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Derecho LaboralInclusión laboralInspecciones Actualización: noviembre 2026

Desde 25 trabajadores: la multa se repite cada mes

Inclusión laboral de personas con discapacidad: la obligación nace a los veinticinco trabajadores, el porcentaje fijo es el cuatro por ciento del total, y el Código del Trabajo sanciona el incumplimiento con una multa mensual de diez remuneraciones básicas mínimas unificadas hasta que cumpla.

Categoría: Derecho Laboral · Por

J
Equipo Editorial · Juristam Abogados en derecho laboral: defensa del empleador en procesos de inspección del Ministerio del Trabajo, justificación documental dentro del término, impugnación de resoluciones sancionatorias y defensa en coactiva. Contenido basado en el Código del Trabajo y en el Acuerdo Ministerial MDT-2023-140.

El empleador público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores está obligado a contratar al menos a una persona con discapacidad, y el porcentaje fijo que se aplica en los años sucesivos es el 4% del total de los trabajadores. La particularidad está en la sanción: el Código del Trabajo dispone una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas, impuesta por el Director General del Trabajo, «hasta que cumpla la obligación». No es una multa que se paga y se cierra: se repite cada mes mientras el incumplimiento siga.

El umbral: veinticinco trabajadores, y después el cuatro por ciento

El texto del Código es largo pero sus datos son precisos, y conviene leerlos en orden porque son dos reglas distintas y no una.

La primera es el umbral de entrada: el empleador público o privado «que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad».

Tres exigencias dentro de esa frase, y las tres se verifican en una inspección: que la contratación sea en labores permanentes, que el puesto sea apropiado en relación con los conocimientos, la condición física y las aptitudes de la persona, y que se observen los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad.

No basta el número: el Código exige labores permanentes y un puesto apropiadoY los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad están en la misma frase.

La segunda regla es el porcentaje. El Código fija una progresión que arranca en el primer año de vigencia de la ley —uno por ciento en el segundo año, dos en el tercero, tres en el cuarto— «hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años».

Esa progresión ya se cumplió hace mucho. Lo que rige hoy, por el propio texto, es el cuatro por ciento del total de los trabajadores como porcentaje fijo.

Su nóminaQué exige el Código
Menos de 25 trabajadoresLa obligación no ha nacido
25 trabajadoresAl menos una persona con discapacidad, en labores permanentes
Más de 25El 4% del total de los trabajadores, como porcentaje fijo

Y una extensión que suele pasarse por alto: el Código añade que «esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la tercerización de servicios o intermediación laboral». Quien provee personal no queda fuera por el hecho de que sus trabajadores presten servicios en otra parte.

Si su nómina ronda los veinticinco, el umbral es el dato que hay que fijar con documentosPor debajo la obligación no nació; desde ahí, al menos una persona en labores permanentes.

La multa es mensual, y no para hasta que cumpla

Aquí está lo que diferencia esta obligación de todas las demás del reglamento sancionador. Lea el Código:

«El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general; (…) multa y sanción que serán impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación.»

Dos palabras cambian la escala del problema: mensual y hasta que cumpla.

Mensual significa que no es un pago único. Diez remuneraciones básicas mínimas unificadas por mes.

Hasta que cumpla la obligación significa que el plazo no lo fija la autoridad: lo fija usted, con el momento en que contrata. Mientras el incumplimiento siga, la cuenta sigue corriendo.

Compare esto con el resto del cuadro de sanciones. Un contrato no registrado son cincuenta dólares, una vez. Un acta de finiquito, doscientos, una vez. Un formulario de décimos, doscientos, una vez. El reglamento interno, doscientos, una vez. Esta es la única obligación del paquete cuya sanción el Código configura como periódica y abierta en el tiempo.

Para un negocio de treinta trabajadores, eso convierte un incumplimiento que parecía administrativo en una exposición que crece sola mes a mes. Y es, con diferencia, la razón por la que esta obligación debería resolverse antes que cualquier otra de la lista.

