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Derecho SanitarioDerecho SanitarioACESS Actualización: octubre 2026

El permiso del consultorio lo da la ACESS, no ARCSA

Permiso de funcionamiento de consultorios y centros de salud en Ecuador: por qué lo emite la ACESS y no ARCSA, por qué su falta se sanciona con multa y no con cierre, y las cinco obligaciones que sí pueden clausurarle.

Categoría: Derecho Sanitario · Por

J
Equipo Editorial · Juristam Abogados especializados en permisos de funcionamiento de establecimientos de salud ante la ACESS y en defensa frente a sanciones y clausuras sanitarias. Contenido basado en la Ley Orgánica de Salud, el Decreto Ejecutivo 703, la normativa de la ACESS y el Código Orgánico Administrativo.

El permiso de su consultorio no lo emite ARCSA

Respuesta rápida: el permiso de funcionamiento de consultorios, clínicas, centros médicos y demás prestadores de servicios de salud lo emite la ACESS —la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada—, no ARCSA. El Art. 3 numeral 4 del Decreto Ejecutivo 703, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 534 de 1 de julio de 2015, le atribuye expresamente «otorgar, suspender, cancelar y restituir los permisos de funcionamiento» de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios. ARCSA controla productos: medicamentos, alimentos, cosméticos, dispositivos. Son dos agencias distintas con dos regímenes distintos.

Esta confusión no es un detalle académico: es la causa de que muchos trámites se demoren meses y de que algunos escritos se presenten ante la autoridad equivocada. Y como el plazo sigue corriendo mientras se descubre el error, se paga dos veces: en tiempo y en la sanción que llega mientras tanto.

AgenciaQué controlaEjemplos
ACESSLos servicios de salud y quién los prestaConsultorios generales y de especialidad, centros médicos, clínicas, hospitales, laboratorios clínicos, centros odontológicos, empresas de medicina prepagada, profesionales de la salud
ARCSALos productos de uso y consumo humano y los establecimientos que los manejanMedicamentos, alimentos procesados, cosméticos, dispositivos médicos, notificaciones sanitarias, farmacias y botiquines

El cruce existe: un consultorio que maneja medicamentos o dispositivos puede quedar bajo los dos regímenes a la vez, por materias distintas. Lo que no cambia es quién emite el permiso de funcionamiento del establecimiento de salud.

La base de ese permiso está en la Ley Orgánica de Salud. El Art. 130 dispone que los establecimientos sujetos a control sanitario deben contar con el permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional, y que tendrá vigencia de un año calendario. Y el Art. 180 establece que esa autoridad regula, licencia y controla el funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, y otorga su permiso de funcionamiento.

El primer error cuesta meses, y es elegir mal la ventanilla

En la consulta establecemos qué tipología le corresponde a su establecimiento, ante qué agencia va cada trámite, qué requisitos aplican en su caso concreto, y si lo que le notificaron viene de la autoridad que tenía competencia para emitirlo.

Diagnóstico · 40 segundos

¿A qué está expuesto su establecimiento?

Cuatro preguntas sobre su permiso, el responsable técnico, los equipos y desechos, y si ya hay un expediente. El resultado indica qué riesgo es de multa y cuál es de cierre.

1. ¿Cómo está su permiso de funcionamiento?

No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.

El hallazgo que cambia el cálculo: operar sin permiso son cinco SBU, no clausura

Respuesta rápida: el Art. 254 de la Ley Orgánica de Salud sanciona el incumplimiento del Art. 130 —el del permiso de funcionamiento— con multa de cinco salarios básicos unificados, y nada más. Con el SBU de 2026 en USD 482, eso son USD 2.410. El artículo no asigna clausura a esa infracción. Y el legislador sí la asignó expresamente en otros nueve artículos del mismo catálogo, lo que hace muy difícil sostener que la omitió por descuido.

Este es el punto que más cambia la conversación con la autoridad, y se verifica leyendo el propio catálogo de infracciones. El Art. 240 enumera las cinco sanciones posibles de la ley: multa; suspensión del permiso o licencia; suspensión del ejercicio profesional; decomiso; y clausura parcial, temporal o definitiva. Y después, artículo por artículo, el legislador asigna cuáles aplican a cada infracción.

