En un contrato de obra a precio único prefijado, el constructor no puede pedir aumento de precio porque subieron los materiales o los jornales, ni por agregaciones al plan. Así lo dispone el Código Civil, y las únicas dos salidas son que se haya pactado un precio particular por esas modificaciones, o que aparezca un vicio oculto del suelo, caso en el que debe pedir autorización al dueño y, si la niega, acudir al juez. Y hay dos reglas más que casi nadie conoce: recibir la obra terminada no libera al constructor, y este responde diez años si el edificio amenaza ruina por vicio de construcción, de suelo o de materiales.
«Me subió el precio a mitad de obra»
Es la pelea más común de la construcción en el Ecuador, y el Código la resuelve de frente. En los contratos para construcción de edificios celebrados con un empresario que se encarga de toda la obra por un precio único prefijado, la primera regla dice:
«El empresario no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecido los jornales o los materiales, o de haberse hecho agregaciones o modificaciones en el plan primitivo; salvo que se haya ajustado un precio particular por dichas agregaciones o modificaciones.»
Desarmemos la frase, porque cada parte cierra una excusa.
«A pretexto de haber encarecido los jornales o los materiales.» El riesgo de que suba el cemento, el hierro o la mano de obra es del constructor. Lo asumió cuando ofertó un precio único. Que el mercado se mueva no le abre derecho a recargo.
«O de haberse hecho agregaciones o modificaciones en el plan primitivo.» Esta es la que sorprende. Ni siquiera los cambios al plano, por sí solos, justifican el aumento.
Un «luego lo cuadramos» no es un precio ajustadoY sin precio ajustado por cada modificación, el recargo no tiene base legal.
«Salvo que se haya ajustado un precio particular por dichas agregaciones o modificaciones.» Ahí está la única puerta, y es estrecha: no basta con que el cambio exista, hace falta que se haya ajustado un precio para ese cambio. Un correo diciendo «el baño adicional va a costar más» no es un precio ajustado. Un precio ajustado es una cifra acordada por ese trabajo concreto.
La consecuencia práctica, en los dos sentidos. Si usted es el dueño y le llegó un reajuste por el alza del hierro, la ley está de su lado y el constructor tiene la carga de demostrar que pactaron precio para cada modificación. Si usted es el constructor, esto significa que cada cambio de obra se cotiza y se firma antes de ejecutarlo, o se trabaja gratis. Un «luego lo cuadramos» es, en términos del Código, trabajar gratis.
Hay una segunda salida, distinta y más específica. La regla 2a contempla que «si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos que no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño; y si éste rehúsa, podrá ocurrir al juez para que decida si ha debido o no preverse el recargo de obra, y fije el aumento de precio que por esta razón corresponda».
Es un camino de tres pasos y ninguno es opcional: la circunstancia tiene que ser desconocida y no previsible; el constructor debe pedir autorización al dueño; y si el dueño se niega, es el juez quien decide si debió preverse y quien fija el aumento. Lo que no existe en ninguna parte de la norma es que el constructor suba el precio por decisión propia y presente la planilla aumentada.
El alza de materiales es riesgo del constructor, no del dueñoY la única excepción exige un precio pactado para cada modificación, no un aviso.
Recibir la obra no libera al constructor
Mucha gente firma el recibo de la obra creyendo que con eso cerró el asunto, de un lado y del otro. El Código dice exactamente lo contrario:
«El recibo otorgado por el dueño, después de concluida la obra, sólo significa que el dueño la aprueba como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte, y no exime al empresario de la responsabilidad que por el inciso precedente se le impone.»
Dos palabras hacen todo el trabajo: exteriormente, y no exime.
El recibo cubre lo que se ve. Lo que no se ve —la estructura, el suelo, la calidad de los materiales, el hierro que no está donde dice el plano— no quedó aprobado por el hecho de firmar, y la responsabilidad del inciso anterior, que es la de los diez años, sigue intacta.