El Código precisa además el destino de ese dinero, lo que explica por qué el control es constante: la multa «ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)». La mitad de lo recaudado financia precisamente la unidad que supervisa el cumplimiento.

Es la única sanción del paquete que el Código configura como mensualY el final de la cuenta no lo pone la autoridad: lo pone el día en que usted cumple.

La mitad de lo recaudado financia la unidad que supervisa el cumplimientoPor eso el control en esta materia es constante y no eventual.

Diez salarios una vez, o diez cada mes: dos textos que no dicen lo mismo

Esto es lo que ningún artículo sobre el tema aclara, y conviene saberlo porque define cómo se discute una resolución.

Hay dos normas que sancionan el mismo incumplimiento, y no coinciden.

NormaQué diceQuién la impone
Código del Trabajo, artículo 42 numeral 33Multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas, hasta que cumpla la obligaciónEl Director General del Trabajo
Reglamento sancionador del Ministerio, cuadro de infracciones especiales«No cumplir con el porcentaje de inclusión de personas con discapacidad: 10 SBU», como una de las sanciones especialesLa autoridad del procedimiento de inspección

Las diferencias no son de matiz. El Código configura una multa periódica, sin techo temporal, impuesta por una autoridad nacional. El reglamento la incorpora a su cuadro de sanciones especiales en una cifra que, como el resto de ese cuadro, queda sujeta al tope conjunto de veinte salarios básicos unificados que fija el propio reglamento por remisión al Mandato Constituyente 8.

Puesto en la pregunta que importa: ¿la sanción que le impusieron es la del Código, periódica y abierta, o la del reglamento, de cuantía cerrada y sujeta al tope? De la respuesta depende cuánto puede crecer la cifra y qué se alega. Y es una pregunta que se resuelve leyendo la resolución: qué norma invoca, qué autoridad la dicta y si la configura como mensual o como sanción única.

No pretendemos resolver aquí esa tensión entre las dos normas: señalamos que existe, que el Código es la norma de rango superior y que, en un caso concreto, es el primer punto que hay que establecer antes de discutir cualquier otra cosa.

Antes de discutir el monto hay que establecer cuál de las dos normas se le aplicóUna es cerrada y tiene tope; la otra es mensual y no lo tiene.

Diagnóstico · 30 segundos

¿Cumple el porcentaje de inclusión laboral?

Cuatro preguntas sobre su nómina, a cuántas personas tiene contratadas, la modalidad de esos contratos y la etapa en que está. El resultado indica si la obligación nació y cuánta exposición hay.

1. ¿Cuántos trabajadores tiene en total?

No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.

Quién la impone, y qué hace eso con el recurso

El Código atribuye esta sanción a una autoridad que no es la que firma el resto de las multas de una inspección: el Director General del Trabajo. No el inspector, y no la Dirección Regional.

Eso tiene consecuencia directa sobre la vía, porque la regla de los recursos en esta materia depende precisamente de quién firmó. El Código dispone que «cuando la multa haya sido impuesta por la Dirección Regional del Trabajo, el infractor no podrá interponer recurso alguno; mas, si hubiere sido impuesta por otra autoridad, se podrá apelar ante el Director Regional del Trabajo».

Puesta esa regla junto a una sanción que el Código atribuye al Director General, aparece una pregunta que hay que plantear en el caso concreto y no responder de antemano: qué autoridad firmó efectivamente la resolución, y qué efecto tiene eso sobre la apelación. No es una discusión teórica: es la diferencia entre tener una vía administrativa y no tenerla.

Y hay un punto previo que conviene verificar con el mismo cuidado. El Código establece que tienen competencia para la imposición de multas y sanciones las autoridades del trabajo «dentro de su respectiva jurisdicción y de las funciones que les están encomendadas en este Código». Si el numeral 33 encomienda esta sanción al Director General del Trabajo y la resolución la dictó otra autoridad, ahí hay un problema de función encomendada que no depende de los hechos.

