La mala fe no la declara la aseguradora: la declara un juez
Respuesta rápida: el Art. 727 del Código de Comercio es categórico: «La carga de la prueba, en caso de alegarse mala fe, dolo o fraude del asegurado, corresponde al asegurador y solo podrá ser declarada por el juez competente.» Son dos reglas en una frase. La prueba le toca a la compañía. Y la declaración de que hubo fraude no la puede hacer la compañía: la hace un juez. Una negativa que se apoya en «indicios de fraude» o en «simulación del siniestro» está declarando algo que no está en sus manos declarar.
Una acusación de fraude es la única negativa donde contestar de más empeora el casoLo que corresponde es una respuesta escrita y acotada, centrada en quién tiene la carga de la prueba.
Esto importa en vehículos más que en cualquier otro ramo, porque es donde esa objeción se usa con más frecuencia: robos que se califican de simulados, pérdidas totales que se atribuyen a un siniestro provocado, accidentes donde se insinúa que el conductor no era el declarado. En todos esos casos la compañía afirma una conducta, y afirmar una conducta tiene un costo probatorio que el artículo pone enteramente de su lado.
Una aseguradora puede sospechar, investigar, pedir documentos y negarse a pagar mientras investiga dentro de los plazos. Lo que no puede es resolver por sí misma que hubo fraude y usar esa conclusión como fundamento de la negativa, porque el Art. 727 reserva esa declaración al juez competente.
El mismo artículo prevé qué ocurre si el fraude sí existe y se demuestra: el culpable debe devolver las indemnizaciones cobradas más los intereses legales y responde por los daños y perjuicios. Es decir, la ley sí castiga el fraude. Lo que hace es poner esa decisión en manos de un juez y la prueba en manos de quien lo alega.
- Lea la negativa buscando la palabra exacta
Si dice «fraude», «simulación», «mala fe», «siniestro provocado» o «falta de veracidad», está en el supuesto del Art. 727. Y entonces la pregunta no es si usted puede probar su inocencia: es con qué probaron ellos, y si existe una declaración judicial.
- Verifique si hay un proceso judicial o solo una afirmación
Es frecuente que la negativa se apoye en un informe de investigación interno o de una empresa contratada. Un informe privado no es una declaración judicial de fraude.
- Pida el informe de investigación completo, por escrito
Si la negativa se funda en él y no se lo entregaron, está siendo acusado con un documento que no conoce. Y en el reclamo administrativo la aseguradora está obligada a aportar el expediente del siniestro.
- No conteste admitiendo hechos para «aclarar»
Las respuestas largas y espontáneas a una acusación de fraude suelen terminar aportando detalles que después se usan en contra. Lo que corresponde es contestar por escrito y acotado.
- Documente lo que tenía al momento del siniestro
Matrícula, revisión vehicular, licencia vigente, el parte policial, la denuncia de robo con su número, las fotos y el reporte del rastreador si lo tenía. Esto es lo que después sostiene su versión.
Una negativa por fraude se responde distinto a cualquier otra
En la asesoría leemos la negativa, identificamos si invoca mala fe, dolo o fraude, verificamos si existe declaración judicial o solo una afirmación de la compañía, y definimos qué se contesta y qué no conviene contestar. Es la única negativa donde una respuesta improvisada puede empeorar el caso.
¿Por qué artículo se responde su negativa?
Cuatro preguntas sobre el siniestro y la respuesta que recibió. El resultado indica qué norma aplica y qué documento la sostiene.
No guardamos sus respuestas. El resultado es orientativo.
- La mala fe la declara un juez, no la aseguradora
- El silencio no es negativa: es aceptación
- «Uso distinto al declarado»: qué prevé la ley
- La regla proporcional y la prima que deben devolver
- Si el vehículo está financiado: a quién se paga
- El aviso del siniestro y la trampa del asesor
- Dónde se demanda: la elección es suya
- Los seis errores que hunden un reclamo
- Qué se hace con una negativa en la mano
- Preguntas frecuentes
El silencio de la aseguradora no es una negativa: es una aceptación
Respuesta rápida: el Art. 726 del Código de Comercio obliga al asegurador a pronunciarse en el plazo de treinta días contados desde la presentación de la formalización de la solicitud de pago del siniestro, y añade una consecuencia que no tiene desperdicio: «A falta de respuesta en este lapso, se entenderá aceptada.» Y una vez aceptada, debe pagar dentro de los diez días posteriores.