⚠ Compare la redacción: la clausura está donde el legislador la puso, y no está en el Art. 254

Art. 242: «multa de un salario básico unificado y clausura temporal o definitiva del establecimiento…»
Art. 247: «multa de diez salarios básicos unificados y clausura temporal o definitiva del establecimiento…»
Art. 256: «Será sancionado con clausura temporal o definitiva del establecimiento…»

Art. 254: «Será sancionado con multa de cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 130 y 134 de esta Ley.» Punto.

Y la consecuencia es constitucional, no interpretativa. El Art. 76 numeral 3 de la Constitución dispone que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado como infracción, «ni se le aplicará una sanción no prevista». Aplicar clausura a una infracción a la que la ley asignó solo multa es aplicar una sanción no prevista para esa conducta.

Hay que decir también lo que este argumento no significa, porque estirarlo es la forma de perderlo. No significa que el permiso sea opcional: el deber del Art. 130 existe y su incumplimiento tiene una multa de USD 2.410, duplicable por reincidencia. Y no significa que a su establecimiento no le pueda pasar nada más: significa que si le clausuraron, hay que buscar en el acto cuál es la infracción realmente imputada, porque si es la del permiso, la sanción no calza, y si es otra, usted tiene derecho a saber cuál es antes de defenderse.

Esa distinción, además, tiene un hermano importante. El Art. 240 separa en dos letras distintas la suspensión del permiso o licencia —letra b)— de la clausura del establecimiento —letra e)—. Son sanciones diferentes: una actúa sobre el título, la otra sobre el local. Y el Decreto 703 que creó la ACESS le atribuye, en el numeral que se puede verificar, otorgar, suspender, cancelar y restituir permisos: facultades sobre el título.

Si le clausuraron, lo primero es ver cuál es la infracción que el acto realmente imputaPorque si es la del permiso de funcionamiento, el Art. 254 no asigna clausura a esa falta.

Lo que sí puede cerrarle el consultorio, y casi nadie lo sabe

Respuesta rápida: en la Ley Orgánica de Salud son cinco obligaciones las que llevan clausura en un establecimiento de salud, y ninguna es el permiso. La más grave y la menos conocida es funcionar sin responsable técnico: el Art. 256 sanciona el incumplimiento del Art. 185 con clausura temporal o definitiva, sin multa de acompañamiento. Es la única infracción del catálogo cuya única sanción es cerrar.

Este es el mapa real del riesgo, y es lo que conviene revisar antes de que llegue una inspección:

La obligaciónQué exigeLa sanción
Art. 185
Responsable técnico
Que el servicio funcione, conforme a su ámbito de competencia, bajo la responsabilidad técnica de un profesional de la saludArt. 256: clausura temporal o definitiva, y nada más
Art. 186
Emergencias
Recibir y atender a todo paciente en estado de emergencia; prohibido exigir pago, compromiso económico o trámite como condición previa a recibirlo, atenderlo y estabilizarloArt. 247: diez SBU (USD 4.820) y clausura
Art. 121
Radiación
Proveer dispositivos de cuidado y control de radiación y condiciones de seguridad al personal expuesto a radiación ionizante y emisiones no ionizantesArt. 247: diez SBU y clausura
Art. 104
Residuos
Instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos producidos por la actividadArt. 247: diez SBU y clausura
Art. 192
Medicinas alternativas
Que las medicinas alternativas las ejerzan profesionales con títulos reconocidos y registrados ante la autoridad sanitaria, y que las terapias alternativas cuenten con permisoArt. 247: diez SBU y clausura

Mire lo que esto implica en la práctica. Un consultorio odontológico con equipo de rayos X y sin dosimetría ni control de radiación está en el Art. 121, que sí lleva clausura. Un centro médico que acumula desechos sin sistema de tratamiento está en el Art. 104, que sí lleva clausura. Un consultorio que ofrece terapias alternativas sin el permiso correspondiente está en el Art. 192, que sí lleva clausura. Y cualquier establecimiento cuyo responsable técnico se fue y no fue reemplazado está en el Art. 185, cuya única sanción es cerrar.