Conviene además distinguir el recibo de otra figura del mismo parágrafo que decide quién pierde si algo se daña: la aprobación. El Código dispone que cuando el artífice suministra la materia el contrato es de venta y «no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra», y que por consiguiente «el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó la obra sino desde su aprobación, salvo que se haya constituido en mora de declarar si la aprueba o no».
Traducido a una obra real: mientras el dueño no apruebe, el riesgo sigue siendo del constructor. Pero si el dueño se queda callado y entra en mora de declarar si aprueba o no, el riesgo se le pasa a él. El silencio del dueño tiene precio.
Y el reconocimiento no tiene que ser de todo o nada: el Código permite que «puede hacerse parcialmente cuando se ha convenido en que la obra se apruebe por partes». Si el contrato prevé aprobación por etapas, cada etapa aprobada traslada su propio riesgo.
Firmar el recibo aprueba lo que se ve, y nada másLa estructura, el suelo y los materiales siguen bajo responsabilidad del constructor.
Los diez años que responde el constructor
Esta es la regla que convierte un problema de albañilería en un problema patrimonial, y es la tercera del mismo artículo:
«Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, en los diez años subsiguientes a su entrega, por vicio de la construcción, o por vicio del suelo que el empresario o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de los materiales, será responsable el empresario.»
Cuatro elementos, y conviene leerlos uno por uno porque cada uno decide casos:
| Elemento | Qué significa en la práctica |
|---|---|
| «Perece o amenaza ruina, en todo o parte» | No hace falta que se caiga. Basta la amenaza, y basta que sea parcial |
| «En los diez años subsiguientes a su entrega» | El reloj arranca en la entrega, no en la firma del contrato ni en el inicio de la obra |
| «Vicio del suelo que hayan debido conocer en razón de su oficio» | El constructor no se salva alegando que el terreno era malo: se le exige el conocimiento propio de su oficio |
| «O por vicio de los materiales» | También responde por el material, con una excepción que viene a continuación |
El constructor que usó un material malo sin avisar no se liberaY el que avisó por escrito en el momento, sí. Esa nota vale los diez años.
La excepción está en la misma regla y es importante para el constructor: «Si los materiales han sido suministrados por el dueño no habrá lugar a la responsabilidad del empresario» sino conforme al inciso final del artículo que regula la pérdida de la materia. Es decir: cuando el dueño compró el material, la responsabilidad por vicio del material se desplaza, salvo —y esto es la clave— que el vicio sea de aquellos que «el artífice, por su oficio, haya debido conocer, o que conociéndolo no haya dado aviso oportuno».
Dicho sin rodeos: el constructor que recibió del dueño un material evidentemente malo y lo usó sin decir nada no se libera. Avisar por escrito, en el momento, es lo que lo protege.
Y hay una extensión que casi nunca se invoca: el Código dispone que las reglas de los diez años, del recibo y de los artífices «se extienden a los que se encargan de la construcción de un edificio, en calidad de arquitectos». El arquitecto que se encargó de la construcción entra en el mismo régimen, no solo el maestro de obra.
El plazo corre desde la entrega, y no exige que el edificio se caigaBasta que amenace ruina, en todo o en parte, por vicio de construcción, de suelo o de materiales.
¿Qué le toca a usted en este problema de obra?
Cuatro preguntas sobre de qué lado está, cuál es el problema, en qué etapa va la obra y qué tiene por escrito. El resultado indica qué reglas le aplican y qué plazos corren.
No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.
«Quiero parar la obra y sacar al constructor»
Se puede. Y tiene precio, fijado por el propio Código:
«El que encargó la obra, aún en el caso de haberse estipulado un precio único y total por ella, podrá hacerla cesar, pagando al artífice todos los costos, y dándole lo que valga el trabajo hecho, y lo que hubiera podido ganar en la obra.»
Tres rubros, y el tercero es el que nadie espera:
- Todos los costos.
Lo que el constructor gastó. Materiales comprados, mano de obra pagada, lo que haya desembolsado para esa obra.
- Lo que valga el trabajo hecho.