Esto es mucho más fuerte de lo que la mayoría de asegurados cree. El silencio no deja el caso en el aire ni equivale a un rechazo: la norma lo convierte en aceptación del siniestro. Y a partir de ahí lo que corre es el plazo de pago, no el de discusión.
El mismo artículo cierra remitiendo al camino: con la negativa u objeción, total o parcial, el asegurado puede iniciar las acciones del Art. 42 del Libro III del Código Orgánico Monetario y Financiero, que es el reclamo ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La vía completa, con sus etapas y plazos, está en la guía sobre qué hacer cuando la aseguradora niega el siniestro.
Cinco días hábiles desde que tuvo conocimiento del siniestro, para dar aviso, por el Art. 718. El intermediario debe notificar al asegurador el mismo día.
Treinta días desde la formalización de la solicitud de pago, para que la aseguradora se pronuncie, por el Art. 726. Sin respuesta, se entiende aceptada.
Diez días posteriores a la aceptación, para pagar.
Tres días desde la notificación del acto, si hay que pedir la suspensión de su ejecución en la vía administrativa.
Cada uno se cuenta desde un hecho distinto, y perder la pista de cuál empezó cuándo es el error que más casos complica.
Si pasaron treinta días desde su solicitud formal y no le respondieron, la norma la tiene por aceptadaY a partir de ahí lo que corre son diez días para pagar, no para seguir discutiendo.
Cinco negativas, cinco artículos, y la primera tarea es clasificar
En la asesoría ubicamos su caso entre las cinco negativas típicas del ramo —fraude, uso distinto, aviso tardío, monto y silencio— y le decimos qué artículo del Código de Comercio la responde y qué documento la sostiene. Responder por la norma equivocada cuesta semanas.
«Le dio un uso distinto al declarado»: la consecuencia no es negarle el pago
Respuesta rápida: el Art. 712 del Código de Comercio regula qué pasa cuando el riesgo se modifica o se agrava. Y distingue según la intención: la aseguradora tiene derecho a dar por terminado el contrato si la modificación es producto de mala fe, dolo o fraude; o solo a exigir un ajuste en la prima si no lo es. Si el cambio fue de buena fe, el remedio que la ley prevé es cobrar más prima, no desconocer el siniestro.
Es la objeción clásica del ramo vehicular: el vehículo particular que empezó a usarse para transporte de pasajeros o reparto, el que cambió de ciudad, el que lleva accesorios o adaptaciones no declaradas, el que pasó a ser conducido habitualmente por otra persona. En todos esos casos la pregunta que la norma obliga a hacer no es «¿hubo cambio?», sino «¿hubo mala fe?».
Y el artículo trae tres reglas más que conviene conocer antes de aceptar una negativa por este motivo:
- El plazo para notificar la modificación es de diez días hábiles desde la fecha del cambio si depende del arbitrio del asegurado, y de cinco días desde que tuvo conocimiento si le es extraña.
- La falta de notificación da derecho a terminar el contrato, y el asegurador puede retener la prima devengada por concepto de pena. Eso es lo que la ley prevé: terminación hacia adelante, no desconocimiento retroactivo sin más.
- No es aplicable la terminación ni la sanción si el asegurador conoce oportunamente la modificación y consiente en ella expresamente por escrito. Si usted avisó y le respondieron aceptando, ese correo vale el caso.
- La terminación y la sanción no son aplicables a los seguros de personas.
La tercera es la que más veces resuelve el problema y la que menos se busca en los archivos: un correo del asesor diciendo «ya está registrado el cambio» o «no hay problema» puede ser el consentimiento expreso por escrito que desactiva la objeción completa.