Ninguna de esas cinco aparece en el formulario del permiso. Son las que decide la inspección.

El Art. 239: la reincidencia duplica el máximo

La Ley Orgánica de Salud dispone que la reincidencia en el incumplimiento de esa ley y sus reglamentos será reprimida con el doble del máximo de la sanción para cada caso, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a que hubiere lugar. En las infracciones de diez SBU eso lleva la multa a USD 9.640, además de la clausura.

Las cinco que cierran se revisan antes, no después

En la consulta recorremos las cinco sobre su establecimiento concreto: el nombramiento vigente del responsable técnico, el protocolo de emergencias, la dosimetría y el control de radiación si hay equipos, el manejo de desechos, y el permiso de las terapias que ofrezca. Salimos con qué falta y en qué orden conviene resolverlo.

El nombramiento del responsable técnico es el papel que más pesa de todo el expedienteSirve para el permiso y, a la vez, cubre la única infracción cuya única sanción es cerrar.

Los ocho requisitos del permiso, y el plazo de cinco días que anula el trámite

Respuesta rápida: el trámite es totalmente en línea, por la plataforma ACESS en línea, y pide ocho documentos. El permiso tiene vigencia de un año calendario desde su emisión. Y hay una trampa de calendario: una vez aceptada la solicitud, los establecimientos privados tienen cinco días hábiles para pagar la orden, y el pago tardío anula la solicitud: hay que ingresar una nueva y pagar de nuevo.

Lo que pide el trámite:

  • RUC activo del establecimiento o del servicio de salud
  • El Unicódigo del RÚES otorgado por la autoridad sanitaria nacional
  • Registro del título de cada profesional de la salud en la SENESCYT o su equivalente, y ante la autoridad sanitaria nacional
  • La cartera de servicios, presentada durante la inspección in situ, en el formato de la ACESS y firmada por el responsable técnico
  • La nómina de profesionales del establecimiento
  • El documento que acredite la designación del responsable técnico
  • El comprobante de pago, exigible solo a establecimientos privados
  • Los demás documentos que la autoridad sanitaria requiera

Dos de esos ocho son el cuello de botella en casi todos los casos. El Unicódigo del RÚES, porque es un trámite previo y distinto, y sin él la solicitud no avanza. Y la designación del responsable técnico, porque es el mismo documento del que depende el Art. 185, el que lleva clausura: si el nombramiento no está vigente, el problema no es solo que el permiso no sale, es que el establecimiento está operando en la única infracción cuya única sanción es cerrar.

Sobre las tarifas: dependen de la tipología y del nivel de atención del establecimiento, se publican en el portal de la ACESS, se ajustan cada año en función del salario básico unificado y constan en la Resolución ACESS-ACESS-2025-0050-R, de 31 de diciembre de 2025. Solo los establecimientos privados pagan. Y conviene verificarlas en la fuente antes de presupuestar, porque el ajuste es anual.

La tipología no es un dato administrativo: decide el estándar con el que lo miden. El Acuerdo Ministerial 00030-2020, Reglamento para establecer la tipología de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, es el que clasifica su establecimiento, y de esa clasificación dependen los requisitos técnicos, el nivel de atención y la tarifa. Un consultorio clasificado por encima de lo que realmente es queda sujeto a exigencias que no le corresponden. Vale la pena verificar que la tipología asignada sea la correcta antes de la inspección, porque después se discute contra un acta.

Cinco días hábiles para pagar, y el pago tardío anula la solicitud completaHay que ingresar otra y pagar de nuevo. Es el error de calendario más caro del trámite.

Quién puede sancionarle, y por qué hay que pedir la norma de competencia

Respuesta rápida: el Art. 217 de la Ley Orgánica de Salud atribuye la jurisdicción para conocer, juzgar e imponer las sanciones de esa ley a cuatro autoridades: el Ministro de Salud Pública, el Director General de Salud, los directores provinciales de salud y los comisarios de salud. Y el Art. 218 exige que los comisarios de salud sean doctores en jurisprudencia o abogados con mínimo tres años de ejercicio profesional. Si el acto que le notificaron impone una sanción, tiene derecho a saber qué norma le da esa competencia a quien lo firmó.