No lo que se pactó por el total: el valor de lo efectivamente ejecutado hasta el día del corte.
- Lo que hubiera podido ganar en la obra.
El lucro cesante, y está en la ley de forma expresa. El dueño que corta por su propia decisión paga también la utilidad que el constructor habría obtenido si la obra hubiera seguido.
Por eso conviene separar dos situaciones que en la conversación se confunden todo el tiempo, porque el costo es completamente distinto.
| Situación | Qué paga el dueño |
|---|---|
| Corta porque quiere (cambió de plan, consiguió otro constructor, se quedó sin dinero) | Costos + trabajo hecho + lo que el constructor hubiera podido ganar |
| Corta porque el constructor incumplió (no ejecutó lo convenido, o retardó la ejecución) | Aquí no estamos en esa regla: hay lugar a reclamación de perjuicios, y es el dueño quien reclama |
El Código abre ese mismo artículo diciendo que «habrá lugar a reclamación de perjuicios, según las reglas generales de los contratos, siempre que por una o por otra parte no se haya ejecutado lo convenido, o se haya retardado su ejecución». De modo que la pregunta que define todo el caso no es si usted quiere sacar al constructor, sino por qué lo va a sacar, y si eso está documentado.
El error que cuesta la utilidad del constructor. El dueño molesto que manda un mensaje diciendo «ya no siga, hasta aquí llegamos» sin dejar constancia de ningún incumplimiento acaba de ubicarse, por sus propias palabras, en el primer escenario: hizo cesar la obra. Y eso incluye pagar lo que el constructor hubiera ganado.
El mismo corte, precedido de los requerimientos por escrito sobre los retrasos y los defectos, es el segundo escenario. La diferencia entre uno y otro puede ser varios miles de dólares, y se construye con papeles, antes de mandar el mensaje.
Cortar la obra «porque quiere» incluye pagarle al constructor lo que habría ganadoCortar por incumplimiento es otra cosa, pero el incumplimiento hay que tenerlo documentado antes.
«La obra está mal hecha»: los peritos, y quién elige la salida
El Código no deja esa discusión al criterio de ninguna de las dos partes:
«Si el que encargó la obra alegare no haberse ejecutado debidamente, se nombrarán, por las dos partes, peritos que decidan. Siendo fundada la alegación del que encargó la obra, el artífice podrá ser obligado, a elección del que encargó la obra, a hacerla de nuevo o a la indemnización de perjuicios.»
Dos cosas que vale subrayar.
La primera: los peritos los nombran las dos partes. No es un informe que el dueño encarga por su cuenta y presenta como verdad, ni uno que el constructor consigue de un conocido. Es una designación de ambos, y eso es precisamente lo que le da fuerza al resultado.
La segunda, y es la que cambia negociaciones: si la alegación resulta fundada, la elección entre hacer la obra de nuevo o indemnizar los perjuicios es del dueño, no del constructor. El constructor no puede decidir «le devuelvo una parte y lo dejamos así» si el dueño quiere que se rehaga. Y el Código añade, sobre los materiales, que «la restitución de los materiales podrá hacerse con otros de igual calidad, o en dinero».
Hay además una regla sobre el precio para los casos en que nunca se fijó bien, que aparece más de lo que uno creería en obras entre conocidos: si no se fijó precio, «se presumirá que las partes han convenido en el que ordinariamente se paga por la misma especie de obra, y a falta de éste, por el que se estimare equitativo, a juicio de peritos». Y si se encargó a un tercero fijar el precio y ese tercero muere antes de empezar la obra, el contrato es nulo; si muere después de iniciada, el precio lo fijan peritos.
Si la obra está mal hecha, la elección entre rehacerla o indemnizar es del dueñoPero el informe tiene que venir de peritos nombrados por las dos partes.