Si avisó del cambio y le dijeron que estaba bien, ese correo vale el caso
En la asesoría revisamos si hubo modificación del riesgo, si se notificó y en qué plazo, si la compañía consintió por escrito, y si la objeción que le plantean corresponde al remedio que la ley prevé para ese supuesto. Muchas negativas por uso distinto se caen con un correo del propio asesor.
Si le aplican la regla proporcional, también deben devolverle prima
Respuesta rápida: el Art. 742 del Código de Comercio dispone que cuando no está asegurado el valor real del interés asegurable, el asegurador solo está obligado a indemnizar a prorrata, en proporción a la cantidad asegurada y la que no lo está. Pero el mismo artículo continúa: «Si esto ocurre, deberá reajustar el valor de la prima y devolver el sobrante al asegurado, en caso de haberlo.» La regla proporcional tiene dos caras y casi nunca se reclama la segunda.
Dicho en concreto: si la aseguradora reduce su indemnización argumentando que el vehículo estaba asegurado por debajo de su valor real, está aplicando el Art. 742. Y ese mismo artículo la obliga a reajustar la prima y devolver el sobrante. No es un favor ni una cortesía comercial: está en la misma norma que invocan para pagarle menos.
El artículo añade una posibilidad que vale revisar en la póliza: «las partes pueden estipular que el asegurado no soporte parte alguna de la pérdida o deterioro sino en el caso de que el monto de éstos exceda de la suma asegurada.» Es decir, la regla proporcional se puede pactar fuera. Si su póliza tiene una cláusula de ese tipo, la proporcionalidad no aplica, y hay que buscarla antes de aceptar el descuento.
Cómo se construye y se sostiene la diferencia cuando le pagan de menos está en la guía sobre qué hacer cuando el seguro paga menos de lo que vale.
Si el vehículo está financiado: a quién se le paga
Respuesta rápida: el Art. 743 del Código de Comercio regula el caso de la cosa asegurada prendada o hipotecada. Si se inicia contra el asegurado un juicio ejecutivo por ese motivo, el acreedor puede solicitar al juez que la indemnización no se pague sino en la parte que exceda el valor de los créditos, mientras no estén cancelados, y el valor se entrega al juzgado hasta que se decida la causa. Pero el artículo precisa que son válidos los pagos hechos al asegurado antes de la notificación judicial.
Esto importa porque la mayoría de los vehículos asegurados en Ecuador están financiados, y la pregunta de a quién se paga la indemnización en una pérdida total genera discusiones con la financiera, con la aseguradora y a veces entre las tres partes. La norma fija el orden: hace falta una solicitud del acreedor dentro de un juicio ejecutivo y una notificación judicial. Sin eso, el pago al asegurado es válido.
En la práctica, además, las pólizas de vehículos financiados suelen incluir cláusulas de beneficiario acreedor o endosos a favor de la institución financiera, y eso sí modifica a quién se paga por acuerdo contractual. Son dos cosas distintas —la ley y el endoso— y conviene saber cuál aplica en su caso antes de reclamar, porque determina quién tiene legitimación para hacerlo.
En un vehículo financiado, quién cobra la indemnización depende del endoso y no solo de la leyRevisarlo antes de reclamar evita presentar el escrito en nombre de quien no está legitimado.
El aviso del siniestro y la trampa del asesor
Respuesta rápida: el Art. 718 obliga a dar aviso del siniestro dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento —no de la fecha en que ocurrió—, y establece que ese término «puede ampliarse, más no reducirse, por acuerdo de las partes». Y añade la regla que más objeciones por aviso tardío desarma: el intermediario está obligado a notificar al asegurador, en el mismo día, sobre la ocurrencia del siniestro.
La secuencia real en un robo o un accidente de vehículo suele ser esta: el dueño llama a su asesor de seguros el mismo día, a veces desde el lugar del hecho. El asesor le dice qué documentos reunir. Y el reporte formal ingresa a la compañía días o semanas después. Meses más tarde llega una objeción por aviso tardío.
