendencia de Policía, las infracciones leves se reducen en un tercio por corrección acreditada. Lo que cuenta es el escrito ingresado con sus respaldos —facturas, fotografías con fecha, certificados—, no la obra hecha en el local.

¿Puedo reabrir mientras se resuelve, aunque sea a escondidas?

No conviene, y no es un consejo de prudencia sino de estrategia. Reabrir con el sello puesto suma una conducta nueva al expediente y alimenta exactamente lo que varias de estas autoridades necesitan para endurecer la sanción: la reincidencia. En el régimen de turismo, la reincidencia es la que habilita la clausura cuando los permisos están vigentes. En el de la Intendencia, es uno de los caminos que llevan a la clausura definitiva con revocatoria del permiso. El camino para reabrir legalmente es la petición de suspensión del Art. 229, dentro de los tres días.

Me cerraron dos autoridades a la vez. ¿Se resuelve junto?

No: son dos expedientes distintos, con dos normas, dos plazos y dos autoridades, y hay que atender los dos. Es más frecuente de lo que parece, porque los permisos se exigen entre sí: el municipio pide el permiso del Cuerpo de Bomberos, la Intendencia pide el uso de suelo, la autoridad de turismo pide estar al día en las contribuciones. Resolver uno y desatender el otro deja el local cerrado igual. Lo primero es establecer qué plazo corre en cada expediente, porque normalmente no vencen el mismo día.

¿Hay un plazo máximo que pueden tenerme cerrado?

Depende del régimen, y en uno de ellos la respuesta incomoda. En el de la Intendencia de Policía, la clausura temporal dictada durante la inspección puede extenderse hasta la resolución final del procedimiento, de modo que el local puede estar cerrado semanas sin que exista todavía una sanción. Las clausuras como sanción sí tienen topes según la gravedad. Y en todos los casos juega el Art. 244 del Código Orgánico Administrativo: la potestad sancionadora caduca cuando la administración no concluyó el procedimiento en el plazo previsto, y el órgano competente emite la certificación de caducidad a solicitud del inculpado; si se niega, se obtiene mediante procedimiento sumario.

¿Y si el que firmó no tenía competencia para cerrarme?

Es la primera defensa que se revisa, porque cierra el caso sin discutir los hechos. El Art. 65 del Código Orgánico Administrativo define la competencia como la medida en que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado, y el Art. 105 numeral 3 declara nulo el acto dictado sin competencia por razón de la materia, territorio o tiempo. Si quien firmó actúa por delegación, el Art. 70 exige que el instrumento especifique al delegado, al órgano delegante y su atribución para delegar, las competencias delegadas, el plazo o condición, el lugar, la fecha y el número, y que la delegación se publique por los medios de difusión institucional. Y el Art. 248 numeral 3 obliga a que la notificación indique la norma que atribuye esa competencia.

Fuentes y referencias

  • Código Orgánico Administrativo, Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017: Art. 65 (la competencia es la medida en que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado), Art. 70 (contenido obligatorio de la delegación y obligación de publicarla por los medios de difusión institucional), Art. 105 (causales de nulidad del acto administrativo, entre ellas ser contrario a la Constitución y a la ley, haberse dictado sin competencia por razón de la materia, territorio o tiempo, y determinar actuaciones imposibles), Art. 108 (las personas no están obligadas al cumplimiento del acto administrativo declarado nulo y los servidores públicos deben oponerse a su ejecución motivando su negativa), Art. 224 (término de diez días para la apelación), Art. 226 (en la apelación se puede alegar además la nulidad del procedimiento o del acto), Art. 229 (presunción de legitimidad, no suspensión por la interposición de recursos, petición de suspensión dentro del término de tres días resuelta en término igual, las tres circunstancias habilitantes, ponderación motivada de los daños, negativa tácita e improcedencia de recurso contra la negativa), Art. 230 (plazo máximo de un mes para resolver la apelación), Art. 244 (caducidad de la potestad sancionadora, certificación a solicitud del inculpado y procedimiento sumario ante la negativa de la administración), Arts. 245 y 246 (prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora en uno, tres y cinco años según la gravedad de la infracción, cómputo desde el día siguiente al del hecho, desde el cese en la infracción continuada y desde el conocimiento en la oculta, y prescripción de las sanciones en los mismos plazos), Art. 248 (garantías del procedimiento sancionador: debida separación entre la función instructora y la sancionadora en servidores públicos distintos, notificación de los hechos imputados, de las infracciones, de las sanciones posibles, de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuye tal competencia, y presunción de inocencia) y Art. 253 (reducciones o exenciones cuando el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente, y terminación del procedimiento por cumplimiento voluntario anterior a la resolución).
  • Constitución de la República del Ecuador: Art. 76 numeral 3 (nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista) y Art. 76 numeral 7, letras a), h) y l) (derecho a no ser privado de la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; derecho a presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra; y deber de motivación, con nulidad de los actos administrativos que no enuncien las normas o principios jurídicos en que se fundan y no expliquen la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho).
  • Reglamento para la intervención de las y los intendentes generales de policía, subintendentes de policía y comisarios de policía del país, expedido mediante Acuerdo Ministerial 0069 del Ministerio del Interior, publicado en el Registro Oficial 475 de 25 de abril de 2019, y su reforma mediante Acuerdo Ministerial 0067 del Ministerio de Gobierno: clausura temporal e inmediata durante la inspección con posible extensión hasta la resolución final, clausuras de hasta diez, quince y treinta días según la gravedad de la infracción, reducción de un tercio por corrección acreditada en el expediente en las infracciones leves, y clausura definitiva con revocatoria del permiso.
  • Ley de Turismo, Registro Oficial Suplemento 733 de 27 de diciembre de 2002: Art. 8 (exigencia del registro de turismo y de la Licencia Única Anual de Funcionamiento) y Art. 52 (instrumentos de control: amonestación escrita, lista de empresarios incumplidos, multas de USD 100 a USD 200 y de USD 1.000 a USD 5.000 duplicables por reincidencia, y clausura dictada de forma inmediata cuando se comprueba el ejercicio de actividades turísticas sin las autorizaciones de esa ley, y también por reincidencia). Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas: plazos de hasta 30 días para requisitos de servicio y hasta 60 días para requisitos de infraestructura desde el día siguiente a la inspección.
  • Ley de Defensa Contra Incendios: Art. 29 (el juzgamiento de las contravenciones de esa ley corresponde a las juezas y jueces de contravenciones) y Art. 35 (los primeros jefes de los cuerpos de bomberos conceden permisos anuales, cobran tasas de servicios y ordenan, con los debidos fundamentos, clausuras de edificios, locales e inmuebles). Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios: Art. 356 (primera citación con término de ocho días desde su emisión, segunda notificación con término de tres días, aviso de pre-clausura y notificación a la autoridad competente) y Art. 364 (el Primer Jefe notifica las contravenciones mediante oficio a la autoridad competente para la aplicación de la sanción respectiva).
  • Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD): Art. 7 (facultad normativa de los concejos municipales mediante ordenanzas), Art. 54 letras g), m) y o) (regular, controlar y promover la actividad turística cantonal, regular y controlar el uso del espacio público y regular y controlar las construcciones) y Art. 263 (única mención de la palabra clausura en ese código, referida al cierre del presupuesto).

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