Te rechazaron en un trabajo, te negaron un crédito o alguien te buscó antes de cerrar un negocio. La causa se archivó hace años y el dato sigue ahí.
Un proceso archivado. Un sobreseimiento. Una conciliación que se cumplió. Una denuncia que no llegó a nada. En todos esos casos el asunto terminó a tu favor o no terminó nunca, y aun así tu nombre sigue apareciendo cuando alguien te busca.
El problema ya no es jurídico, es económico. Quien te consulta no lee el resultado: lee que apareces. Y decide con eso.
No es un solo sistema, son tres, y no se limpian con el mismo trámite. La consulta de causas judiciales muestra los procesos. La Fiscalía mantiene su propio registro de noticias del delito e investigaciones previas. Y el récord policial es un certificado aparte, que puede salir limpio mientras los otros dos siguen mostrando tu nombre.
Por eso la primera pregunta nunca es «cómo lo borro», sino «dónde aparezco exactamente y con qué estado». Hay casos que proceden en uno y no en los otros. Hay casos que no proceden en ninguno todavía, porque la causa sigue abierta aunque nadie te haya notificado nada en años. Eso se determina revisando los sistemas, no recordando.
Lo primero es saber qué hay. Lo segundo, si procede. El trámite viene después, y solo si tiene sentido presentarlo.
Qué aparece a tu nombre en la consulta de causas, en el registro de la Fiscalía y en el récord policial, y con qué estado procesal consta cada una.
Cuáles se pueden ocultar hoy, cuáles no y por qué. Si tu caso no procede, lo sabes en la asesoría y no pagas por un trámite que iba a ser negado.
Las copias certificadas, la constancia del estado procesal y los documentos que exige cada autoridad. Es la parte que decide si la petición se resuelve o se observa.
Se redacta, se presenta ante la autoridad que corresponde a cada registro y se vigila hasta la resolución. Si hay observación, se contesta dentro del plazo.
Tu caso lo lleva un abogado, no un gestor. Sabes quién lo firma y a quién reclamarle.
Videollamada de 60 minutos con el abogado. Llegas con tu cédula y lo que recuerdes; sales sabiendo dónde apareces de verdad y qué procede.
Revisamos los tres sistemas y armamos el estado real de cada causa, que casi nunca es el que el cliente creía tener.
Se redacta y se presenta en cada autoridad. A partir de ahí corren plazos que alguien tiene que vigilar.
Te avisamos en cada movimiento y te entregamos la constancia cuando sale.
Presentar sin acreditar el estado procesal. La autoridad resuelve con lo que le pusiste delante: si no demostraste que la causa terminó y cómo terminó, la petición se niega, y no por falta de derecho.
Pedir en el sistema equivocado. Ocultar en la consulta de causas no limpia el registro de la Fiscalía, ni al revés. Quien hace un solo trámite creyendo que cubre todo se entera meses después, cuando vuelve a quedarse sin el trabajo.
Dejarlo para cuando haga falta. El día que te piden el certificado ya no hay margen: el trámite tiene sus propios tiempos y no se acelera porque tengas una entrevista el lunes.
La asesoría cuesta $45 por videollamada de 60 minutos con el abogado, para todo el Ecuador, o $85 presencial en Guayaquil. En esa hora revisamos tu caso concreto y sales con dos cosas: si procede o no, y cuánto cuesta el tuyo. Si contratas el servicio, los $45 se descuentan del precio final.
No publicamos el precio del servicio completo porque sería mentirte: depende de en cuántos sistemas apareces y de cuántas causas haya, y un número de referencia en esta página solo serviría para que te lleves una sorpresa después. El presupuesto sale de la asesoría, con tu caso sobre la mesa.
En Ecuador te cobran por escucharte. Nosotros te cobramos por ya tener la respuesta cuando te conectas.
Estas guías explican el fondo del asunto, escritas para que las entiendas sin ser abogado.
También puedes ver cómo trabajamos los casos o conocer quién firma el contenido de este sitio.
Escríbenos por WhatsApp y te agendamos. Si prefieres correo: legal@juristam.net
Escribir por WhatsAppPor Jimmy Chichande