«Los albañiles me están cobrando a mí»
Pasa constantemente: el dueño contrató a un maestro o a una constructora, y a las semanas aparecen los obreros a cobrarle directamente a él. ¿Debe pagar dos veces? El Código distingue según con quién contrataron:
«Si los artífices, empleados en la construcción del edificio, han contratado con el dueño directamente por sus respectivas pagas, se mirarán como contratistas independientes, y tendrán acción directa contra el dueño. Pero si han contratado con el empresario, no tendrán acción contra el dueño sino subsidiariamente, y hasta concurrencia de lo que éste deba al empresario.»
De ahí salen dos escenarios con consecuencias opuestas:
- Contrataron con el dueño. Se miran como contratistas independientes y tienen acción directa. El dueño les debe.
- Contrataron con el empresario. Solo tienen acción contra el dueño subsidiariamente, y con un techo: «hasta concurrencia de lo que éste deba al empresario».
Ese techo es toda la defensa del dueño, y es aritmética: si al constructor ya le pagó todo, no hay concurrencia posible y no hay nada que cobrar por esa vía. Por eso los comprobantes de pago al empresario son el documento que lo protege de pagar dos veces, y por eso pagar en efectivo sin recibo en una obra es una decisión carísima que se descubre tarde.
Y hay una pregunta anterior que casi nadie se hace. El Código cierra este parágrafo advirtiendo que sus disposiciones se aplican a los contratos de construcción «en las relaciones jurídicas y en los casos que no estuvieren contemplados en el Código del Trabajo y las leyes especiales respectivas».
Es decir: si la relación con esas personas es en realidad laboral —horario, subordinación, pago semanal, herramientas del dueño—, no estamos en el contrato de obra: estamos en una relación de trabajo, con afiliación al IESS, décimos, vacaciones, acta de finiquito e indemnización si se termina mal. Esa frontera es, con diferencia, lo que más dinero mueve en una obra pequeña, y se define por cómo funcionaba la relación y no por cómo se la llamó.
Lo que hay en juego de ese lado lo explicamos en la multa por contratos de trabajo sin registrar y en el despido intempestivo y su escala de indemnización. Y si alguien se accidenta en la obra, la responsabilidad puede alcanzar al dueño: está en la responsabilidad solidaria por un accidente del contratista.
Si los obreros contrataron con el constructor, solo pueden cobrarle lo que usted aún le debaY eso se prueba con los comprobantes de pago, no con explicaciones.
El otro frente: construir sin permiso, o excediéndolo
Hasta aquí hablamos de la relación entre quien paga y quien construye. Pero sobre la misma obra hay una segunda contraparte que no firmó ningún contrato y que puede intervenir por su cuenta: el municipio.
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo tipifica como infracción leve a la gestión del suelo, sancionable por los municipios, ejecutar obras de infraestructura, edificación o construcción:
«a) Sin los correspondientes permisos municipales o metropolitanos exigidos por la autoridad competente. b) Que incumplan o excedan lo estipulado en los permisos administrativos emitidos por la autoridad competente.»
El literal b) es el que atrapa a la mayoría, y por eso conviene detenerse en él. No hace falta construir sin permiso: basta excederlo. El piso adicional que no estaba en el aprobado, el retiro que se comió medio metro, la terraza que se cerró después, el local que ocupó el área verde. Todo eso es obra que excede lo estipulado en el permiso, y es infracción aunque exista un permiso colgado en la pared.
La misma norma añade dos infracciones leves más que conviene conocer: no asumir las cargas urbanísticas y las cesiones de suelo obligatorias, y realizar fraccionamientos del suelo que contravengan los planes de uso y gestión de suelo. Y una cuarta que es puramente de conducta: obstaculizar o impedir la función de inspección de la autoridad municipal. Negarle la entrada al inspector es, por sí solo, una infracción tipificada.
Las infracciones graves son otra escala. La ley tipifica ejecutar obras:
- «Sin la correspondiente autorización administrativa y que irroguen daños en bienes protegidos.»
- «Sin las correspondientes autorizaciones administrativas, que supongan un riesgo para la integridad física de las personas.»
- «Que incumplan los estándares nacionales de prevención y mitigación de riesgos y la normativa nacional de construcción» — y aquí la ley es tajante: «En estos casos se aplicará la máxima pena prevista.»