Cómo se lee una resolución sancionatoria en ese orden —firma, competencia, motivación y tope, antes que el monto— está en cómo se impugna una multa del Ministerio del Trabajo.

El Código atribuye esta sanción a una autoridad distinta de la que firma el restoY de quién firmó depende si le queda apelación o no.

Pueden venir solo por esto

El reglamento sancionador del Ministerio distingue dos clases de inspección. La integral, que verifica los derechos laborales en su integralidad. Y la focalizada, que tiene por objeto verificar el cumplimiento de uno o varios derechos específicos. Y al enumerar esos derechos específicos, el reglamento menciona expresamente la inclusión laboral de personas con discapacidad.

La consecuencia práctica es clara: no hace falta que llegue una revisión general de su nómina. Pueden notificarle una inspección dedicada exclusivamente a este punto.

Y hay una base de competencia específica que el propio reglamento transcribe en sus considerandos, tomada del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades: «La autoridad nacional encargada de trabajo es competente para vigilar, controlar, dar seguimiento al cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad y aplicar las sanciones conforme a lo establecido en la legislación correspondiente.»

Vigilar, controlar y dar seguimiento. Tres verbos que describen una supervisión continua, no una revisión eventual. Y encaja con lo que ya vimos del destino de la multa: la mitad de lo recaudado se destina a fortalecer los sistemas de supervisión y control a través de la Unidad de Discapacidades del Ministerio.

Si la inspección que le llegó es focalizada, lo que corresponde preparar es ese punto y no todo el archivo. Cómo distinguirlo en el acta, y el procedimiento completo con sus plazos, está en la guía de inspecciones y multas del Ministerio del Trabajo.

Qué acredita el cumplimiento, y qué no

Contratar no agota la obligación. El numeral 33 pone condiciones sobre cómo debe ser esa contratación, y el numeral siguiente añade una obligación material que casi nunca se documenta.

  1. La condición se demuestra con el carné del CONADIS.

    El Código es expreso: tratándose de la persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, que lo realizará por medio de su representante legal o tutor, «tal condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)». Sin ese documento en el expediente del trabajador, usted no tiene con qué acreditar que esa contratación cuenta para el porcentaje.

  2. Tienen que ser labores permanentes.

    No eventuales, no por obra cierta, no de temporada. El texto dice «en labores permanentes», y la modalidad del contrato es verificable en el registro de la plataforma. Si el contrato es eventual, la contratación no responde a lo que el numeral exige.

  3. El puesto debe ser apropiado.

    En relación con los conocimientos, la condición física y las aptitudes individuales de la persona. Es una exigencia de adecuación del puesto, no solo de número.

  4. Equidad de género y diversidad de discapacidad.

    Son principios que el propio numeral ordena observar. En empresas que deben contratar a varias personas por el porcentaje, es un criterio de distribución y no un adorno.

  5. Las adaptaciones del puesto de trabajo.

    El numeral 35 del mismo artículo dispone que las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad al empleo, «harán las adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país». Es una obligación aparte de la de contratar, y las normas INEN son el estándar al que remite.

El error que convierte un cumplimiento en un incumplimiento. Un empleador que contrató a una persona con discapacidad bajo un contrato eventual, o sin el carné del CONADIS en el expediente, puede estar convencido de que cumple y no tener con qué demostrarlo en una inspección focalizada.

Las dos cosas se arreglan con papel y en pocos días: la modalidad del contrato se corrige, y el carné se adjunta. Pero hay que saber que faltan antes de que llegue el acta.

Contratar no basta: tiene que ser en labores permanentes y con el carné en el expedienteHay empleadores que cumplen y no pueden probarlo, que para una inspección es lo mismo que no cumplir.