Esto importa porque la arquitectura cambió. La Ley Orgánica de Salud es de 2006 y nombra cargos de una estructura que ya no es la actual; la ACESS se creó en 2015 con sus propias atribuciones por el Decreto 703. En la práctica eso significa que la cadena de competencia de un acto sancionador en esta materia hay que leerla, no suponerla: qué norma crea la facultad, qué norma la asigna al órgano que firma, y si hubo delegación, si esa delegación cumple los requisitos del Art. 70 del Código Orgánico Administrativo y está publicada.

Y el Código le da la herramienta para exigirlo. El Art. 248 numeral 3 establece que el presunto responsable tiene derecho a ser notificado de los hechos imputados, de las infracciones que esos hechos puedan constituir, de las sanciones que se le puedan imponer, de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuye tal competencia. No es una formalidad: es un requisito enumerado.

El numeral 1 del mismo artículo agrega la otra garantía que en esta materia se incumple seguido: la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos. Si el mismo funcionario inspeccionó, levantó el acta, instruyó y resolvió, hay un vicio que se alega sin discutir un solo hallazgo técnico.

El procedimiento, además, puede arrancar de una denuncia. El Art. 221 de la Ley Orgánica de Salud dispone que las autoridades de salud actuarán de oficio, por denuncia o informe, y que las denuncias se presentarán en forma verbal o por escrito. Un reclamo de un paciente puede ser el origen del expediente, y por eso conviene que la historia clínica y los consentimientos estén en orden desde antes.

Si ya le cerraron: los tres días que deciden si atiende esta semana

Respuesta rápida: impugnar no suspende. El Art. 229 del Código Orgánico Administrativo establece que la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto, salvo que el interesado lo solicite dentro del término de tres días, petición que se resuelve en término igual. Si no la resuelven, hay negativa tácita, y contra esa negativa no cabe recurso alguno.

Son dos escritos distintos: tres días para que el consultorio siga atendiendo mientras se discute, y diez días del Art. 224 para la apelación de fondo. El corto vence primero.

En un establecimiento de salud la petición de suspensión tiene una particularidad que conviene manejar bien. El Art. 229 obliga a la administración a resolver previa ponderación motivada de los daños que la suspensión o la ejecución causarían al administrado, al interés público o a terceros. En salud el interés público pesa, y por eso el escrito que funciona no es el que solo alega el perjuicio económico: es el que acredita que el riesgo sanitario ya fue corregido, y que mantener cerrado el servicio perjudica a los pacientes en tratamiento.

  1. Perjuicios de imposible o difícil reparación, con números

    Nómina del personal de salud, arriendo, equipos en arrendamiento financiero, pacientes con tratamientos en curso que deben interrumpirse. Se acredita con roles de pago, contratos y la agenda, no con afirmaciones generales.

  2. Causal de nulidad de pleno derecho

    Aquí entran la sanción no prevista para la infracción imputada, la falta de competencia de quien firmó, la ausencia de la norma de competencia en la notificación, y la instrucción y la resolución en el mismo funcionario.

  3. Nuevos documentos de valor esencial

    El permiso vigente que no consta en el expediente, el nombramiento del responsable técnico, la dosimetría, el contrato de gestión de desechos, el registro de los títulos profesionales.

Y la palanca que casi nadie usa: el Art. 253 del Código Orgánico Administrativo permite obtener reducciones o exenciones cuando el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente, y dispone que el cumplimiento voluntario anterior a la resolución implica la terminación del procedimiento. Para el expediente, corregir sin acreditar equivale a no haber corregido.

El panorama completo de las cinco autoridades que pueden cerrar un local en Ecuador, y qué debió hacer cada una antes del sello, está en la guía general sobre quién le clausuró el local. Si el sello vino de ARCSA por un asunto de productos, el régimen es el de la clausura sanitaria del local, y la vía para impugnarlo, con sus plazos, está en la guía sobre cómo se impugna una sanción administrativa.