El Art. 718 pone ese deber sobre el intermediario, no sobre el asegurado. Y la prueba de que usted avisó a tiempo suele estar en el teléfono: el registro de la llamada con su hora, el mensaje, el correo. Es uno de los argumentos que más veces resuelve una objeción y uno de los que menos se invocan, porque nadie piensa en revisar el historial del celular como prueba.
El artículo contempla además que el asegurado puede justificar la imposibilidad de dar aviso en el término señalado o pactado cuando estuvo imposibilitado físicamente, por caso fortuito o fuerza mayor. En un accidente con hospitalización, eso es exactamente el supuesto.
Y el reloj largo también corre: cuánto tiempo queda para reclamar, con las dos excepciones que pueden moverlo, está en la guía sobre hasta cuándo se puede reclamar a la aseguradora.
Dónde se demanda: la elección es suya
Respuesta rápida: el Art. 728 del Código de Comercio establece que las acciones contra el asegurador deben deducirse en el domicilio de este o en el lugar donde se hubiera emitido la póliza, a elección del asegurado o beneficiario. Las acciones contra el asegurado o el beneficiario, en cambio, van en el domicilio del demandado.
Es una regla breve con un efecto práctico grande: el asegurado de provincia no está obligado a litigar en la ciudad donde la compañía tiene su matriz si la póliza se emitió en su localidad. La elección es suya, y se ejerce al presentar.
Dicho esto, la vía judicial no es el primer paso en la mayoría de los casos. El propio Art. 726 remite, frente a la negativa u objeción, a las acciones del Art. 42 de la Ley General de Seguros, que es el reclamo administrativo ante la Superintendencia: más corto, con la carga de probar la exclusión del lado de la compañía, y con un efecto que la vía judicial no tiene —suspende la prescripción—. Cuál corresponde en cada caso depende de qué le objetaron y con qué fundamento, y es una de las decisiones que se toma en la asesoría. Si lo que recibió fue una objeción, lo primero es ver si se sostiene: eso está en la guía sobre la objeción que no prueba la exclusión que invoca.
Los seis errores que hunden un reclamo de vehículo
- Contestar una acusación de fraude con una carta larga
Es el error más dañino y el más natural. Frente a una imputación de mala fe, las explicaciones espontáneas aportan detalles que después se usan en contra. El Art. 727 pone la carga de la prueba en la aseguradora y reserva la declaración al juez: la respuesta debe ser escrita, acotada y centrada en eso.
- No denunciar el robo o no obtener el parte policial
Es el documento que fija el hecho y la fecha, y su ausencia es lo que convierte una negativa débil en una discusión sobre si el siniestro ocurrió.
- Confiar en que el asesor reportó el siniestro
El Art. 718 obliga al intermediario a notificar al asegurador el mismo día, pero quien recibe la objeción por aviso tardío es usted. Conviene confirmar por escrito que el reporte entró y guardar ese acuse, además del registro de la llamada.
- Aceptar la regla proporcional sin pedir la devolución de prima
El Art. 742 obliga a reajustar la prima y devolver el sobrante cuando se indemniza a prorrata. Y permite que las partes pacten que la proporcionalidad no se aplique: eso hay que buscarlo en la póliza antes de aceptar el descuento.
- Firmar el finiquito para que entreguen el cheque
En pérdidas totales es la práctica habitual. Si el monto está en disputa, lo que corresponde pedir es que el recibo identifique el valor como pago parcial o a cuenta, lo que permite cobrar sin renunciar a discutir el resto.
- Reclamar sin verificar quién está legitimado
En vehículos financiados, el endoso a favor de la institución financiera puede determinar a quién se paga. Presentar el escrito en nombre de quien no corresponde cuesta semanas.
Qué se hace con una negativa de vehículo en la mano
Se empieza por clasificarla, porque de eso depende todo lo demás. Una negativa por fraude o mala fe se responde con el Art. 727: la carga es de ellos y la declaración es del juez. Una por uso distinto o agravación del riesgo se responde con el Art. 712: si no hubo mala fe, el remedio legal es ajustar la prima, y si la compañía consintió el cambio por escrito, la objeción se desactiva. Una por aviso tardío se responde con el Art. 718 y con el historial del teléfono. Una por monto se responde con el Art. 742 y con el informe de ajuste. Y el silencio se responde con el Art. 726, que lo tiene por aceptación.