Qué se presenta dentro de los diez días

Notificada la inspección, el reglamento dispone la justificación integral y documental de las obligaciones requeridas en el término de diez días, prorrogable cinco por una sola vez si se pide justificadamente antes del vencimiento. Y aquí vale recordar la regla que decide casos: si presenta y hay inconsistencias, el inspector debe darle cinco días más y puede convocarlo a audiencia; si no presenta nada, dicta sanción sin más trámite. Lo que corresponde presentar:

  1. La nómina de la fecha, con el total de trabajadores.

    Es el documento que fija si la obligación nació y en qué porcentaje. Por debajo de veinticinco trabajadores, no nació.

  2. Los contratos de las personas con discapacidad contratadas, con su modalidad.

    Labores permanentes. Y los comprobantes de registro de la plataforma, con su fecha.

  3. El carné del CONADIS de cada una.

    Es el documento con el que el Código dispone que se demuestra la condición.

  4. El cálculo del cuatro por ciento sobre su total, con el resultado.

    Hecho por usted y sustentado, para que no lo haga la autoridad con otra base.

  5. La constancia de las adaptaciones del puesto, si existen.

    El numeral 35 las impone por remisión a la Ley de Discapacidades y a las normas INEN sobre accesibilidad al medio físico.

  6. Un escrito que pida la audiencia y alegue la graduación.

    El Código dispone que para la aplicación de las multas «se tomarán en cuenta las circunstancias y la gravedad de la infracción, así como la capacidad económica del trasgresor». No se aplica de oficio.

Lo primero es la cuenta; lo segundo, qué norma le aplicaron

En la asesoría hacemos dos cosas en este orden. Primero la cuenta: su total de trabajadores a la fecha, si el umbral de veinticinco se cruzó, cuántas personas exige el cuatro por ciento y cuántas de sus contrataciones acreditan efectivamente el cumplimiento —modalidad permanente y carné del CONADIS en el expediente—. Y segundo, si ya hay sanción: qué norma se invocó y qué autoridad firmó, porque de eso depende si la multa es de cuantía cerrada y sujeta al tope de veinte salarios básicos o si está configurada como mensual hasta el cumplimiento, y si le queda apelación.

El orden en que conviene trabajarlo

  1. Cuente su nómina total a la fecha.

    Por debajo de veinticinco trabajadores la obligación no ha nacido, y eso se acredita con un documento. Desde ahí, al menos una persona; y el porcentaje fijo es el cuatro por ciento del total.

  2. Revise la modalidad de los contratos que cuenta como cumplimiento.

    Labores permanentes. Un contrato eventual no responde a lo que el numeral exige.

  3. Verifique que el carné del CONADIS esté en cada expediente.

    Es el documento con el que el Código dispone que se demuestra la condición.

  4. Si falta cobertura, cúbrala ahora y no después de la resolución.

    Porque la sanción del Código está configurada hasta que cumpla la obligación: el día del cumplimiento es el que cierra la cuenta.

  5. Documente las adaptaciones del puesto.

    El numeral 35 las impone por remisión a la Ley de Discapacidades y a las normas INEN.

  6. Si ya hay resolución, lea la norma invocada y la firma antes del monto.

    De eso depende si la multa es única y con tope o mensual y abierta, y si le queda apelación.

  7. Y si el cobro ya arrancó, cambie de capítulo.

    A los diez días de notificada la resolución procede la vía coactiva, donde la ley admite solo diez excepciones y ninguna es el fondo de la infracción: está en la coactiva por una multa del Ministerio del Trabajo.

Esta obligación casi nunca llega sola: una nómina de veinticinco trabajadores ya cruzó otros umbrales, cada uno con su plazo y su cuenta. Los que más se observan en la misma inspección son los contratos sin registrar, con su término de quince días hábiles desde el ingreso; las actas de finiquito, con treinta días de calendario y una condición de denuncia previa; los formularios de décimos y utilidades, con su ventana por noveno dígito del RUC; y el reglamento interno, obligatorio desde que se pasa de diez trabajadores.

Preguntas frecuentes

¿Desde cuántos trabajadores debo contratar a una persona con discapacidad?