Los tres días vencen antes de que tenga la defensa lista

En la consulta leemos el acto, identificamos qué infracción imputa y si la sanción corresponde a esa infracción, revisamos la competencia de quien firmó, calculamos los plazos desde la notificación con fecha exacta, y armamos la petición de suspensión acreditando que el riesgo sanitario fue corregido.

Los seis errores que más caro cuestan

  1. Presentar el trámite o el escrito ante ARCSA

    El permiso de funcionamiento del establecimiento de salud lo emite la ACESS, por el Art. 3 numeral 4 del Decreto 703. Mientras se descubre el error, el plazo sigue corriendo.

  2. Dejar vencer los cinco días hábiles de pago

    El pago tardío de la orden anula la solicitud completa: hay que ingresar una nueva y pagar de nuevo. Es un error de calendario, no de criterio, y es el más evitable de todos.

  3. Operar sin nombramiento vigente del responsable técnico

    Es el documento del que depende el permiso y, al mismo tiempo, la obligación del Art. 185, cuya única sanción por el Art. 256 es la clausura temporal o definitiva. Si el responsable técnico se fue, eso se resuelve antes que cualquier otra cosa.

  4. Asumir que el permiso vence a los doce meses de obtenido

    El Art. 130 de la Ley Orgánica de Salud habla de un año calendario. Es una diferencia que deja a muchos establecimientos operando vencidos sin saberlo.

  5. Pagar una multa sin verificar qué infracción la sostiene

    Pagar es, además de un desembolso, una señal de aceptación de los hechos. Y si la sanción impuesta no corresponde a la infracción imputada, eso se alega por el Art. 76 num. 3 de la Constitución, no se paga.

  6. Corregir y no acreditarlo en el expediente

    El Art. 253 del Código Orgánico Administrativo premia la corrección acreditada. Contratar al responsable técnico, instalar la dosimetría o firmar el contrato de desechos y no ingresar el respaldo equivale, para el expediente, a no haber hecho nada.

Por qué esto no se maneja solo

Porque la respuesta no está en una norma sino en el cruce de cinco que no se citan entre sí: la Ley Orgánica de Salud, que crea el deber del permiso y el catálogo de infracciones; el Decreto 703, que es el que dice qué puede hacer la ACESS; el Acuerdo 00030-2020, que fija la tipología con la que lo van a medir; el Código Orgánico Administrativo, que gobierna la competencia, la nulidad, la suspensión, los recursos y la corrección acreditada; y la Constitución, con la tipicidad del Art. 76 num. 3 y la motivación del num. 7 letra l).

Y porque el trabajo valioso aquí es de lectura fina, no de trámite. Saber que el Art. 254 no asigna clausura al incumplimiento del Art. 130, y que el Art. 256 sí la asigna al del Art. 185, es la diferencia entre discutir hallazgos técnicos durante meses y resolver el caso con dos artículos. Eso no se encuentra en el formulario ni en la ventanilla.

El cálculo honesto: un consultorio cerrado no deja de pagar nómina del personal de salud, arriendo ni equipos en arrendamiento, y los pacientes en tratamiento se van a otra parte y no vuelven. Contra eso, la multa del Art. 254 son USD 2.410 y la asesoría cuesta una fracción de un día cerrado. Lo que define el resultado es si el escrito correcto entra dentro de los tres días.

Trabajamos en todo el Ecuador. El trámite de la ACESS es totalmente en línea y de cobertura nacional, y la defensa frente a un procedimiento sancionador se lleva por escrito, así que la distancia no cambia nada: revisamos su expediente, sus permisos y los nombramientos, y presentamos donde corresponda. La atención presencial está disponible en Guayaquil.

Empiece por saber a qué está realmente expuesto

La consulta termina con cuatro cosas en concreto: qué tipología le corresponde y si la asignada es la correcta, qué le falta del permiso y en qué orden conseguirlo, cuáles de las cinco obligaciones que llevan clausura tiene descubiertas, y qué plazos corren hoy si ya hay un expediente abierto.

Preguntas frecuentes

¿Quién emite el permiso de funcionamiento de un consultorio: ARCSA o ACESS?