Ese último literal merece subrayarse porque no exige falta de permiso. Una obra con permiso que incumpla la normativa nacional de construcción es infracción grave, y con la pena máxima.
Cuánto cuesta, y por qué la multa es lo de menos
La ley fija las cuantías en salarios básicos unificados y las reparte en dos tramos:
| Gravedad | Multa |
|---|---|
| Infracciones leves (sin permiso, exceder el permiso, fraccionar contra el plan, impedir la inspección) | Entre el 10% de un SBU y cincuenta SBU |
| Infracciones graves (riesgo a las personas, daño a bienes protegidos, incumplir la normativa de construcción, comercializar sin permisos) | Entre cincuenta y cien SBU |
Pero la multa no es lo más grave de este artículo. Lo que sigue es:
«Además de las sanciones pecuniarias, se impondrá, de ser el caso, la suspensión temporal o permanente de la actividad, obra o proyecto; el derrocamiento u otras medidas urgentes, a costa del infractor; y/o el decomiso del beneficio obtenido con la infracción.»
Tres medidas, y cada una puede valer más que cualquier multa:
- Suspensión temporal o permanente de la obra o proyecto.
Para quien está construyendo con plata prestada, una suspensión no es un trámite: es el costo financiero corriendo sobre una obra detenida.
- Derrocamiento u otras medidas urgentes, a costa del infractor.
No solo se ordena tumbar lo construido: lo paga el infractor. Es la sanción más cara que existe en materia de construcción y la que menos gente sabe que está en la ley.
- Decomiso del beneficio obtenido con la infracción.
Lo que se ganó con la obra irregular puede perderse además de la multa.
Y la ley cierra ese artículo con una regla que vale conocer antes de la segunda vez: «La reincidencia en el cometimiento de las infracciones previstas en esta Ley se sancionará con el máximo de la pena prevista.» No un incremento graduado: el máximo.
Sobre el procedimiento, la ley remite: para las sanciones que son competencia de los municipios «se observará el procedimiento y los recursos administrativos previstos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización». Es decir que los plazos y los recursos concretos no están en esta ley sino en el COOTAD y en la ordenanza de cada municipio, y es lo primero que hay que mirar cuando llega una notificación.
No hace falta construir sin permiso: basta exceder el aprobadoY además de la multa, la ley contempla el derrocamiento a costa del infractor.
Vender lotes o departamentos sin permisos es infracción grave
Esta tipificación merece sección propia porque describe una práctica extendidísima en el país y porque la ley la trata con dureza. Constituye infracción grave:
«Comercializar lotes en urbanizaciones o fraccionamientos o cualquier edificación que no cuente con los respectivos permisos o autorizaciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales del caso.»
Tres cosas de esa frase.
«Cualquier edificación.» No solo lotes de urbanización: también el departamento, la casa, el local. Vender sobre planos algo que no tiene las autorizaciones entra en el supuesto.
Es grave, no leve. Lo que significa el tramo de cincuenta a cien SBU, más la suspensión del proyecto, el derrocamiento a costa del infractor o el decomiso del beneficio obtenido.
«Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales del caso.» La propia ley avisa que la sanción administrativa no agota el asunto. Del lado civil queda el comprador reclamando; la mención penal la hace la norma y su alcance se define caso por caso.
Para el comprador, esto es también una lista de verificación antes de entregar la entrada: si el proyecto no tiene las autorizaciones, quien vende está cometiendo una infracción grave, y eso dice bastante sobre el riesgo de lo que está a punto de pagar.