Desde veinticinco. El Código del Trabajo dispone que el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores está obligado a contratar al menos a una persona con discapacidad, «en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales». Por debajo de ese número la obligación no ha nacido, y eso se acredita con la nómina de la fecha.

¿Cuál es el porcentaje que tengo que cumplir?

El cuatro por ciento del total de los trabajadores. El Código fija una progresión que arranca con la vigencia de la ley —uno por ciento el segundo año, dos el tercero, tres el cuarto— «hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años». Esa progresión ya se completó, de modo que lo que rige es el cuatro por ciento, con el mínimo de una persona desde los veinticinco trabajadores.

¿De cuánto es la multa si no cumplo?

Aquí está la particularidad de esta obligación. El Código dispone que el empleador que incumpla «será sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general», impuesta por el Director General del Trabajo, «hasta que cumpla la obligación». Mensual y hasta que cumpla: no es un pago único que cierra el asunto, es una cuenta que corre mientras el incumplimiento siga. Es la única sanción de todo el paquete sancionador configurada así.

Pero el reglamento del Ministerio dice 10 SBU. ¿Cuál aplica?

Hay efectivamente dos textos y no dicen lo mismo. El cuadro de infracciones especiales del reglamento consigna «No cumplir con el porcentaje de inclusión de personas con discapacidad: 10 SBU», como una sanción de cuantía cerrada y, como el resto de ese cuadro, sujeta al tope conjunto de veinte salarios básicos unificados. El Código, que es la norma de rango superior, la configura como mensual hasta el cumplimiento y la atribuye al Director General del Trabajo. En un caso concreto el primer punto a establecer es cuál de las dos se invocó en la resolución, porque de eso depende cuánto puede crecer la cifra.

Contraté a una persona con discapacidad. ¿Ya cumplo?

Depende de tres cosas además del número. Que la contratación sea en labores permanentes —un contrato eventual o por obra cierta no responde a lo que el numeral exige—; que el puesto sea apropiado en relación con los conocimientos, la condición física y las aptitudes de la persona; y que la condición esté acreditada, porque el Código dispone que «tal condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)». Sin ese carné en el expediente, no hay con qué probar que esa contratación cuenta para el porcentaje.

¿Tengo que hacer algo más que contratar?

Sí, y es una obligación aparte que casi nunca se documenta. El mismo artículo del Código dispone que las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad al empleo, «harán las adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país». Las normas INEN son el estándar al que remite.

¿Me pueden inspeccionar solo por este tema?

Sí. El reglamento del Ministerio distingue la inspección integral, que verifica los derechos laborales en su integralidad, de la focalizada, que verifica el cumplimiento de uno o varios derechos específicos, y menciona expresamente entre esos frentes la inclusión laboral de personas con discapacidad. Además, el propio reglamento transcribe en sus considerandos que, conforme al Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, «la autoridad nacional encargada de trabajo es competente para vigilar, controlar, dar seguimiento al cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad y aplicar las sanciones».

Soy una empresa de intermediación laboral. ¿Me aplica?

Sí. El Código es expreso: «Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la tercerización de servicios o intermediación laboral.» Quien provee personal no queda fuera por el hecho de que sus trabajadores presten servicios en instalaciones de terceros.

¿A dónde va el dinero de esa multa?

El Código lo destina por mitades: «ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)». La mitad de lo recaudado financia la unidad que supervisa el cumplimiento, lo que explica por qué el control en esta materia es constante y no eventual.

Si ya me sancionaron, ¿puedo apelar?

Depende de quién firmó, y aquí hay un elemento particular. El Código atribuye esta sanción al Director General del Trabajo, que no es la autoridad que firma el resto de las multas de una inspección. Y la regla de los recursos dispone que cuando la multa ha sido impuesta por la Dirección Regional del Trabajo el infractor no podrá interponer recurso alguno, mientras que si fue impuesta por otra autoridad se podrá apelar ante el Director Regional. Qué efecto tiene eso en su caso depende de qué autoridad dictó efectivamente la resolución, y es lo primero que hay que establecer leyendo el documento.