La ACESS. El Art. 3 numeral 4 del Decreto Ejecutivo 703, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 534 de 1 de julio de 2015, le atribuye expresamente otorgar, suspender, cancelar y restituir los permisos de funcionamiento de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios. ARCSA controla productos de uso y consumo humano: medicamentos, alimentos procesados, cosméticos, dispositivos médicos y notificaciones sanitarias. Un consultorio que además maneja medicamentos o dispositivos puede quedar bajo los dos regímenes a la vez, por materias distintas, pero el permiso de funcionamiento del establecimiento de salud es de la ACESS.

¿Me pueden clausurar el consultorio por no tener el permiso de funcionamiento?

El Art. 254 de la Ley Orgánica de Salud sanciona el incumplimiento del Art. 130 —el del permiso— con multa de cinco salarios básicos unificados, y nada más: con el SBU de 2026 en USD 482, son USD 2.410. Ese artículo no asigna clausura a esa infracción, y el legislador sí la asignó expresamente en otros artículos del mismo catálogo, como los Arts. 242, 247 y 256, que dicen literalmente «y clausura temporal o definitiva del establecimiento». El Art. 76 numeral 3 de la Constitución prohíbe aplicar una sanción no prevista. De modo que si le clausuraron, lo primero es verificar en el acto cuál es la infracción realmente imputada, porque si es la del permiso, la sanción no calza.

Entonces, ¿qué sí puede cerrarme el consultorio?

Cinco obligaciones de la Ley Orgánica de Salud, y ninguna es el permiso. Funcionar sin responsable técnico profesional de la salud, del Art. 185, que el Art. 256 sanciona con clausura temporal o definitiva y sin multa de acompañamiento: es la única infracción del catálogo cuya única sanción es cerrar. Negar la atención de emergencia o exigir pago o trámite previo, del Art. 186. No proveer dispositivos de control de radiación al personal expuesto, del Art. 121. No instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y residuos tóxicos, del Art. 104. Y ofrecer medicinas o terapias alternativas sin títulos registrados o sin permiso, del Art. 192. Las cuatro últimas van por el Art. 247: diez SBU, es decir USD 4.820, más clausura.

¿Cuánto dura el permiso y desde cuándo se cuenta?

El Art. 130 de la Ley Orgánica de Salud dispone que el permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario, y el trámite oficial de la ACESS indica un año calendario desde la fecha de emisión. Es una diferencia que importa: no son doce meses corridos contados libremente, y muchos establecimientos operan vencidos sin saberlo porque asumieron lo segundo. Conviene verificar la fecha exacta en el certificado y agendar la renovación con holgura, porque el trámite incluye inspección.

¿Qué documentos piden para el permiso?

El trámite es totalmente en línea por la plataforma ACESS en línea y pide ocho: RUC activo del establecimiento o del servicio; el Unicódigo del RÚES otorgado por la autoridad sanitaria nacional; el registro del título de cada profesional de la salud en la SENESCYT o su equivalente y ante la autoridad sanitaria; la cartera de servicios presentada durante la inspección in situ, en el formato de la ACESS y firmada por el responsable técnico; la nómina de profesionales; el documento que acredite la designación del responsable técnico; el comprobante de pago, exigible solo a establecimientos privados; y los demás documentos que la autoridad sanitaria requiera. Los dos que más atascan el trámite son el Unicódigo, porque es un trámite previo y distinto, y la designación del responsable técnico.

Me aceptaron la solicitud y no pagué a tiempo. ¿Qué pasa?

Es la trampa de calendario del trámite. Una vez aceptada la solicitud, los establecimientos privados tienen cinco días hábiles para pagar la orden, y el pago tardío anula la solicitud: hay que ingresar una nueva y pagar de nuevo. No hay subsanación del plazo, así que conviene descargar la orden el mismo día en que la solicitud se acepta y pagarla de inmediato, por Banco del Pacífico o por la plataforma de pagos habilitada.

¿Cuánto cuesta el permiso?

Depende de la tipología y del nivel de atención del establecimiento, y solo pagan los establecimientos privados. Las tarifas se publican en el portal de la ACESS, constan en la Resolución ACESS-ACESS-2025-0050-R de 31 de diciembre de 2025 y se ajustan cada año en función del salario básico unificado, que para 2026 es de USD 482. Por eso conviene verificar el valor en la fuente antes de presupuestar en lugar de usar una cifra del año anterior.