Son cinco negativas distintas con cinco respuestas distintas, y la primera tarea es saber en cuál está. Eso se determina leyendo la negativa contra la póliza, y no se puede adivinar desde afuera: es la razón por la que empezamos con una asesoría y no con un presupuesto. Cualquiera que le prometa un resultado sin haber leído su negativa está vendiendo algo que no puede saber.
Trabajamos en todo el Ecuador. El reclamo se presenta por escrito y se tramita por expediente, y el Art. 728 del Código de Comercio permite además elegir entre el domicilio del asegurador y el lugar donde se emitió la póliza. La atención presencial está disponible en Guayaquil.
Traiga la negativa y la póliza, y sale sabiendo por qué artículo se responde
La asesoría termina con cuatro cosas concretas: en cuál de las cinco negativas típicas está su caso, qué artículo la responde, qué documentos hay que reunir —incluido el historial de su aviso al asesor— y si corresponde la vía administrativa o la judicial. Si la negativa se sostiene, también se le dice.
Preguntas frecuentes
La aseguradora dice que mi robo fue simulado. ¿Puede negarme por eso?
Puede negarse a pagar mientras investiga dentro de sus plazos, pero no puede declarar que hubo fraude. El Art. 727 del Código de Comercio dispone que la carga de la prueba, en caso de alegarse mala fe, dolo o fraude del asegurado, corresponde al asegurador y solo podrá ser declarada por el juez competente. Un informe de investigación interno o de una empresa contratada no es una declaración judicial. Por eso en estas negativas la pregunta no es si usted puede probar su inocencia, sino con qué probaron ellos y si existe esa declaración judicial.
Pasaron treinta días y la aseguradora no me ha dicho nada. ¿Eso es una negativa?
Es lo contrario. El Art. 726 del Código de Comercio obliga al asegurador a pronunciarse en el plazo de treinta días contados desde la presentación de la formalización de la solicitud de pago del siniestro, y establece que a falta de respuesta en ese lapso se entenderá aceptada. Y una vez aceptada, debe pagar dentro de los diez días posteriores. El silencio no deja el caso en el aire: la norma lo convierte en aceptación del siniestro, y a partir de ahí lo que corre es el plazo de pago.
Me negaron porque usaba el carro para trabajar y la póliza decía uso particular. ¿Qué puedo hacer?
Revisar si hubo mala fe, porque de eso depende la consecuencia. El Art. 712 del Código de Comercio distingue: la aseguradora tiene derecho a dar por terminado el contrato si la modificación del riesgo es producto de mala fe, dolo o fraude, o solo a exigir un ajuste en la prima si no lo es. Si el cambio fue de buena fe, el remedio que la ley prevé es cobrar más prima, no desconocer el siniestro. Y hay una regla que desactiva la objeción por completo: no es aplicable la terminación ni la sanción si el asegurador conoce oportunamente la modificación y consiente en ella expresamente por escrito. Un correo del asesor diciendo que el cambio quedó registrado puede valer el caso.
¿En qué plazo debía avisar el cambio de uso del vehículo?
El Art. 712 fija dos plazos según el origen del cambio: diez días hábiles desde la fecha de la modificación o agravamiento si depende del propio arbitrio del asegurado, y cinco días desde que tuvo conocimiento si le es extraña. La falta de notificación da derecho al asegurador a dar por terminado el contrato, y puede retener la prima devengada por concepto de pena. Conviene notar qué es lo que la ley prevé en ese caso: terminación del contrato hacia adelante y retención de prima, no el desconocimiento retroactivo del siniestro sin más análisis.
Me pagaron menos diciendo que el carro estaba asegurado por debajo de su valor. ¿Es correcto?