Dos relojes distintos sobre la misma obra
Si juntamos los dos frentes aparece algo que ningún artículo sobre construcción explica, y que es lo más útil de todo este tema:
| Frente privado | Frente municipal | |
|---|---|---|
| Quién reclama | El dueño de la obra | El municipio, de oficio |
| Por qué | Vicio de construcción, de suelo o de materiales | Falta de permiso, exceso del permiso, incumplir la normativa de construcción |
| Cuánto tiempo | Diez años desde la entrega | Cinco años desde el día en que la infracción se cometió |
| Qué puede pasar | Rehacer la obra o indemnizar, a elección del dueño | Multa, suspensión, derrocamiento a costa del infractor, decomiso del beneficio |
El plazo municipal viene de la propia ley: «Las acciones para sancionar las infracciones previstas en esta Ley prescribirán en el plazo de cinco años contados desde el día en que la infracción se haya cometido.»
Y de esa tabla sale la consecuencia que importa: un mismo edificio puede estar, al mismo tiempo, dentro del plazo de los diez años para que el dueño reclame al constructor y dentro de los cinco para que el municipio sancione al que construyó mal o de más. Son procedimientos independientes, con contrapartes distintas, y uno no resuelve el otro. Negociar con el constructor no cierra el frente municipal, y pagar la multa municipal no repara nada frente al dueño.
Son dos procedimientos independientes y ninguno cierra al otroArreglar con el constructor no apaga al municipio, y pagar la multa no repara la obra.
El orden en que conviene trabajarlo
- Fije las fechas: contrato, inicio y entrega.
De la entrega salen los diez años del constructor. De la fecha del acto salen los cinco del municipio. Sin esas fechas no hay caso que se pueda armar.
- Determine qué tipo de contrato tiene.
Si el constructor puso el material, es venta y el riesgo pasa con la aprobación. Si lo puso el dueño, es arrendamiento. De eso depende quién pierde si algo se daña.
- Revise si hubo precio único prefijado.
Porque es el presupuesto de la regla que prohíbe el aumento de precio. Sin precio único, la discusión es otra.
- Reúna los comprobantes de pago al constructor.
Es lo que lo protege de pagar dos veces a los obreros, por el techo de «lo que el dueño deba al empresario».
- Junte por escrito los requerimientos que hizo.
Si va a cortar la obra, la diferencia entre pagar lucro cesante y reclamar perjuicios está en esos papeles, y hay que tenerlos antes de cortar.
- Compare lo construido con el permiso aprobado, metro por metro.
No basta tener permiso: excederlo es infracción. Y si ya le notificaron, lo primero es la ordenanza de su municipio y el procedimiento del COOTAD.
- Defina si la relación con los trabajadores era de obra o laboral.
Es la frontera que más dinero mueve, y se decide por cómo funcionó la relación, no por cómo se la llamó.
Si lo que tiene por delante es un cobro —planillas impagas de un lado, o devolución del anticipo del otro—, las vías y las medidas para asegurar ese dinero están en el cobro por juicio ejecutivo y en las medidas cautelares para asegurar una deuda. Y si el problema vino del municipio y terminó en una clausura, el procedimiento de esa vía está en la clausura municipal y la ordenanza que la sostiene.
Preguntas frecuentes
¿El constructor puede subirme el precio si suben los materiales?
En un contrato a precio único prefijado, no. El Código Civil dispone que «el empresario no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecido los jornales o los materiales, o de haberse hecho agregaciones o modificaciones en el plan primitivo», con una sola excepción: que se haya ajustado un precio particular por esas agregaciones o modificaciones. No basta con que el cambio exista ni con haberlo avisado: hace falta una cifra acordada para ese trabajo concreto.
¿Y si apareció un problema en el suelo que nadie podía prever?
Ahí hay una vía, pero tiene tres pasos y ninguno es opcional. La ley contempla que si circunstancias desconocidas, «como un vicio oculto del suelo», ocasionan costos imprevisibles, el empresario deberá hacerse autorizar para ellos por el dueño; y si el dueño rehúsa, «podrá ocurrir al juez para que decida si ha debido o no preverse el recargo de obra, y fije el aumento de precio». Lo que no existe es subir el precio por decisión propia y presentar la planilla aumentada.
Ya firmé el recibo de la obra. ¿Perdí el derecho a reclamar?