¿Quién tiene competencia para sancionarme?

El Art. 217 de la Ley Orgánica de Salud atribuye la jurisdicción para conocer, juzgar e imponer las sanciones de esa ley al Ministro de Salud Pública, al Director General de Salud, a los directores provinciales de salud y a los comisarios de salud; y el Art. 218 exige que los comisarios de salud sean doctores en jurisprudencia o abogados con mínimo tres años de ejercicio profesional. Como esa ley es de 2006 y la ACESS se creó en 2015 con sus propias atribuciones, la cadena de competencia de un acto sancionador en esta materia hay que leerla y no suponerla. Y usted tiene una herramienta expresa para exigirlo: el Art. 248 numeral 3 del Código Orgánico Administrativo obliga a que la notificación indique la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia.

Un paciente puso una queja. ¿Eso puede terminar en expediente?

Sí. El Art. 221 de la Ley Orgánica de Salud dispone que las autoridades de salud actuarán de oficio, por denuncia o informe para conocer y sancionar las infracciones de esa ley, y que las denuncias se presentarán en forma verbal o por escrito. Por eso conviene que la historia clínica, los consentimientos informados y los registros del establecimiento estén en orden desde antes de que exista una queja, porque son la prueba con la que después se contradice lo que se afirme en el expediente, por el Art. 76 numeral 7 letra h) de la Constitución.

Ya me cerraron. ¿Qué presento primero?

La petición de suspensión del Art. 229 del Código Orgánico Administrativo, dentro del término de tres días desde la notificación, que se resuelve en término igual y contra cuya negativa —expresa o tácita— no cabe recurso alguno. Es un escrito distinto y anterior a la apelación de fondo, que tiene diez días por el Art. 224. En un establecimiento de salud ese escrito tiene que acreditar dos cosas, porque el artículo obliga a la administración a ponderar también el interés público: que el riesgo sanitario ya fue corregido, y que mantener el servicio cerrado perjudica a los pacientes en tratamiento. Y si corrigió, hay que acreditarlo en el expediente para activar las reducciones del Art. 253.