Puede serlo, pero tiene una contrapartida que casi nadie reclama. El Art. 742 del Código de Comercio establece que cuando no está asegurado el valor real del interés asegurable, el asegurador solo está obligado a indemnizar a prorrata, en proporción a la cantidad asegurada y la que no lo está. Y el mismo artículo añade que si eso ocurre deberá reajustar el valor de la prima y devolver el sobrante al asegurado, en caso de haberlo. Además permite que las partes estipulen que el asegurado no soporte parte alguna de la pérdida sino cuando exceda la suma asegurada, de modo que la regla proporcional se puede pactar fuera: hay que buscar esa cláusula en la póliza antes de aceptar el descuento.
Avisé a mi asesor el mismo día y me objetaron por aviso tardío. ¿Es válido?
Conviene revisarlo, porque el Art. 718 del Código de Comercio pone ese deber sobre el intermediario: está obligado a notificar al asegurador, en el mismo día, sobre la ocurrencia del siniestro. Si usted avisó a su asesor dentro del plazo y el reporte formal ingresó días o semanas después, el incumplimiento no es suyo. La prueba suele estar en el teléfono: el registro de la llamada con su hora, el mensaje, el correo. Es uno de los argumentos que más veces resuelve una objeción por aviso tardío y uno de los que menos se invocan.
¿Desde cuándo corren los cinco días para avisar?
Desde el conocimiento, no desde la ocurrencia. El Art. 718 obliga a dar aviso dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el asegurado o beneficiario hayan tenido conocimiento del siniestro, y precisa que ese término puede ampliarse, más no reducirse, por acuerdo de las partes: una cláusula de póliza que le dé menos contradice la norma. Son días hábiles, no corridos. Y el asegurado puede justificar la imposibilidad de avisar cuando estuvo imposibilitado físicamente, por caso fortuito o fuerza mayor, que es exactamente el supuesto de un accidente con hospitalización.
Mi vehículo está financiado. ¿A quién le pagan la indemnización?
Hay dos cosas que pueden decidirlo y conviene no confundirlas. Por el lado de la ley, el Art. 743 del Código de Comercio prevé que si la cosa asegurada está prendada o hipotecada y se inicia contra el asegurado un juicio ejecutivo por tal motivo, el acreedor puede solicitar al juez que la indemnización no se pague sino en la parte que exceda el valor de los créditos, y el valor se entrega al juzgado; pero el artículo precisa que son válidos los pagos hechos al asegurado antes de la notificación judicial. Por el lado del contrato, las pólizas de vehículos financiados suelen tener endosos o cláusulas de beneficiario acreedor a favor de la institución financiera, y eso sí modifica a quién se paga por acuerdo. Saber cuál aplica en su caso determina quién está legitimado para reclamar.
¿Tengo que demandar en la ciudad donde está la aseguradora?
No necesariamente. El Art. 728 del Código de Comercio establece que las acciones contra el asegurador deben deducirse en el domicilio de este o en el lugar donde se hubiera emitido la póliza, a elección del asegurado o beneficiario. De modo que si la póliza se emitió en su localidad, no está obligado a litigar donde la compañía tiene su matriz. Dicho eso, la vía judicial no suele ser el primer paso: el propio Art. 726 remite, frente a la negativa u objeción, al reclamo administrativo del Art. 42 de la Ley General de Seguros, que es más corto y donde la carga de probar la exclusión es de la compañía.
¿Qué me llevo de la asesoría con una negativa de vehículo?
La clasificación de su negativa y el artículo que la responde, que es lo que define todo el caso. Las negativas de vehículo son básicamente cinco y cada una se contesta distinto: por fraude o mala fe se responde con el Art. 727; por uso distinto o agravación del riesgo, con el Art. 712; por aviso tardío, con el Art. 718 y el historial del teléfono; por monto, con el Art. 742 y el informe de ajuste; y el silencio, con el Art. 726, que lo tiene por aceptación. La asesoría termina con en cuál está su caso, qué documentos hay que reunir, y si corresponde la vía administrativa o la judicial. Si la negativa se sostiene, también se le dice con franqueza.