No. El Código es expreso: el recibo otorgado por el dueño después de concluida la obra «sólo significa que el dueño la aprueba como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte, y no exime al empresario» de la responsabilidad de los diez años. Lo que no se ve —la estructura, el suelo, la calidad de los materiales— no quedó aprobado por haber firmado.
¿Cuánto tiempo responde el constructor por una obra mal hecha?
Diez años contados desde la entrega, si el edificio «perece o amenaza ruina, en todo o parte» por vicio de la construcción, por vicio del suelo que el empresario o sus empleados «hayan debido conocer en razón de su oficio», o por vicio de los materiales. Y no hace falta que se caiga: basta que amenace ruina, y basta que sea parcial. Esas mismas reglas se extienden a los arquitectos que se encargan de la construcción.
Yo compré los materiales. ¿El constructor sigue respondiendo?
Con un matiz importante. La ley dice que si los materiales los suministró el dueño no hay responsabilidad del empresario por ese concepto, salvo que el vicio sea de los que el artífice «por su oficio, haya debido conocer, o que conociéndolo no haya dado aviso oportuno». Es decir: el constructor que usó un material evidentemente malo sin advertir nada no se libera. Y a la inversa: el constructor que avisa por escrito, en el momento, se protege.
¿Puedo parar la obra y sacar al constructor?
Sí, y tiene precio fijado por la ley. El dueño «aún en el caso de haberse estipulado un precio único y total por ella, podrá hacerla cesar, pagando al artífice todos los costos, y dándole lo que valga el trabajo hecho, y lo que hubiera podido ganar en la obra». Ese tercer rubro es el lucro cesante y está en el texto. Cortar por incumplimiento es otra cosa —ahí hay reclamación de perjuicios y el que reclama es el dueño—, pero el incumplimiento hay que tenerlo documentado antes de cortar.
La obra quedó mal. ¿Quién decide si se rehace o me indemnizan?
El dueño. La ley dispone que si la alegación de que no se ejecutó debidamente resulta fundada, «el artífice podrá ser obligado, a elección del que encargó la obra, a hacerla de nuevo o a la indemnización de perjuicios». Pero antes hay un requisito que cambia la fuerza del reclamo: se nombran peritos por las dos partes, no un informe que una sola encarga.
Los obreros me cobran a mí y yo ya le pagué al constructor. ¿Debo pagar?
Depende de con quién contrataron. Si contrataron directamente con usted, «se mirarán como contratistas independientes, y tendrán acción directa contra el dueño». Si contrataron con el constructor, solo tienen acción contra usted «subsidiariamente, y hasta concurrencia de lo que éste deba al empresario». Ese techo es su defensa: si ya le pagó todo al constructor, no hay concurrencia. Y eso se prueba con los comprobantes de pago, razón por la cual pagar en efectivo sin recibo en una obra sale caro.
Tengo permiso de construcción, pero construí un poco más. ¿Pasa algo?
Sí, y es lo que atrapa a la mayoría. La ley tipifica como infracción ejecutar obras «que incumplan o excedan lo estipulado en los permisos administrativos emitidos por la autoridad competente». No hace falta construir sin permiso: basta excederlo. El piso adicional, el retiro ocupado, la terraza cerrada después. Y las sanciones no son solo pecuniarias: la ley contempla la suspensión de la obra, el derrocamiento u otras medidas urgentes a costa del infractor y el decomiso del beneficio obtenido.
¿De cuánto son las multas del municipio y hasta cuándo pueden sancionarme?
Las infracciones leves —sin permiso, exceder el permiso, fraccionar contra el plan, impedir la inspección— se sancionan con multa de entre el 10% de un salario básico unificado y cincuenta salarios básicos. Las graves —riesgo para la integridad física, daño a bienes protegidos, incumplir la normativa nacional de construcción, comercializar sin permisos— entre cincuenta y cien salarios básicos. La reincidencia se sanciona con el máximo de la pena prevista. Y las acciones para sancionar «prescribirán en el plazo de cinco años contados desde el día en que la infracción se haya cometido». El procedimiento y los recursos son los del COOTAD y de la ordenanza de cada municipio.