Fuentes y referencias

  • Ley Orgánica de Salud: Art. 104 (obligación de todo establecimiento industrial, comercial o de servicios de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos producidos por su actividad), Art. 121 (obligación de proveer dispositivos de cuidado y control de radiación y condiciones de seguridad al personal expuesto a radiación ionizante y emisiones no ionizantes), Art. 130 (los establecimientos sujetos a control sanitario deben contar con el permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional, con vigencia de un año calendario), Art. 177 (responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional de expedir normas y controlar las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos de servicios de atención al público para el otorgamiento o renovación del permiso de funcionamiento), Art. 180 (la autoridad sanitaria nacional regula, licencia y controla el funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina prepagada, y otorga su permiso de funcionamiento), Art. 185 (los servicios de salud funcionarán, conforme a su ámbito de competencia, bajo la responsabilidad técnica de un profesional de la salud), Art. 186 (obligación de los servicios de salud con salas de emergencia de recibir y atender a los pacientes en estado de emergencia, con prohibición de exigir pago, compromiso económico o trámite administrativo como condición previa a que la persona sea recibida, atendida y estabilizada), Art. 192 (las medicinas alternativas deben ser ejercidas por profesionales con títulos reconocidos y registrados ante la autoridad sanitaria nacional, y las terapias alternativas requieren permiso de esa autoridad), Art. 217 (autoridades con jurisdicción para conocer, juzgar e imponer las sanciones de esa ley: el Ministro de Salud Pública, el Director General de Salud, los directores provinciales de salud y los comisarios de salud), Art. 218 (los comisarios de salud deben ser doctores en jurisprudencia o abogados con experiencia mínima de tres años de ejercicio profesional), Art. 219 (ámbito territorial de competencia de esas autoridades), Art. 221 (las autoridades de salud actuarán de oficio, por denuncia o informe, y las denuncias se presentarán en forma verbal o por escrito), Art. 239 (la reincidencia será reprimida con el doble del máximo de la sanción para cada caso), Art. 240 (las cinco sanciones de la ley: multa; suspensión del permiso o licencia; suspensión del ejercicio profesional; decomiso; y clausura parcial, temporal o definitiva del establecimiento), Art. 242 (multa de un salario básico unificado y clausura temporal o definitiva por el incumplimiento de los artículos que enumera), Art. 247 (multa de diez salarios básicos unificados y clausura temporal o definitiva por el incumplimiento de los Arts. 104, 116, 121, 143, 159 inciso segundo, 186 y 192 incisos segundo y tercero), Art. 254 (multa de cinco salarios básicos unificados del trabajador en general por el incumplimiento de los Arts. 130 y 134, sin que el artículo asigne clausura a esa infracción) y Art. 256 (clausura temporal o definitiva del establecimiento por el incumplimiento del Art. 185, sin multa de acompañamiento).
  • Decreto Ejecutivo 703, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 534 de 1 de julio de 2015, última modificación de 27 de noviembre de 2015, que crea la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS): Art. 3 numeral 4, que le atribuye otorgar, suspender, cancelar y restituir los permisos de funcionamiento, licencias, registros, certificaciones y acreditaciones sanitarias de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud.
  • Información oficial del trámite «Emisión de certificado de permiso de funcionamiento para prestadores de servicios de salud», publicada por la ACESS en el portal gob.ec: los ocho requisitos exigidos, la vigencia de un año calendario desde la emisión, el carácter totalmente en línea del trámite por la plataforma ACESS en línea, el plazo de cinco días hábiles para que los establecimientos privados paguen la orden —con anulación de la solicitud en caso de pago tardío y necesidad de presentar una nueva y volver a pagar la tasa—, el hecho de que solo los establecimientos privados pagan, y la indicación de que las tarifas dependen de la tipología y el nivel de atención, constan en la Resolución ACESS-ACESS-2025-0050-R de 31 de diciembre de 2025 y se ajustan anualmente en función del salario básico unificado. Esa misma ficha cita como base legal la Ley Orgánica de Salud (Arts. 130, 177 y 180), el Acuerdo Ministerial 00030-2020 (Reglamento para establecer la tipología de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, Arts. 1 y 7), el Código Orgánico Administrativo (Art. 130) y el Reglamento para la emisión del permiso de funcionamiento de establecimientos y servicios de atención de salud del Sistema Nacional de Salud (Arts. 1, 7, 8, 9, 18 y 19).
  • Resolución Nro. ACESS-ACESS-2025-0044-R, Norma Técnica para la emisión de permisos de funcionamiento, publicada por la ACESS en diciembre de 2025. Se la menciona por existir y por su materia; su texto no se cita en esta guía.
  • Salario básico unificado de 2026 fijado en USD 482, conforme al acuerdo alcanzado y difundido en diciembre de 2025. Las multas de la Ley Orgánica de Salud están expresadas en salarios básicos unificados, de modo que cinco equivalen a USD 2.410, diez a USD 4.820 y veinte a USD 9.640.
  • Constitución de la República del Ecuador: Art. 76 numeral 3 (nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista) y Art. 76 numeral 7, letras h) y l) (derecho a presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra, y deber de motivación con nulidad de los actos administrativos no motivados).
  • Código Orgánico Administrativo, Segundo Suplemento del Registro Oficial 31 de 7 de julio de 2017: Art. 70 (contenido obligatorio de la delegación y obligación de publicarla), Art. 105 (causales de nulidad del acto administrativo), Art. 224 (término de diez días para la apelación), Art. 229 (no suspensión por la interposición de recursos, petición de suspensión dentro del término de tres días resuelta en término igual, circunstancias habilitantes, ponderación motivada de los daños al administrado, al interés público o a terceros, negativa tácita e improcedencia de recurso contra la negativa), Art. 248 (garantías del procedimiento sancionador: separación entre la función instructora y la sancionadora en servidores públicos distintos, y notificación de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuye tal competencia) y Art. 253 (reducciones o exenciones cuando el inculpado corrige su conducta y acredita ese hecho en el expediente, y terminación del procedimiento por cumplimiento voluntario anterior a la resolución).

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